El efecto Ringtone y la agonía constitucional

La Historia es un abrupto y complejo laberinto de fatales extravíos y memorables coincidencias.

L.F.M.

Una cárcel, un teléfono público, un preso político, una llamada telefónica, un periodista, un mensaje...

Seguramente Antonio Meucci no llegó a imaginar la infinita cantidad situaciones que desencadenaría el uso de su invento. El teléfono, ese aparato que ha sido objeto de revolucionarias transformaciones y es hoy en día el más utilizado en el mundo gracias a las nuevas tecnologías, sigue cumpliendo la función esencial para la cual fue creado, pero el pasado 18 de febrero su utilidad fue particularmente significativa debido a una circunstancia puntual.

El programa Conclusiones, a través de CNN en español, transmitió en horario estelar la conversación telefónica* que ocho días antes sostuvieron el periodista Fernando del Rincón y el dirigente político Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, preso de conciencia del régimen espurio del dictador Nicolás Maduro, recluido desde hace un año en la cárcel militar de Ramo Verde, y sometido a un proceso judicial plagado de vicios y diferimientos, por los delitos de instigación a delinquir, determinador en incendios, daño a la propiedad y asociación para delinquir, ninguno de los cuales el Ministerio Público ha logrado probar hasta ahora.

Leopoldo López aprovechó la ocasión de realizar la llamada desde un teléfono público ubicado dentro del centro penitenciario y, burlando a sus custodios, se comunicó con Fernando del Rincón para enviar un mensaje a todo el país. Lo hizo valientemente, sabiendo el riesgo al que se exponía por ejercer un derecho que sus carceleros le han arrebatado en múltiples ocasiones, como tantos otros derechos de los que se ha visto inconstitucionalmente privado desde que está en prisión. 

La difusión de la entrevista telefónica trajo consecuencias, una suerte de efecto ringtone que revolvió la bilis del régimen chavista y desató los siguientes acontecimientos. 

19 de febrero. Justo al día siguiente de la transmisión de la llamada, Leopoldo López fue castigado, una vez más, en un calabozo minúsculo, húmedo, frío, insalubre y sin ventanas, donde permanece completamente aislado por los próximos quince días. Por la noche, Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión, amenazó con «el puño de hierro chavista para castigar la conspiración». Acusó a Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma de planificar «golpes de Estado y hechos para generar caos y violencia en el país», cuyos supuestos indicios constan -según Maduro- en el documento suscrito por los mencionados dirigentes políticos, publicado el pasado 11 de febrero bajo el título “Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición”**.

20 de febrero. 5:10 p.m. Un pelotón de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) penetró por la fuerza en la sede del partido Alianza Bravo Pueblo. Sin identificación, sin orden judicial, sin notificación previa de una investigación en proceso, el Alcalde Mayor, Antonio Ledezma, electo por votación popular, fue sacado a empujones de su oficina y arbitrariamente conducido, primero hacia un sitio desconocido, después a la sede del SEBIN en el Helicoide, en un procedimiento tipo comando, como si se tratara de un terrorista internacional, en el que se violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la dignidad, consagrados en la Constitución nacional y en el Código Orgánico Procesal Penal.

Sobre las 7:00 de la noche, el Alcalde fue presentado en el Tribunal 6º de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde se realizó la audiencia ante el Juez Miguel Graterol, con la participación de los Fiscales del Ministerio Público Katherine Haringhton, Yeison Moreno y José Orta, quienes le imputaron los delitos de conspiración y asociación para delinquir, previstos en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, respectivamente.

Artículo 132 C.P. Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.

Artículo 6 L.O.C.D.O. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley, será castigado, por el sólo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión. 

No fue sino hasta pasada la medianoche cuando Mitzy de Ledezma pudo ver a su esposo durante unos minutos, antes de que fuera trasladado y recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) en Ramo Verde, donde también están Leopoldo López, Daniel Ceballos y una docena de otros presos políticos.

Es obvio que el «puño de hierro chavista» se cierra y golpea con fuerza «potencialmente mortal» sobre la agonizante Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que cada día expiran, uno tras otro, los derechos humanos. 

* Entrevista telefónica a Leopoldo López por Fernando del Rincón

** Llamado a los venezolanos a un Acuerdo Nacional para la Transición

El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar gravemente las bases de la paz.

La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.

Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz

Es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu y el orden democrático.

Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.

A tal fin, proponemos un programa basado en tres agendas de acciones concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos. Como instrumento del Acuerdo Nacional, el programa que invitamos a acompañar y enriquecer con las perspectivas de todos los sectores, servirá de guía para superar la crisis y comenzar la reconstrucción del país.

1. Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho:

- Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental;

- Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado y revertir totalmente las violaciones y arbitrariedades cometidas en estos ámbitos;

- Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano;

- Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y las leyes;

- Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes;

- Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista; y

- Abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional, que convoque e involucre activamente a toda la sociedad en la reconstrucción de las bases para la paz.

2. Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables:

- Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución;

- Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y transporte público;

- Garantizar que sean cubiertas las necesidades de salud de todo el pueblo de Venezuela, atendiendo las fallas y deformaciones existentes en la gestión de la salud pública y los sistemas hospitalarios; resolver el desabastecimiento actual de medicinas, insumos y equipos médicos y suplir los déficits de personal de salud de distintos niveles; y

- Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario.

3. Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país:

- Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades, para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país;

- Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo;

- Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la autonomía del BCV; poner en vigor un sistema eficiente y transparente para la coordinación de las finanzas públicas y designar nuevas autoridades de los entes económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y méritos;

- Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por expropiaciones arbitrarias; revisar el estado real de todas las empresas no petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar su recuperación productiva.

- Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro.

Venezuela será lo que los venezolanos hagamos de ella a través del cambio de rumbo que nosotros mismos decidamos. Ese rumbo estará asegurado por los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional para la Transición.

Caracas, 11 de Febrero de 2015

Antonio Ledezma                        Leopoldo López                  María Corina Machado

Derechos a tajos por los atajos

La Asamblea Constituyente de 1999 parió a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contiene un menú de lo más completo en materia de derechos humanos. ¿Para qué ha servido? Durante el imperio de la plaga revolucionaria, para que los esbirros de la represión y la muerte les hayan hecho un tajo a cada uno, comandados y/o respaldados por un régimen autocrático que se ha manifestado de muchas maneras enemigo acérrimo de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia y de la Constitución.

Ahora, habiendo denunciado la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya lo es explícitamente. Renuente a permitir visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, contumaz ante sus informes y recomendaciones, reacia a respetar, acatar y cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la decisión del régimen ha pretendido dejar fuera de la jurisdicción de ésta al Estado venezolano, aduciendo que el mecanismo de protección de los derechos humanos deja en el desamparo a los gobiernos y los obliga a obedecer sentencias dictadas con ojeriza. Grosso modo, tal fue el argumento del difunto cuando ordenó el estudio para la denuncia de marras.

Se equivocan los que piensan que este retiro favorece al gobierno ilegítimo y salva a sus integrantes, directos e indirectos, de las consecuencias derivadas de las violaciones que hayan cometido o de las que cometan contra los ciudadanos venezolanos y contra la Constitución. Los derechos humanos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, y junto al umbral cuya puerta han cerrado, se han de abrir otros muchos atajos por donde seguirán transitando carretas llenas de denuncias de víctimas que no estarán dispuestas a callar.

Inmunidad Parlamentaria

Diputado Richard Mardo

En la Constitución venezolana, la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa expresamente consagrada en el artículo 200: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”.

Allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado no es un asunto de poca importancia, en primer lugar, porque se trata de un cargo de elección popular, y en segundo lugar, porque la razón de ser de dicha prerrogativa no es defender a la persona que funge como legislador, sino proteger el ejercicio libre e independiente de sus funciones parlamentarias, por una parte, y por otra, evitar que mediante confabulaciones se intente llevar a cabo algún tipo de retaliación política.

De ninguna manera debe confundirse la inmunidad con la impunidad, pues aquélla no es una mampara para los delitos o hechos ilícitos que pudieren cometer los diputados durante el ejercicio de su representación. El artículo 200 de la Constitución vigente establece que “De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Por lo tanto, el procedimiento exige que antes de llevar a juicio a un diputado, se cumpla con el requisito previo contemplado en el ordinal 20 del artículo 187 de la Constitución: “La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes”.

Escribo este artículo pocas horas antes de que la decisión de allanar la inmunidad del diputado Richard Mardo se realice con el voto de 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional o con el voto de una mayoría simple. Si ocurriere esto último, esa mayoría simple de legisladores estaría violando impunemente la Constitución y la voluntad de los electores que eligieron al diputado Mardo como su representante, pero además, se estaría ejecutando una vil venganza política, muy propia de regímenes que, como el actual gobierno ilegítimo, se esmeran en la interpretación arbitraria de la Constitución y las leyes.

Problemas de la "sucesión" a la luz de la Constitución

El último presidente del país que falleció estando en funciones fue Juan Vicente Gómez en 1935; sin embargo, pensamos que de Chávez no puede decirse que haya muerto en ejercicio de sus funciones, por cuanto no tomó posesión del cargo ni se juramentó, y el juramento es condición imprescindible para el ejercicio de cualquier cargo público.

Artículo 1 de la Ley de Juramento: “Ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo”.

El criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para justificar la ausencia de Chávez como un permiso por el tiempo necesario hasta su recuperación es un argumento que no se corresponde con lo que establece la Constitución vigente. No obstante, los magistrados se impusieron a ésta, sin despeinarse siquiera, al resolver que:

“(i) Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ha ausentado del territorio nacional, por razones de salud, durante lapsos superiores a “cinco días consecutivos”, con la autorización de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013.

(ii) No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin.

(iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión, el Presidente saliente debía entregar el mandato al Presidente del Congreso y procederse “como si se tratara de una falta absoluta”; la Carta de 1999 eliminó expresamente tal previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta (que, por otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un Presidente reelecto y proclamado).

(iv) A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo.

(v) La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.

(vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa.” (Sentencia 02 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de enero de 2013, Exp. 12-1358).

¿Por qué el Vicepresidente Ejecutivo y no el Presidente de la Asamblea Nacional?

Ahora, anunciado oficialmente el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, los actuales detentadores del poder político se aferran a la tesis fundamentada en el “principio de la continuidad administrativa” para acogerse al segundo párrafo del artículo 233 de la Constitución y no al primero.

Artículo 233 CRBV: “… Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva…”.

De ahí que el canciller Elías Jaua haya anunciado esta noche que será Nicolás Maduro, Vicepresidente Ejecutivo de la República, y no Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, quien asumirá temporalmente la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque al adherir el mencionado y manido “principio de la continuidad administrativa” están actuando como si la falta absoluta, es decir, la muerte de Chávez, se ha producido “durante los primeros cuatro años del periodo constitucional”, y no como efectivamente ha sucedido, o sea, antes de que tomara posesión del cargo y se juramentara.

Lapso para celebrar nuevas elecciones presidenciales

Ahora se presentan nuevas situaciones, la primera de ellas acerca de la fecha a partir de la cual se deben computar los 30 días consecutivos para la celebración de elecciones presidenciales. De acuerdo con la Constitución, ese lapso empieza a contarse a partir de mañana, miércoles 6 de marzo de 2013, dado que el anuncio oficial del fallecimiento del Presidente se hizo hoy, martes 5 de marzo de 2013, y debe concluir el jueves 4 de abril de 2013. No es preciso que el Consejo Nacional Electoral ni ningún otro órgano del Poder Público Nacional declare o decrete expresamente el inicio de dicho lapso, pues éste comienza a correr automáticamente, en este caso, a partir de la fecha de fallecimiento del Presidente. Lo que sí debe hacer el Consejo Nacional Electoral es fijar una fecha, dentro de dicho lapso, para que los venezolanos acudamos a los centros de votación a elegir al próximo Presidente de la República.

Incompatibilidad de voluntades

La otra cuestión que se presenta tiene que ver con la eventual postulación de Nicolás Maduro a la candidatura presidencial, quien fuera ungido por el propio Hugo Chávez en su última aparición pública el 8 de diciembre de 2012. En esa ocasión, el entonces Presidente de la República impartió a los suyos, en una suerte de manifestación de última voluntad, la siguiente instrucción:

“… si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mi me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? ¿un mes?, hoy es, sí, un mes…, y sobre todo para asumir el nuevo período para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo…, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el período, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.”

Si se atiende al principio de continuidad administrativa que sustenta la sentencia de la Sala Constitucional, se entiende, entonces, que Nicolás Maduro sigue siendo el Vicepresidente Ejecutivo de la República. El problema en este caso deriva de una incompatibilidad entre la última voluntad de Hugo Chávez y la voluntad del Constituyente.

Artículo 229 de la Constitución: “No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora, o Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”.

Luego, si es el Vicepresidente Ejecutivo quien asumirá temporalmente la Presidencia de la República, ¿cómo piensa postularse como candidato presidencial sin violar el precitado artículo 229 del texto fundamental? ¿Renunciará inmediatamente después de asumir la Presidencia en forma temporal? ¿No estarán complicando las cosas al arrollar tan aparatosamente, una vez más, a la ya bastante magullada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿O acaso afinan alguna nueva “estrategia revolucionaria” inconstitucional?

Del Golpe de 1992 al Golpe de 2013

El 4 de febrero de 1992 en la madrugada un intento de Golpe de Estado nos arrancó del sueño, nos sacó de la cama y nos plantó frente al televisor para ver cómo un grupo de militares insubordinados se habían alzado contra el Gobierno constitucional del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez. 

Recuerdo una tanqueta subiendo los escalones de la entrada del Palacio de Miraflores; recuerdo al golpista Jessy Chacón uniformado y con boina, acostado en el suelo con un arma apuntada a su cabeza cuando lo sometieron; recuerdo haber visto las imágenes que transmitían los canales de televisión de tanques de guerra en la ciudad, soldados con fusiles, gente corriendo, carros quemándose, aviones sobrevolando la capital, muros, puertas y ventanas destrozados a tiros, personas heridas, venezolanos muertos... Recuerdo a Carlos Andrés Pérez de pie en un escenario improvisado que tenía una cortina azul al fondo, cuando se dirigió al país para decir que todo estaba ya bajo control. Y después, mucho después, todos vimos al responsable de aquella insubordinación, al responsable de aquel caos terrible, al responsable de la muerte de más de un centenar de venezolanos; todos vimos al golpista principal, un teniente coronel de nombre Hugo Chávez Frías que vestía uniforme de campaña y boina roja, y al que le permitieron hablar ante los medios de comunicación, a las puertas del Museo Militar, para decir que "lamentablemente" los objetivos que se habían propuesto no pudieron cumplirse.

Y después, en 1994, todos esos golpistas, cuyas manos quedaron manchadas con la sangre de tantos venezolanos, fueron indultados por el entonces Presidente Rafael Caldera, a quien no se le puede perdonar que haya tomado la decisión más oportunista de su vida política en pleno ejercicio del poder.

Y después, en 1998, aquel teniente coronel golpista fue electo Presidente de la República a pesar de haberse alzado contra un gobierno legítimo y contra la Constitución, a pesar de tener en sus manos -aunque no en su conciencia, porque carece de ella- la sangre de más de cien venezolanos.

Y después, entre 1999 y 2012, aquel teniente coronel golpista investido de Jefe del Estado se esmeró en dividir al pueblo y en destruir el país.

Y hoy, 4 de febrero de 2013, 21 años después, aquel militar conspirador y golpista, habiendo sido reelecto, ya no es Presidente, porque está ausente del país desde hace casi dos meses, y no tomó posesión del cargo ni se juramentó. Así, pues, que no hay gobierno en Venezuela, sino un auténtico e incuestionable vacío de poder. Quienes se han impuesto de facto para llenar ese vacío son unos cuantos civiles que el 10 de enero de este año se alzaron contra la Constitución vigente apoyados por la Fuerza Armada Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia, y que aun habiendo cesado en sus funciones, usurpan actualmente el poder político en forma irregular e ilegítima. Por lo tanto, todas sus decisiones son nulas, completamente nulas, absolutamente nulas, impepinablemente nulas. Pero tal parece que tamaña irregularidad le importa a poca gente. Al 55% de los venezolanos no les importa; a los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Nicaragua no les importa; al Secretario General de la OEA no le importa.

