12 febrero 2008

"Si la justicia está al servicio de la política deja de ser justicia"

Entrevista a Rogelio Pérez Perdomo, profesor de la Universidad Metropolitana.

Por Vanessa Gómez Q.

El Nacional

Sólo 12% o 13% de los jueces son titulares de sus cargos.

El académico y abogado explicó que los jueces que han ingresado en el Poder Judicial después del año 2000 no lo hicieron respetando la formalidad establecida en la Constitución. "No me sorprendería que en un determinado momento si los desean destituir los destituyan por cualquier vía o les revocan la designación".

"La política no tiene por qué ser injusta, ni la justicia apolítica". Esa fue la frase que utilizó el magistrado de la Sala Constitucional Francisco Carrasquero durante la apertura del año judicial 2008, días atrás, para referirse a su ideal de la justicia venezolana.

"Si la justicia está al servicio de la política deja de ser justicia". Esa entonces fue la respuesta de uno de los abogados y académicos más vinculados al análisis del Derecho en el país, Rogelio Pérez Perdomo, quien manifestó sentirse sorprendido por las palabras del miembro del TSJ.

Pérez Perdomo explicó que desde hace nueve años la justicia venezolana se ha convertido "en un apéndice del poder político", y agregó que lo más grave es que los magistrados, en este caso Carrasquero, traten de justificar la situación.

Explicó que es impensable una justicia sometida al poder político de turno: "Una justicia para ser confiable para los ciudadanos tiene que ser más imparcial respecto a las decisiones que toma y mucho más independiente con respecto al proceso político".

El académico insistió en que los jueces deben estar al servicio de todo el país y no de una parcialidad política o partidista.

–¿Usted sí cree que pueda existir una justicia cien por ciento imparcial?

–La idea de una justicia completamente imparcial es una ilusión, es lo deseable, pero no es posible. Ahora, tomar el partido contrario y decir que la justicia debe estar al servicio de la política es algo mucho más dañino para el sistema judicial porque el juez deja de ser el protector de los derechos individuales, el árbitro neutral e independiente, y se convierte en un funcionario irrelevante.

–¿Irrelevante en qué sentido?

–Un funcionario falto de importancia respecto a lo que sucede en el país. Los temas que van al aparato judicial se vuelven poco importantes porque la gente no tiene ninguna expectativa de que allí vaya a encontrar justicia; a alguien que decida con independencia de criterio.

–¿El discurso de Carrasquero significa realmente la politización de la justicia?

–Eso es lo que se lee de su discurso. Lo que se está planteando es que una justicia que esté al servicio de la política deja de ser justicia. Ese es el tema central, y lo más grave es justificarlo, decir que la justicia debe ser así. Siempre va a haber una relación entre justicia y política pero la obligación de un juez es decidir conforme a los valores del Derecho.

–¿Usted cree entonces que las decisiones judiciales no están dadas conforme a Derecho?

–El peligro para la sociedad venezolana en lo que está ocurriendo es que no se está tomando con seriedad la decisión conforme a valores de Derecho, sino que son cuestiones personalistas, en función de cómo agradar al poder. Eso es algo muy peligroso.

–¿Qué caso consideraría usted que fue decidido políticamente?

–Algo que la gente entiende muy bien es el caso del plan Pico y Placa en Baruta. Allí el alcalde de Baruta (Henrique Capriles Radonski), preocupado por un problema colectivo, estableció el Pico y Placa; un abogado preocupado por la afectación de su derecho individual de libre circulación demanda ante un tribunal. Entonces, los jueces, simplemente porque el alcalde de Baruta es un personaje de oposición, deciden ir en contra de un interés colectivo.

–¿Cómo se nota el filón político allí?

–El argumento político nunca se lee explícitamente en una decisión; en toda decisión judicial los argumentos que aparecen son los de la legalidad. Lo que pasa es que cualquier ojo perceptivo se da cuenta de cuándo detrás de una decisión judicial hay un acto que tiene una relevancia política. Debe haber muchos argumentos a favor y en contra del Pico y Placa, pero un juez que estuviera más comprometido con el socialismo decidiría a favor de los intereses colectivos y no de los individuales.

Desempeño judicial.

–La presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, hizo un balance positivo del desempeño de esa instancia ¿Qué opina de ello?

–Una de las dificultades que uno tiene respecto a entender lo que está pasando en el TSJ es que en sus informes hablan de asuntos resueltos, decisiones, pero eso no significa casos resueltos, es más, da la impresión de que no hay una asociación entre asuntos ingresados y asuntos resueltos con casos ingresados y casos resueltos.

–¿Cuál es la diferencia?

–En las estadísticas judiciales las órdenes de detención aparecen como decisiones tomadas porque un juez decidió que una persona vaya a prisión, pero eso no significa que el caso esté resuelto, al contrario, el caso está comenzando. De acuerdo con los análisis que hemos hecho, por ejemplo en las decisiones de la Sala Político Administrativa, la mayor parte de los asuntos resueltos son de mero trámite, no significa que un caso esté resuelto porque dentro de un caso puede haber decenas de asuntos de mero trámite.

–¿Con qué base hace usted esas apreciaciones?

–Un estudio sobre la Sala Político Administrativa, el cual determinó que esa instancia sólo resolvió poco más de 100 casos mientras daba una cifra de más de 1.000 asuntos resueltos o de mero trámite. En la Sala Civil se presenta una situación más o menos similar. Las cifras del TSJ son imprecisas, lo mismo pasa con las que ofrecen acerca de la provisionalidad de los jueces.

–Hace poco, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el representante del Estado aseguró que en Venezuela se ha alcanzado "entre 50% y 60% de titularidad". ¿Duda de esa cifra?

–En los últimos años ningún juez ha obtenido la titularidad en el sentido que está establecido en la Constitución y en la legislación. Para alcanzar la titularidad como juez en Venezuela se requiere que sea abierto al público un concurso de oposición, y esas convocatorias no se han visto en ninguna parte, excepto los últimos que se hicieron en el año 2000, y entraron 276 jueces. Suponiendo que todos sigan, esto es algo así como 12% o 13% del total de jueces en Venezuela.

–¿No cuentan los concursos de oposición del año 2006 durante la gestión de Omar Mora?

–Esos no son concursos de oposición, hay concursos de credenciales, hay unos cursos de regularización, pero no son mecanismos que puedan dar la titularidad porque, de acuerdo con el artículo 255 de la Constitución, la titularidad es algo mucho más formal; los jueces están ingresando de una manera distinta a la establecida. Esos procesos son otra cosa, no se corresponden con lo que dice la Constitución; como no fueron concursos públicos ni participó la ciudadanía libremente, esos jueces no tienen la titularidad en los términos en que reza la Constitución.

–¿Qué pueden esperar entonces estos jueces, si realmente no son titulares?

–No me sorprendería que en un determinado momento, si los desean destituir, los destituyan por cualquier vía o les revocan la designación. La mayoría son jueces que no tienen estabilidad en sus cargos, son jueces que han sido designados por motivaciones políticas, han sido escogidos muchos de ellos a dedo y saben que si toman decisiones que disgusten al poder político van a perder su cargo. Un ejemplo es el de la jueza de Yaracuy (caso de la fuga de Lapi).

"La mayoría son jueces que no tienen estabilidad en sus cargos, son jueces que han sido designados por motivaciones políticas".

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