Cuando Platón, en La República, refutó el pueril argumento de Polemarco, según el cual "la justicia es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos", desenmascaró el sofisma hasta llevarlo a un punto en el cual se concluía que, según tal aseveración, la justicia sería algo de escaso interés pues sería "sólo útil para lo inútil".
Esa peculiar concepción de la justicia subyace, también, en la Comisión para la Reforma Constitucional. En efecto, uno de sus más conspicuos miembros afirmó, sin pudor alguno, que en esa reforma lo que va es lo que diga el Presidente. Punto. Mas no conforme, propuso un corolario: es estéril cualquier discusión, pues Chávez podría modificar a su antojo cualquier artículo. Es esta una relación, más que de subordinación, de absoluta sumisión y obsecuencia. Siguiendo a Platón, la pomposa comisión sólo sería útil para lo inútil: hacer un papel de trabajo que puede ser utilizado como otro tipo de papel, según el caprichoso estómago de un personaje que, en medio de una rabieta que él mismo se inventó, renuncia a Mercosur sin haber sido formalmente aceptado (como quien renuncia al trabajo que no le han dado).
Este sometimiento, de por sí reprochable en cualquier organismo público, lo es más si se toma en cuenta que forman parte de la mentada Comisión de trabajos secretos nada más y nada menos que los más altos representantes (los presidentes, pues) de todos los poderes públicos, a excepción del Electoral (¡que ocupa la vicepresidencia!). Originales mosqueteritos: ¡Todos para uno y uno sobre todos!
Pero los comentarios del miembro de la Comisión fueron más allá. Explicaba el agente que el trabajo de la comisión era confidencial, así como lo es el compromiso de los abogados respecto a su cliente. Otro sofisma.
El Poder Público en la democracia contemporánea está sujeto a estricta vigilancia. Es verdad que los controles tradicionales no pueden funcionar en relación a la Comisión, pues quienes están llamados a vigilar forman parte de ella. No obstante, la transparencia y la obligación de rendir cuentas (accountability) son dos características fundamentales en el manejo de la cosa pública del siglo XXI a las que están sometidos todos los funcionarios del mundo civilizado.
La relación de quienes pretenden reformar, nada más y nada menos, que el pacto fundamental de una sociedad no es la de un contrato privado de honorarios profesionales, como la de los abogados. De allí que no se pueda equiparar, ni remotamente, un abogado, que defiende a un estafador o que conoce balances privados de su cliente, con quienes se confiesan amanuenses presidenciales para la reforma constitucional.
Están obligados los miembros de la comisión ocultista a mostrar cada palabra, cada discusión, cada razón (si es que existe alguna) para modificar hasta una coma. Si la labor de la comisión pretendiera algo de seriedad deberían existir sus diarios de debate y estar abiertos a todos. Claro está, habría que debatir primero…
Una tercera excusa -esto no llega ni a sofisma- que han pretendido dar otros miembros de la comisión es que el proyecto que ha salido a la luz pública no es el original sino una manipulación mediática de la oposición (¡oh, sorpresa!). Ese es el problema de trabajar a espaldas de la sociedad, escondido, como quien prepara una emboscada y ha sido descubierto. Sin embargo, si en realidad el proyecto que conocemos no fuese el verdadero, bastaría preguntarse: ¿por qué no muestran el proyecto verdadero? ¿Qué escena impúdica contiene que no puede exhibirse públicamente?
Los sofismas y pretendidas explicaciones no salvan la responsabilidad de quienes contribuyen en la procura de acabar con la democracia. Así lo establece la Constitución de 1999 y, por ende, deberán responder ante la historia.
Pero, a pesar de la Comisión, siempre tendremos la esperanza que se apoya en la razón, pues si, como se sabe, lo que se pretende mediante la reforma es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos, el texto sólo será útil para lo inútil, tal y como lo comprobó el sabio hace 2500 años.
Esa peculiar concepción de la justicia subyace, también, en la Comisión para la Reforma Constitucional. En efecto, uno de sus más conspicuos miembros afirmó, sin pudor alguno, que en esa reforma lo que va es lo que diga el Presidente. Punto. Mas no conforme, propuso un corolario: es estéril cualquier discusión, pues Chávez podría modificar a su antojo cualquier artículo. Es esta una relación, más que de subordinación, de absoluta sumisión y obsecuencia. Siguiendo a Platón, la pomposa comisión sólo sería útil para lo inútil: hacer un papel de trabajo que puede ser utilizado como otro tipo de papel, según el caprichoso estómago de un personaje que, en medio de una rabieta que él mismo se inventó, renuncia a Mercosur sin haber sido formalmente aceptado (como quien renuncia al trabajo que no le han dado).
Este sometimiento, de por sí reprochable en cualquier organismo público, lo es más si se toma en cuenta que forman parte de la mentada Comisión de trabajos secretos nada más y nada menos que los más altos representantes (los presidentes, pues) de todos los poderes públicos, a excepción del Electoral (¡que ocupa la vicepresidencia!). Originales mosqueteritos: ¡Todos para uno y uno sobre todos!
Pero los comentarios del miembro de la Comisión fueron más allá. Explicaba el agente que el trabajo de la comisión era confidencial, así como lo es el compromiso de los abogados respecto a su cliente. Otro sofisma.
El Poder Público en la democracia contemporánea está sujeto a estricta vigilancia. Es verdad que los controles tradicionales no pueden funcionar en relación a la Comisión, pues quienes están llamados a vigilar forman parte de ella. No obstante, la transparencia y la obligación de rendir cuentas (accountability) son dos características fundamentales en el manejo de la cosa pública del siglo XXI a las que están sometidos todos los funcionarios del mundo civilizado.
La relación de quienes pretenden reformar, nada más y nada menos, que el pacto fundamental de una sociedad no es la de un contrato privado de honorarios profesionales, como la de los abogados. De allí que no se pueda equiparar, ni remotamente, un abogado, que defiende a un estafador o que conoce balances privados de su cliente, con quienes se confiesan amanuenses presidenciales para la reforma constitucional.
Están obligados los miembros de la comisión ocultista a mostrar cada palabra, cada discusión, cada razón (si es que existe alguna) para modificar hasta una coma. Si la labor de la comisión pretendiera algo de seriedad deberían existir sus diarios de debate y estar abiertos a todos. Claro está, habría que debatir primero…
Una tercera excusa -esto no llega ni a sofisma- que han pretendido dar otros miembros de la comisión es que el proyecto que ha salido a la luz pública no es el original sino una manipulación mediática de la oposición (¡oh, sorpresa!). Ese es el problema de trabajar a espaldas de la sociedad, escondido, como quien prepara una emboscada y ha sido descubierto. Sin embargo, si en realidad el proyecto que conocemos no fuese el verdadero, bastaría preguntarse: ¿por qué no muestran el proyecto verdadero? ¿Qué escena impúdica contiene que no puede exhibirse públicamente?
Los sofismas y pretendidas explicaciones no salvan la responsabilidad de quienes contribuyen en la procura de acabar con la democracia. Así lo establece la Constitución de 1999 y, por ende, deberán responder ante la historia.
Pero, a pesar de la Comisión, siempre tendremos la esperanza que se apoya en la razón, pues si, como se sabe, lo que se pretende mediante la reforma es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos, el texto sólo será útil para lo inútil, tal y como lo comprobó el sabio hace 2500 años.
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