Y a usted, ¿le importa?  

    

Juez Afiuni, 2 años más sin libertad

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

En escrito fechado el 29 de noviembre de 2011, el Ministerio Público solicitó extender por dos años la medida privativa de libertad que pesa contra la Juez María Lourdes Afiuni desde el 10 de diciembre de 2009. Este hecho constituye una violación continuada de los derechos humanos de la juez, toda vez que, a tan solo 6 días de su detención, el 16 de diciembre de 2009, tres órganos de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas , calificaron su detención como arbitraria y exigieron su inmediata e incondicional libertad.


El Ministerio Público afirma que la medida se justifica porque el proceso ha sufrido demoras “por causas imputables al imputado o a la defensa”. Sin embargo, la Fiscalía omite mencionar que la juez había hecho acto de presencia cada vez que le fue solicitado y que tomó la decisión de declararse en rebeldía ante el tribunal cuando en julio de 2010, de manera unilateral, irregular y arbitraria, el juez Alí Paredes decidió suspender el proceso de depuración de escabinos y acordar un juicio unipersonal.

Al alegar que la demora en el caso es imputable a la procesada o a sus defensores, el Ministerio Público aplica un doble rasero, toda vez que olvida que el despliegue de funcionarios de la policía política que acudieron a allanar su tribunal, llevándola detenida, se produjo en el marco de un caso que la Fiscalía retardó injustificadamente con reiteradas inasistencias, lo que condujo al otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva a favor de un procesado cuya detención se había extendido holgadamente por encima del máximo establecido por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).


Cabe recordar que el artículo 64 del COOP establece que solo se conocerán causas en tribunales unipersonales en las causas por delitos o faltas que no ameriten pena privativa de libertad y en causas por delitos cuya pena en su límite superior no exceda de cuatro (4) años de privación de libertad. La primera medida de privación de libertad, ya suponía entonces una contradicción, ya que o está presa y su juicio es con escabinos, o el juicio es con un tribunal unipersonal, pero en libertad. Esta evidente contradicción nunca ha sido tomada en cuenta por la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

Por otra parte, el mismo Ministerio Público en su escrito de noviembre de 2011, señala que se pide la prórroga teniendo en cuenta que “el delito de mayor entidad por el cual fue acusada la ciudadana María Lourdes Afiuni Mora es el de CORRUPCIÓN PROPIA, el cual prevé una pena de prisión en su límite mínimo de tres años”, por lo que, a juicio del Ministerio Público, se estaría “corriendo el riesgo de que evada la acción de la justicia”. Con este supuesto, la Fiscalía se aparta de lo establecido en el COOP, cuyo artículo 251, contempla que “se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años”. La Fiscalía carece de base legal para pretender justificar la extensión de la privación de libertad por la presunción de fuga.

A lo anterior debe agregarse que, aunque el artículo 256 del COPP establece un máximo de dos medidas cautelares, a la Juez María Lourdes Afiuni se le impusieron en febrero de 2011 tres medidas: arresto domiciliario, presentación periódica al tribunal y prohibición de declarar a medios de comunicación, las cuales ha cumplido a cabalidad, pese a la ilegalidad de las mismas, a las cuales se le ha sumado una cuarta restricción arbitraria que le impide exponerse a la luz solar o realizar ejercicio, en violación de la disposición 21.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, que consagran el derecho de cualquier detenido a tomar sol y realizar ejercicio diariamente.

La detención de la Juez María Lourdes Afiuni ha sido arbitraria desde el momento mismo de su detención, habiendo pasado por amenazas y agresiones a su vida e integridad personal, denegación de asistencia médica oportuna, prohibición para realizar cualquier tipo de actividad social, cultural o religiosa durante su encarcelamiento en el INOF. Las restricciones impuestas a lo largo del arresto domiciliario son igualmente arbitrarias, y pretender extenderlas en el tiempo, configura una violación continuada de sus derechos, tanto a la luz de la legislación vigente, como de los compromisos internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos.

Caracas, 8 de diciembre de 2011

Decisiones judiciales ideológicas

La sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 17 de octubre de 2011, mediante la cual, una vez más, se declara “inejecutable” un fallo emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es otra de esas decisiones ideológicas que se posicionan en las antípodas del Derecho.

Durante la última década, los magistrados de dicha Sala han asumido una posición crítica de descalificación respecto de algunos criterios y decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con base en voluntaristas y equívocas interpretaciones acerca de la supremacía constitucional, la soberanía nacional y la autonomía de los poderes públicos.

Esta nueva tendencia jurisprudencial, encabezada por la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, pone en duda el carácter imparcial de los órganos de protección internacional de los derechos humanos e induce al Estado venezolano al desacato por incumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y, por consiguiente, a la violación del derecho internacional y de la propia Constitución. Es indiscutible que en esta ocasión, a propósito de la "inhabilitación política" de Leopoldo López, tal como ocurrió en 2009 en el caso de los exmagistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la referida tendencia equivale a un desconocimiento explícito del rango constitucional de tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, y de las decisiones dictadas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Si los principios y valores que nutren el espíritu del pueblo venezolano en los ideales de libertad y democracia son exactamente los principios y valores superiores sobre los que se funda el Estado democrático y social de Derecho y de justicia, no hay manera de sesgar ni de condicionar la preeminencia expresa de los derechos humanos y la existencia de los mecanismos de garantía para su protección. Sin embargo, es más que evidente y lamentable que el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia propende a la desconstitucionalización y a la restricción de derechos humanos fundamentales, mediante la imposición de un proyecto ideológico incompatible con los principios democráticos, sirviéndose para ello de conceptos relativos e indeterminados que desdeñan el derecho de los venezolanos a la tutela judicial efectiva y a la protección que brindan los órganos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. 

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deberían ejercer sus funciones dentro de los límites establecidos en la Constitución vigente y a contribuir, a través de sus decisiones, con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela como país miembro de la Organización de Estados Americanos, en vez de dedicarse con tan pocos escrúpulos al activismo judicial en el sentido negativo de su aplicación.

Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA)

Mediante Decreto Nº 7.454 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.436 del 1º de junio de 2010, se creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), esto es, un órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia que, al tenor de su artículo 5, se encargará de recopilar, procesar, analizar, clasificar, controlar y reservar, discrecionalmente y de manera permanente, toda la información proveniente de las instituciones del Estado y de la sociedad, relacionada con la situación actual, sobre cualquier aspecto que considere de interés nacional del Ejecutivo, y que determine la asunción de decisiones estratégicas.

Esto significa restringir, más de lo que ya está, el acceso a la información, pues, según el artículo 9 de este Decreto, el Presidente del CESNA tiene facultades para reservar, clasificar y/o limitar la divulgación de "cualesquiera información, hecho o circunstancia". La amplitud sin límite del pronombre indeterminado "cualesquiera" abarca todo cuanto pueda caber en el criterio del funcionario, desde un dato electoral -lista de inscritos en determinado circuito electoral- hasta un dato registral -la compra de un bien por una persona, o la liberación de la hipoteca de un inmueble, o su propia acta de nacimiento-.

Con la promulgación de este Decreto se violan los derechos fundamentales concernientes al goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos (art. 19), al libre desenvolvimiento de la personalidad (art. 20), a la igualdad ante la Ley (art. 21), a dirigir peticiones, incluso de información, ante cualquier autoridad y a obtener oportuna respuesta (art. 51), a la libre expresión y difusión del pensamiento sin censura (art. 57), a la información sin censura (art. 58), a exigir rendición de cuentas a sus representantes (art. 66), a la información sobre las actuaciones y resoluciones de la Administración Pública y al acceso a los archivos y registros administrativos (art. 143).

Sin embargo, ya lo advirtió, en su momento, el constituyente Dr. Allan Brewer-Carías tanto en la Asamblea Nacional Constituyente como en su libro "La Constitución de 1999 comentada", que las atribuciones que le otorga el artículo 325 de la Constitución al Ejecutivo Nacional de "reservar[se] la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en los términos que la Ley establezca", tal como quedó redactada esta disposición, evidencia "un acentuado esquema militarista cuya combinación con el centralismo y el presidencialismo podría conducir inconvenientemente al autoritarismo".

De modo que la "corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil... sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar" a que alude el artículo 326 de la Constitución, al tenor del nuevo Decreto sólo puede entenderse como la subordinación y sujeción de ésta a aquel, con todas las consecuencias que ello comporta. La principal y más grave, que se está configurando una forma de estado de excepción permanente con respecto a los derechos señalados. Pero ni siquiera en el supuesto de un verdadero, justificado y legal estado de excepción se permite la restricción del derecho a la información, con lo cual este Decreto también vulnera lo establecido en los artículos 337 y 339 de la Constitución.

La sociedad civil venezolana debe oponerse firmemente a este abuso de poder y exigir de inmediato la derogación del Decreto Nº 7.454 por inconstitucional y violatorio de algunos de nuestros más sagrados derechos fundamentales.

Artículo 25 CRBV: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordene o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores."

Texto del Decreto Nº 7.454

Los poderes subordinados

El diputado Carlos Escarrá, a la sazón, profesor de Derecho Constitucional desde hace muchos años, no se anduvo por las ramas para admitir públicamente, en el programa "Dando y Dando" que se transmite por el canal oficialista Venezolana de Televisión (VTV) -el canal del Gobierno, que no del Estado, ni de todos los venezolanos-, que en la Asamblea Nacional se discuten, reforman y aprueban únicamente los proyectos de Ley y las Leyes que interesan al Presidente de la República.

"Si Chávez nos dice 'esta es la ley que va', esa ley va. Él es el que dirige esta revolución", declaró rampante. Pero no es ésta la primera vez que el mencionado diputado reconoce el derrotero del activismo legislativo que despliega junto con sus camaradas. En enero de este mismo año, durante el acto de elección y juramentación de la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, afirmó: "Sí, hacemos las leyes que le convienen al Presidente Chávez. ¡Claro que hacemos las leyes para la revolución bolivariana que establece el Presidente Chávez!" (Globovisión, 2010, 5 de enero) Escarrá: Se podría dictar una ley que regule las ganancias para evitar el abuso en exceso. (Últimas Noticias, 2010, 5 de enero) Escarrá reconoció que AN hace leyes para la revolución bolivariana.

Esta misma obediencia es la que exhibe la mayoría de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principalmente los integrantes de la Sala Constitucional, en un sinnúmero de sentencias mediante las cuales se han perpetrado aberrantes mutaciones a la Constitución y toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Un comportamiento similar ha seguido por años la mayoría de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, que han sabido imponer reglas y aplicar sanciones a los partidos políticos y a los electores de la oposición, mientras eximen de ellas al Presidente de la República, al partido oficialista y a los electores chavistas.

La pasmosa inactividad y el sordo silencio del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano, hace de éste una muy deslucida figura ornamental que contrasta, engañosamente, con la desidiosa irresponsabilidad del Contralor General de la República, con el caradurismo antológico de los dos últimos Defensores del Pueblo y con la expedita animosidad inquisitorial de la Fiscal General de la República.

La impresión que dejan estos funcionarios en quienes a diario les observamos y escuchamos es que ninguno de ellos cree en la democracia, ni en la libertad de expresión, ni en el pluralismo político, ni en el respeto a los derechos humanos, ni en el poder soberano del pueblo, pero tampoco en el socialismo del siglo XXI, ni en el marxismo, ni en la igualdad social, ni en la redistribución de la riqueza. Y en el intento de suplir su carencia de convicciones con un exceso de atribuciones, por lo demás, ilegítimas e ilegales, han elegido obedecer servilmente a un hombre en lugar de servir dignamente al pueblo. Sólo para alcanzar ese roñoso y efímero orgasmo de poderío, han arremetido contra la Constitución y subordinado los órganos del Poder Público a la voluntad del autócrata.

¡Dios y la Patria os demandarán!

Magistrados del TSJ, mercantilistas ante la Ley-Tope

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia -con la única excepción de la Dra. Blanca Rosa Mármol- son la mejor muestra de lo peor que puede suceder en un Poder Judicial.

Caracterizados por un caradurismo sin precedentes en la historia del más alto Tribunal del país, manifiesto reiteradamente en sentencias cuyos argumentos obedecen a motivos ideológicos y fines políticos, tan diametralmente opuestos a los preceptos constitucionales, a las leyes y al Derecho, reinciden una vez más en sus despropósitos al tenor de una Resolución, dictada y aprobada por ellos mismos, sin el mínimo asomo de vergüenza.

Se han hecho un régimen "especial" de jubilación a la medida de su desmedida avaricia.

Imbuidos del más puro espíritu mercantilista, ante la inminente sanción de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y Control del Gasto Suntuario, aprobada en segunda discusión el pasado 16 de diciembre, los magistrados del TSJ se han adelantado a los efectos de esa suerte de Ley-Tope, sin dejar lugar para las dudas acerca de cuál es su única preocupación: la pérdida de su elevadísimo poder adquisitivo. Basta considerar los siguientes datos relativos a sus ingresos actuales:

- Sueldo básico mensual es de Bs.F.40.000, o sea, Bs.40.000.000 de los de antes;
- Prima de antigüedad y de profesionalización, que puede llegar hasta el 30% de sueldo;
- Caja de Ahorro, el equivalente a 15% del sueldo;
- Bono Vacacional, el equivalente a 3 meses de sueldo;
- Bonificación de Fin de Año, cuyo equivalente puede alcanzar hasta 15 meses de sueldo.
A estos conceptos hay que agregar los servicios de escolta de seguridad, chofer, vehículos oficiales, por mencionar algunos de los muchos privilegios de los cuales disfrutan por virtud del cargo y de los favores concedidos.

Esa "isla de la felicidad" en la que viven los magistrados del TSJ -y los demás altos funcionarios del Poder Público- está a punto de hundirse bajo el peso descomunal del artículo 8 de la mencionada Ley, que establece el límite máximo de sus emolumentos mensuales en un monto equivalente a quince (15) salarios mínimos. Es decir que, a partir de la promulgación de la que he denominado Ley-Tope, estos sirvientes del Ejecutivo percibirán Bs.F.14.512,50 mensuales, lo que representa una diferencia de aproximadamente setenta por ciento (70%) menos.

El espanto ante tan sustancial desmejoramiento de su calidad de vida les ha hecho reaccionar de una manera completamente distinta de la que se espera de revolucionarios auténticos, incondicionalmente comprometidos con el socialismo del siglo XXI, irreductibles defensores de la justicia social y la igualdad de todos y entre todos. Así que los magistrados del TSJ se dejaron de utopías estériles y decidieron ponerse creativos. Pero, esta vez, de la invención no surgió una sentencia complaciente que enarbola los soberanos derechos colectivos del colectivo soberano, sino una resolución artera y desesperada con fines eminentemente individualistas y materialistas. Se apresuraron, pues, a asegurar sus intereses económicos a futuro, mediante una argucia pseudojurídica que les permite jubilarse sin desincorporarse de sus cargos. Un acto lo bastante deshonesto que explica por si solo lo inexplicable de la jurisprudencia de la última década.

La Dra. Blanca Rosa Mármol votó en contra de la resolución. Al parecer, otro magistrado, para no votar en contra ni a favor, abandonó la Sala antes de la votación.

Texto completo de la Resolución Nº2010-00, tal como lo recibí de mi fuente.

