No sé qué más hace falta para que el pueblo venezolano se convenza de las verdaderas intenciones de Hugo Chávez, de su talante de dictador, de la perversidad de su proceder, de su recurrente incompetencia, de la alcahuetería con que respalda los delitos y faltas que cometen sus secuaces, y de la escandalosa malversación que él mismo hace del dinero y de los bienes nacionales.
Por muchísimo menos que eso en Venezuela fue juzgado un presidente. Con todo cuanto se le quiera atribuir al desaparecido periodo democrático venezolano, no obstante la corrupción que ya campeaba por sus fueros en todos los poderes públicos, hubo un Fiscal General que dio curso a la investigación, hubo un Contralor General que realizó la auditoría requerida, hubo una Corte Suprema de Justicia que dictó el veredicto de defenestración.
El actual gobierno, en cambio, en el excesivamente largo y desperdiciado tiempo de su gestión, además de destruir el Estado de derecho, de aniquilar la democracia, de instaurar una dictadura y de apañar la vagabundería de propios y extraños, hace lo que le da la gana con las instituciones, con los funcionarios, con los ciudadanos, con las leyes, con las sentencias, con el patrimonio público y con el país entero.
Lo más grave es que lo hace con absoluta impunidad, e incluso con el beneplácito de muchos venezolanos que, por ignorancia, por interés o por indiferencia, aplauden las groserías, los insultos, las arbitrariedades, los abusos y la satrapía del Jefe del Estado, de los ministros, de los representantes de los poderes públicos, de los magistrados, de los militares, de los diputados, de los subalternos y de los aprovechadores.
El ensañamiento demostrado por el oficialismo contra los sectores de la oposición, no deja margen a la duda sobre su ilimitada capacidad para causar daño en las personas y en las cosas, y fomentar el terror en la sociedad venezolana.
¿De qué sirve que el Gral. Baduel haya dicho lo que dijo en su discurso? ¿Acaso esa declaración extemporánea le hace menos cómplice de cuanto avaló durante el ejercicio de su cargo? ¿Qué interés puede haber en lo que el Contralor Russián no dijo durante la supuesta rendición de su memoria y cuenta, si a él le están pagando para no decir nada acerca del desbarajuste administrativo? ¿Qué importancia tiene que el cura Palmar no diga lo que sabe de las innumerables irregularidades que se cometen en PDVSA, si a él mismo no le importa condenarse al fuego eterno por encubridor?
Ni Hugo Chávez, ni ninguno de los miembros de su pandilla ha llegado al poder con buenas intenciones, salvo las que previeron para sí mismos. Se están enriqueciendo descaradamente ante la impotencia jurídica y política de un pueblo azotado por la miseria y la violencia. Un pueblo cada día más pobre, más ignorante, más reprimido, más temeroso.
Como nada les basta, la propuesta (es un decir) de una reforma constitucional redactada de “puño y letra” por el propio Hugo Chávez, será “impuesta” por vía de referendo a los venezolanos, sin posibilidad alguna de evitarlo. O acaso no sabemos que con un Consejo Nacional Electoral como el actual, cuyos rectores están plenamente parcializados con el gobierno de manera pública, notoria y comprobada, quienes nos oponemos a la reforma de la Constitución perderemos el tiempo y, por supuesto, el voto si cometemos la estupidez de acudir al referéndum en estas condiciones.
Por muchísimo menos que eso en Venezuela fue juzgado un presidente. Con todo cuanto se le quiera atribuir al desaparecido periodo democrático venezolano, no obstante la corrupción que ya campeaba por sus fueros en todos los poderes públicos, hubo un Fiscal General que dio curso a la investigación, hubo un Contralor General que realizó la auditoría requerida, hubo una Corte Suprema de Justicia que dictó el veredicto de defenestración.
El actual gobierno, en cambio, en el excesivamente largo y desperdiciado tiempo de su gestión, además de destruir el Estado de derecho, de aniquilar la democracia, de instaurar una dictadura y de apañar la vagabundería de propios y extraños, hace lo que le da la gana con las instituciones, con los funcionarios, con los ciudadanos, con las leyes, con las sentencias, con el patrimonio público y con el país entero.
Lo más grave es que lo hace con absoluta impunidad, e incluso con el beneplácito de muchos venezolanos que, por ignorancia, por interés o por indiferencia, aplauden las groserías, los insultos, las arbitrariedades, los abusos y la satrapía del Jefe del Estado, de los ministros, de los representantes de los poderes públicos, de los magistrados, de los militares, de los diputados, de los subalternos y de los aprovechadores.
El ensañamiento demostrado por el oficialismo contra los sectores de la oposición, no deja margen a la duda sobre su ilimitada capacidad para causar daño en las personas y en las cosas, y fomentar el terror en la sociedad venezolana.
¿De qué sirve que el Gral. Baduel haya dicho lo que dijo en su discurso? ¿Acaso esa declaración extemporánea le hace menos cómplice de cuanto avaló durante el ejercicio de su cargo? ¿Qué interés puede haber en lo que el Contralor Russián no dijo durante la supuesta rendición de su memoria y cuenta, si a él le están pagando para no decir nada acerca del desbarajuste administrativo? ¿Qué importancia tiene que el cura Palmar no diga lo que sabe de las innumerables irregularidades que se cometen en PDVSA, si a él mismo no le importa condenarse al fuego eterno por encubridor?
Ni Hugo Chávez, ni ninguno de los miembros de su pandilla ha llegado al poder con buenas intenciones, salvo las que previeron para sí mismos. Se están enriqueciendo descaradamente ante la impotencia jurídica y política de un pueblo azotado por la miseria y la violencia. Un pueblo cada día más pobre, más ignorante, más reprimido, más temeroso.
Como nada les basta, la propuesta (es un decir) de una reforma constitucional redactada de “puño y letra” por el propio Hugo Chávez, será “impuesta” por vía de referendo a los venezolanos, sin posibilidad alguna de evitarlo. O acaso no sabemos que con un Consejo Nacional Electoral como el actual, cuyos rectores están plenamente parcializados con el gobierno de manera pública, notoria y comprobada, quienes nos oponemos a la reforma de la Constitución perderemos el tiempo y, por supuesto, el voto si cometemos la estupidez de acudir al referéndum en estas condiciones.
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