La hereditaria sinarquía colombiana dueña del llamado Estado de “Derecho”, en particular la bogotana y la antioqueña, ha hecho de Colombia uno de los países más martirizados, pobres y corruptos del mundo y ha monopolizado la riqueza del país en contubernio con los capos del narcotráfico.
A la par ha convertido la guerra prolongada –desatada formalmente desde 1982 hasta hoy, 25 años- en uno de sus mejores negocios. Guerra irregular subversiva que la sinarquía, a sabiendas, jamás podrá derrotar con un ejército convencional que escasamente le ha servido para contener a la genocida y liberticida subversión estalinista en algunas de las carreteras principales. Esta falta de logros reales le ha garantizado a la sinarquía la permanencia del gran negocio de la guerra, incluidos los billones de dólares de ayuda internacional, hasta cuando su táctica de contención, su única táctica, se derrumbe por completo como está ocurriendo en la actualidad después de la desmovilización mayoritaria de los grupos de legítima defensa antisubversiva, que surgieron espontáneamente para defender la vida y la libertad de los colombianos debido al abandono consuetudinario en que la sinarquía, su Estado y su gobierno centralista han mantenido al país.
Recordemos que sinarquía es el conjunto de personas dueñas del capital financiero, de las corporaciones, de los monopolios, de los grandes negocios y del Estado, que deciden los asuntos políticos y económicos de un país a través de ese Estado. Por naturaleza toda sinarquía es apátrida y todo Estado es criminal.
Esos grupos libertarios de legítima defensa, expertos en guerra irregular, estaban derrotando al esclavismo estalinista -encarnado en grupos de “izquierda” en armas (FARC, ELN, etc.) y en la “legalidad”- con lo cual su guerra justa de agresión defensiva adquirió una verdadera legitimidad en toda la nación, desenmascarando así la ilegitimidad de la lucrativa e inútil guerra institucional del Estado criminal sinárquico administrado hoy por el presidente Álvaro Uribe, que incluye la llamada política de “Seguridad Democrática”.
Cuando la sinarquía se dio cuenta de que su supuesta legitimidad y su poder de influencia y dominio estaban siendo menoscabados por las organizaciones campesinas de legítima defensa, urdió un perverso plan con los capos del narcotráfico que habían logrado penetrar la jefatura de la confederación libertaria y con todo tipo de artimañas, incluida la llamada ley de Justicia y Paz, consiguieron una gran desmovilización de las fuerzas antiesclavistas. Los jefes que se opusieron, como Doble Cero (Mauricio García), fueron asesinados. El engaño se consumó y la mayor parte de sus comandantes se encuentran encarcelados, timados y pagando la pena de un tortuoso proceso judicial en manos de la “izquierda” en la “legalidad”. Hoy el estalinismo ha recuperado casi todo el terreno que había perdido con los grupos de legítima defensa.
En este punto es necesario tener presente que la “justicia” del Estado sinárquico ha sido infiltrada por la “izquierda” -en particular por el Partido Comunista Colombiano (PCC), padre de las FARC- desde hace muchos años cuando uno de sus prohombres el extinto abogado, magistrado, candidato presidencial y destacado jerarca del Comité Ejecutivo Central del PCC Jaime Pardo Leal fundó en 1968 y dirigió durante 20 años el sindicato Asonal Judicial (Asociación Nacional de Empleados Judiciales), que aglutina la mayoría de magistrados, jueces, fiscales y demás subalternos de la Rama Judicial (1). Hoy este sindicato de “izquierda” ejerce un poder preponderante sobre la mal llamada justicia colombiana. Por ejemplo cuando Asonal Judicial hace paro el servicio de la “justicia” se paraliza en todo el país. En lo que se refiere a las acciones de esa “justicia” recordemos lo que dijera en 1992 el presidente de Asonal Judicial, Antonio Suárez Niño, en el semanario Voz del PCC: “Todas las decisiones de los jueces son políticas”(2).
