El gobierno quiere prohibir pensar. Es peligroso permitir libertad a las conciencias. Prohibido cuestionar.
El Presidente Chávez ordenó el adoctrinamiento obligado. Al menos cuatro horas diarias deben los trabajadores, independientemente de su credo, ser iluminados por la nueva ecleseología. El Demiurgo no arriesga protestas. Con el tono de los dueños del poder ordena: “Si es necesario que se haga una ley para convertir a todas las empresas en escuelas de socialismo, se hará”. La diputada Cilia Flores, atenta e indulgente, no lo defraudará. La Asamblea Nacional dispone de las técnicas “pret a porté” para transformar en ley los deseos presidenciales.
Presagia el gobierno un futuro en el cual, diariamente, al sonar el Muecín bolivariano, fieles, creyentes y todos aquellos necesitados de catequesis socialistas acudirán en correcta formación a escuchar en silencio al guardia rojo, brigadista Moral y Luces, quien les hará la exégesis del último discurso presidencial. Alguien cuidará que el compatriota facilitador (término espantoso) no sufra de ausencias inconvenientes, para ello se ha incluido en la tropa regeneradora de conciencias a los cadetes, diestros en subordinación y obediencia. No debe ser motivo de preocupación la posibilidad de protestas por los dueños y administradores de industrias y comercios. En las revoluciones los burgueses no tienen derechos.
No se reduce la acción de los brigadistas a los predios de la obra. La orden para expulsar el pensamiento capitalista (toda opinión distinta al ideario oficialista) de la conciencia colectiva nacional, incluye en lugar preferente a escuelas, liceos y universidades, sobre todas estas los últimas. Recordemos que el tercer motor bolivariano tiene como propósito transformar el inconformismo del púber en unanismo obediente de los designios presidenciales.
Para que no quede duda alguna, el mandante principal, amenazó con estatizar a la Universidad Fermín Toro, a propósito de problemas internos: “No podemos permitir que el capitalismo sea el dueño de escuelas y universidades”. La discrecionalidad que priva en el oficialismo para decidir a quien le concede legitimidad, y la laxitud para identificar la presencia de valores imperialistas en las instituciones educativas debe alertar a las Universidades Autónomas.
Recientemente, los grupos oficialistas más radicalizados de la UCV iniciaron acciones que recuerdan aquellas que precedieron la toma violenta del Consejo Universitario en marzo de 1991. Denuncian el capitalismo y la promoción del pensamiento colonial imperial en esta casa de estudios. Exigen cambios inmediatos, sin presentar programas ni ideas, salvo la frase: “La patria es una escuela”, pero con plazo perentorio (15 días) y gestos y palabras desafiantes, que se transforme la UCV, gritan imperativos. Que renuncien las autoridades para que la comunidad de vecinos aledaños rija a la Universidad. No se trata de objetivos locales en Escuelas o facultades. Van por el premio mayor, quieren reproducir la lógica oficial contra aquello que no le es genuflexo. Primero descalifican, simultáneamente crean estructuras paralelas y luego solicitan de la obsequiosa Asamblea Nacional la ley correspondiente. Ocasionalmente son ayudados por la inmovilización y la falta de conciencia sobre el problema de los agraviados.
El Ejecutivo Nacional quiere disponer de un aparato burocrático y educativo incontaminado por personas sin convicciones socialistas bolivarianas. Ni tan siquiera la carencia de fundamentos doctrinarios del peculiar socialismo exime de su acatamiento. Sin ambages, lo anuncia el Vicecanciller William Izarra – parangonando al Presidente de PDVSA– “No podemos permitir que en la Administración Pública se encuentren personas enemigas de la revolución. Tampoco debe haber lugar para los llamados institucionalitas”.
Esto fue declarado en el marco de la metódica revolucionaria, llamada así, para decretar la ideologización de los empleados públicos. Muestra de los resultados de este proceder se pueden observar en la Cancillería, donde Izarra prometió y cumplió “sacar pa’ fuera a los que no creyeran en el Presidente”. Al respecto se ha reformado el reglamento para los concursos de ingreso a la carrera diplomática, anteponiéndose la fidelidad ideológica a las credenciales, con el silencio lamentable de la Escuela de Estudios Internacionales y de FACES.
