Por Amalio Belmonte
La derrota sufrida por el presidente Chávez se puede traducir en un rechazo al modelo político económico y educativo implícito en el Proyecto de Reforma Constitucional (PRC). Y, es al mismo tiempo la derrota de los llamados 5 Motores de la Revolución.
En efecto, una revisión de la misión asignada a estos, nos permite apreciar, tanto en la Exposición de Motivos, así como en el articulado del proyecto, que se pretendía legitimar: la construcción de una superestructura ideológica, cultural, epistemológica (?) y política para imponer los valores exclusivos del denominado Socialismo del siglo XXI, e, igualmente, establecer un modelo económico en el cual la pertinencia de la propiedad e iniciativa privada quedaba sujeta a los criterios ideológicos del gobierno. Todo ello controlado por la omnipresencia del mando presidencial, en nombre de un Poder Popular sometido.
En ese proyecto el gobierno asignaba a la educación la función de aparato ideológico de la revolución, con base en la "ética socialista". Las universidades, por su parte, eran amenazadas con "formas de gobierno más democráticas", que se opondrían, luego del hipotético triunfo oficialista, a las autoridades internas. Hubo mucho vocerío arrogante para anunciarnos que: “El lunes poblaremos a la UCV de Consejos Estudiantiles”, (organismos mencionados en el Art 70 del PRC).
El triunfalismo que invadió los predios oficiales hizo que el Ministro de Educación Superior nos advirtiera, sin ambages, sobre la explosión del Poder Popular en las universidades. Con la fuerza de ese convencimiento, el profesor Luis Acuña envió a la Asamblea Nacional un articulado, con la petición de incorporarlo al Proyecto de ley de Educación, para adecuar la educación superior al proceso de cambios del país y formalizar la concepción hegemónica del socialismo autoritario, en el ámbito académico.
No menos optimista, la Profesora María de Queipo, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, confiada en lo inevitable del procero revolucionario, pedía esperar las elecciones del 2 de diciembre para integrar los contenidos ideológico–educativos del PRC a las normas y leyes correspondientes, incluido el pensamiento del Presidente Chávez (sic).
Como es sabido, el pueblo venezolano, tan evocado por la dirigencia oficialista, contravino el designio gubernamental de construir un sistema de educación ajustado a los cánones ideológicos de la Revolución Bolivariana Socialista. Así, el Tercer Motor, Moral y Luces, decretado para esos fines, también quedó desprovisto del apoyo popular y del piso ideológico que le auguraba la Exposición de Motivos del proyecto de reforma. Circunstancia similar sufrió el predicamento de los diputados de la Asamblea Nacional para modificar el artículo 109 de la Constitución, que norma la autonomía universitaria. Ellos argumentaron que el pueblo había tocado insistentemente las puertas de la AN reclamando la modificación de ese artículo, por lo que el claustro debería morir y la autonomía adecuarse a los dictados de la revolución. Para completar el cerco ideológico, propusieron un nuevo artículo: el 103, que rezaba: “…el Estado realizará una inversión prioritaria de acuerdo a los principios humanísticos del socialismo bolivariano”, y concederle rango constitucional a las misiones educativas. Tampoco, en estos casos, les acompañó la aquiescencia de los ciudadanos.
Es oportuno señalar que el 2 de diciembre no murió el claustro ni se defenestró la autonomía. Sólo quedó sepultado el antiguo autonomista que propició la modificación del artículo 109. Tampoco convenimos en que la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE) puede crear tensiones agudas en el país, si el oficialismo pretende forzar la incorporación de los criterios ideológicos negados por la explosión del Poder Popular de más de 4 millones y medio de venezolanos.
