Los abajo firmantes integrantes de las Juntas Directivas del Instituto de Previsión Social del Abogado, los Colegios de Abogados de Distrito Capital, de los estados Miranda, Aragua, Cojedes, Falcón, Lara, Guárico, Carabobo y de la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, ante la propuesta de modificación constitucional promovida por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional, en nuestra condición de máximos representantes del gremio de abogados, fijamos posición pública en los términos siguientes:
Frente a la subversión del Orden Constitucional adelantado e impulsado desde la Presidencia de la República por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, subversión ésta que se manifestada en la presentación de un proyecto de reforma a todas luces fraudulento y violatorio de la vigente Constitución de la República mediante el cual se pretende modificar la estructura y principios fundamentales en los cuales se basa el Contrato Social de la Nación sancionado en diciembre de 1.999, resulta ineludible para los gremios de las entidades federales aquí representadas, fijar posición frente al país y el mundo a los fines de alertar sobre el sistema autocrático y totalitario que pretende implantarse con la inconstitucional propuesta de Reforma, la cual en su esencia, pretende la legalización y constitucionalización de una dictadura autocrática y militar.
Este inconstitucional procedimiento de reforma desde sus inicios presenta los signos que han caracterizado el ejercicio de la Presidencia de la República en los últimos cinco años, a saber: control de los poderes por parte del ejecutivo, abrogando su independencia e imparcialidad; lo anterior se refleja muy especialmente en el hecho de que la Comisión Presidencial a la que se le encomendó la redacción del mismo, estuvo compuesta por los máximos representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, situación esta que constituye una aberración, puesto que eliminó la posibilidad de que se aplicara cualquier mecanismo de control frente a los vicios de Inconstitucionalidad e Ilegalidad del Proyecto, logrando que EL PUEBLO VENEZOLANO quedase huérfano de la protección de las instituciones del Estado que deben velar por el respeto a sus derechos y al orden constitucional.
La Asamblea Nacional , vacía de autonomía, quebró el mecanismo constitucional establecido en el Capítulo II de la Carta Fundamental. Ciega y sorda frente a los diversos sectores de la sociedad que señalaban los vicios del procedimiento seguido, hizo de la intemperancia, la soberbia y la exclusión, los signos característicos que acompañaron el "debate" del proyecto de reforma.
El Proyecto inicial y los artículos incorporados por el Poder Legislativo, contrarían el carácter progresivo de los derechos constitucionales, eliminando el derecho a la información y al debido proceso en los estados de excepción dándole carácter indefinido a los mismos; atenta contra autonomía Universitaria, los gremios, los derechos intelectuales; elimina la representación de la sociedad civil en el Comité de Evaluaciones para designar a los integrantes del Poder Ciudadano; aumenta los porcentajes requeridos para la solicitud de convocatoria de los referendos constitucionales restándole poder al pueblo; esto también expresado en la llamada nueva geometría del poder que no es más que la designación de autoridades no mediante el ejercicio del derecho al voto, sino por voluntad del Presidente de la República; limita el derecho a la propiedad privada, socava la autonomía del poder judicial cuando establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán designados y/o revocados con el voto de la mayoría simple de los diputados de la Asamblea Nacional; suprime la descentralización y sustituye a los Municipios y a los Estados por órganos del Poder Popular designados por el Ejecutivo Nacional; y le da carácter indefinido a los mismos; le quita el carácter Institucional y Profesional a la Fuerza Armada Nacional ara convertirla en milicias al servicio de un partido político; elimina la autonomía del Banco Central de Venezuela para dejar en manos del Ejecutivo la política monetaria del país. En definitiva la propuesta constituye una regresión en los logros alcanzados en materia de Derechos Humanos violándose así la Constitución vigente y los Tratados Internacionales sucritos por el país.
En nuestra condición de abogados, lamentamos profundamente que siendo el Poder Judicial, de los Poderes del Estado el llamado a guardar el equilibrio institucional, obligados a asegurar la integridad de la Constitución, la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, ha abjurado de su condición de tal, porque pese a los recursos interpuestos para preservar el referido Orden Constitucional y legal violentados por el Ejecutivo y el Legislativo, no existe pronunciamiento alguno en este sentido, encontrándonos que la magistrada Presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, ni siquiera por ética profesional se ha inhibido en las causas planteadas, a pesar de ser un hecho público y notorio su parcialidad frente al proyecto de reforma constitucional.
Esta Reforma es moral y jurídicamente inaceptable de sancionarse la misma Venezuela entrará nuevamente al siglo XIX, el de la guerra fratricida, el de la violación de los derechos humanos, el de la discriminación por causas políticas y del colapso económico . De ser aprobada perderán autonomía los poderes del Estado y el Pueblo perderá su poder de decisión ante los poderes públicos, se perderá la transparencia en la administración de los recursos del estado, el derecho a la elección de la actividad económica que decida cada ciudadano, entre otros Derechos Humanos.