Mientras tanto la guerra continúa, ahora a favor de la “izquierda” armada y en la “legalidad”. Las más de 9.000 personas que según la Contraloría permanecen secuestradas (3) (la prensa uribista admite un poco más de 3.000) y el asesinato cometido por las FARC de los once diputados del Valle son sólo una mínima muestra de la desalmada indolencia e incapacidad bélica de la sinarquía y su política de “Seguridad Democrática”.
Revela la revista Semana de julio 30 a agosto 6 de 2007, después de cinco años de la falacia de la “Seguridad Democrática”, que “hace dos semanas los militares se llevaron una de las peores sorpresas de su historia. Descubrieron que las FARC tenían la información más delicada y ultrasecreta que manejan las Fuerzas Militares. Los militares encontraron que los guerrilleros conocen la información más sensible y privilegiada del Ejército (…) también tienen datos claves de la Policía y del DAS. ‘La infiltración de la guerrilla es tan grande y tan grave en el interior del estamento castrense, que compromete la seguridad nacional y la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe’, dijo a Semana una alta fuente militar… ‘Se trata de una información tan sensible, que hace pensar que estando en manos de las FARC, es muy difícil que ganemos la guerra’, afirmó”(4). Esto no es más que un factor que patentiza la derrota de una Fuerza Pública incapacitada para librar una guerra irregular y el carácter criminal de una sinarquía que prefirió sacrificar el país a dejar el fabuloso negocio de la aparatosa y estéril guerra convencional. Consecuente con esto el gobierno de Uribe Vélez triplicó las codiciadas inversiones militares para el año 2008 (5).
La índole criminal y apátrida de la sinarquía fue puesta una vez más en evidencia de manera incontestable en un documento elaborado por las FARC a mediados de 1999 denominado “Carta de intención entre las FARC-EP y el gobierno nacional”, el cual fue publicado en la revista LA OTRA VERDAD PERIODISMO INVESTIGATIVO del mes de julio de 2007 bajo el titulo “El pacto secreto de las FARC con Fabio Valencia Cossio”. Allí las FARC y la sinarquía –que tiene perdida la guerra- acuerdan un contubernio para repartirse el poder y el botín del Estado. En el documento de 15 puntos, entre otras cosas, se lee textualmente:
1) A finales del próximo año, las FARC-EP y el Gobierno Nacional llegarán a un acuerdo mediante el cual se prolongará el periodo del presidente Pastrana por dos años más (2004).
2) … Las FARC-EP se comprometerían a movilizar a la población bajo su dominio, con el fin de apoyar una candidatura de los señores Fabio Valencia Cossio o Juan Camilo Restrepo Salazar.
(…)
4) El punto uno se materializa a través de una Asamblea Nacional Constituyente… Esta Asamblea producirá una nueva Constitución Nacional basada plenamente en los resultados de las negociaciones a que se refiere el punto dos y su objetivo sería la refundación del Estado colombiano.
5) Un 50% de esta Asamblea estaría compuesto por ilustres personalidades de la vida nacional, escogidas por el gobierno nacional, y el otro 50% estaría conformado por miembros de las FARC-EP…
6) La composición del poder político en Colombia, después de que la mencionada Asamblea haya producido una Carta Magna, reflejará la misma tendencia cuantitativa, de tal suerte que varias carteras ministeriales y cargos propios de la alta dirección del Estado pasen a manos de la organización insurgente. (…)
13) En consonancia con el sexto punto de esta carta de intención, el Ejército Colombiano actual reduciría sus efectivos en un 60% de manera escalonada… En esa misma medida, se fundirían en un nuevo Ejército Patriótico los contingentes más calificados de las actuales fuerzas insurgentes. Por lo menos la mitad de las principales guarniciones militares estarían comandadas por los actuales jefes de las FARC-EP…
14) … La Asamblea Constituyente amnistiará los capitales de las FARC-EP que, subrepticiamente, hacen parte actualmente de la estructura económica nacional.
15) … En ningún momento se contemplaría la entrega de armas por parte de la organización insurgente. (6).