Bien valdría, para la diputada Maria de Queipo y para el Ministro Luís Acuña, tomar en cuenta el significado político de los resultados electorales del 2 de diciembre, al momento abrir el debate sobre el PLOE y de ejecutar las políticas educativas del Ministerio de Educación Superior. Pareciera, en el caso de la diputada Queipo, hasta el momento, que el gobierno enfrentará los valores y doctrinas contenidos en la Constitución Nacional vigente, que nos hablan de pluralidad democracia y diversidad, con el ideario del proyecto de reforma derrotado. Ella declaró recientemente, sustentando sus argumentos con una acomodaticia noción de pueblo y de la democracia, que algunos aspectos del PRC podrían considerarse, porque “Eso fue aprobado(sic) por 4 millones de venezolanos que dijeron Sí a los planteamientos en materia educativa” (El Nacional , viernes 7/12/07).
No dista mucho la profesora María de Queipo de los criterios del Presidente Chávez, quien, ante el descalabro de su máximo proyecto, ha descalificado a las personas que optaron por la opción del NO, excluyéndolos de la condición de pueblo que reserva sólo para el sector del país que votó Sí. Incluso sus propios partidarios han sido cuestionados duramente por no haber acudido a respaldarle. Si no votas por mi te expulso de mi reino y no tienes derecho para actuar, seas parte de la minoría o de la mayoría.
No hay lugar para la disidencia en el credo del socialismo autoritario. Sólo se permite adscribirse a la visión única de la historia para que la conciencia adquiera un carácter absoluto, para lo cual es imprescindible un aparato educativo uniforme, una “Dictadura Educativa”, en palabras del genio constitucionalista de Adolfo Hitler, Carl Schmitt.
Si el oficialismo insiste en imponerle al país un modelo educativo contrario a la pluralidad, a la libertad académica, a la autonomía universitaria y al pensamiento crítico, estaría violentando principios constitucionales y desconociendo la voluntad popular. Ante esta posibilidad, no será la resignación, la indiferencia o la desmovilización la respuesta que dará la Universidad y la sociedad venezolana. Si quieren que el pueblo les ratifique lo que piensa alrededor de la educación, promuevan un debate abierto diferente al conciliábulo burocrático, camuflado con el eufemismo de parlamentarismo de calle, utilizado para decir, a través de pregunta del CNE, que la reforma estaba “apoyada por el pueblo”. Nosotros lo haremos.
Impermeables al desaliento, por la autonomía y la democracia.
La derrota sufrida por el presidente Chávez se puede traducir en un rechazo al modelo político económico y educativo implícito en el Proyecto de Reforma Constitucional (PRC). Y, es al mismo tiempo la derrota de los llamados 5 Motores de la Revolución.
En efecto, una revisión de la misión asignada a estos, nos permite apreciar, tanto en la Exposición de Motivos, así como en el articulado del proyecto, que se pretendía legitimar: la construcción de una superestructura ideológica, cultural, epistemológica (?) y política para imponer los valores exclusivos del denominado Socialismo del siglo XXI, e, igualmente, establecer un modelo económico en el cual la pertinencia de la propiedad e iniciativa privada quedaba sujeta a los criterios ideológicos del gobierno. Todo ello controlado por la omnipresencia del mando presidencial, en nombre de un Poder Popular sometido.
En ese proyecto el gobierno asignaba a la educación la función de aparato ideológico de la revolución, con base en la "ética socialista". Las universidades, por su parte, eran amenazadas con "formas de gobierno más democráticas", que se opondrían, luego del hipotético triunfo oficialista, a las autoridades internas. Hubo mucho vocerío arrogante para anunciarnos que: “El lunes poblaremos a la UCV de Consejos Estudiantiles”, (organismos mencionados en el Art 70 del PRC).
El triunfalismo que invadió los predios oficiales hizo que el Ministro de Educación Superior nos advirtiera, sin ambages, sobre la explosión del Poder Popular en las universidades. Con la fuerza de ese convencimiento, el profesor Luis Acuña envió a la Asamblea Nacional un articulado, con la petición de incorporarlo al Proyecto de ley de Educación, para adecuar la educación superior al proceso de cambios del país y formalizar la concepción hegemónica del socialismo autoritario, en el ámbito académico.
No menos optimista, la Profesora María de Queipo, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, confiada en lo inevitable del procero revolucionario, pedía esperar las elecciones del 2 de diciembre para integrar los contenidos ideológico–educativos del PRC a las normas y leyes correspondientes, incluido el pensamiento del Presidente Chávez (sic).