Venezuela no necesita de una reforma constitucional, sino de Vigencia Constitucional, de un gobierno probo, eficiente, transparente en sus actos, responsable en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, íntegramente comprometido al servicio de los venezolanos sin exclusión alguna . Porque hoy los venezolanos están cansados de nueve años de promesas incumplidas y mas que una reforma constitucional que perpetúe en el poder al Presidente de la República exige: el combate efectivo contra el flagelo de la inseguridad, la reactivación del aparato productivo para que genere empleo estable, las leyes de seguridad social engavetadas en el parlamento, lucha contra el alto costo de la vida, viviendas dignas, educación de calidad para todos los venezolanos implementada conforme al plan de desarrollo del país, servicio integral de salud de primera; Este país tiene los recursos naturales y humanos necesarios para lograr su pleno desarrollo.
Venezuela no debe apostar nuevamente a las patas del caballo de un nuevo caudillo militar el Pueblo Venezolano, el pueblo venezolano luchó y derramó su sangre para que quedaran en el pasado los regímenes autocráticos y militaristas que desolaron a la Nación como lo fueron los de Monagas, Guzmán Blanco, Gómez y Pérez Jiménez; y esto lo decimos, porque es por demás evidente que el objetivo principal y casi único de la reforma planteada por el Presidente es su reelección indefinida, es decir, la entronización en el siglo XXI, no de un socialismo democrático sino del mas avasallante caudillismo autocrático y militarista que creíamos desaparecido en Venezuela y el continente.
No a la Reforma debe ser el motivo y el objetivo que una a todos los ciudadanos de este país, porque debe evitarse a toda costa que Venezuela deje de ser un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Hacemos nuestras las palabras de la Conferencia Episcopal Venezolana en el sentido que "…debemos tener claro que el verdadero sujeto de la Constitución es el pueblo, no el Estado y menos aún el gobierno; por eso ella debe expresar el acuerdo de todos los sectores, corrientes e ideologías. No puede ser la consagración de las ideas o propósitos políticos de un determinado grupo partidista. Consiguientemente, una modificación de la "Carta Magna" debe apoyarse en el mayor consenso posible...".
Por último, como lo han hecho otras instituciones, exhortamos a los Poderes Públicos a suspender el curso de una propuesta de cambio constitucional que ha generado en el país un clima de enfrentamientos lo conminamos a convocar a las organizaciones políticas, sociales representativas de los empresarios y de los trabajadores, a los gremios profesionales, las universidades, dirigentes vecinales, las organizaciones no gubernamentales y a otros sectores sociales para proponerles un acuerdo mínimo sobre los temas en discusión, e igualmente proponemos al Gobierno Nacional que de continuar en su propósito de cambiar el texto constitucional lo haga a través de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de modo que el nuevo texto resulte del consenso político y social que merece el pueblo de Venezuela.
Por último les recordamos que el Pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario,; en ejercicio de ese poder debe decir NO A CUALQUIER ACTO que pretenda hacer perder la vigencia de la actual Constitución por medios no previstos en ella.
Valencia 02 de noviembre de 2007.
Luis Gonzalez Blanco, (Psdte. Inpreabogado), Yvett Lugo (Prsdta.Colegio Dtto. Capital), Letty Piedrahita (Psdta. Colegio Miranda), Cergio Cuevas (Psdte Colegio de Portuguesa), Wilmer Pereira (Psdte. Colegio Falcón), Henry Alviares (Psdte. Colegio Lara), Rosalino Medina (Psdte. Colegio Aragua), Roberto Anderi (Psdte. Colegio Cojedes), Luis Calderón (Psdte. Colegio Anzoátegui), Mary de Mudesa(Colegio Guárico), Orlando Velásquez (Psdte. Colegio Sucre), Pedro Arévalo (Psdte. Nueva Esparta), Mario Torres (Psdte. Colegio Zulia), Eliseo Moreno (Psdte. Colegio Mérida), Jesús Ramos (Psdte. Colegio Monagas), Rafael Veloz (Psdte. Confepuv), Adelba Taffin (Psdta. Colegio Carabobo), José Dionisio Morales (Psdte. Tribunal Disciplinario Carabobo), Nobis Rodríguez, Gustavo Correa, Karelly Lizarraga, Hugo Suárez P. (Vicepresidente, secretario, tesorera y bibliotecaria de Colegio de Carabobo), acompañados de los abogados Virginia Rodríguez, Danila Guglielmetti, Josefina Herrera, Mayela Fonseca, Marieles Damiani, Germán González, Nelly Soriano, Elia Damiani, Mary Martín, Amarilis Mota, Lenis Márquez, Carlos Omaña, Miguel Díaz, Carmen Lisser, Carmen García, Soraya Rivero, Juan Molinari, Mayela Fonseca, Nellys Reyes, Alfonso Granadillo, entre otros.