Si fuere del interés para los funcionarios encargados de cumplir la orden presidencial para purificar la educación y la burocracia estatal, bien podría consultar la Constitución alemana de los tempranos años 60’ y la Ley para el Servicio Público, que precaviendo el ingreso de comunistas, prohibía oficialmente acceder a la vida pública aquella que no juraban lealtad a la democracia liberal, provocando, con razón, el cuestionamiento de los socialistas de allá por excluyente. La Asamblea Nacional tendría así jurisprudencia adecuada. También ilustra mucho las disposiciones del Zar Pedro I, quien para reeducar a la nobleza rusa, les obligó a inscribir a sus hijos en “las nuevas escuelas” diseñadas por el omnímodo gobernante, de otra forma quedaban expulsados de la corte y del gobierno único.
No desestimemos la experiencia tomista del radicalismo oficial en las universidades. Prestos están a converger con los guardias rojos de las brigadas “Moral y Luces” para declarar en transformación y al servicio del pueblo a las Universidades Nacionales y condenar –Ché Guevara mediante– la autonomía como un principio del liberalismo. Sus formas de lucha contravienen, casi siempre, las normas de convivencia, respeto y tolerancia interna, pero cualquier riesgo por esa conducta puede ser solventado mediante la solvencia complaciente de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Además, también dispondrían de un “Aló Presidente” para denunciar el elitismo y la exclusión provocada por la “desviación de la autonomía universitaria”.
Cuando se exponen estos argumentos, los profesores proclives al oficialismo nos reconvienen, desde sus cubículos, presididos por una imagen del Guerrillero Heroico, diciendo que les mostremos los tanques en el campus universitario, evadiendo el problema de fondo. Sabemos que no es la torva imagen de la torreta de un viejo AMX 13, con tropas armadas con impolutos kalashnikov entrando por la Plaza Venezuela, la imagen que desafiará a la autonomía y a libertad académica. No, el gobierno sabe que debe cuidar las formas, para ello dispone de guardias rojos y militantes disciplinados con pancartas y afiches financiados por la generosidad del Tesoro Nacional, que unidos a la esperada campaña del inmenso y oligárquico aparato comunicacional del gobierno. Facilitarían, sin inconveniente alguno, la irrupción de la vanguardia justiciera en el salón de sesiones del Consejo Universitario, intimidando a la comunidad para proclamar el poder popular universitario, con el fin de teñir de pueblo (de chavismo) a la Universidad. Esta modalidad es más presentable para CNN que el poder disuasivo de un vehículo blindado y es más segura que unas elecciones donde serían derrotados de nuevo.
Si hiciere falta algún eufemismo legal, baste con apelar a la sapiencia del vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes que nos ha iluminado diciendo: “Si los Estados Unidos tienen una ley de educación imperialista, nosotros debemos tener una ley de educación socialista”. Impacta, pero no convence este argumento. En el país que provee de petrodólares al Socialismo del Siglo XXI, no se norma la educación con leyes federales ni locales. Tampoco la bicentenaria Constitución dice nada sobre esto. La educación depende de factores culturales, minorías organizadas, localismos, opciones religiosas, y un sin fin de circunstancias que la hacen inclasificable e imposible de uniformar.
Esta luminosa vanguardia quiere reformar la educación para exorcizarnos de pecados provenientes del pasado, para liberarnos del individualismo egoísta y salvarnos de la falsa conciencia y conducirnos a la adoración perpetua del caudillo con pretensiones de poder perpetuo. Pero, ¿quién nos salvaría de ellos?
Es momento para tomar conciencia. Prestemos atención a la manera como utilizan la propaganda: invaden espacios con denuncias terminantes para intimidar, utilizan sitios emblemáticos, puertas, obras de arte para mostrar fuerza superior al magro respaldo interno, aprovechan la confusión y la desmovilización. Saben que no conseguirán respuestas violentas en un medio respetuoso incluso con aquellos que agraden a la Universidad. Actúan con la relativa impunidad que concede el virtual respaldo oficial. Utilizan la autonomía como güarimba. Son hábiles en golpes de mano para el impacto en la prensa y no excluyen el uso de armas de fuego.
Hoy la universidad nos necesita más. Preguntémonos que nos corresponde hacer y actuemos. Siempre se impone la razón y la civilidad. Todos los gobiernos han intentado someter a esta noble institución, jamás lo han logrado…
¡Impermeables al desaliento!