Como es sabido, el pueblo venezolano, tan evocado por la dirigencia oficialista, contravino el designio gubernamental de construir un sistema de educación ajustado a los cánones ideológicos de la Revolución Bolivariana Socialista. Así, el Tercer Motor, Moral y Luces, decretado para esos fines, también quedó desprovisto del apoyo popular y del piso ideológico que le auguraba la Exposición de Motivos del proyecto de reforma. Circunstancia similar sufrió el predicamento de los diputados de la Asamblea Nacional para modificar el artículo 109 de la Constitución, que norma la autonomía universitaria. Ellos argumentaron que el pueblo había tocado insistentemente las puertas de la AN reclamando la modificación de ese artículo, por lo que el claustro debería morir y la autonomía adecuarse a los dictados de la revolución. Para completar el cerco ideológico, propusieron un nuevo artículo: el 103, que rezaba: “…el Estado realizará una inversión prioritaria de acuerdo a los principios humanísticos del socialismo bolivariano”, y concederle rango constitucional a las misiones educativas. Tampoco, en estos casos, les acompañó la aquiescencia de los ciudadanos.
Es oportuno señalar que el 2 de diciembre no murió el claustro ni se defenestró la autonomía. Sólo quedó sepultado el antiguo autonomista que propició la modificación del artículo 109. Tampoco convenimos en que la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Educación (PLOE) puede crear tensiones agudas en el país, si el oficialismo pretende forzar la incorporación de los criterios ideológicos negados por la explosión del Poder Popular de más de 4 millones y medio de venezolanos.
Bien valdría, para la diputada Maria de Queipo y para el Ministro Luís Acuña, tomar en cuenta el significado político de los resultados electorales del 2 de diciembre, al momento abrir el debate sobre el PLOE y de ejecutar las políticas educativas del Ministerio de Educación Superior. Pareciera, en el caso de la diputada Queipo, hasta el momento, que el gobierno enfrentará los valores y doctrinas contenidos en la Constitución Nacional vigente, que nos hablan de pluralidad democracia y diversidad, con el ideario del proyecto de reforma derrotado. Ella declaró recientemente, sustentando sus argumentos con una acomodaticia noción de pueblo y de la democracia, que algunos aspectos del PRC podrían considerarse, porque “Eso fue aprobado(sic) por 4 millones de venezolanos que dijeron Sí a los planteamientos en materia educativa” (El Nacional , viernes 7/12/07).
No dista mucho la profesora María de Queipo de los criterios del Presidente Chávez, quien, ante el descalabro de su máximo proyecto, ha descalificado a las personas que optaron por la opción del NO, excluyéndolos de la condición de pueblo que reserva sólo para el sector del país que votó Sí. Incluso sus propios partidarios han sido cuestionados duramente por no haber acudido a respaldarle. Si no votas por mi te expulso de mi reino y no tienes derecho para actuar, seas parte de la minoría o de la mayoría.
No hay lugar para la disidencia en el credo del socialismo autoritario. Sólo se permite adscribirse a la visión única de la historia para que la conciencia adquiera un carácter absoluto, para lo cual es imprescindible un aparato educativo uniforme, una “Dictadura Educativa”, en palabras del genio constitucionalista de Adolfo Hitler, Carl Schmitt.
Si el oficialismo insiste en imponerle al país un modelo educativo contrario a la pluralidad, a la libertad académica, a la autonomía universitaria y al pensamiento crítico, estaría violentando principios constitucionales y desconociendo la voluntad popular. Ante esta posibilidad, no será la resignación, la indiferencia o la desmovilización la respuesta que dará la Universidad y la sociedad venezolana. Si quieren que el pueblo les ratifique lo que piensa alrededor de la educación, promuevan un debate abierto diferente al conciliábulo burocrático, camuflado con el eufemismo de parlamentarismo de calle, utilizado para decir, a través de pregunta del CNE, que la reforma estaba “apoyada por el pueblo”. Nosotros lo haremos.
Impermeables al desaliento, por la autonomía y la democracia.
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