Frente a la subversión del Orden Constitucional adelantado e impulsado desde la Presidencia de la República por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, subversión ésta que se manifestada en la presentación de un proyecto de reforma a todas luces fraudulento y violatorio de la vigente Constitución de la República mediante el cual se pretende modificar la estructura y principios fundamentales en los cuales se basa el Contrato Social de la Nación sancionado en diciembre de 1.999, resulta ineludible para los gremios de las entidades federales aquí representadas, fijar posición frente al país y el mundo a los fines de alertar sobre el sistema autocrático y totalitario que pretende implantarse con la inconstitucional propuesta de Reforma, la cual en su esencia, pretende la legalización y constitucionalización de una dictadura autocrática y militar.
Este inconstitucional procedimiento de reforma desde sus inicios presenta los signos que han caracterizado el ejercicio de la Presidencia de la República en los últimos cinco años, a saber: control de los poderes por parte del ejecutivo, abrogando su independencia e imparcialidad; lo anterior se refleja muy especialmente en el hecho de que la Comisión Presidencial a la que se le encomendó la redacción del mismo, estuvo compuesta por los máximos representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, situación esta que constituye una aberración, puesto que eliminó la posibilidad de que se aplicara cualquier mecanismo de control frente a los vicios de Inconstitucionalidad e Ilegalidad del Proyecto, logrando que EL PUEBLO VENEZOLANO quedase huérfano de la protección de las instituciones del Estado que deben velar por el respeto a sus derechos y al orden constitucional.
La Asamblea Nacional , vacía de autonomía, quebró el mecanismo constitucional establecido en el Capítulo II de la Carta Fundamental. Ciega y sorda frente a los diversos sectores de la sociedad que señalaban los vicios del procedimiento seguido, hizo de la intemperancia, la soberbia y la exclusión, los signos característicos que acompañaron el "debate" del proyecto de reforma.
El Proyecto inicial y los artículos incorporados por el Poder Legislativo, contrarían el carácter progresivo de los derechos constitucionales, eliminando el derecho a la información y al debido proceso en los estados de excepción dándole carácter indefinido a los mismos; atenta contra autonomía Universitaria, los gremios, los derechos intelectuales; elimina la representación de la sociedad civil en el Comité de Evaluaciones para designar a los integrantes del Poder Ciudadano; aumenta los porcentajes requeridos para la solicitud de convocatoria de los referendos constitucionales restándole poder al pueblo; esto también expresado en la llamada nueva geometría del poder que no es más que la designación de autoridades no mediante el ejercicio del derecho al voto, sino por voluntad del Presidente de la República; limita el derecho a la propiedad privada, socava la autonomía del poder judicial cuando establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán designados y/o revocados con el voto de la mayoría simple de los diputados de la Asamblea Nacional; suprime la descentralización y sustituye a los Municipios y a los Estados por órganos del Poder Popular designados por el Ejecutivo Nacional; y le da carácter indefinido a los mismos; le quita el carácter Institucional y Profesional a la Fuerza Armada Nacional ara convertirla en milicias al servicio de un partido político; elimina la autonomía del Banco Central de Venezuela para dejar en manos del Ejecutivo la política monetaria del país. En definitiva la propuesta constituye una regresión en los logros alcanzados en materia de Derechos Humanos violándose así la Constitución vigente y los Tratados Internacionales sucritos por el país.
En nuestra condición de abogados, lamentamos profundamente que siendo el Poder Judicial, de los Poderes del Estado el llamado a guardar el equilibrio institucional, obligados a asegurar la integridad de la Constitución, la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, ha abjurado de su condición de tal, porque pese a los recursos interpuestos para preservar el referido Orden Constitucional y legal violentados por el Ejecutivo y el Legislativo, no existe pronunciamiento alguno en este sentido, encontrándonos que la magistrada Presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, ni siquiera por ética profesional se ha inhibido en las causas planteadas, a pesar de ser un hecho público y notorio su parcialidad frente al proyecto de reforma constitucional.
Esta Reforma es moral y jurídicamente inaceptable de sancionarse la misma Venezuela entrará nuevamente al siglo XIX, el de la guerra fratricida, el de la violación de los derechos humanos, el de la discriminación por causas políticas y del colapso económico . De ser aprobada perderán autonomía los poderes del Estado y el Pueblo perderá su poder de decisión ante los poderes públicos, se perderá la transparencia en la administración de los recursos del estado, el derecho a la elección de la actividad económica que decida cada ciudadano, entre otros Derechos Humanos.