El Presidente Chávez ordenó el adoctrinamiento obligado. Al menos cuatro horas diarias deben los trabajadores, independientemente de su credo, ser iluminados por la nueva ecleseología. El Demiurgo no arriesga protestas. Con el tono de los dueños del poder ordena: “Si es necesario que se haga una ley para convertir a todas las empresas en escuelas de socialismo, se hará”. La diputada Cilia Flores, atenta e indulgente, no lo defraudará. La Asamblea Nacional dispone de las técnicas “pret a porté” para transformar en ley los deseos presidenciales.
Presagia el gobierno un futuro en el cual, diariamente, al sonar el Muecín bolivariano, fieles, creyentes y todos aquellos necesitados de catequesis socialistas acudirán en correcta formación a escuchar en silencio al guardia rojo, brigadista Moral y Luces, quien les hará la exégesis del último discurso presidencial. Alguien cuidará que el compatriota facilitador (término espantoso) no sufra de ausencias inconvenientes, para ello se ha incluido en la tropa regeneradora de conciencias a los cadetes, diestros en subordinación y obediencia. No debe ser motivo de preocupación la posibilidad de protestas por los dueños y administradores de industrias y comercios. En las revoluciones los burgueses no tienen derechos.
No se reduce la acción de los brigadistas a los predios de la obra. La orden para expulsar el pensamiento capitalista (toda opinión distinta al ideario oficialista) de la conciencia colectiva nacional, incluye en lugar preferente a escuelas, liceos y universidades, sobre todas estas los últimas. Recordemos que el tercer motor bolivariano tiene como propósito transformar el inconformismo del púber en unanismo obediente de los designios presidenciales.
Para que no quede duda alguna, el mandante principal, amenazó con estatizar a la Universidad Fermín Toro, a propósito de problemas internos: “No podemos permitir que el capitalismo sea el dueño de escuelas y universidades”. La discrecionalidad que priva en el oficialismo para decidir a quien le concede legitimidad, y la laxitud para identificar la presencia de valores imperialistas en las instituciones educativas debe alertar a las Universidades Autónomas.
Recientemente, los grupos oficialistas más radicalizados de la UCV iniciaron acciones que recuerdan aquellas que precedieron la toma violenta del Consejo Universitario en marzo de 1991. Denuncian el capitalismo y la promoción del pensamiento colonial imperial en esta casa de estudios. Exigen cambios inmediatos, sin presentar programas ni ideas, salvo la frase: “La patria es una escuela”, pero con plazo perentorio (15 días) y gestos y palabras desafiantes, que se transforme la UCV, gritan imperativos. Que renuncien las autoridades para que la comunidad de vecinos aledaños rija a la Universidad. No se trata de objetivos locales en Escuelas o facultades. Van por el premio mayor, quieren reproducir la lógica oficial contra aquello que no le es genuflexo. Primero descalifican, simultáneamente crean estructuras paralelas y luego solicitan de la obsequiosa Asamblea Nacional la ley correspondiente. Ocasionalmente son ayudados por la inmovilización y la falta de conciencia sobre el problema de los agraviados.
El Ejecutivo Nacional quiere disponer de un aparato burocrático y educativo incontaminado por personas sin convicciones socialistas bolivarianas. Ni tan siquiera la carencia de fundamentos doctrinarios del peculiar socialismo exime de su acatamiento. Sin ambages, lo anuncia el Vicecanciller William Izarra – parangonando al Presidente de PDVSA– “No podemos permitir que en la Administración Pública se encuentren personas enemigas de la revolución. Tampoco debe haber lugar para los llamados institucionalitas”.
Esto fue declarado en el marco de la metódica revolucionaria, llamada así, para decretar la ideologización de los empleados públicos. Muestra de los resultados de este proceder se pueden observar en la Cancillería, donde Izarra prometió y cumplió “sacar pa’ fuera a los que no creyeran en el Presidente”. Al respecto se ha reformado el reglamento para los concursos de ingreso a la carrera diplomática, anteponiéndose la fidelidad ideológica a las credenciales, con el silencio lamentable de la Escuela de Estudios Internacionales y de FACES.
