Por Marcos Carrillo Perera
Además del proceso electoral, este año presenta sugestivos retos a la sociedad civil venezolana. Los desafíos deben tener como fundamento la idea que inspiró los grandes triunfos del año pasado: la defensa de la democracia, que debe concretarse a través de una lucha por una sociedad inclusiva, plural y tolerante en los ámbitos político, social y económico.
Estas ideas se han visto resumidas en el llamado a la reconciliación que ha revoloteado en los últimos días. Pero este concepto, que implica largo plazo y es tan abstracto, debe adquirir significado concreto. Por eso, el primer paso debe dirigirse a promover el diálogo y la concertación. Ello no se logra simplemente sentándose a conversar en el nivel político. Hay que atravesar verticalmente todo el entramado social y crear las condiciones para ello.
En otra oportunidad hemos dicho que un presupuesto para el diálogo es contar con una sólida institucionalidad, de modo que ello es una tarea fundamental en la vida política contemporánea de nuestro país. De allí que la lucha por un sistema de justicia independiente no puede cesar, así como la exigencia al poder ciudadano para que cumpla con sus funciones es indispensable.
Pero una acción que debe apuntalarse con particular empeño es la renovación de la Asamblea Nacional. El espacio del diálogo por excelencia se ha convertido en una comparsa de intolerantes a las órdenes del Ejecutivo nacional, vulnerando de esta manera el necesario rol de control propio de la AN. El sectarismo se ha visto reflejado en muchos momentos, pero hay dos afirmaciones del diputado Escarrá que son particularmente ilustrativas. En una dijo, como cualquier cosa, que la reconciliación no es posible, a pesar de que hasta su jefe quiere dialogar con la mal llamada burguesía. En la otra, aseveró, también sin recato alguno, que todos en la Asamblea tenían excelentes condiciones morales, menos los diputados de Podemos, claro está. Estas declaraciones demuestran el carácter discriminatorio de unos asambleístas que no son capaces de aceptar el disenso. En estas condiciones se dificulta en extremo la promoción de la tolerancia y la toma de decisiones por acuerdo. Es por eso que la lucha central en el orden político debe dirigirse a que la Asamblea sea el espacio de discusión que reclama su propia esencia y, en consecuencia, se abra a las diferentes tendencias políticas que representan a nuestra nación.
Esta lucha por una nueva AN será dura pues la escena política será en extremo compleja y la sociedad civil, así como los gallardos estudiantes, tendrán un rol protagónico. Éste debe consistir en batallar por crear las condiciones adecuadas para generar consenso, pues conversar, per se, no necesariamente producirá los cambios requeridos. De allí que las acciones de calle y otras formas de lucha no violenta, muy probablemente, serán ineludibles para generar la presión necesaria para el logro de los cambios institucionales requeridos por el país.
Esto no es para nada una propuesta utópica. Por el contrario, tiene sólidas raíces en los logros del año pasado. De ellos, uno que vale la pena resaltar es la Ley de Amnistía. Este cuerpo normativo no fue producto de una inspiración presidencial, sino de una exigencia de la sociedad civil que tomó forma a través de una propuesta del Foro Penal Venezolano, Vive y la iglesia Católica entre muchos otros actores. Al momento de plantearla por primera vez, en el primer cuatrimestre del año 2007, seguramente se pensó que era imposible, pero unos meses más tarde el gobierno la asumió como suya, gracias a lo razonable del planteamiento y a la persistencia de los miembros de las organizaciones que promovieron la idea.
La renovación de la AN será un importante paso para la construcción de la Venezuela de la moderación y la tolerancia.
Además del proceso electoral, este año presenta sugestivos retos a la sociedad civil venezolana. Los desafíos deben tener como fundamento la idea que inspiró los grandes triunfos del año pasado: la defensa de la democracia, que debe concretarse a través de una lucha por una sociedad inclusiva, plural y tolerante en los ámbitos político, social y económico.
Estas ideas se han visto resumidas en el llamado a la reconciliación que ha revoloteado en los últimos días. Pero este concepto, que implica largo plazo y es tan abstracto, debe adquirir significado concreto. Por eso, el primer paso debe dirigirse a promover el diálogo y la concertación. Ello no se logra simplemente sentándose a conversar en el nivel político. Hay que atravesar verticalmente todo el entramado social y crear las condiciones para ello.
En otra oportunidad hemos dicho que un presupuesto para el diálogo es contar con una sólida institucionalidad, de modo que ello es una tarea fundamental en la vida política contemporánea de nuestro país. De allí que la lucha por un sistema de justicia independiente no puede cesar, así como la exigencia al poder ciudadano para que cumpla con sus funciones es indispensable.
Pero una acción que debe apuntalarse con particular empeño es la renovación de la Asamblea Nacional. El espacio del diálogo por excelencia se ha convertido en una comparsa de intolerantes a las órdenes del Ejecutivo nacional, vulnerando de esta manera el necesario rol de control propio de la AN. El sectarismo se ha visto reflejado en muchos momentos, pero hay dos afirmaciones del diputado Escarrá que son particularmente ilustrativas. En una dijo, como cualquier cosa, que la reconciliación no es posible, a pesar de que hasta su jefe quiere dialogar con la mal llamada burguesía. En la otra, aseveró, también sin recato alguno, que todos en la Asamblea tenían excelentes condiciones morales, menos los diputados de Podemos, claro está. Estas declaraciones demuestran el carácter discriminatorio de unos asambleístas que no son capaces de aceptar el disenso. En estas condiciones se dificulta en extremo la promoción de la tolerancia y la toma de decisiones por acuerdo. Es por eso que la lucha central en el orden político debe dirigirse a que la Asamblea sea el espacio de discusión que reclama su propia esencia y, en consecuencia, se abra a las diferentes tendencias políticas que representan a nuestra nación.
Esta lucha por una nueva AN será dura pues la escena política será en extremo compleja y la sociedad civil, así como los gallardos estudiantes, tendrán un rol protagónico. Éste debe consistir en batallar por crear las condiciones adecuadas para generar consenso, pues conversar, per se, no necesariamente producirá los cambios requeridos. De allí que las acciones de calle y otras formas de lucha no violenta, muy probablemente, serán ineludibles para generar la presión necesaria para el logro de los cambios institucionales requeridos por el país.
Esto no es para nada una propuesta utópica. Por el contrario, tiene sólidas raíces en los logros del año pasado. De ellos, uno que vale la pena resaltar es la Ley de Amnistía. Este cuerpo normativo no fue producto de una inspiración presidencial, sino de una exigencia de la sociedad civil que tomó forma a través de una propuesta del Foro Penal Venezolano, Vive y la iglesia Católica entre muchos otros actores. Al momento de plantearla por primera vez, en el primer cuatrimestre del año 2007, seguramente se pensó que era imposible, pero unos meses más tarde el gobierno la asumió como suya, gracias a lo razonable del planteamiento y a la persistencia de los miembros de las organizaciones que promovieron la idea.
La renovación de la AN será un importante paso para la construcción de la Venezuela de la moderación y la tolerancia.
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