Venezuela no necesita de una reforma constitucional, sino de Vigencia Constitucional, de un gobierno probo, eficiente, transparente en sus actos, responsable en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, íntegramente comprometido al servicio de los venezolanos sin exclusión alguna . Porque hoy los venezolanos están cansados de nueve años de promesas incumplidas y mas que una reforma constitucional que perpetúe en el poder al Presidente de la República exige: el combate efectivo contra el flagelo de la inseguridad, la reactivación del aparato productivo para que genere empleo estable, las leyes de seguridad social engavetadas en el parlamento, lucha contra el alto costo de la vida, viviendas dignas, educación de calidad para todos los venezolanos implementada conforme al plan de desarrollo del país, servicio integral de salud de primera; Este país tiene los recursos naturales y humanos necesarios para lograr su pleno desarrollo.
Venezuela no debe apostar nuevamente a las patas del caballo de un nuevo caudillo militar el Pueblo Venezolano, el pueblo venezolano luchó y derramó su sangre para que quedaran en el pasado los regímenes autocráticos y militaristas que desolaron a la Nación como lo fueron los de Monagas, Guzmán Blanco, Gómez y Pérez Jiménez; y esto lo decimos, porque es por demás evidente que el objetivo principal y casi único de la reforma planteada por el Presidente es su reelección indefinida, es decir, la entronización en el siglo XXI, no de un socialismo democrático sino del mas avasallante caudillismo autocrático y militarista que creíamos desaparecido en Venezuela y el continente.
No a la Reforma debe ser el motivo y el objetivo que una a todos los ciudadanos de este país, porque debe evitarse a toda costa que Venezuela deje de ser un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Hacemos nuestras las palabras de la Conferencia Episcopal Venezolana en el sentido que "…debemos tener claro que el verdadero sujeto de la Constitución es el pueblo, no el Estado y menos aún el gobierno; por eso ella debe expresar el acuerdo de todos los sectores, corrientes e ideologías. No puede ser la consagración de las ideas o propósitos políticos de un determinado grupo partidista. Consiguientemente, una modificación de la "Carta Magna" debe apoyarse en el mayor consenso posible...".
Por último, como lo han hecho otras instituciones, exhortamos a los Poderes Públicos a suspender el curso de una propuesta de cambio constitucional que ha generado en el país un clima de enfrentamientos lo conminamos a convocar a las organizaciones políticas, sociales representativas de los empresarios y de los trabajadores, a los gremios profesionales, las universidades, dirigentes vecinales, las organizaciones no gubernamentales y a otros sectores sociales para proponerles un acuerdo mínimo sobre los temas en discusión, e igualmente proponemos al Gobierno Nacional que de continuar en su propósito de cambiar el texto constitucional lo haga a través de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de modo que el nuevo texto resulte del consenso político y social que merece el pueblo de Venezuela.
Por último les recordamos que el Pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario,; en ejercicio de ese poder debe decir NO A CUALQUIER ACTO que pretenda hacer perder la vigencia de la actual Constitución por medios no previstos en ella.
Valencia 02 de noviembre de 2007.
Luis Gonzalez Blanco, (Psdte. Inpreabogado), Yvett Lugo (Prsdta.Colegio Dtto. Capital), Letty Piedrahita (Psdta. Colegio Miranda), Cergio Cuevas (Psdte Colegio de Portuguesa), Wilmer Pereira (Psdte. Colegio Falcón), Henry Alviares (Psdte. Colegio Lara), Rosalino Medina (Psdte. Colegio Aragua), Roberto Anderi (Psdte. Colegio Cojedes), Luis Calderón (Psdte. Colegio Anzoátegui), Mary de Mudesa(Colegio Guárico), Orlando Velásquez (Psdte. Colegio Sucre), Pedro Arévalo (Psdte. Nueva Esparta), Mario Torres (Psdte. Colegio Zulia), Eliseo Moreno (Psdte. Colegio Mérida), Jesús Ramos (Psdte. Colegio Monagas), Rafael Veloz (Psdte. Confepuv), Adelba Taffin (Psdta. Colegio Carabobo), José Dionisio Morales (Psdte. Tribunal Disciplinario Carabobo), Nobis Rodríguez, Gustavo Correa, Karelly Lizarraga, Hugo Suárez P. (Vicepresidente, secretario, tesorera y bibliotecaria de Colegio de Carabobo), acompañados de los abogados Virginia Rodríguez, Danila Guglielmetti, Josefina Herrera, Mayela Fonseca, Marieles Damiani, Germán González, Nelly Soriano, Elia Damiani, Mary Martín, Amarilis Mota, Lenis Márquez, Carlos Omaña, Miguel Díaz, Carmen Lisser, Carmen García, Soraya Rivero, Juan Molinari, Mayela Fonseca, Nellys Reyes, Alfonso Granadillo, entre otros.
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