Caracas, ____ de marzo de 2010
199º y 151º

RESOLUCION Nº 2010-00

El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las que preceptúan los artículos 1º y 20 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,

CONSIDERANDO

Que el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: "El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras...";

CONSIDERANDO

Que el numeral 1 del señalado artículo 89 Constitucional señala: "... ninguna Ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales...";

CONSIDERANDO

Que la Ley de la Corte Suprema de Justicia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Reglamento vigente para el régimen de jubilaciones y pensiones del Tribunal Supremo de Justicia, establecen el beneficio de jubilación para los Magistrados y Magistradas;

CONSIDERANDO

Que la jubilación es un derecho derivado del hecho social trabajo que es intangible, progresible e irrenunciable;

CONSIDERANDO

La conveniencia institucional de otorgar el beneficio de jubilación a aquellos Magistrados y Magistradas que tengan derecho a ello y permitir a su vez, que concluyan el mandato constitucional por el periodo para el cual fueron legalmente designados;

RESUELVE

Artículo 1: Se les otorga el beneficio de jubilación a cada uno o una de los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia que para le fecha de la presente resolución cumplan con todos los requisitos que legal y reglamentariamente se requieran para optar a dicho beneficio.

Artículo 2: Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, a los cuales se les haya reconocido el beneficio de jubilación, podrán continuar en el ejercicio de sus cargos, hasta que termine el periodo constitucional para el cual fueron designados o hasta que la Asamblea Nacional efectúe nuevas designaciones.

Artículo 3: La Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, una vez informada de la procedencia del beneficio de jubilación por cumplimiento de los requisitos, queda encargada de la ejecución de la presente resolución.

Artículo 4: Las jubilaciones otorgadas mediante la presente resolución se harán conforme a lo previsto en el Reglamento vigente para el régimen de pensiones y jubilaciones del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto se aplique.

Artículo 5: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ________ ( ) días del mes de marzo de dos mil diez. Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.

De la separación de poderes a la concentración del poder

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia cuestiona el principio de la división de poderes aduciendo que "debilita al Estado". El magistrado Francisco Carrasquero asegura que "con excepción de las normas que garantizan los derechos fundamentales como el de la vida o la libertad personal, todas las demás disposiciones contenidas en la Constitución de 1999 pueden ser reformadas radicalmente, sin que haya que respetar ninguna doctrina o tradición". El Presidente de la República respalda estas afirmaciones y lanza una cruzada por un nuevo constitucionalismo "popular y revolucionario".

Estas declaraciones anticipan una reforma constitucional destinada a suprimir el principio de separación funcional de los órganos del Poder Público para imponer en su lugar otro de corte absolutista que legalice constitucionalmente la concentración de todos los poderes en una sola voluntad. Exactamente lo que, en su momento, advirtiera Montesquieu que debe evitarse, pues "cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad... Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor". Y Montesquieu agrega: "Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales..., ejerciera los tres poderes".

La debilidad del Estado de Derecho radica en que, al margen de lo establecido en la Constitución de 1999, el Presidente de la República concentra en su persona todos los poderes. Si, por el contrario, se aplicase efectivamente el principio de separación de poderes, ocurriría que el Estado de Derecho se vería fortalecido por la independencia y la autonomía funcional de todos los poderes.

El principio de la división de poderes tiene por finalidad evitar que uno cualquiera de los órganos del Poder Público abuse de sus atribuciones. Se trata, siguiendo a Montesquieu, de que "el poder frene al poder".Y esto sólo se logra cuando todos los poderes se controlan mutuamente, de modo que en cuanto alguno exceda los límites que le establece la Constitución, los otros actúen como contrapeso y frenen los excesos de aquel.

La colaboración entre unos y otros consiste en que todos ejerzan sus funciones en forma coherente y ajustada a los preceptos constitucionales para mantener la integridad de la Constitución. No se trata, entonces, de una colaboración en el sentido de ponerse de acuerdo para un fin determinado, como es el lamentable caso de los representantes de los poderes públicos en Venezuela, que se han puesto de acuerdo para violar sistemáticamente la Constitución en función de los fines que pretende el Presidente de la República de convertir al Estado democrático de Derecho en un Estado autocrático sin Derecho.

Lo que proponen los magistrados Morales y Carrasquero es conferirle a una sola persona, es decir, al Presidente de la República, todos los poderes del Estado para que gobierne, legisle, juzgue y penalice según su voluntad. Esto sería un acto de servidumbre abominable que liquidaría definitivamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Aunque de hecho lo está haciendo sin control y sin límites, en contravención de los valores superiores y de los principios y normas constitucionales, con la infeliz anuencia y complacencia de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, de los representantes del Poder Ciudadano, del Contralor General de la República, de la Procuradora General de la República, de la Fiscal General de la República y de la Defensora del Pueblo.

La conducta de los mencionados funcionarios es la más clara evidencia de que en Venezuela no existe más el Estado de Derecho, pues todos ellos han delegado sus respectivas funciones en el representante del Ejecutivo, convirtiéndose, así, en meros mandaderos de las órdenes de éste.

Llegó la GESTAPOL

Por Alberto Baumeister Toledo

Nos parece absolutamente impertinente y sólo propia de una oposición que de paso no es la de Venezuela, la alharaca formada con motivo de la recién promulgada Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia, que abreviadamente en lo adelante, y debido a sus parecidos con instituciones del pasado llamaremos LA GESTAPOL.

Tan estruendosas protestas y comentarios sobre ese inocuo instrumento legal han debido ser en torno a que pese al gran poder concedido a Don Regalón, y el susto que lo embarga por lo que se pueda venir a fin de año en torno a resultados electorales, no se hubiera puesto en vigencia con anterioridad un instrumento tan apto en las manos de un gobierno antidemocrático, para apabullar y asustar a quienes no estén de acuerdo con la filosofía gobiernera y sus ilegales procedimientos.

Uds. se imaginan por ejemplo, que por equis o zeta, uno cualquiera de los aspirantes a líder político regional o vecinal les moleste, o lo haga uno de los nuevos alcalditos pavos de la zona metropolitana y los lleve siquiera pensar que les pueda obstaculizar sus triunfos en Zulia o el área metropolitana de la capital.

No duden por un solo momento que lo aplicable resultará ser que un funcionario de los que ahora tiene bajo su custodia la inteligencia y contrainteligencia declare que está en juego la seguridad o soberanía nacional, y listo, "directo a la chirola" el enemigo oposicionista, sin pruebas, pues bastarán los indicios que a juicio del "inteligente de turno" repute suficientes para hacer pensar que está en peligro la seguridad nacional. Eso sí, sin Decreto, ni base legal que sustente tal peligro y mucho menos con pesados controles del Poder Judicial.

Mientras tanto tampoco podrá acceder ni controlar el expediente y mucho menos la prueba, al postulado como "sospechoso o implicado", conforme lo disponen los artículos 20, 21 y 23 de la nueva Ley. Eso también es a juicio del flamante funcionario del Sistema de Inteligencia. Y olvidémonos del fastidio de estar buscando a un Juez Natural, esto es, el previamente existente y escogido para actuar en tales supuestos, sino que basta que una de las nuevas autoridades del sistema de inteligencia se encapriche con el caso, y listo.

Para ver lo que pasó y revisar los papeles, después, por igual olvidémoslo, reposarán como secretos y sigilosos, hasta tanto el recto bachiller Mujiquita, tal como en Doña Bárbara, como primera autoridad, resuelva que eso ya puede ser revelado por haber cesado a su juicio el peligro conforme lo estatuye ahora el Art. 26 de la que les conté.

Las normas y conductas que regulaban la GESTAPO, la KGB, la CHINAPOL y la Dirección de inteligencia Cubana, dentro del mundo no pervertido socialista, y las disposiciones y protocolos de Guantánamo, en el ámbito del Derecho corrupto Capitalista y capicúo del Norte, se quedarán cortas en cuanto a lo que nos espera en esta divina tierra forjadora de libertades con esta novedosa, científica y democrática regulación legal. La nueva Ley venezolana da para todo lo imaginable y también para lo que no lo es.

Y lo peor, la vergüenza, la humillación y la disfonía total, no están en las barbaridades que en sí contiene tan pomposa como arbitraria ley, sino que haya sido promulgada por un gobierno que se diga democrático, y por un ser como Don Regalón, que se pretende preclaro ejemplo latinoamericano de un liderazgo asentado bajo los más recios principios de protección de los Derechos Humanos.

Nada, digamos tampoco del ya tan destartalado e inútil Poder Legislativo nacional, cuya desvergüenza sube de tono al renunciar inclusive reservarse legislar sobre una materia tan delicada como la de protección de los derechos ciudadanos, para complacer irresponsablemente al tiranuelo de turno a fin de que él mismo se dicte los estatutos de terror y oprobio que le protejan.

La connivencia y celestinaje con estas inadmisibles conductas ya escapan a los linderos de la patria, abarcan ahora ámbitos regionales, pues no entendemos cómo en el parlamento Latinoamericano se acepten tan tenebrosas conductas y procedimientos como los que tristemente ha puesto en marcha y tolerado la Asamblea Nacional venezolana.

Lo raro pues no es que se haya promulgado tan insultante como descabellado instrumento legal, sino que no se lo hubiere hecho con anterioridad y sin tanto desparpajo. Ya en el país estamos acostumbrados a todo, y además aceptamos las cosas pacíficamente, sin protestas, ni resistencia pasiva, pues esas sí son cosas que atacan las raíces mismas de la democracia y perturban al que les conté.

Denunciarán ante la CIDH decisión del TSJ contra Colegio de Abogados

Por Iralis Fragiel

El Universal

Ante la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que resolvió intervenir el Colegio de Abogados de Caracas, la dirigente de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, calificó la medida como "ilegal e inconstitucional" y anunció que se ejercerán medidas internacionales contra el fallo.

Alegó que esta decisión deja en un limbo jurídico a todos los abogados colegiados a partir del año 2005. Además considera que también pone en situación de incertidumbre las acciones interpuestas por estos profesionales.

Estima que unos 2 mil juristas pudieran estar afectados.

"Esta decisión vicia de nulidad absoluta y anula todos los actos emitidos por la vigente junta directiva, que otorgó carnets del Colegio. Pues esas colegiarturas quedaron sin vigor y los abogados de este país estamos en una situación sumamente grave".

Invitó a los abogados colegiados desde el año 2005 a que se manifiesten y participen en la "inmensa asamblea", que se realizará en los próximos días. Será en esta actividad en la que se decida cuáles acciones legales se tomarán.

"Vamos a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ejercer medidas internacionales contra esta decisión".

El TJS tomó la decisión por considerar que le habían sido violados los derechos a la "participación política, a la alternabilidad en el ejercicio del poder y al sufragio" a los abogados de la ciudad capital, porque desde el mes de agosto de 2003 no se ha podido elegir a la directiva de Colegio.

"Con esta sentencia resulta que todos los abogados inscritos en el Colegio de Abogados desde el año 2005 hasta la fecha están ejerciendo de manera ilegal sus carreras. Quiere decir que para ejercer nuestras carreras debemos estar inscritos (…) Han quedado miles de abogados en un limbo jurídico, sin poder ejercer", señaló la dirigente.

Solórzano se pregunta qué pasará con todos estos profesionales y con el destino de las decisiones que tomó el tribunal disciplinario en las cuales suspendió del ejercicio de sus cargos, por varias razones, a distintos abogados.

"Esto sienta un precedente para que el TSJ pueda echar mano a cualquier Colegio Profesional que no le sea afecto desde el punto de vista político".

Sentencia del TSJ declara NULIDAD de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital

SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 18 de mayo de 2004, los abogados JUAN CARLOS VELÁSQUEZ ABREU y JAVIER SIMÓN GÓMEZ GONZÁLEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 46.986 y 51.510, respectivamente, interpusieron ante esta Sala acción de amparo constitucional “...para la protección de ...(sus)... derechos constitucionales, así como, los intereses y derechos colectivos de los profesionales de la abogacía miembros del Colegio de Abogado del Distrito Capital conjuntamente con medida cautelar innominada, en conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, contra el Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital, el Presidente y demás miembros del Tribunal Disciplinario de ese Colegio y de la Comisión Electoral de esa Corporación Gremial, elegida esta última en fecha 21 de agosto de 2003...”.

En esa oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Mediante decisión del 9 de julio de 2004, la Sala admitió la demanda incoada, ordenando la notificación del Fiscal General de la República, de la Procuradora General de la República y del Defensor del Pueblo; así como la publicación de un edicto. Igualmente, se acordó medida cautelar, en los siguientes términos:

“…3.1- A quienes ocupan actualmente los cargos de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital se abstengan de realizar cualquier tipo de actuación, bien de representación o que comprometan u obliguen administrativamente al Colegio de Abogados, limitándose únicamente, a realizar actividades de simple administración, así como aquellas relacionadas con la inscripción de sus nuevos miembros y expedición de credenciales.

3.2.- A quienes ocupan actualmente los cargos del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, se abstengan de iniciar, sustanciar y decidir procedimientos disciplinarios contra los miembros de dicha corporación gremial, así como paralizar aquellos procedimientos iniciados con posterioridad al vencimiento del tiempo para el ejercicio de sus cargos”.

Practicadas las notificaciones ordenadas, mediante diligencia del 27 de julio de 2004, el abogado RAFAEL VELOZ GARCÍA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 25.653, recusó a los Magistrados Jesús Eduardo Cabrera Romero, Iván Rincón Urdaneta y José Manuel Delgado Ocando.

En escrito del 27 de julio de 2004, el abogado RAFAEL VELOZ GARCÍA, en su condición de Presidente del Colegio de Abogados de Caracas, se opuso a la medida cautelar acordada, solicitando sea revocada.

En escrito presentado el 28 de julio de 2004, los abogados JUAN CARLOS VELÁSQUEZ ABREU y JAVIER SIMÓN GÓMEZ GONZÁLEZ, promovieron documentales y una prueba de informes dirigida al Consejo Nacional Electoral.

En esa misma fecha, el prenombrado abogado Juan Carlos Velásquez retiró el edicto librado por la Sala; cartel cuya publicación consignó el 4 de agosto de 2004.

En decisión del 5 de agosto de 2004, se declaró sin lugar la recusación interpuesta por el abogado RAFAEL VELOZ GARCÍA.

El 24 de agosto de 2004, el abogado CARLOS COLMENARES VARELA, en su condición de Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, asistido por los abogados SILVESTRE MARTINEAU PLAZ, SANDRA PRIMERA y KATI PACHECO, inscritos en el Inprepabogado bajo los Nros. 10.353, 21.682 y 41.208, respectivamente, presentó escrito de contestación de la demanda.

El 25 de ese mismo mes y año, el abogado LORENZO ROMERO, en su carácter de Presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados, asistido por el abogado LUIS RAMÓN OBREGÓN MARTÍNEZ, presentó escrito de contestación de la demanda incoada.

Ese mismo día, el abogado RAFAEL VELOZ GARCÍA, en su condición ya indicada, presentó escrito de contestación de la demanda.

Por auto del 26 de agosto de 2004, se fijó el día 7 de septiembre de 2004 para que tuviera lugar la audiencia preliminar prevista en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante diligencia del 2 de septiembre de 2004, el abogado LUIS RAMÓN OBREGÓN MARTÍNEZ, consignó documentos que avalan sus argumentos.

En auto del 14 de septiembre de 2004, la Sala fijó los hechos sujetos a probanzas.

Mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2004, el abogado CARLOS COLMENARES VARELA, en su condición de Presidente del Tribunal Disciplinario, presentó escrito de promoción de pruebas.

El 21 de septiembre de 2004, la parte actora presentó escrito de promoción de pruebas.

En esa misma fecha, el apoderado judicial de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital, promovió pruebas, y presentó escrito el 23 de ese mismo mes y año, complementado dichas pruebas.

En auto del 5 de octubre de 2004, esta Sala se pronunció sobre las pruebas promovidas.

Mediante diligencia del 27 de octubre de 2004, el abogado SILVESTRE MARTINEAU PLAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 16.918, en su carácter de apoderado judicial del Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, consignó el informe ordenado por esta Sala, y que fuere promovido como prueba de informe por la parte actora.

