Por Teódulo López Meléndez
El derecho no es un cuerpo rígido, una especie de cadáver tieso o una tabla bajada de la montaña para ser aplicado con un golpe seco sobre la cabeza de los hombres o de los Estados. El derecho se renueva para cubrir las realidades que nacen en el seno de las comunidades humanas y en las relaciones entre Estados. El principio de soberanía está muy limitado por la creciente conformación de bloques regionales y se subsume en una renuncia voluntaria a favor de órganos multilaterales.
El principio de inviolabilidad territorial se ha visto afectado por la aparición del terrorismo como fenómeno malicioso en los finales del siglo pasado, uno que ha propiciado numerosas resoluciones de las Naciones Unidas sobre la prohibición a los Estados de albergar en su propio territorio organizaciones que los usen como santuarios para incurrir en actos de esta naturaleza.
Los gritos de reclamo de soberanía son estentóreos en un mundo globalizado donde las instancias voluntarias establecidas por los Estados asumen cada vez más competencias. Los bloques regionales –caso Europa- han avanzado más –es cierto- que las mismas Naciones Unidas en la conformación de mecanismos supranacionales, pero aún así hay avances como el establecimiento de la Corte Penal internacional, institución que contó en su momento con el rechazo norteamericano ante el temor de que sus propios soldados pudiesen ser juzgados allí luego de alguna intervención en el exterior.
Escuchar hablar de soberanía en la Europa de hoy es algo así como un contrasentido, cuando las instituciones que se han construido (Banco Central Europeo, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Corte Europea, etc.) son establecimientos depositarios de renuncia a ese viejo concepto. En América Latina los atrasos son siempre la norma. Los procesos de integración son frenados porque se alega que esa o aquella institución “afecta la soberanía nacional”. La fijación de un arancel externo común es violado repetidas veces, en los procesos de creación de un aro externo conjunto, porque los Estados se permiten alegar que aquella disposición –o la de más allá- afecta a algún producto agrícola o industrial. Es por ello que la Comunidad Andina de Naciones fue débil y que el MERCOSUR es un cuerpo informe que se niega a tomar forma. En este continente seguimos viviendo de la “soberanía” como un principio irrefutable, causa por la que la integración sigue siendo una entelequia.
Los escasos y débiles mecanismos que ha logrado construir la OEA sirven mientras no se metan conmigo “Estado soberano”. El ejemplo patético lo tenemos cuando el entonces presidente Fujimori se retiró de la Corte Interamericana porque produjo una sentencia que le era desfavorable. Hay que admitir, no obstante, que esa medida unilateral tomada por el entonces Estado peruano contribuyó al proceso de caída de un presidente que pretendía eternizarse en el poder mediante mecanismos fraudulentos.
Lo que hemos visto en el debate del Consejo permanente de la OEA es un desfase total en el plano jurídico. Lo personalizo en la muy atrasada intervención del embajador argentino con su rotundo “no”, uno que encarnaba el desconocimiento de la nueva realidad mundial con la aparición del terrorismo. Un Estado no puede albergar en su seno –especialmente si es consentido- a una organización calificada de terrorista y muchísimo menos a una que está en actividad para derrocar al gobierno de otro Estado. No obstante, para el atrasado Estado argentino los principios jurídicos son inmutables, inmodificables, eternos, Son los devaluados populistas los que gritan el devaluado principio de la soberanía.
Veamos ahora los bordes de la palabra-concepto llamada agresión. Un Estado agrede a otro cuando ataca ciudadanos o bienes de ese país, causando muertos o heridos o destrucción física. En el caso que nos ocupa el Estado colombiano atacó a un grupo de sus propios ciudadanos alzados en armas para derrocar a su gobierno legítimo, no causó ningún daño a ciudadano ecuatoriano alguno y en el plano físico destruyó algunos árboles, lo que, si abandonamos la seriedad por un momento y nos ponemos jocosos, bien podría repararse con una siembra masiva de alguna planta que el Ecuador considere adecuada a su medio ambiente.
Como diplomático admito que la decisión del Consejo Permanente de la OEA ha sido equilibrada. Al fin y al cabo ha reconocido lo innegable –fuerzas armadas colombianas entraron en territorio del Ecuador-, ha nombrado una comisión investigadora y ha convocado lo conveniente: una Reunión Extraordinaria de los Ministros de Relaciones Exteriores, una que no irá más allá de lo decidido por el Consejo Permanente, pero cuyos lapsos contribuirán a bajar la presión diplomática. Como político debo ocuparme de los desequilibrios. He seguido paso a paso la actuación del presidente Correa y debo decir que es un desequilibrado. Este hombre está muy lejos de calzar los zapatos de un estadista. Es un individuo voluble, influenciable, marcado por un nacionalismo extemporáneo. Su declaración de Caracas, en reunión con su par venezolano, en el sentido de que si la OEA no condena a Colombia lavará por sus propios medios la afrenta, es una declaración de un muchacho loco que ejerce chantaje contra una instancia multilateral y deja planteada la opción bélica.
