09 febrero 2008

El socialismo como obsesión

Por Trino Márquez

Hasta el referendo de diciembre la consigna era el socialismo del siglo XXI. Ahora es el socialismo bolivariano. En sus dos vertientes, la mayoría de los venezolanos le dijimos NO al proyecto de comunismo cubano, maquillado de socialismo democrático, que el comandante Hugo Chávez Frías le propuso a la nación.

Contra el chantaje y las amenazas del Gobierno, el uso descarado de los recursos públicos en la promoción del SÍ, las interminables cadenas de radio y televisión, la propaganda escandalosa del oficialismo, el ventajismo y la evidente parcialización de la mayor parte de los rectores del CNE, el pueblo venezolano, por la vía activa del voto o la pasiva de la abstención, le dijo a Chávez que prefiere la democracia, la libertad, la propiedad privada, el equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y la economía de mercado. Ese día quedó deslegitimado y fulminado como opción para el país el socialismo, eufemismo mediante el cual el Presidente de la República pretendía maquillar la estatización y colectivización total de la economía, la militarización de la sociedad y su eternización en el poder.

Ahora bien, a pesar de la contundencia del triunfo de la democracia y la libertad, y del categórico rechazo a la propuesta comunista del primer mandatario, este sigue utilizando los recursos del Estado y del Gobierno para impulsar el modelo socialista. Como bien se sabe, ninguna ley ni ninguna gestión gubernamental pueden colocarse por encima de la Constitución, especialmente cuando esta ha sido refrendada por el pueblo en una consulta popular. Sin embargo, el primer mandatario, violando de forma abierta la Carta del 99, sigue utilizando al Gabinete Ejecutivo, a los órganos del Gobierno y a la Ley Habilitante (con una duración perentoria de 18 meses) para tratar de imponer lo que no pudo lograr por la vía del consentimiento. De esta arbitrariedad es cómplice la Asamblea Nacional. Sus diputados están aprobando leyes y reglamentos, como el que se refiere a los Consejos Obreros, que contravienen el espíritu y la letra de la Carta Magna. Quienes están obligados a resguardar la soberanía popular son los primeros en desconocerla.

El Gobierno, después del 2D, tenía que haber suspendido toda propaganda que se refiriera al socialismo, incluido el bolivariano. No obstante, en la práctica ha hecho todo lo contrario: inundó de vallas las carretera y autopistas con un “Por . . .ahora” que huele a formol, mientras que en los medios impresos, en los radioeléctricos y en las salas de cine, PDVSA y los ministerios gastan miles de millones de bolívares para hablar de cómo se construye el “socialismo bolivariano” en Venezuela, cual si la cita del 2D nunca hubiese ocurrido o, peor aún, como si la reforma hubiese triunfado.

El espíritu autoritario, antidemocrático y autocrático del proyecto desechado por el pueblo en diciembre está mostrándose ahora. Sólo hay que imaginarse lo que habría ocurrido con la propiedad privada, la descentralización, los partidos y organizaciones de oposición si Chávez hubiese ganado: habría barrido con esas instituciones, procesos y grupos. Si ahora, disminuido por el fracaso, busca imponerlo por la fuerza con los músculos que le proporcionan los petrodólares, de haber salido victorioso habría acudido al expediente de la violencia para pasarle la aplanadora a todo vestigio de disidencia y autonomía.

El “socialismo a juro”, tal como hay que calificar esta insistencia obsesiva en construir el “socialismo bolivariano”, pervive por la complicidad de las instituciones del Estado. Ya que la Asamblea Nacional, contrapeso natural en toda democracia del Poder Ejecutivo, está inhabilitado para actuar, debido a que constituye una sucursal de Miraflores, tendrían que actuar, al menos, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia, órganos que en teoría están comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho. El Ministerio Público, lo dice la Carta del 99, constituye la institución responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado y al Gobierno; mientras el TSJ, también lo señala la Carta Magna, es un cuerpo encargado de velar por el correcto cumplimiento de la Ley. El 2D el gobierno de Chávez recibió una orden terminante del pueblo: cumpla con los principios fundamentales de la Constitución los cuales establecen, en el artículo 2, que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. En ese artículo, ni en ningún otro, aparece el socialismo por ningún lado. Así es que el Gobierno, incluido el caudillo, está obligado a olvidarse de ese modelo y cumplir la Constitución.. No puede meterlo de contrabando por ningún lado. El socialismo es una ideología ajena al contenido, inspiración y propósitos del Texto Fundamental. La Fiscalía y el TSJ son los llamados a ordenarle al Ejecutivo que lo haga. Habría que comenzar por prohibirle que gaste dinero en cualquier tipo de propaganda que fomente el “socialismo bolivariano” (esto incluye impartirle esa orden a VTV y al resto de las emisoras oficialistas), así como impedirle a la Asamblea Nacional que apruebe leyes de carácter socialista.

Por supuesto que no soy tan ingenuo para pensar que la Fiscalía o el TSJ tomarán tales iniciativas. El TSJ tuvo la oportunidad de declarar inconstitucional el proyecto de reforma que Chávez presentó en la Asamblea Nacional, y no lo hizo. Así es que no tenemos razones para creer que ahora actuará de otro modo. Sin embargo, a las instituciones hay que retarlas y probarlas. La obsesión del caudillo por el socialismo cubano es tan grande y la transgresión de la Carta Magna tan descarada, que a lo mejor hasta se animan.

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