En escrito del 23 de noviembre de 2004, el abogado LUIS RAMÓN OBREGÓN MARTÍNEZ, actuando como apoderado de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados, solicitó se declare la terminación del presente procedimiento, ya que la Sala Electoral dictó sentencia el 28 de septiembre de 2004, que en su criterio revela que es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral la demora en la realización de las elecciones gremiales; y en consecuencia, pidió que se levantasen las medidas cautelares decretadas por esta Sala; así como también pidió se pronunciase sobre la temeridad de la demanda y la conducta procesal de la parte actora, a tenor de lo establecido en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

El 1 de diciembre de 2004, el apoderado de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados presentó el informe admitido como prueba, y reiteró la solicitud de que se declarase terminado el procedimiento.

En escrito presentado el 2 de diciembre de 2004, la abogada YVETT LUGO URBÁEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 25.955, actuando en su propio nombre y como Tesorera del Colegio de Abogados del Distrito Capital, solicitó el levantamiento de la medida acordada por esta Sala el 9 de julio de 2004, así como se declarase terminada la presente causa.

En diligencia del 2 de noviembre de 2005, la parte actora pidió se convocase a la audiencia, a los fines de que se dicte sentencia definitiva, lo cual ratificó el 21 de septiembre de 2006.

Mediante auto se fijó el día 13 de noviembre de 2007 para que tuviera lugar el debate oral.

En acta del 13 de noviembre de 2007 se dejó constancia de que el acto se declaró desierto, ya que las partes no concurrieron.

Sin embargo, y a pesar de la no concurrencia de las partes al debate, la Sala no declara extinguido el proceso, ya que observa que las pruebas ordenadas se habían incorporado al proceso, que el acto era para oír a las partes sobre los informes y documentos que cursan en autos, pero éstas habían pedido expresamente a esta Sala que pasara a sentenciar sin practicar el acto oral ordenado, lo que convence a la Sala que no era necesario realizar el acto oral, y por tanto la extinción del proceso prevista en el artículo 871 del Código de Procedimiento Civil, tampoco era aplicable.

En vista de tales razonamientos, pasa la Sala a sentenciar la causa, previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

En el escrito de amparo, los accionantes señalaron lo siguiente:

1.- Que la competencia para conocer el caso planteado corresponde a esta Sala, por cuanto la acción interpuesta va en protección no sólo de sus derechos, sino también de los intereses colectivos de los demás miembros del Colegio de Abogados del Distrito Capital, para lo cual citaron sentencias de esta Sala, dictadas el 30 de junio de 2000 y 19 de diciembre de 2002.

2.- Que la acción se interpone contra “...el ejercicio ilegítimo de las funciones inherentes a los cargos que comprenden la Junta Directiva y los Miembros del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, cuyos períodos para el ejercicio de sus funciones se encuentran vencidos desde diciembre de 2001, sin que hasta la fecha se hayan producido comicios para la elección de las nuevas autoridades, a pesar de la existencia de sendas sentencias de la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia N° 14 y 15 de fechas 31 de julio de 2003 y 11 de febrero de 2004 en ese mismo orden, que ordenan la convocatoria a elecciones en dicha corporación gremial”.

3.- Que la acción intentada “...no se dirige para revisar la constitucionalidad o no de las sentencias de la Sala Electoral de ese Tribunal Supremo de Justicia, o para solicitar su ejecución, así como tampoco tiene como fin verificarar (sic) la legalidad o no de actos de autoridad dictados por la directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital, sino por el contrario, la misma esta (sic) destinada a controlar el ejercicio abusivo de poder desplegado por los representantes del gremio de abogados del Distrito Capital, que con ocasión a la no realización de los comicios para la renovación de su Junta Directiva así como la de los miembros del Tribunal Disciplinario de nuestra entidad gremial, se mantienen ejerciendo ilegítimamente las funciones inherentes a los cargos, en violación a nuestros derechos a la participación política, a ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, al control de la gestión de las autoridades gremiales, al debido procedimiento con relación al Juez Natural”.

4.- Que la acción ejercida “... se dirige a encauzar la actuación de la Directiva, Comisión Electoral y Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital dentro de las pautas y valores constitucionales, los cuales no pueden ser objeto de violación bajo ninguna circunstancia fáctica o jurídica, ni aún bajo los supuestos excepcionales de ‘retardo procesal’ alegado por esa Comisión Electoral del ente gremial en cuestión”.

5.- Que “(l)os titulares de los Órganos Permanentes del Colegio de Abogados del Distrito Capital de Caracas fueron electos en el mes de diciembre de 1999 para el ejercicio de las funciones que le son atribuidas por dos años, que venció en diciembre de 2001. En ese sentido, la Junta Directiva de esa corporación gremial debió proceder conforme a lo previsto en la Ley de Abogados y el Reglamento de la Ley de Abogados sobre Elecciones en los Organismos Profesionales y el Instituto de Previsión Social, vigente para la fecha, para que la Comisión Electoral designada conforme lo establecido en esos instrumentos jurídicos, convocara un proceso electoral para elegir una nueva Junta Directiva y al Tribunal Disciplinario correspondiente”.

6.- Que ante tal omisión, la Sala Electoral ha ordenado la inmediata convocatoria a las referidas elecciones en las sentencias citadas supra; sin embargo, indicaron los actores que han pasado diez meses de la primera orden de la Sala Electoral y, después de tres años de vencido el período para el ejercicio de sus cargos, aún las autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Capital no han cumplido con el proceso que resulte en la nueva elección de la Junta Directiva y del Tribunal Disciplinario de esa corporación gremial.

7.- Narraron los actores una serie de actuaciones de la representación de la Comisión Electoral de dicho ente gremial, tendientes –en su criterio- a “...evitar a toda costa, incluso con argumentos que se saben sin ningún mérito, que se realicen las referidas elecciones”, lo cual ha traído como consecuencia, según afirmaron los actores, “...el ejercicio de las funciones inherentes a cargos de elección, por ciudadanos que no han sido investidos del derecho a representar el gremio, por cuanto, bajo los principios democráticos de alternabilidad y elección de cargos, sus períodos se encuentran vencidos, lo cual implica una violación del derecho fundamental a la participación política contemplado en el artículo (sic) 62, 63 y 70 de la Constitución de la República”.

8.- Que la participación política “...no sólo incide en la representación de asuntos públicos, entendiendo por tales, órganos de política estadal; esta garantía constitucional incluye la representación corporativa y profesional ya que es imperativo extender la interpretación hacia todos los asuntos que trasciendan al ámbito de los (sic) privado, en este sentido, el artículo 62 constitucional no agota el fenómeno participativo, por cuanto los gremios también comprenden una forma de participación tutelada por el poder electoral, en el que sus agremiados gozan de garantías constitucionalmente protegidas análogas a la participación política, es decir constituye una especie de manifestación de la soberanía popular que, dada su naturaleza, se ejerce a través de sus representantes”.

9.- Que la omisión de la convocatoria de un proceso comicial que permita elegir las autoridades gremiales del Colegio de Abogados del Distrito Capital vulnera el derecho a la participación política de los ciudadanos inscritos e incorporados que lo integran, por cuanto sólo a través de un proceso comicial es como puede hacerse efectivo el derecho activo o pasivo del sufragio.

10.- Que “... (e)s a través de la expresión electoral del voto que los agremiados podemos ejercer el control de la gestión pública de los representantes del gremio. Para que se puedan inscribir y participar las diferentes tendencias o grupos gremiales es necesaria la pendencia de un proceso electoral abierto que permita la inscripción y postulación de candidatos y es, al finalizar todos los trámites previstos en el cronograma electoral, cuando podremos garantizar la designación de representantes legítimos que sean expresión de la mayoría, respetando el derecho proporcional de las minorías”.

11.- Que “...los miembros del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital encuentran el período para el cual fueron electos total y absolutamente vencido desde hace tres años y, aún así, han seguido tramitando, sustanciando y decidiendo las causas disciplinarias posteriores al término de sus funciones. Ello viola el principio fundamental al juez natural a todos aquellos agremiados que han sido sometidos a los procedimientos establecidos para la determinación de su responsabilidad profesional, lo cual trasgrede abiertamente el derecho al debido proceso y así solicitamos sea declarado”.

Pidieron se declare con lugar el amparo propuesto y, en consecuencia, se ordene:

1.- El nombramiento inmediato de una nueva Comisión Electoral que cumpla con las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales o, en su defecto, ordene al Consejo Nacional Electoral que organice el proceso electoral de manera inmediata, de conformidad con lo establecido en el artículo 283.6 de la Constitución.

2.- La realización inmediata de las Elecciones de la Junta Directiva y del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital.

II

CONTESTACIÓN DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL DISTRITO CAPITAL

El Presidente del mencionado Tribunal Disciplinario dio contestación, asistido de abogados, mediante escrito en el cual señaló -entre otras cosas- lo siguiente:

1.- Que “[...]si bien es cierto que los amparados (demandantes), tienen el derecho a ampararse como lo hacen, también es cierto que una gran cantidad de Abogados agremiados, no admiten la suspensión de las funciones disciplinarias del Tribunal Disciplinario del Gremio de Abogados[...]”.

2.- Que “[...]no es competencia del Tribunal Disciplinario llamar a elecciones, sino que los interesados deben solicitarlas a través del Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Capital, cuestión que como se dijo, así lo hice yo en su oportunidad”.

3.- Que “...el Tribunal Disciplinario es parte integral del Gremio de Abogados creado como Institución para administrar e impartir Justicia Disciplinaria, su función autónoma le permite ser independiente de toda actividad administrativa, política y electoral la que corresponde al Colegio de Abogados del Distrito Capital, y no al Tribunal Disciplinario el cual, como ya se dijo, es autónomo”.

III

CONTESTACIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL DISTRITO CAPITAL

Señaló el Presidente del Colegio de Abogados, lo siguiente, en su contestación de la demanda:

1.- Que la demora de los procesos electorales no sólo en los Colegios de Abogados sino en todas las corporaciones gremiales del país, es responsabilidad exclusiva de los órganos del Poder Público, en especial del Poder Electoral, conforme lo establece el artículo 293, numeral 6 de la Constitución.

2.- Que “[...]el Poder Electoral omitió el pronunciamiento para autorizar las elecciones ordenadas por la Sala Electoral y de la sentencia de ejecución dictada por la misma Sala en fecha 14 de Julio de 2004[...]”.

3.- Que la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Caracas ha realizado todas las diligencias tendentes a que se realicen los comicios para la renovación de las autoridades de la Corporación.

Finalmente, solicitó sea declarada sin lugar la acción ejercida.

IV
CONTESTACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS

El 25 de agosto de 2004, el Presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados presentó escrito de contestación de la demanda, en los siguientes términos:

1.- Que esa Comisión ha cumplido con todos y cada uno de sus deberes electorales y que es otro órgano del Poder Público, el Consejo Nacional Electoral, el responsable directo, por omisión, del retardo en la realización de las elecciones gremiales en el Colegio de Abogados de Caracas.

2.- Que el 31 de julio de 2003, la Sala Electoral dictó sentencia definitiva en el amparo constitucional en el expediente Nº 03-41, en la cual se ordenó la inmediata convocatoria a elecciones de Comisión Electoral, así como la consecución de todos los pasos necesarios para la realización de elecciones gremiales en dicho Colegio de Abogados, ordenando que se cumpliese con el procedimiento establecido en la normativa gremial que rige la materia electoral.

3.- Que “[...]se hizo el llamado a elecciones y se cumplieron todos y cada uno de los pasos exigidos por el Reglamento de la Ley de Abogados sobre la Elección de los Organismos Profesionales del Colegio de Abogados e Instituto de Previsión Social del Abogado, específicamente la inscripción de las listas de candidatos para dicho proceso electoral, de conformidad con lo establecido en los artículo 7 y 9 de dicho Reglamento de la Ley de Abogados sobre la Elección de los Organismos Profesionales del Colegio de Abogados e Instituto de Previsión Social del Abogado”.

4.- Que el proceso eleccionario fue establecido para el día 9 de diciembre de 2003, pero fue suspendido el 8 de ese mismo mes y año, por una decisión cautelar dictada por la Sala Electoral, la cual anexan a su escrito. Y que, posteriormente, el 11 de febrero de 2004, dicha Sala dictó la decisión de fondo, en la cual ordenó convocar el proceso eleccionario y que se sustanciase por el procedimiento reglamentario que dictó el Consejo Nacional Electoral, en la Resolución Nº 030807-387 dictada por el Consejo Nacional Electoral, el 21 de agosto de 2003.

5.- Que tanto la Comisión Electoral como la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Caracas “[...]cumplieron con su carga judicial, de convocatoria a elecciones de Comisión Electoral y ahora de elecciones para la relegitimación de autoridades gremiales, y la primera de ellas (Comisión Electoral) ha cumplido a su vez con su carga procedimental administrativa de interponer la solicitud correspondiente y consignar los recaudos respectivos, y se esperaba en vano que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre la convocatoria o no de elecciones gremiales”.

Por último, señaló que la acción incoada carece de fundamento fáctico y jurídico, por lo que solicita sea declarada sin lugar.

V

DE LOS HECHOS

Mediante auto del 14 de septiembre 2004, esta Sala fijó los hechos sobre los cuales versarían las pruebas de las partes, señalando expresamente lo siguiente:

“1.- Las partes están acordes con el hecho de que las elecciones de las autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Capital no han sido efectuadas, por lo que dicha circunstancia no está sujeta a probanza alguna.

2.- Lo que sí ha quedado controvertido son los motivos por los cuales no se han realizado dichas elecciones; toda vez que por una parte, el abogado CARLOS COLMENARES VARELA, como Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital ha alegado que “...no es competencia del Tribunal Disciplinario llamar a elecciones, sino que los interesados deben solicitarlas a través del Presiente (sic) del Colegio de Abogados del Distrito Capital (...). No se trata, en consecuencia, (...) de un ejercicio abusivo de poder desplegado por los miembros del Tribunal Disciplinario (...), por el contrario, por cuanto al no realizarse elecciones, cuestión que no le corresponde realizar ni organizar al Tribunal disciplinario, mal podrían sus miembros abandonarlo, denegando y secuestrando la justicia...”. Por su parte, el abogado LORENZO ROMERO, en su condición de Presidente de la Comisión Electoral del mencionado ente gremial adujo que el Consejo Nacional Electoral es el responsable directo “por omisión del retardo en la realización en las elecciones gremiales en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas...” pues no se ha pronunciado sobre la solicitud de convocatoria de elecciones que dicha Comisión le formulara el 4 de mayo de 2004. Por otro lado, el abogado RAFAEL VELOZ GARCÍA, en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del referido Colegio de Abogados manifestó –en su escrito de contestación- que “...el Poder Electoral omitió el pronunciamiento para autorizar las elecciones ordenadas por la Sala Electoral y de la sentencia de ejecución dictada por la misma Sala en fecha 14 de Julio de 2004 (...). (E)n consecuencia, las actuales autoridades tienen todas las facultades que le confiere la Constitución y la ley de colegiación hasta tanto sean nombrada (sic) nuevas autoridades...”; mientras que los actores han denunciado –entre otras cosas- que las diversas autoridades y “...el ente comicial del Colegio de Abogados del Distrito Capital, desconoce, a pesar de existir para ese momento dos sentencias que ratifican la vigencia ...(de las Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales)..., las disposiciones que desarrollan la obligación que tiene todo gremio de someter sus elecciones a las directrices que en este sentido dicte el Poder Electoral”. Por tanto, son estas causas las sujetas a pruebas con relación a la omisión en la realización de la elección de las autoridades referidas de dicho ente gremial”.

VI

DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS POR ESTA SALA

En decisión dictada el 5 de octubre de 2004, la Sala admitió -a reserva de su apreciación en la definitiva- las siguientes pruebas:

1.- Las documentales presentadas por la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital.

2.- Las documentales promovidas por la parte accionante.

3.- Las pruebas documentales promovidas por el ciudadano CARLOS COLMENARES VARELA, en su condición de Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital.

4.- La prueba de informes promovida por la parte actora, que debe rendir el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL sobre los hechos a que se refiere la promoción de dicha prueba, los cuales no son manifiestamente ilegales ni impertinentes.