El problema jurídico-político que la OEA deberá enfrentar –y que no está en capacidad de afrontar por sus debilidades intrínsecas- es, sin embargo, muchos más grave. Es el novedoso de Estados miembros albergando en su seno organizaciones dedicadas a derrocar al gobierno de otro Estado y, por si fuera poco, vinculadas al narcotráfico y a la práctica de delitos aborrecibles como el secuestro. Aquí no se trata de las viejas conspiraciones latinoamericanas desarrolladas en otros territorios para derrocar a alguna dictadura militar, sucedidas, por lo demás, en una OEA llena de dictaduras. Esto no es siquiera la ingerencia cubana exportando su revolución y que se resolvió con la expulsión de Cuba de la OEA. Estamos ante hechos inéditos. Dos Estados han estado negociando con las FARC, y al menos uno de ellos financiándolas y proporcionándoles logística de guerra. Pobre OEA: los viejos principios a los que se ha aferrado siempre se diluyen ante sus ojos, lo que se ha denominado sistema interamericano, uno que no tenía fuerza siquiera para afrontar los conflictos tradicionales, ahora deberá ocuparse de asuntos que trastocan las viejas concepciones jurídicas y que ponen patas arribas las antiguas soluciones políticas. Por si fuera poco, a lo de los Estados involucrados en las prácticas aborrecibles, deberá sumar un conjunto de Estados miembros que denominaré “patinetas”. Lo hago porque el otro día estuve caminando en un parque y descubrí que las patinetas ya no tienen dobles ruedas, sólo una delante y otra atrás y un eje en el medio que hace que los niños muevan todo el cuerpo para orientarla y mantenerla en equilibrio. Estados “patinetas” son Argentina y Brasil, por ejemplo.
El verdadero asunto no es que el gobierno venezolano saque de paseo a sus soldados o que el inmaduro Correa nos compruebe que el querido Ecuador se la pase eligiendo presidentes buenos para alcalde de pueblo. El verdadero asunto está en que una vez más la comunidad latinoamericana enfrenta dilemas sobre los cuales no tiene la menor idea de cómo proceder. Y como no la tiene, ni la tendrá, jamás podrá aferrar el asunto gravísimo de Estados protectores de organizaciones terroristas, lo que conllevará a que el asunto escape completamente del ámbito regional para pasar a ser tema de política internacional con pronunciamientos de las potencias y competencias jurídicas de las instituciones establecidas por el mundo que supo desde hace tiempo como se enfrentan las nuevas perturbaciones y los nuevos requerimientos al derecho. En otras palabras, seremos, una vez más, un continente en el limbo para el cual las resoluciones de sus conflictos caen siempre en el azar.
El derecho no es un cuerpo rígido, una especie de cadáver tieso o una tabla bajada de la montaña para ser aplicado con un golpe seco sobre la cabeza de los hombres o de los Estados. El derecho se renueva para cubrir las realidades que nacen en el seno de las comunidades humanas y en las relaciones entre Estados. El principio de soberanía está muy limitado por la creciente conformación de bloques regionales y se subsume en una renuncia voluntaria a favor de órganos multilaterales.
El principio de inviolabilidad territorial se ha visto afectado por la aparición del terrorismo como fenómeno malicioso en los finales del siglo pasado, uno que ha propiciado numerosas resoluciones de las Naciones Unidas sobre la prohibición a los Estados de albergar en su propio territorio organizaciones que los usen como santuarios para incurrir en actos de esta naturaleza.
Los gritos de reclamo de soberanía son estentóreos en un mundo globalizado donde las instancias voluntarias establecidas por los Estados asumen cada vez más competencias. Los bloques regionales –caso Europa- han avanzado más –es cierto- que las mismas Naciones Unidas en la conformación de mecanismos supranacionales, pero aún así hay avances como el establecimiento de la Corte Penal internacional, institución que contó en su momento con el rechazo norteamericano ante el temor de que sus propios soldados pudiesen ser juzgados allí luego de alguna intervención en el exterior.
Escuchar hablar de soberanía en la Europa de hoy es algo así como un contrasentido, cuando las instituciones que se han construido (Banco Central Europeo, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Corte Europea, etc.) son establecimientos depositarios de renuncia a ese viejo concepto. En América Latina los atrasos son siempre la norma. Los procesos de integración son frenados porque se alega que esa o aquella institución “afecta la soberanía nacional”. La fijación de un arancel externo común es violado repetidas veces, en los procesos de creación de un aro externo conjunto, porque los Estados se permiten alegar que aquella disposición –o la de más allá- afecta a algún producto agrícola o industrial. Es por ello que la Comunidad Andina de Naciones fue débil y que el MERCOSUR es un cuerpo informe que se niega a tomar forma. En este continente seguimos viviendo de la “soberanía” como un principio irrefutable, causa por la que la integración sigue siendo una entelequia.
Los escasos y débiles mecanismos que ha logrado construir la OEA sirven mientras no se metan conmigo “Estado soberano”. El ejemplo patético lo tenemos cuando el entonces presidente Fujimori se retiró de la Corte Interamericana porque produjo una sentencia que le era desfavorable. Hay que admitir, no obstante, que esa medida unilateral tomada por el entonces Estado peruano contribuyó al proceso de caída de un presidente que pretendía eternizarse en el poder mediante mecanismos fraudulentos.