Si fuere del interés para los funcionarios encargados de cumplir la orden presidencial para purificar la educación y la burocracia estatal, bien podría consultar la Constitución alemana de los tempranos años 60’ y la Ley para el Servicio Público, que precaviendo el ingreso de comunistas, prohibía oficialmente acceder a la vida pública aquella que no juraban lealtad a la democracia liberal, provocando, con razón, el cuestionamiento de los socialistas de allá por excluyente. La Asamblea Nacional tendría así jurisprudencia adecuada. También ilustra mucho las disposiciones del Zar Pedro I, quien para reeducar a la nobleza rusa, les obligó a inscribir a sus hijos en “las nuevas escuelas” diseñadas por el omnímodo gobernante, de otra forma quedaban expulsados de la corte y del gobierno único.
No desestimemos la experiencia tomista del radicalismo oficial en las universidades. Prestos están a converger con los guardias rojos de las brigadas “Moral y Luces” para declarar en transformación y al servicio del pueblo a las Universidades Nacionales y condenar –Ché Guevara mediante– la autonomía como un principio del liberalismo. Sus formas de lucha contravienen, casi siempre, las normas de convivencia, respeto y tolerancia interna, pero cualquier riesgo por esa conducta puede ser solventado mediante la solvencia complaciente de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Además, también dispondrían de un “Aló Presidente” para denunciar el elitismo y la exclusión provocada por la “desviación de la autonomía universitaria”.
Cuando se exponen estos argumentos, los profesores proclives al oficialismo nos reconvienen, desde sus cubículos, presididos por una imagen del Guerrillero Heroico, diciendo que les mostremos los tanques en el campus universitario, evadiendo el problema de fondo. Sabemos que no es la torva imagen de la torreta de un viejo AMX 13, con tropas armadas con impolutos kalashnikov entrando por la Plaza Venezuela, la imagen que desafiará a la autonomía y a libertad académica. No, el gobierno sabe que debe cuidar las formas, para ello dispone de guardias rojos y militantes disciplinados con pancartas y afiches financiados por la generosidad del Tesoro Nacional, que unidos a la esperada campaña del inmenso y oligárquico aparato comunicacional del gobierno. Facilitarían, sin inconveniente alguno, la irrupción de la vanguardia justiciera en el salón de sesiones del Consejo Universitario, intimidando a la comunidad para proclamar el poder popular universitario, con el fin de teñir de pueblo (de chavismo) a la Universidad. Esta modalidad es más presentable para CNN que el poder disuasivo de un vehículo blindado y es más segura que unas elecciones donde serían derrotados de nuevo.
Si hiciere falta algún eufemismo legal, baste con apelar a la sapiencia del vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes que nos ha iluminado diciendo: “Si los Estados Unidos tienen una ley de educación imperialista, nosotros debemos tener una ley de educación socialista”. Impacta, pero no convence este argumento. En el país que provee de petrodólares al Socialismo del Siglo XXI, no se norma la educación con leyes federales ni locales. Tampoco la bicentenaria Constitución dice nada sobre esto. La educación depende de factores culturales, minorías organizadas, localismos, opciones religiosas, y un sin fin de circunstancias que la hacen inclasificable e imposible de uniformar.
Esta luminosa vanguardia quiere reformar la educación para exorcizarnos de pecados provenientes del pasado, para liberarnos del individualismo egoísta y salvarnos de la falsa conciencia y conducirnos a la adoración perpetua del caudillo con pretensiones de poder perpetuo. Pero, ¿quién nos salvaría de ellos?
Es momento para tomar conciencia. Prestemos atención a la manera como utilizan la propaganda: invaden espacios con denuncias terminantes para intimidar, utilizan sitios emblemáticos, puertas, obras de arte para mostrar fuerza superior al magro respaldo interno, aprovechan la confusión y la desmovilización. Saben que no conseguirán respuestas violentas en un medio respetuoso incluso con aquellos que agraden a la Universidad. Actúan con la relativa impunidad que concede el virtual respaldo oficial. Utilizan la autonomía como güarimba. Son hábiles en golpes de mano para el impacto en la prensa y no excluyen el uso de armas de fuego.
Hoy la universidad nos necesita más. Preguntémonos que nos corresponde hacer y actuemos. Siempre se impone la razón y la civilidad. Todos los gobiernos han intentado someter a esta noble institución, jamás lo han logrado…
¡Impermeables al desaliento!
A mi todavia me cuesta trabajo creer todo lo que esta pasando en Venezuela despues de la caida del comunismo en Europa del Este y las reformas liberales en China.
ResponderEliminarEs como una pesadilla.
Saludos liberales,
Carlos
http://liberalcolombiano.blogspot.com