5.- La prueba de informes que debe rendir la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital, sobre los hechos a que se refieren las letras a y b del numeral 2 de la sección destinada a la prueba de informes del escrito de promoción de pruebas de la parte actora.

6.- La prueba de informes, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, a fin de que el Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Capital, informe sobre los hechos a que se refieren los literales a, b, c, d y e del numeral 1 de la sección referida a la prueba de informes promovida por la parte accionante, y dirigida al Presidente del Colegio de Abogados.

7.- La prueba de informes promovida por la parte actora, dirigida al Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, sobre los hechos a que se refieren las letras a, b, c y d del numeral 2 de la prueba de informes promovida por la parte accionante, al Presidente del Tribunal Disciplinario antes indicado. Dichos informes deberán ser enviados dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la publicación de este auto.

VII

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Tramitada como ha sido la presente acción, y visto que fue declarado desierto el acto oral fijado por esta Sala, pasa la Sala a decidir, teniendo en cuenta los alegatos de las partes involucradas en esta causa, así como cada una de las pruebas que fueron admitidas en su debida oportunidad.

De allí que antes de decidir sobre el fondo de la presente causa, la Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

Las acciones transpersonales son aquellas para hacer valer pretensiones de tutela de derechos e intereses difusos o colectivos, contemplados en el artículo 26 constitucional.

Conforme a diversas sentencias de esta Sala (vid. Sentencia del 19 de diciembre de 2003, caso Fernando Asenjo), se trata de dos categorías distintas. Los derechos o intereses difusos se caracterizan por ser supraindividuales, indivisibles, atinentes a diversas personas ligadas por circunstancias de hecho, que no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, que se ven afectadas en su calidad de vida por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deben a la sociedad o a sectores característicos de ella, una prestación general expresada en la ley.

La preservación del medio ambiente es una prestación general que deben todas las personas (artículo 127 constitucional), y si se incumple la prestación perjudicando parcial o totalmente a la sociedad, surge un derecho y un interés en los miembros de la sociedad, según la inmediatez del daño o lesión, para hacer cesar el perjuicio o para evitarlo si existe una amenaza. Se trata de un daño global o social que debe ser reparado en la sociedad como tal.

Los derechos o intereses colectivos, según fallo del 19 de diciembre de 2003 de esta Sala, son derechos o intereses provenientes de una situación con un origen común, atinente a grupos, clases, gremios o categorías de personas que mantienen entre ellas, una relación jurídica básica que los vincula, con personas que deben a los miembros de esos grupos, clases, gremios, o categorías, una prestación como componentes de esos grupos, gremios, clases o categorías, por lo que existe entre sus miembros un interés colectivo, ya que la prestación debida lo es a todos. La relación de los abogados –por ejemplo- con la Federación de Abogados , con el Inpreabogado o con los Colegios de Abogados, crea un vínculo entre ellos -en principio indeterminados- con estos entes que deben a sus miembros determinadas prestaciones generales, nacidos de la Ley o de la naturaleza de los entes. En este sentido la relación no depende de un vínculo contractual, sino de la prestación que deben los entes a estos sectores profesionales identificables, y que es extensible a todos sus componentes humanos.

Tanto en los derechos o intereses difusos como en los colectivos se trata de prestaciones que se deben a toda la sociedad o a sus identificables grupos o sectores, así sus miembros no los exijan y hasta las rechacen, pero que basta que alguien legitimado para ello las pida, para que de tener éxito, la sociedad o sus diversos sectores gocen de ella.

Dentro de este orden de ideas, la presente demanda tiene por objeto derechos o intereses colectivos, ya que un identificable grupo social: los abogados adscritos al Colegio de Abogados de Caracas, exigen el cumplimiento de un ente gremial de una prestación general, cual es la alternabilidad en los cargos de dirección de ese Colegio, por lo que se trata de una acción por derechos o intereses colectivos, y así se declara.

La presente acción la incoan los abogados JUAN CARLOS VELÁSQUEZ y JAVIER SIMÓN GÓMEZ GONZÁLEZ, como miembros del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Caracas, con el fin que dicho Colegio cumpla con relación al gremio y con sus personas en particular, de lo que constituye el objeto de su pretensión, de allí que ostentan un interés propio que les permite reclamar el cese de la lesión tanto para sí como para los demás agremiados, con quienes comparten los efectos lesivos, por lo que actúan a su vez en defensa del colectivo y quedan legitimados activamente para incoar esta acción, y así se declara.

Además, la acción que se intenta es -a juicio de la Sala- idónea, porque se pide de la parte demandada que cumpla una obligación de hacer que permita a los miembros del Colegio de Abogados de Caracas a elegir, en un proceso transparente, a la Directiva del Colegio y de algunos de sus órganos.

De allí que con el propósito de resolver el fondo de la acción planteada, la Sala reitera que lo controvertido en autos han sido los motivos por los cuales no se han realizado dichas elecciones, pues las partes han sido contestes en el hecho de que las elecciones de las autoridades a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Abogados publicada en Gaceta Oficial N° 1.081 (Extraordinaria) de fecha 23 de enero de 1967 (la Asamblea, la Junta Directiva y el Tribunal Disciplinario) del Colegio de Abogados del Distrito Capital aún no han sido efectuadas, y ello –en criterio- de los actores atenta contra los derechos “…a la participación política, que implica el control periódico de la gestión de los representantes ejercido por sus representados, a la alternabilidad en el ejercicio del poder, el derecho a tener representantes legítimamente elegidos (derecho al sufragio), la garantía del Juez Natural en los procesos disciplinarios, consagrados desde su preámbulo y especialmente en los artículos 62, 63, 49 numeral 4 y 70 de la Constitución…”.

Para entrar al análisis de los hechos controvertidos en esta acción y de las pruebas promovidas para su demostración, la Sala en primer lugar, parte del concepto de que los Colegios de Abogados “…son corporaciones profesionales con personería jurídica y patrimonio propio, encargados de velar por el cumplimiento de las normas y principios de ética profesional de sus miembros y defender los intereses de la abogacía. Tienen, además la obligación de procurar que sus asociados se guarden entre sí el debido respeto y consideración, observen intachable conducta en todos sus actos públicos y privados y contribuyan a enaltecer la profesión de la abogacía y al mejoramiento de la doctrina, de la legislación y de la jurisprudencia nacionales” (artículo 33 de la Ley de Abogados), y que sus miembros son “los abogados cuyos títulos han sido debidamente inscritos en ellos, hállense o no en el ejercicio de la profesión” (artículo 34 eiusdem).

En efecto, el artículo 105 de la Constitución de 1999, prevé la colegiación al igual que la consagraba la Constitución de 1961, en su artículo 82, pero en un sentido diferente al de éste, señalando el Texto Fundamental actual, lo siguiente

“La Ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”.

En este sentido, los colegios son “…esencialmente, órganos de reglamentación profesional y entidades disciplinarias para cuyo ejercicio la ley les otorga la potestad que les permite imponer sanciones. Además de los colegios, algunas leyes prevén la existencia de federaciones integradas por la totalidad de los colegios existentes en el país. Tanto los colegios como las federaciones están dotadas de personalidad jurídica” (v. RONDÓN DE SANSO, Hildegard. Teoría General de la Actividad Administrativa, p.217).

Además, sobre la elección de las autoridades del Colegio de Abogados, la Ley de Abogados prevé lo siguiente:

“Artículo 39. La Dirección y Administración de los Colegios de Abogados estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Bibliotecario y tres Suplentes, que serán elegidos cada dos años, durante la primera quincena del mes de diciembre y tomará posesión en la primera quincena del mes de enero del año siguiente.

El Presidente ejercerá la representación jurídica del Colegio pudiendo delegarla previa autorización de la Junta. Las faltas absolutas y temporales del Presidente las llenará el Vice-Presidente, y las de éste, el primer Suplente.

Artículo 40. La Junta Directiva será electa el día y hora que fije la Asamblea, con tres días de anticipación por lo menos, en votación secreta salvo que la Asamblea, con el voto de las dos terceras partes de sus asistentes, decida hacerlo público. Los escrutinios se efectuarán en acto público”.

Artículo 58. Cada Colegio de Abogados tendrá un Tribunal Disciplinario, independiente de la Junta Directiva, compuesto de cinco miembros principales y tres suplentes, que deberán estar domiciliados en la capital de la Entidad respectiva y tener más de tres años de actividad o ejercicio profesional. La elección del Tribunal Disciplinario la hará la Asamblea cada dos años, en la oportunidad y forma que elija la Junta Directiva.

En la misma oportunidad, la Asamblea designará un Abogado, y su respectivo Suplente, para que actúe como Fiscal en los casos que le pasare el Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64 de esta Ley, y, en efecto de esto, la designación la hará el Tribunal.

Los cargos de miembros del Tribunal Disciplinario y de Fiscal, son ad-honorem y de obligatoria aceptación.

Artículo 59. Dentro de los diez días siguientes a su elección, se instalará el Tribunal Disciplinario y designará de su seno un Presidente un Vice-Presidente, un Secretario y dos Vocales. Las faltas del Presidente, las suplirá el Vice-Presidente y las de éste el Primer Vocal designado”.

Dicho lo anterior, la Sala conoce -no sólo por notoriedad judicial sino porque han sido parte de las pruebas promovidas por la parte actora y admitidas por esta Sala- el hecho de que la convocatoria a elecciones del Colegio de Abogados del Distrito Capital ha sido ordenada en tres oportunidades distintas por la Sala Electoral de este Alto Tribunal, a saber:

- En sentencia dictada el 31 de julio de 2003 (la cual cursa al folio 93 al 119), la Sala Electoral al resolver y declarar con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados JOSÉ RAMÓN SEVILLA MATA, CARLOS BARRERO HERNÁNDEZ, LUIS WLADIMIR LATOZEFSKY y MERCEDES SEGREDO, titulares de las cédula de identidad Nros. 4.579.126, 13.075.894, 13.822.577 y 6.017.210, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 63.576, 79.966, 87.640 y 25.038, respectivamente, actuando en nombre propio y en su condición de abogados inscritos en el Colegio de Abogados del Distrito Metropolitano de Caracas, bajo los Nros. 35.621, 44.475, 47.448 y 15.023, también respectivamente, contra: a) la supuesta omisión de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Metropolitano a convocar elecciones para escoger a las nuevas autoridades; y b) la normativa contenida en los artículos 7, 16, 29, 30, 32 y 33 del Reglamento de la Ley de Abogados sobre Elección en los Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado, ordenó lo siguiente:

“[...]2.- Se DEJA SIN EFECTO la convocatoria efectuada, en el Diario “El Nuevo País, de fecha 31 de julio de 2003, por la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Metropolitano de Caracas a todos los abogados inscritos en ese gremio para la realización de una Asamblea Extraordinaria a efectuarse, el día 5 de agosto de 2003, con el objeto de elegir a la Comisión Electoral que va a convocar al proceso eleccionario a fin de escoger a las autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Metropolitano de Caracas.

3.- Se ORDENA a la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Metropolitana de Caracas, que realice nueva convocatoria, en el lapso de cinco (5) días hábiles de ese Colegio contados a partir de la fecha de publicación de la sentencia definitiva, a una Asamblea de agremiados con el objeto de elegir a los miembros de la Comisión Electoral que deberá regir los comicios destinados a escoger a los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario, y demás autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Metropolitano de Caracas.

3.- Se ORDENA al órgano electoral del Colegio de Abogados del Distrito Metropolitano de Caracas, a convocar a elecciones para la designación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Metropolitano de Caracas, en el marco de lo dispuesto en la normativa electoral que rige los proceso comiciales de ese ente gremial, debiendo observar para ello los principios constitucionales relativos a la transparencia, confiabilidad, imparcialidad, garantizando, además, el pleno ejercicio de los todos agremiados de sus derechos constitucionales al sufragio activo y pasivo, a la participación y al protagonismo; así como también el acatamiento de todos los criterios establecidos por esta Sala en casos similares relacionados con elecciones en los Colegios Profesionales”.

En sentencia del 11 de febrero de 2004, la Sala Electoral declaró con lugar el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, el 4 de diciembre de 2003, por los abogados Gustavo Marín García y Tadeo Arrieche Franco, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 70.406 y 90.707 respectivamente, actuando en su propio nombre y con el carácter de candidatos en las elecciones del Colegio de Abogados del Distrito Capital, contra “...el acto administrativo electoral dictado por la Comisión Electoral [del referido Colegio Profesional] en fecha 19 de noviembre de 2003, mediante el cual niega la inscripción de la plancha denominada ‘AVANZADA GREMIAL y Todos Organizados por el Gremio de Abogados (TOGA)’...”. En consecuencia, decidió lo siguiente:

“[...]1. Se declara la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital con posterioridad al día 21 de agosto de 2003.

2. Se le ordena a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital proceder a convocar a elecciones para la designación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Capital, en los términos antes expuestos”.

En decisión del 14 de julio de 2004 (que corre a los folios 71 al 84 de la pieza N° 1 del presente expediente), la prenombrada Sala ordenó la ejecución de la sentencia N° 103 dictada en fecha 31 de julio de 2003, con las modificaciones contenidas en el fallo N° 15, dictado el día 11 de febrero de 2004 en el conexo proceso judicial sustanciado bajo el expediente N° 2003-000118, de la acción de amparo constitucional que fuera interpuesta por los ciudadanos JOSÉ RAMÓN SEVILLA MATA, CARLOS BARRERO HERNÁNDEZ, LUIS WLADIMIR LATOZEFSKY y MERCEDES SAGREDO en contra de la JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, señalando en su motiva, lo siguiente:

“[...]PRIMERO: Por virtud del tiempo transcurrido desde la publicación de los referidos fallos, en resguardo del derecho al sufragio y a la participación política de los abogados que con posterioridad se han colegiado, se ORDENA a la Comisión Electoral, que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación del presente fallo, realice todo lo conducente para que tenga lugar la actividad preparatoria a que se contrae el artículo 23 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, contenidas en la Resolución N° 030807-387 dictada en fecha 7 de agosto de 2003 por el Consejo Nacional Electoral (Gaceta Electoral N° 173 de fecha 21 de agosto de 2003), en el sentido de promover ante la autoridad competente del Colegio, el que tenga lugar un proceso de actualización de su nómina de colegiados, durante un lapso no menor de treinta (30) días continuos, lo cual deberá ser ampliamente publicitado por la Comisión Electoral a fin de garantizar la inscripción de nuevos profesionales.

SEGUNDO: Se ORDENA al Consejo Nacional Electoral, que en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles de la administración electoral, contados a partir de la notificación del presente fallo, elabore y entregue a la Comisión Electoral del referido colegio profesional, las INSTRUCCIONES a que se contraen el numeral 3 del artículo 10 y el encabezado del artículo 24 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales que ese órgano electoral dictó, con vista a los recaudos que esa Comisión Electoral señala haber entregado en la oportunidad de inscribir al Colegio (30-09-03), de conformidad con el numeral 1 del artículo 13 ejusdem, sin menoscabo de solicitar cualquier faltante que haya detectado, en cuyo supuesto podrá extenderse el lapso concedido al máximo órgano electoral en no más de cinco (5) días hábiles. Durante el lapso establecido, o su extensión si la hubiere, el Consejo Nacional Electoral adicionalmente se pronunciara en forma expresa sobre la legalidad de los miembros de la Comisión Electoral, tal y como lo señala el referido numeral 1 del artículo 13.

TERCERO: Vencido el lapso establecido para el proceso de actualización de la nómina de colegiados y recibidas las instrucciones pertinentes, la Comisión Electoral solicitará al Consejo Nacional Electoral la autorización de convocatoria a elecciones, con base en el Proyecto Electoral que deberá elaborar y entregar, siguiendo las instrucciones recibidas y la normativa que rige la materia, en los términos y condiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 13 y los artículos 24, 29 y 30 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles.

CUARTO: El Consejo Nacional Electoral, una vez recibido el Proyecto Electoral, de conformidad con los numerales 4 y 2 del artículo 10 y el artículo 25 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, procederá a aprobar el proyecto electoral sometido a su consideración y autorizar la convocatoria a elecciones, en caso de considerar llenos los extremos normativos establecidos, en el previsto lapso de diez (10) días hábiles a que se contrae dicha norma, sin menoscabo que tenga lugar el supuesto previsto en el artículo 26 ejusdem.

