08 marzo 2007

Primera y única Juez del Tribunal Supremo de Nigeria


El País

Aloma Mukhtar, magistrada de 62 años, habla de la imparable llegada de las mujeres a la judicatura y de los tribunales tradicionales islámicos.

Es la primera y única juez del Tribunal Supremo de Nigeria. En un país en el que, según ella misma define, "las mujeres viven en una absoluta sobredependencia respecto de los varones, sin poder económico ni educación", Aloma Mukhtar (Lagos, 1944), ha llegado a lo más alto dentro de la carrera judicial, en la que ingresó en 1977.

Entonces era de las pocas que lo lograban. "Pero ahora ya casi 200 de 500 jueces son mujeres", dice con orgullo. Se trata de una de las profesiones con poder a la que más están accediendo las mujeres en Nigeria. Entró en el Tribunal Supremo hace escasos dos años. "Con un trabajo duro, determinación y mucha, mucha paciencia", asegura. Y menciona que quizás haya influido el hecho de que no se trata de un cargo de designación sino que los ascensos se logran fundamentalmente por antigüedad.

Mukhtar pertenece a ese selecto grupo de mujeres en África que están alcanzando altas cotas de poder. Pero su optimismo es moderado. "Las cosas están cambiando pero lentamente", relata la magistrada. "La situación de las mujeres en el mundo rural, sobre todo en el norte del país, es muy complicada. La representación que vemos en este Congreso es sobre todo de mujeres profesionales, que seguimos siendo minoría. Debemos promover la educación entre el mayor número de niñas posible para que éstas aprendan a sostenerse sobre sus pies".

Mukhtar habla también de la coexistencia en su país de tribunales islámicos con la justicia estatal. Esos tribunales que condenaron a Amina Lawal a morir lapidada por haber tenido un niño fuera del matrimonio. Amina logró salvarse en 2003 gracias a una larga campaña internacional, pero hay otros casos de sentencias que imponen severos castigos a mujeres por cuestiones morales. Pero Mukhtar ve poca solución: "Los musulmanes del país se someten a la sharia y aceptan voluntariamente la jurisdicción de estos tribunales". Erradicar estas prácticas, por lo tanto, no es fácil y quizá no es posible, según su parecer. "Pero al menos el Estado tiene que garantizar que, en última instancia, se pueda acudir a un tribunal civil que garantice los derechos humanos".

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