Fabio Valencia Cossio, connotado testaferro de la sinarquía antioqueña, quien fuera gran elector y hombre fuerte del gobierno de Andrés Pastrana y ficha presidencial de las FARC para la “refundación del Estado”, lo cual no lograron en esa ocasión por el fracaso ante la opinión de la zona de despeje de San Vicente del Caguán donde las FARC cometieron múltiples atrocidades, es hoy uno de los hombres claves de Uribe, quien lo nombró Alto Consejero Presidencial.
Sin duda la sinarquía, con su nuevo factótum el presidente Uribe –lo que incluye sus falaces baladronadas antisubversivas-, continúa el siniestro acuerdo político y económico plasmado en la esclavista “Carta de intención entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional”, que por ahora conlleva, además de la liquidación de los grupos libertarios, la persecución y penalización del derecho natural a la legítima defensa antiestalinista, la liberación gratuita de cerca de 200 guerrilleros entre ellos el llamado “canciller” de las FARC Rodrigo Granda y enormes negocios con Hugo Chávez, el dictador estalinista de Venezuela.
Una nación como la colombiana víctima crónica de la sinarquía y de la llamada “izquierda” armada y en la “legalidad” (combinación de todas las formas de lucha), sólo podrá superar esta condición trágica cuando se libere radicalmente tanto de la una como de la otra, lo que simultáneamente acabará el Estado criminal. Así Colombia podrá orientarse, con base en las características propias de las diferentes regiones que la componen, hacia una organización libertaria confederada, que respete y proteja solidariamente la autonomía y el autogobierno de cada región. Es decir, una nación confederada con instituciones libertarias.
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NOTAS:
1. Voz, octubre 15 de 1987, pág. 14; 2. Voz, del 25 de junio al 1 de julio de 1992, pág. 6; 3. Portafolio, marzo 18 de 2005; 4. Revista Semana No. 1317 de julio 30 a agosto 6 de 2007, pág. 36; 5. El Tiempo, 13 de julio de 2007, pág. 1-8; 6. La otra verdad periodismo investigativo, julio de 2007, pág. 4.
Bogotá, agosto 8 de 2007.
Publicado en:
www.unicauca.edu.com
www.plazapública.info;
www.diariodirecto.com
A la par ha convertido la guerra prolongada –desatada formalmente desde 1982 hasta hoy, 25 años- en uno de sus mejores negocios. Guerra irregular subversiva que la sinarquía, a sabiendas, jamás podrá derrotar con un ejército convencional que escasamente le ha servido para contener a la genocida y liberticida subversión estalinista en algunas de las carreteras principales. Esta falta de logros reales le ha garantizado a la sinarquía la permanencia del gran negocio de la guerra, incluidos los billones de dólares de ayuda internacional, hasta cuando su táctica de contención, su única táctica, se derrumbe por completo como está ocurriendo en la actualidad después de la desmovilización mayoritaria de los grupos de legítima defensa antisubversiva, que surgieron espontáneamente para defender la vida y la libertad de los colombianos debido al abandono consuetudinario en que la sinarquía, su Estado y su gobierno centralista han mantenido al país.
Recordemos que sinarquía es el conjunto de personas dueñas del capital financiero, de las corporaciones, de los monopolios, de los grandes negocios y del Estado, que deciden los asuntos políticos y económicos de un país a través de ese Estado. Por naturaleza toda sinarquía es apátrida y todo Estado es criminal.
Esos grupos libertarios de legítima defensa, expertos en guerra irregular, estaban derrotando al esclavismo estalinista -encarnado en grupos de “izquierda” en armas (FARC, ELN, etc.) y en la “legalidad”- con lo cual su guerra justa de agresión defensiva adquirió una verdadera legitimidad en toda la nación, desenmascarando así la ilegitimidad de la lucrativa e inútil guerra institucional del Estado criminal sinárquico administrado hoy por el presidente Álvaro Uribe, que incluye la llamada política de “Seguridad Democrática”.