QUINTO: Aprobado el Proyecto Electoral y autorizada la convocatoria a elecciones, el Consejo Nacional Electoral procederá a notificar de dicha decisión a la Comisión Electoral en lapso perentorio, a fin de que ésta proceda a la publicación de ambos actos en los términos establecidos en los artículos 28 y 14 de las pertinente Normas.

SEXTO: En forma simultánea, y desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral haya recibido la nómina de colegiados actualizada y cerrada, con fundamento en el numeral 8 del artículo 10 de las Normas, el máximo órgano electoral procederá a elaborar en el tiempo mas breve posible, el Registro Electoral Preliminar del Colegio, a fin de que éste pueda ser publicado por la Comisión Electoral en el lapso establecido en el artículo 19 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, a saber, con cuarenta y cinco (45) días de antelación por lo menos al fijado para que tenga lugar el acto de votación, en el entendido que a partir de tal publicación comenzarán a transcurrir los lapsos a que se contrae el artículo 20 ejusdem.

SÉPTIMO: El resto del proceso electoral deberá tramitarse de conformidad con toda las pertinentes Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, dictadas por el Consejo Nacional Electoral .

OCTAVO: Se exhorta al Consejo Nacional Electoral a prestar toda la asistencia técnica y el apoyo logístico necesario para garantizar la confiabilidad y eficacia del proceso, así como cumplir con todos los deberes y atribuciones que constitucional y normativamente le han sido conferidos con tal fin.

NOVENO: Finalizado el proceso electoral la Comisión Electoral deberá rendir informe de su actuación.

Finalmente se declara, con ocasión del planteamiento formulado por los terceros en cuanto al porcentaje de firmas de apoyo requerido a efecto de la postulación, que un pronunciamiento al respecto excede a la materia que puede ser conocida por la Sala en esta oportunidad, dado que en ninguno de los fallos proferidos se estableció en forma expresa directriz al respecto, por lo que será el Consejo Nacional Electoral, en la oportunidad de aprobar el Proyecto Electoral, el órgano que deberá ponderar tal situación, en tanto la misma se refiere a uno de los requisitos que debe contener tal proyecto (vid. numeral 5, artículo 30). Así se decide”.

En el informe rendido por el Presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, que corre inserto en la pieza N° 2 del presente expediente, se lee –entre otras cosas- lo siguiente:

“Desconozco si la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados, como la llama parte actora en Escrito de Promoción de Pruebas de Informes; promovió durante un período no menor de 30 días continuos la actualización de sus agremiados, tal como dispone el artrículo (sic) 23 de las Normas para regular los procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales”.

…Omissis…

… “desconozco igualmente si la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados, como la llama la parte accionante, entregó la nómina de sus agremiados al Consejo Nacional Electoral, tal y como lo dispone el artículo 24 numeral 1 de las normas para regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales”.

En escrito presentado el 23 de noviembre de 2004, el apoderado judicial de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital solicitó se declare terminado el procedimiento y se archive el expediente contentivo de esta causa, por cuanto fue dictada una sentencia por la Sala Electoral el 28 de septiembre de 2004 en la cual se establece “…la responsabilidad única y exclusiva del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL para la realización de las mismas y en tal sentido le impone una serie de lapsos y obligaciones de conducta que ese Poder Público debe realizar y cumplir para poder por fin llevar a cabo dicho proceso eleccionario”; argumento ratificado en el informe presentado ante la Secretaría de esta Sala el 1 de diciembre de 2005, por la representación judicial de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital.

En la sentencia N° 137 del 28 de septiembre de 2004, dictada por la Sala Electoral, se declaró “1) PROCEDENTE la solicitud de ejecución forzosa del fallo N° 97/2004, en los términos ya señalados, 2) IMPROCEDENTE la solicitud formulada en el sentido que se considere como aprobado y en consecuencia se autorice la ejecución, del Proyecto Electoral elaborado por la Comisión Electoral del referido Colegio, sin el auxilio del Consejo Nacional Electoral, y 3) Por virtud de la prórroga solicitada por el Consejo Nacional Electoral, aquí concedida, se difiere la oportunidad de pronunciarse en torno a la sanción establecida en el numeral 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, hasta que venza el plazo que se la concedido al Consejo Nacional Electoral para informar sobre sus iniciales actuaciones”. Dicha decisión estuvo fundamentada, entre otras cosas, en lo siguiente:

“en virtud de la importancia de que el Colegio de Abogados del Distrito Capital celebre a la brevedad el apenas iniciado proceso electoral, revestido de todas las garantías que el texto constitucional exige, la Sala ratifica la necesidad de la intervención en el proceso del Consejo Nacional Electoral, a fin de que en cumplimiento de sus funciones y facultades constitucionales y legales, y con base en su experiencia e idoneidad, organice y supervise dicho proceso electoral, en forma conjunta con la Comisión Electoral de ese Colegio, en los términos contenidos en las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales y los pertinentes fallos dictados, es por lo que se otorga la PRORROGA solicitada, hasta por setenta y cinco (75) días hábiles de la administración electoral, contados a partir de la notificación que se le haga del presente fallo, a los fines de que se realicen todas aquellas actuaciones que a la fecha no han tenido lugar, en los plazos, términos y condiciones contenidos en la parte motiva del fallo N° 97 de fecha 14 de julio de 2004 cuya ejecución se ordena, para que en forma completa y definitiva tenga lugar el proceso electoral para elegir a los nuevos integrantes de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Capital, comenzando con lo previsto en el párrafo segundo de dicha sentencia, a saber:

“Se ORDENA al Consejo Nacional Electoral, que en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles de la administración electoral, contados a partir de la notificación que del presente fallo, elabore y entregue a la Comisión Electoral del referido colegio profesional, las INSTRUCCIONES a que se contraen el numeral 3 del artículo 10 y el encabezado del artículo 24 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales que ese órgano electoral dictó, con vista a los recaudos que esa Comisión Electoral señala haber entregado en la oportunidad de inscribir al Colegio (30-09-03), de conformidad con el numeral 1 del artículo 13 ejusdem, sin menoscabo de solicitar cualquier faltante que haya detectado, en cuyo supuesto podrá extenderse el lapso concedido al máximo órgano electoral en no más de cinco (5) días hábiles. Durante el lapso establecido, o su extensión si la hubiere, el Consejo Nacional Electoral adicionalmente se pronunciara en forma expresa sobre la legalidad de los miembros de la Comisión Electoral, tal y como lo señala el referido numeral 1 del artículo 13”.

Adicional a lo anterior se ordena al Consejo Nacional Electoral, que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso que ha sido establecido, a fin de que ese máximo órgano electoral elabore y entregue a la Comisión Electoral del referido colegio profesional las instrucciones a que se contraen el numeral 3 del artículo 10 y el encabezado del artículo 24 de las aplicables Normas (10 días hábiles), informe a esta Sala Electoral sobre su actuación, so pena de que éste órgano jurisdiccional pudiera considerar que hay realmente un incumplimiento no justificado de las decisiones antes señaladas y en consecuencia, como complemento de la presente decisión, se pronunciará sobre la aplicación o no de la sanción a que se contrae el numeral 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a la petición formulada en tal sentido por el compareciente abogado LUIS RAMÓN OBREGÓN MARTÍNEZ, actuando con el carácter ya indicado…” (resaltado de este fallo).

En esa misma fecha, la Sala Electoral dictó sentencia declarando con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Germán Ramírez Materán, Carmen Rojas Márquez, Josgla Nathalí Díaz Barreto, Marino Faría Vargas y José Luis Guevara González, contra el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, por la conducta omisiva consistente en no convocar el proceso electoral para renovar a los integrantes de los órganos de esa corporación profesional y; en consecuencia, ordenó lo siguiente:



“…2.- Se ordena la convocatoria del proceso para la renovación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.

3.- Se desaplica el contenido de los artículos 47 y 54 de la Ley de Abogados y el artículo 60 de su Reglamento, en lo referente a que la renovación de las referidas autoridades debe hacerse mediante delegados de los distintos Colegios. En consecuencia, el proceso electoral deberá realizarse mediante la participación directa de todos los agremiados de los distintos Colegios de Abogados del país, estén o no solventes en sus obligaciones gremiales.

4.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 293 numeral 6 de la Constitución, se ordena al Consejo Nacional Electoral designar dos funcionarios, quienes, junto con un tercero que deberá designar la actual Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, conformarán la Comisión Electoral Ad Hoc que tendrá a su cargo la organización del proceso electoral referido en el Dispositivo número 2. Las designaciones deberán hacerse dentro de los cinco (5) días continuos siguientes a la notificación que se haga del presente fallo, y en caso de que la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela no proceda a hacer la que le corresponde dentro del lapso establecido, el tercer integrante de la Comisión Electoral también será designado por el Consejo Nacional Electoral.

5.- En ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Electoral se regirá en su funcionamiento por la regulación aplicable, especialmente las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES. En tal sentido, deberá proceder a actualizar el registro de profesionales del derecho inscritos en todos los Colegios de Abogados y sus delegaciones así como a elaborar el Proyecto Electoral, los cuales serán presentados ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los treinta (30) días siguientes a su constitución, a los fines de la continuación de las siguientes fases del proceso electoral con sujeción a la normativa correspondiente.

6.- La Comisión Electoral tendrá las más amplias potestades para recabar de las autoridades y personal de la Federación de Colegios de Abogados, Colegios de Abogados y Delegaciones, la información que estime necesaria para realizar cabalmente sus funciones, incluyendo la obtención de documentos y la revisión de registros de los entes gremiales, así como a solicitar toda la colaboración y apoyo de éstos para la óptima realización del proceso electoral. El incumplimiento por parte de los directivos y demás personal de los aludidos entes gremiales de la obligación de informar, presentar documentos, permitir el acceso a registros y archivos, y en general, colaborar con la Comisión Electoral, se considerará un desacato al presente fallo”.

En el informe presentado por la apoderada judicial del Consejo Nacional Electoral, el 14 de julio de 2005, se lee lo siguiente:

“…a partir de la designación de la Comisión de Seguimiento para elecciones del Colegio de Abogados del Distrito Capital, arriba mencionada, la Comisión Electoral del referido Gremio Profesional ha venido trabajando en pro de la realización del proceso Electoral”, y que “en los actuales momento (sic) …(dicha Comisión Electoral) se encuentra realizando el Proceso de Actualización de la Nómina de Colegiados, durante el lapso de 30 días continuos…”.

Aprecia esta Sala que los comicios electorales para elegir las nuevas autoridades que conforman el Colegio de Abogados del Distrito Capital aún no se han producido, siendo que tal y como lo afirmaron los demandados en su contestación de la demanda (v. folio 563 de la pieza N° 1), la última elección de la Junta Directiva y de la Comisión Electoral del referido Colegio de Abogados tendría lugar el 21 de agosto de 2003, y la Sala conoce como hecho notorio comunicacional, la conformación de una nueva junta directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital y del Tribunal Disciplinario, en contravención a la medida cautelar acordada por esta Sala en el fallo de admisión; circunstancia que -sin menoscabo de lo dispuesto en la sentencia Nº 1825 del 9 de octubre de 2007 en la que se dispuso que son válidas las elecciones que se hayan llevado a cabo desde diciembre de 1999 en todos los Colegios de Abogados de la República- vicia de nulidad a dicho acto de designación, así como los actos suscritos y actuaciones efectuadas, por ser una designación ilegal e inconstitucional, y efectuada en claro desacato a un mandamiento ordenado por esta Sala como máxima autoridad del Poder Judicial razón por la cual se designan como integrantes de la Junta Directiva provisional del Colegio de Abogados del Distrito Capital a los ciudadanos: como Presidente LUIS ALBERTO ESCOBAR titular de la cédula de identidad Nº 639.754, como Vicepresidente JULIO LATTAN titular de la cédula de identidad Nº 8.452.139, como Secretario GIOGERLING MÉNDEZ titular de la cédula de identidad Nº 11.565.732, como Tesorero MINORI MARTÍNEZ titular de la cédula de identidad Nº 4.514.240, como Bibliotecario YHONY MÉNDEZ titular de la cédula de identidad Nº 3.478.046, como Primer Suplente LUIS LABRADOR titular de la cédula de identidad Nº 6.242.483, como Segundo Suplente IGNACIO ROMERO y como Tercer Suplente KARLA KEY titular de la cédula de identidad Nº 10.631.910; como miembros provisionales del Tribunal Disciplinario de dicho Colegio a los siguientes ciudadanos: como Presidente RUBÉN LAGUNA NAVAS titular de la cédula de identidad Nº 6.928.845 , como Vicepresidente IRMA MUSCARNERI titular de la cédula de identidad Nº 7.237.141, como Secretario ZORAIDA VILLALBA G. titular de la cédula de identidad Nº 16.380.166, como Primer Vocal LUISA MARÍN titular de la cédula de identidad Nº 7.332.175, y como Segundo Vocal JOSÉ LUIS PACHECO titular de la cédula de identidad Nº 3.478.046, y como miembros de la Fiscalía a los ciudadanos ROBERTO BARROETA (Fiscal Principal) y LINA TOVAR (Fiscal Suplente), hasta tanto culmine y se elijan en forma legítima las autoridades del referido ente gremial.

Ahora bien, es claro que dichos comicios deben convocarse y celebrarse conforme a las pautas contenidas en las “Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales”, tal y como lo ha señalado esta Sala en sentencia N° 1329 del 13 de julio de 2004, en cuya motiva, se lee lo siguiente:

“…Además, es de observar que, actualmente, existen unas Normas para Regular los Procesos Electorales de Gremios y Colegios Profesionales, que fueron dictadas por el Consejo Nacional Electoral en Resolución N° 030807-387 del 7 de agosto de 2003, publicada en la Gaceta Electoral N° 173 del 21 de agosto de 2003; y que deben ser tomadas en cuenta en la oportunidad de convocatoria y celebración de elecciones como la decidida en el fallo impugnado, tal y como se ordenó en Resolución N° 031203-814 del Consejo Nacional Electoral del 3 de diciembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial de la República N° 37.833 del 5 de ese mismo mes y año, siendo a dicho ente nacional, como Órgano Rector del Poder Electoral, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 293. 6 de la Constitución, en concordancia con los artículos 2, 3, 5 y 33.2 2 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y los artículos 49 y 55.30 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, al que le corresponde organizar las elecciones de los Gremios y Colegios Profesionales”.

Como se desprende de las sentencias dictadas por la Sala Electoral del 14 de julio y 28 de septiembre de 2004, es el Consejo Nacional Electoral el que tiene la competencia para aprobar el proyecto electoral sometido a su consideración y autorizar la convocatoria de dichas elecciones, en caso de considerar llenos los extremos normativos establecidos, pero ello no ha sucedido en virtud de la negativa de las autoridades que -como se desprende de las pruebas de informes de autos- no han asumido su responsabilidad ni han cumplido con las instrucciones impartidas en el fallo antes referido, y han dejado transcurrir el tiempo dejando en suspenso la realización debida de dichas elecciones, generando una perpetuidad en los cargos directivos que atentan en forma grave con el principio constitucional de alternabilidad en el ejercicio del poder.

Ello es así, porque si bien el proceso electoral lo dirige el máximo órgano electoral del país, y cursa en autos, la Gaceta Electoral N° 245 del 27 de mayo de 2005, en la cual el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución N° 050428-231 del 28 de abril de 2005, dejó sin efecto la Resolución N° 041207-1690 del 7 de diciembre de 2004, publicada en Gaceta Electoral N° 232 del 3 de febrero de 2005 y se designó una comisión de seguimiento para las elecciones del Colegio de Abogados del Distrito Capital, integrada por los siguientes funcionarios: Reinaldo Aguilera, titular de la cédula de identidad N° 9.948.651, Antonio Morett, con cédula de identidad N° 4.589.801, y Trinidad Sánchez Jiménez, titular de la cédula de identidad N° 12.387.617, no es menos cierto que existen determinadas fases en dicho proceso electoral que deben efectuarse con la colaboración de la Comisión Electoral de dicho Colegio Profesional, así como de las autoridades que se mantienen en la directiva y en el Tribunal Disciplinario.