Lo que hemos visto en el debate del Consejo permanente de la OEA es un desfase total en el plano jurídico. Lo personalizo en la muy atrasada intervención del embajador argentino con su rotundo “no”, uno que encarnaba el desconocimiento de la nueva realidad mundial con la aparición del terrorismo. Un Estado no puede albergar en su seno –especialmente si es consentido- a una organización calificada de terrorista y muchísimo menos a una que está en actividad para derrocar al gobierno de otro Estado. No obstante, para el atrasado Estado argentino los principios jurídicos son inmutables, inmodificables, eternos, Son los devaluados populistas los que gritan el devaluado principio de la soberanía.
Veamos ahora los bordes de la palabra-concepto llamada agresión. Un Estado agrede a otro cuando ataca ciudadanos o bienes de ese país, causando muertos o heridos o destrucción física. En el caso que nos ocupa el Estado colombiano atacó a un grupo de sus propios ciudadanos alzados en armas para derrocar a su gobierno legítimo, no causó ningún daño a ciudadano ecuatoriano alguno y en el plano físico destruyó algunos árboles, lo que, si abandonamos la seriedad por un momento y nos ponemos jocosos, bien podría repararse con una siembra masiva de alguna planta que el Ecuador considere adecuada a su medio ambiente.
Como diplomático admito que la decisión del Consejo Permanente de la OEA ha sido equilibrada. Al fin y al cabo ha reconocido lo innegable –fuerzas armadas colombianas entraron en territorio del Ecuador-, ha nombrado una comisión investigadora y ha convocado lo conveniente: una Reunión Extraordinaria de los Ministros de Relaciones Exteriores, una que no irá más allá de lo decidido por el Consejo Permanente, pero cuyos lapsos contribuirán a bajar la presión diplomática. Como político debo ocuparme de los desequilibrios. He seguido paso a paso la actuación del presidente Correa y debo decir que es un desequilibrado. Este hombre está muy lejos de calzar los zapatos de un estadista. Es un individuo voluble, influenciable, marcado por un nacionalismo extemporáneo. Su declaración de Caracas, en reunión con su par venezolano, en el sentido de que si la OEA no condena a Colombia lavará por sus propios medios la afrenta, es una declaración de un muchacho loco que ejerce chantaje contra una instancia multilateral y deja planteada la opción bélica.
El problema jurídico-político que la OEA deberá enfrentar –y que no está en capacidad de afrontar por sus debilidades intrínsecas- es, sin embargo, muchos más grave. Es el novedoso de Estados miembros albergando en su seno organizaciones dedicadas a derrocar al gobierno de otro Estado y, por si fuera poco, vinculadas al narcotráfico y a la práctica de delitos aborrecibles como el secuestro. Aquí no se trata de las viejas conspiraciones latinoamericanas desarrolladas en otros territorios para derrocar a alguna dictadura militar, sucedidas, por lo demás, en una OEA llena de dictaduras. Esto no es siquiera la ingerencia cubana exportando su revolución y que se resolvió con la expulsión de Cuba de la OEA. Estamos ante hechos inéditos. Dos Estados han estado negociando con las FARC, y al menos uno de ellos financiándolas y proporcionándoles logística de guerra. Pobre OEA: los viejos principios a los que se ha aferrado siempre se diluyen ante sus ojos, lo que se ha denominado sistema interamericano, uno que no tenía fuerza siquiera para afrontar los conflictos tradicionales, ahora deberá ocuparse de asuntos que trastocan las viejas concepciones jurídicas y que ponen patas arribas las antiguas soluciones políticas. Por si fuera poco, a lo de los Estados involucrados en las prácticas aborrecibles, deberá sumar un conjunto de Estados miembros que denominaré “patinetas”. Lo hago porque el otro día estuve caminando en un parque y descubrí que las patinetas ya no tienen dobles ruedas, sólo una delante y otra atrás y un eje en el medio que hace que los niños muevan todo el cuerpo para orientarla y mantenerla en equilibrio. Estados “patinetas” son Argentina y Brasil, por ejemplo.
El verdadero asunto no es que el gobierno venezolano saque de paseo a sus soldados o que el inmaduro Correa nos compruebe que el querido Ecuador se la pase eligiendo presidentes buenos para alcalde de pueblo. El verdadero asunto está en que una vez más la comunidad latinoamericana enfrenta dilemas sobre los cuales no tiene la menor idea de cómo proceder. Y como no la tiene, ni la tendrá, jamás podrá aferrar el asunto gravísimo de Estados protectores de organizaciones terroristas, lo que conllevará a que el asunto escape completamente del ámbito regional para pasar a ser tema de política internacional con pronunciamientos de las potencias y competencias jurídicas de las instituciones establecidas por el mundo que supo desde hace tiempo como se enfrentan las nuevas perturbaciones y los nuevos requerimientos al derecho. En otras palabras, seremos, una vez más, un continente en el limbo para el cual las resoluciones de sus conflictos caen siempre en el azar.
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