Y no existe en autos, recaudo o documento en el cual alguna de las partes demandadas en la presente causa haya fundamentado en la actualidad la imposibilidad de cumplir con lo ordenado por la Sala Electoral, y es que –como ya se señaló supra- la responsabilidad no es única ni exclusiva del ente rector nacional en materia electoral, como lo han sostenido en la oportunidad de contestar y de informar en esta causa, y tampoco serviría de excusa el argumento de inaplicabilidad de las Normas referidas anteriormente, pues como su propio nombre lo indica son las llamadas a regular en forma específica lo concerniente a los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, de allí su prevalencia en esta materia.

Por ello, la actuación omisiva de los entes demandados se ha traducido en una grosera trasgresión a los derechos a la participación política, a la alternabilidad en el ejercicio del poder y al sufragio; así como en una violación del juez natural que ha de conocer de los procesos disciplinarios de los profesionales colegiados; derechos que han sido denunciados por la parte actora como lesivos a su situación jurídica y al resto de los miembros de dicho ente gremial como colectivo.

En consecuencia, la Sala estima procedente la acción incoada, y para el restablecimiento de la situación infringida, vista la reticencia continuada en el tiempo de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Distrito Capital, y en pro del derecho a la participación política como expresión del derecho a elegir sus autoridades, la Sala acuerda el nombramiento de una Comisión Electoral ad hoc, la cual estará integrada por los ciudadanos ANA PAULA DINIZ, HÉCTOR ANTONIO FLORES HENSEN y ARMANDO AVILA PADRÓN, titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.339266, 3.976.416 y 2.936.659, respectivamente. Así se decide.

Esta Comisión Electoral ad hoc, una vez notificada de su designación, tendrá a su cargo la organización del proceso electoral conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral en la forma indicada en el fallo dictado por la Sala Electoral el 14 de julio de 2004, cuyo dispositivo se transcribe nuevamente a continuación:

“[...]PRIMERO: Por virtud del tiempo transcurrido desde la publicación de los referidos fallos, en resguardo del derecho al sufragio y a la participación política de los abogados que con posterioridad se han colegiado, se ORDENA a la Comisión Electoral, que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación del presente fallo, realice todo lo conducente para que tenga lugar la actividad preparatoria a que se contrae el artículo 23 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, contenidas en la Resolución N° 030807-387 dictada en fecha 7 de agosto de 2003 por el Consejo Nacional Electoral (Gaceta Electoral N° 173 de fecha 21 de agosto de 2003), en el sentido de promover ante la autoridad competente del Colegio, el que tenga lugar un proceso de actualización de su nómina de colegiados, durante un lapso no menor de treinta (30) días continuos, lo cual deberá ser ampliamente publicitado por la Comisión Electoral a fin de garantizar la inscripción de nuevos profesionales.

SEGUNDO: Se ORDENA al Consejo Nacional Electoral, que en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles de la administración electoral, contados a partir de la notificación del presente fallo, elabore y entregue a la Comisión Electoral del referido colegio profesional, las INSTRUCCIONES a que se contraen el numeral 3 del artículo 10 y el encabezado del artículo 24 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales que ese órgano electoral dictó, con vista a los recaudos que esa Comisión Electoral señala haber entregado en la oportunidad de inscribir al Colegio (30-09-03), de conformidad con el numeral 1 del artículo 13 ejusdem, sin menoscabo de solicitar cualquier faltante que haya detectado, en cuyo supuesto podrá extenderse el lapso concedido al máximo órgano electoral en no más de cinco (5) días hábiles. Durante el lapso establecido, o su extensión si la hubiere, el Consejo Nacional Electoral adicionalmente se pronunciara en forma expresa sobre la legalidad de los miembros de la Comisión Electoral, tal y como lo señala el referido numeral 1 del artículo 13.

TERCERO: Vencido el lapso establecido para el proceso de actualización de la nómina de colegiados y recibidas las instrucciones pertinentes, la Comisión Electoral solicitará al Consejo Nacional Electoral la autorización de convocatoria a elecciones, con base en el Proyecto Electoral que deberá elaborar y entregar, siguiendo las instrucciones recibidas y la normativa que rige la materia, en los términos y condiciones contenidas en el numeral 2 del artículo 13 y los artículos 24, 29 y 30 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles.

CUARTO: El Consejo Nacional Electoral, una vez recibido el Proyecto Electoral, de conformidad con los numerales 4 y 2 del artículo 10 y el artículo 25 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, procederá a aprobar el proyecto electoral sometido a su consideración y autorizar la convocatoria a elecciones, en caso de considerar llenos los extremos normativos establecidos, en el previsto lapso de diez (10) días hábiles a que se contrae dicha norma, sin menoscabo que tenga lugar el supuesto previsto en el artículo 26 ejusdem.

QUINTO: Aprobado el Proyecto Electoral y autorizada la convocatoria a elecciones, el Consejo Nacional Electoral procederá a notificar de dicha decisión a la Comisión Electoral en lapso perentorio, a fin de que ésta proceda a la publicación de ambos actos en los términos establecidos en los artículos 28 y 14 de las pertinente Normas.

SEXTO: En forma simultánea, y desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral haya recibido la nómina de colegiados actualizada y cerrada, con fundamento en el numeral 8 del artículo 10 de las Normas, el máximo órgano electoral procederá a elaborar en el tiempo mas breve posible, el Registro Electoral Preliminar del Colegio, a fin de que éste pueda ser publicado por la Comisión Electoral en el lapso establecido en el artículo 19 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, a saber, con cuarenta y cinco (45) días de antelación por lo menos al fijado para que tenga lugar el acto de votación, en el entendido que a partir de tal publicación comenzarán a transcurrir los lapsos a que se contrae el artículo 20 ejusdem.

SÉPTIMO: El resto del proceso electoral deberá tramitarse de conformidad con toda las pertinentes Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, dictadas por el Consejo Nacional Electoral .

OCTAVO: Se exhorta al Consejo Nacional Electoral a prestar toda la asistencia técnica y el apoyo logístico necesario para garantizar la confiabilidad y eficacia del proceso, así como cumplir con todos los deberes y atribuciones que constitucional y normativamente le han sido conferidos con tal fin.

NOVENO: Finalizado el proceso electoral la Comisión Electoral deberá rendir informe de su actuación.

Finalmente se declara, con ocasión del planteamiento formulado por los terceros en cuanto al porcentaje de firmas de apoyo requerido a efecto de la postulación, que un pronunciamiento al respecto excede a la materia que puede ser conocida por la Sala en esta oportunidad, dado que en ninguno de los fallos proferidos se estableció en forma expresa directriz al respecto, por lo que será el Consejo Nacional Electoral, en la oportunidad de aprobar el Proyecto Electoral, el órgano que deberá ponderar tal situación, en tanto la misma se refiere a uno de los requisitos que debe contener tal proyecto (vid. numeral 5, artículo 30). Así se decide”.

No obstante lo anterior, debe indicar esta Sala que en el proyecto electoral a realizarse debe tenerse en cuenta a todos los abogados, inclusive quienes no se encuentren solventes con el ente gremial, a los fines de que ejerzan su derecho al sufragio (tal y como ya lo ha sostenido esta Sala en sentencia Nº 1825 del 9 de octubre de 2007), toda vez que lo contrario significa una traba infundada a la participación del colectivo, derecho consagrado constitucionalmente, y que esta Sala está obligada a resguardar y hacer respetar.

De allí que el cumplimiento de lo ordenado en este fallo debe ser informado a la Sala, so pena de considerarse un desacato al mandamiento acordado, en cuyo caso se impondrán las sanciones a que se refiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Por último, no existe en autos la temeridad alegada en torno a las denuncias formuladas por la parte actora, que como se demostró en autos, no es mas que la manifestación expresa de una pretensión consistente en la resolución de una situación jurídica que es lesiva a un colectivo determinado, y que se produjo con la perpetuidad sin justificación legal de quienes fueron elegidos para dirigir órganos gremiales durante un período bien determinado de tiempo, por lo cual se desestima lo alegado por el Presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda que por intereses colectivos ha sido incoada por los abogados JUAN CARLOS VELÁSQUEZ ABREU y JAVIER SIMÓN GÓMEZ GONZÁLEZ. En consecuencia, la Sala decide lo siguiente:

1.- Declara NULA la conformación de una nueva junta directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital así como la del Tribunal Disciplinario de dicho Colegio, efectuada en contravención a la medida cautelar acordada por esta Sala en el fallo de admisión, por lo que sus actos y actuaciones son nulas de nulidad absoluta, por ser esa designación ilegal e inconstitucional, y efectuada en claro desacato a un mandamiento ordenado por esta Sala como máxima autoridad del Poder Judicial; razón por la cual se designan como integrantes de la Junta Directiva provisional del Colegio de Abogados del Distrito Capital a los ciudadanos: como Presidente LUIS ALBERTO ESCOBAR titular de la cédula de identidad Nº 639.754, como Vicepresidente JULIO LATTAN titular de la cédula de identidad Nº 8.452.139, como Secretario GIOGERLING MÉNDEZ titular de la cédula de identidad Nº 11.565.732, como Tesorero MINORI MARTÍNEZ titular de la cédula de identidad Nº 4.514.240, como Bibliotecario YHONY MÉNDEZ titular de la cédula de identidad Nº 3.478.046, como Primer Suplente LUIS LABRADOR titular de la cédula de identidad Nº 6.242.483, como Segundo Suplente IGNACIO ROMERO y como Tercer Suplente KARLA KEY titular de la cédula de identidad Nº 10.631.910; como miembros provisionales del Tribunal Disciplinario de dicho Colegio a los siguientes ciudadanos: como Presidente RUBÉN LAGUNA NAVAS titular de la cédula de identidad Nº 6.928.845, como Vicepresidente IRMA MUSCARNERI titular de la cédula de identidad Nº 7.237.141, como Secretario ZORAIDA VILLALBA G. titular de la cédula de identidad Nº 16.380.166, como Primer Vocal LUISA MARÍN titular de la cédula de identidad Nº 7.332.175, y como Segundo Vocal JOSÉ LUIS PACHECO titular de la cédula de identidad Nº 3.478.046, y como miembros de la Fiscalía a los ciudadanos ROBERTO BARROETA (Fiscal Principal) titular de la cédula de identidad Nº 6.37.550; y LINA TOVAR (Fiscal Suplente) titular de la cédula de identidad Nº 12.261.909, hasta tanto culmine y se elijan en forma legítima las autoridades del referido ente gremial.

2.- Se ACUERDA el nombramiento inmediato de una nueva Comisión Electoral ad hoc, integrada por los ciudadanos ANA PAULA DINIZ, HÉCTOR ANTONIO FLORES HENSEN y ARMANDO AVILA PADRÓN, titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.339266, 3.976.416 y 2.936.659. Esta Comisión Electoral ad hoc, una vez notificada de su designación, tendrá a su cargo la organización del proceso electoral conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral en la forma indicada en el fallo dictado por la Sala Electoral el 14 de julio de 2004, para elegir las autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Capital.

3.- El proyecto electoral antes referido debe tener en cuenta a todos los abogados, inclusive quienes no se encuentren solventes con el ente gremial, a los fines de que ejerzan su derecho al sufragio, toda vez que lo contrario significa una traba infundada a la participación del colectivo, derecho consagrado constitucionalmente, y que esta Sala está obligada a resguardar y hacer respetar.

4.- El cumplimiento de lo ordenado en este fallo debe ser informado a la Sala, so pena de considerarse un desacato al mandamiento acordado, en cuyo caso se impondrán las sanciones a que se refiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

5.- Se DESESTIMA la temeridad alegada por la parte demandada en torno a las denuncias formuladas por la parte actora.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia del presente fallo a la Sala Electoral de este Alto Tribunal. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de febrero de dos mil ocho (2008). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales

El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello

Exp. Nº: 04-1263

JECR/


El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz disiente de la mayoría sentenciadora respecto de la decisión que antecede, aunque suscribe en un todo las consideraciones de la Sala acerca de la fundamental importancia que tienen, dentro de un sistema democrático -en el marco, incluso de la elección de representantes gremiales y, con mayor razón, de funcionarios sujetos a la elección popular-, la alternatividad en el ejercicio del poder, la participación política, el control periódico de la gestión de los representantes por sus representados y el derecho a que se tengan representantes que hayan sido legítimamente elegidos a través del sufragio, así como el derecho al sufragio pasivo.

Los motivos de la discrepancia son:

1. El veredicto anterior desconoce, sin más, el artículo 871 del Código de Procedimiento Civil, que, dentro del Capítulo IV “De la audiencia o debate oral”, del Título XI “Del procedimiento oral”, dispone:

La audiencia se celebrará con la presencia de las partes o de sus apoderados. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extingue, con lo efectos que indica el artículo 271. / (…). (Destacado añadido).

En acta que se levantó el 13 de noviembre de 2007, se dejó constancia de que:

Se abrió la sesión presidida por la Presidenta Magistrada Doctora Luisa Estella Morales Lamuño, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

Constituida la Sala en el Salón de Audiencias, a las 10:30 a.m., a los fines de que tuviese lugar el debate oral en la demanda por que por intereses difusos y colectivos fue interpuesta por los abogados Juan Carlos Velásquez Abreu y Javier Simón Gómez González contra “…el Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital, el Presidente y demás miembros del Tribunal Disciplinario de ese Colegio y de la Comisión Electoral de esa Corporación Gremial, elegida esta última en fecha 21 de agosto de 2003...”.

Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la no comparecencia de los abogados Juan Carlos Velásquez Abreu y Javier Simón Gómez González, accionante; de la no comparecencia del Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital, de la no comparecencia del Presidente y demás miembros del Tribunal Disciplinario de ese Colegio y de la no comparecencia de la Comisión Electoral de esa Corporación Gremial; seguidamente, se pasa a dictar sentencia. (Destacado añadido).

La lectura de la transcripción que antecede, en contraste con la norma aplicable al proceso de autos, revela la inexplicable omisión por parte de la mayoría, de aplicación de dicha regla en este causa; omisión de la cual debe apartarse el salvante expresamente.

2. La declaratoria de nulidad de un acto de designación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital y de su Tribunal Disciplinario, que la mayoría conocería “como hecho notorio comunicacional”, y que se justificaría en que ello contravendría la medida cautelar que expidió esta Sala el 09 de julio de 2004, adolece de inmotivación porque, en primer lugar, aquel hecho –cuyos detalles, como fecha o identidad de los designados, se desconocen- no puede ser calificado de “hecho notorio comunicacional” porque no encuadra en tal concepto, encuadramiento que, en todo caso, la Sala no hizo, ya que se limitó a su afirmación.

2.1 En efecto, así fue definido por esta Sala en sentencia n.° 98 de 15.03.00 (Exp. n.° 00-0146), el “hecho comunicacional”, como especie de la categoría de los hechos notorios:

“… el mundo actual, con el auge de la comunicación escrita mediante periódicos, o por vías audiovisuales, ha generado la presencia de otro hecho, cual es el hecho publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o círculo social en una época o momento determinado, después del cual pierde trascendencia y su recuerdo solo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas, pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o grupo social, o a el podía accederse. / (…).

De esta manera, el colectivo se entera de conflictos armados, de los viajes del Presidente de la República, de los nombramientos que hace el Congreso, de la existencia de crímenes y otros delitos, de la existencia de juicios, etc. / (…).

Que un identificado grupo de béisbol es el campeón de Venezuela, es un hecho que se presenta como cierto por la comunicación social, y que se consolida como tal, cuando la mayoría de los medios siguen reseñando las andanzas y compromisos de ese equipo. / (…).

Pensar que este hecho del cual toma conciencia no sólo el juez, sino un gran sector del colectivo, es de igual entidad que los otros hechos litigiosos, es una irrealidad. Tan irreal es, que la doctrina enseña que es un requisito de validez del reconocimiento de individuos en rueda de personas, el que las fotografías de los posibles reconocidos no deben haber recibido publicidad previa al acto de reconocimiento.

El hecho publicitado o comunicacional no es un hecho notorio en el sentido clásico, ya que puede no incorporarse como permanente a la cultura del grupo social, sin embargo su publicidad lo hace conocido como cierto en un momento dado por un gran sector del conglomerado, incluyendo al juez; y desde este ángulo se puede afirmar que forma parte durante épocas, de la cultura, así luego desaparezca, ya que su importancia o transcendencia era relativa, tenía importancia solo en un espacio y tiempo limitado y a veces breve. / (…).

Con aceptar que el juez como parte de ese conocimiento colectivo, así este sea transitorio y temporal, fije en un fallo un hecho, no se ocasiona para nadie ningún daño, porque si el juez inventare el hecho, la alzada y hasta la casación, al no conocerlo, lo eliminarían del mundo de los hechos ciertos, necesarios para poder sentenciar, y para ello bastaría la consciencia del sentenciador de la alzada de no conocer el hecho como cierto, ni poder tomar cuenta de él por no saber dónde buscarlo. / (…).

Desde este ángulo, las informaciones sobre sucesos y eventos que en forma unánime y en el mismo sentido hacen los medios de comunicación social de alta circulación o captación, son aprehendidos por toda la colectividad, que así sabe, por ejemplo, que se interrumpió una vía, se produjo un accidente aéreo, se dictó una decisión judicial en un caso publicitado, etc. / (…).

Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta. (Subrayado añadido).

En criterio de quien difiere de la mayoría, la supuesta “designación” de miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados en cuestión con posterioridad a la medida cautelar que se emitió en la oportunidad de la admisión de esta demanda, no cumple, como hecho, con ninguna de las características que lo harían “comunicacional” y, por tanto, no está relevado de prueba ni es pasible de ser tomado en cuenta por el juez motu propio, ya que no se habría tratado –su hubiera ocurrido, lo cual desconoce el disidente- de un acontecimiento de amplia cobertura en los distintos medios de comunicación, los cuales lo habrían hecho conocido para “un gran sector del conglomerado” o “por toda la colectividad”, ya que, per se, carece de relevancia para la mayor parte de la sociedad e, incluso, para los abogados ya que, lo que sí es un hecho notorio para cualquier miembro del gremio que haga vida profesional en Caracas, es que el Colegio de Abogados de este territorio no juega, respecto de este colectivo, un papel de importancia extraordinaria, ya que participan en la vida gremial y en sus actividades pocos de sus miembros, en contraste con la gran relevancia e importancia que tienen las mismas corporaciones en otras regiones del país. En todo caso, aunque la mayoría sentenciadora no mencionó la oportunidad en que tal hecho habría ocurrido, puede verificarse con la revisión de la prensa y otros medios de comunicación escritos que pueden consultarse a través de la red, que no se trata, dicha “designación”, de un acontecimiento contemporáneo para la fecha de la sentencia que lo tomó en cuenta.

2.2 Por otra parte, de autos no surge si esas “designaciones” -¿en cargos de elección?-, si hubieran ocurrido, no fueron tales sino la elección de los personeros en cuestión por la eficaz celebración de las elecciones pendientes –cuya omisión es el motivo de la demanda- de conformidad con las repetidas órdenes que, al respecto, ha librado la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, y que no habrían podido ser incumplidas por los demandados de autos con la excusa de la medida cautelar que esta Sala acordó en este proceso. Ello se hace evidente del decurso del mismo –necesariamente posterior a la medida-, después de cuya admisión la Sala pidió informes a varias de las partes acerca de las actividades que se habrían debido llevar a cabo en cumplimiento con aquellas decisiones judiciales.

De lo contrario, habría que aceptar el absurdo -que como tal, por el contrario, las reglas del razonamiento lógico imponen rechazar-, de que la Sala admite una demanda por omisión de cumplimiento de una actividad, pero impide la satisfacción voluntaria, por parte de la parte demandada, de la pretensión del demandante en el transcurso del proceso o el cumplimiento –que es ineludible- con una sentencia de otro tribunal de la República, en este caso, de otra Sala de este Máximo Tribunal

3. Por otra parte, la decisión de nombramiento, por esta Sala, de miembros temporales del Colegio de Abogados del Distrito Capital y de su Tribunal Disciplinario –arbitraria por falta de fundamento legal-, contradice abiertamente los derechos cuya protección pretende la parte actora, y respecto de la cual la Sala estimó que había presunción de buen derecho, razón por la cual acordó una medida cautelar.

En efecto, la imposición al gremio de abogados con inscripción en el Colegio en cuestión de autoridades no electas por éste es mucho menos democrática que el ejercicio de autoridades electas pero con el período vencido, ya que las últimas tienen, en su origen, la legitimidad que les dio un proceso electoral y de la que carecerán las que impondrá esta Sala sin que haya, si quiera, pedido la postulación de nombres o ternas a los agremiados. Tal conducta confronta los derechos a la participación política y al sufragio activo (el derecho a tener representantes legítimamente elegidos a través del sufragio) y pasivo, para cuya garantía se declara, sin embargo, con lugar la demanda.

Al respecto y con relación, precisamente, a las elecciones gremiales en los Colegios de Abogados, esta Sala declaró recientemente (en fallo que también citó el veredicto que antecede):

… el contenido del derecho al sufragio consagrado en el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no sólo tendrá aplicabilidad en los procesos comiciales tendientes a la elección de cargos públicos, sino que también alcanzará o se extenderá al ámbito de las elecciones realizadas en los gremios profesionales –y por ende, podrá ser invocado por los respectivos agremiados-, toda vez que, tal como se indicó supra, el derecho al sufragio constituye una de las manifestaciones más palpables del derecho a la participación en los asuntos públicos.

En otras palabras, el derecho al sufragio consagrado en el artículo 63 de la Constitución, funge como uno de los basamentos axiológicos de los procesos electorales que se celebren en los gremios profesionales, y concretamente, en los colegios de abogados. En virtud de ello, todos los agremiados (abogados) son, sin discriminación alguna, titulares de las facultades inherentes al contenido esencial de tal derecho, y además, también se encuentran en un plano de igualdad en lo que se refiere al ejercicio del mismo.

(s.S.C. n.° 1825 de 09.10.07, exp. n.° 03-0614).

Con la imposición a que se hizo referencia, además, la mayoría incurrió en ultrapetita, ya que la pretensión de la parte actora se limitó a que se ordenase la inmediata realización de las elecciones gremiales y al nombramiento de una nueva Comisión Electoral –cuyos miembros no son electos- o, en su defecto, que se ordenase al Consejo Nacional Electoral la organización inmediata del proceso electoral.

4. Tampoco se explica cómo concluyó la Sala que el proceso electoral gremial a que se ha hecho referencia no se ha llevado a cabo “en virtud de la negativa de las autoridades que –como se desprende de las pruebas de informes de autos- no ha asumido su responsabilidad ni han cumplido con las instrucciones impartidas (…), y han dejado transcurrir el tiempo dejando en suspenso la realización debida de dichas elecciones, generando una perpetuidad en los cargos directivos que atentan en forma grave con el principio constitucional de alternabilidad en el ejercicio del poder.”

Al respecto, se afirmó que “no existe en autos recaudo o documento en el cual alguna de las partes demandadas en la presente causa haya fundamentado en la actualidad la imposibilidad de cumplir con lo ordenado por la Sala Electoral”.

Por el contrario, todos los informes en autos, incluso el del máximo ente comicial nacional, coinciden en el señalamiento de que las autoridades del Colegio de Abogados del Distrito Capital cumplieron con todas las actuaciones que les correspondían y que ha sido la omisión del Consejo Nacional Electoral, de acatamiento oportuno y eficaz de varios fallos de la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, la que ha impedido la celebración del largamente retrasado proceso eleccionario gremial. Así fue declarado por esa Sala, en los siguientes términos, en sentencia n.° 137 de 28.09.04, exp. n.° 000041:

En lo que respecta al Consejo Nacional Electoral la Sala observa, que del informe rendido por su apoderado judicial se desprende, que si bien alega que su representado ha realizado trámites iniciales a los fines de que tenga lugar el proceso electoral ordenado realizar en el Colegio de Abogados del Distrito Capital, admite que no ha cumplido con la orden que en tal sentido le fuera impartida, en el modo y tiempo señalados.

Es así como de lo expuesto se desprende que habiendo cumplido la Comisión Electoral el trámite inicial para reactivar el proceso electoral que le fuera impuesto en el trascrito párrafo primero de la decisión N° 97/2004, ante el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral de girar las instrucciones a que se contrae el numeral 3 del artículo 10 y encabezado del artículo 24 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, y pronunciarse sobre la legalidad de los miembros de la Comisión Electoral (párrafo segundo); al órgano electoral del colegio no le ha sido posible cumplir el resto de las obligaciones que le fueron impuestas en los otros párrafos (tercero, sexto y noveno), razón por lo cual injustificadamente se ha paralizado el proceso electoral ordenado, por causa imputable al máximo órgano electoral del país.

En efecto, el Consejo Nacional Electoral, al no girar las instrucciones necesarias para la elaboración del Proyecto Electoral (párrafo segundo), ha impedido su elaboración en la forma prevista en el instrumento normativo que a tales fines dictó, generando a su vez la imposibilidad de su parte de revisar el mismo a efecto de su aprobación o corrección y posterior ejecución (párrafo cuarto) y de elaborar el Registro Electoral preliminar (párrafo sexto), imposibilitando en consecuencia a la Comisión Electoral de que le formule la correspondiente solicitud de autorización de convocatoria al proceso electoral, al necesariamente ésta tener como base un Proyecto Electoral que no ha podido elaborar (párrafo tercero), impidiéndole asimismo el poder realizar todas las demás actuaciones subsiguientes (párrafos quinto, sexto, séptimo y noveno) en los lapsos para ello establecidos.

Ahora, si bien el Consejo Nacional Electoral ha pretendido justificar su incumplimiento en la circunstancia de que para el momento en que fue dictada tal orden estaba organizando y administrando lo relativo al proceso de referendo revocatorio presidencial, la Sala ha de señalar que ello no es razón suficiente para no haber gestionado simultáneamente ambos o más procesos, en tanto todos los procesos electorales o referendarios que el Consejo Nacional Electoral está llamado a realizar, en ejercicio de sus funciones y atribuciones como órgano rector del Poder Electoral, tienen igual grado de importancia, independientemente del número de electores o interesados que estos involucren, ello en tanto nuestro vigente ordenamiento jurídico ha establecido como un derecho el que la Administración Pública (latu sensu) está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y su actuación está regida, entre otros principios, por los de celeridad y eficiencia (artículo 141 constitucional), máxime en el caso que nos ocupa en el cual la orden ha sido dictada con ocasión de la ejecución de una sentencia dictada en el marco de una acción de amparo constitucional, cuya declaratoria de procedencia –desde julio de 2003- evidenció la vulneración de los derechos constitucionales de participación y al sufragio de los abogados colegiados en esta ciudad de Caracas. / (…).

Así, se tiene que profesionales del derecho inscritos en el Colegio de Abogados del Distrito Capital, han planteado acción ante la Sala Constitucional con base en una situación fáctica que podría estarse ocasionando, entre otros aspectos, en el incumplimiento de los fallos dictados por esta Sala Electoral tendentes a la celebración del proceso electoral en dicho Colegio Profesional, de allí que ese calificado colectivo está a la espera de que cese, a la brevedad, la violación de sus derechos constitucionales a la participación y al sufragio que fuera evidenciada por esta Sala desde la oportunidad de dictar fallo en fecha 31 de julio de 2003, haciendo así mas injustificable aún la demora u omisión en que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral al no cumplir el fallo cuya ejecución ha sido solicitada. / (…).

Con base en todo lo expuesto la Sala declara: 1) PROCEDENTE la solicitud de ejecución forzosa del fallo N° 97/2004, en los términos ya señalados, 2) IMPROCEDENTE la solicitud formulada en el sentido que se considere como aprobado y en consecuencia se autorice la ejecución, del Proyecto Electoral elaborado por la Comisión Electoral del referido Colegio, sin el auxilio del Consejo Nacional Electoral, y 3) Por virtud de la prórroga solicitada por el Consejo Nacional Electoral, aquí concedida, se difiere la oportunidad de pronunciarse en torno a la sanción establecida en el numeral 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, hasta que venza el plazo que se la concedido al Consejo Nacional Electoral para informar sobre sus iniciales actuaciones. Así se decide.

En consecuencia, el dispositivo del fallo de autos ha debido concretarse en reiterar las órdenes precisas que la Sala Electoral ya le ha impartido y que no ha cumplido, pese a que se decretó su ejecución forzosa en 2004; entre otras, según surge de estas actuaciones, las siguientes:

CUARTO: El Consejo Nacional Electoral, una vez recibido el Proyecto Electoral, de conformidad con los numerales 4 y 2 del artículo 10 y el artículo 25 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, procederá a aprobar el proyecto electoral sometido a su consideración y autorizar la convocatoria a elecciones, en caso de considerar llenos los extremos normativos establecidos, en el previsto lapso de diez (10) días hábiles a que se contrae dicha norma, sin menoscabo que tenga lugar el supuesto previsto en el artículo 26 ejusdem.

QUINTO: Aprobado el Proyecto Electoral y autorizada la convocatoria a elecciones, el Consejo Nacional Electoral procederá a notificar de dicha decisión a la Comisión Electoral en lapso perentorio, a fin de que ésta proceda a la publicación de ambos actos en los términos establecidos en los artículos 28 y 14 de las pertinente Normas.

SEXTO: En forma simultánea, y desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral haya recibido la nómina de colegiados actualizada y cerrada, con fundamento en el numeral 8 del artículo 10 de las Normas, el máximo órgano electoral procederá a elaborar en el tiempo mas breve posible, el Registro Electoral Preliminar del Colegio, a fin de que éste pueda ser publicado por la Comisión Electoral en el lapso establecido en el artículo 19 de las Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, a saber, con cuarenta y cinco (45) días de antelación por lo menos al fijado para que tenga lugar el acto de votación, en el entendido que a partir de tal publicación comenzarán a transcurrir los lapsos a que se contrae el artículo 20 ejusdem.

SÉPTIMO: El resto del proceso electoral deberá tramitarse de conformidad con toda las pertinentes Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales, dictadas por el Consejo Nacional Electoral .

OCTAVO: Se exhorta al Consejo Nacional Electoral a prestar toda la asistencia técnica y el apoyo logístico necesario para garantizar la confiabilidad y eficacia del proceso, así como cumplir con todos los deberes y atribuciones que constitucional y normativamente le han sido conferidos con tal fin.

NOVENO: Finalizado el proceso electoral la Comisión Electoral deberá rendir informe de su actuación.

Finalmente se declara, con ocasión del planteamiento formulado por los terceros en cuanto al porcentaje de firmas de apoyo requerido a efecto de la postulación, que un pronunciamiento al respecto excede a la materia que puede ser conocida por la Sala en esta oportunidad, dado que en ninguno de los fallos proferidos se estableció en forma expresa directriz al respecto, por lo que será el Consejo Nacional Electoral, en la oportunidad de aprobar el Proyecto Electoral, el órgano que deberá ponderar tal situación, en tanto la misma se refiere a uno de los requisitos que debe contener tal proyecto (vid. numeral 5, artículo 30). Así se decide.

(s.SE. n.° 97 de 14.07.04, exp. n.° 0300041).

Además, el ostensible incumplimiento de fallos de este Alto Tribunal ha debido tener por consecuencia la denuncia de tal situación al Ministerio Público para que éste ejerciese, si lo considerara procedente, las acciones judiciales correspondientes.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

Fecha ut retro.

La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice-presidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 04-1263