Cuando la sinarquía se dio cuenta de que su supuesta legitimidad y su poder de influencia y dominio estaban siendo menoscabados por las organizaciones campesinas de legítima defensa, urdió un perverso plan con los capos del narcotráfico que habían logrado penetrar la jefatura de la confederación libertaria y con todo tipo de artimañas, incluida la llamada ley de Justicia y Paz, consiguieron una gran desmovilización de las fuerzas antiesclavistas. Los jefes que se opusieron, como Doble Cero (Mauricio García), fueron asesinados. El engaño se consumó y la mayor parte de sus comandantes se encuentran encarcelados, timados y pagando la pena de un tortuoso proceso judicial en manos de la “izquierda” en la “legalidad”. Hoy el estalinismo ha recuperado casi todo el terreno que había perdido con los grupos de legítima defensa.
En este punto es necesario tener presente que la “justicia” del Estado sinárquico ha sido infiltrada por la “izquierda” -en particular por el Partido Comunista Colombiano (PCC), padre de las FARC- desde hace muchos años cuando uno de sus prohombres el extinto abogado, magistrado, candidato presidencial y destacado jerarca del Comité Ejecutivo Central del PCC Jaime Pardo Leal fundó en 1968 y dirigió durante 20 años el sindicato Asonal Judicial (Asociación Nacional de Empleados Judiciales), que aglutina la mayoría de magistrados, jueces, fiscales y demás subalternos de la Rama Judicial (1). Hoy este sindicato de “izquierda” ejerce un poder preponderante sobre la mal llamada justicia colombiana. Por ejemplo cuando Asonal Judicial hace paro el servicio de la “justicia” se paraliza en todo el país. En lo que se refiere a las acciones de esa “justicia” recordemos lo que dijera en 1992 el presidente de Asonal Judicial, Antonio Suárez Niño, en el semanario Voz del PCC: “Todas las decisiones de los jueces son políticas”(2).
Mientras tanto la guerra continúa, ahora a favor de la “izquierda” armada y en la “legalidad”. Las más de 9.000 personas que según la Contraloría permanecen secuestradas (3) (la prensa uribista admite un poco más de 3.000) y el asesinato cometido por las FARC de los once diputados del Valle son sólo una mínima muestra de la desalmada indolencia e incapacidad bélica de la sinarquía y su política de “Seguridad Democrática”.
Revela la revista Semana de julio 30 a agosto 6 de 2007, después de cinco años de la falacia de la “Seguridad Democrática”, que “hace dos semanas los militares se llevaron una de las peores sorpresas de su historia. Descubrieron que las FARC tenían la información más delicada y ultrasecreta que manejan las Fuerzas Militares. Los militares encontraron que los guerrilleros conocen la información más sensible y privilegiada del Ejército (…) también tienen datos claves de la Policía y del DAS. ‘La infiltración de la guerrilla es tan grande y tan grave en el interior del estamento castrense, que compromete la seguridad nacional y la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe’, dijo a Semana una alta fuente militar… ‘Se trata de una información tan sensible, que hace pensar que estando en manos de las FARC, es muy difícil que ganemos la guerra’, afirmó”(4). Esto no es más que un factor que patentiza la derrota de una Fuerza Pública incapacitada para librar una guerra irregular y el carácter criminal de una sinarquía que prefirió sacrificar el país a dejar el fabuloso negocio de la aparatosa y estéril guerra convencional. Consecuente con esto el gobierno de Uribe Vélez triplicó las codiciadas inversiones militares para el año 2008 (5).
La índole criminal y apátrida de la sinarquía fue puesta una vez más en evidencia de manera incontestable en un documento elaborado por las FARC a mediados de 1999 denominado “Carta de intención entre las FARC-EP y el gobierno nacional”, el cual fue publicado en la revista LA OTRA VERDAD PERIODISMO INVESTIGATIVO del mes de julio de 2007 bajo el titulo “El pacto secreto de las FARC con Fabio Valencia Cossio”. Allí las FARC y la sinarquía –que tiene perdida la guerra- acuerdan un contubernio para repartirse el poder y el botín del Estado. En el documento de 15 puntos, entre otras cosas, se lee textualmente:
1) A finales del próximo año, las FARC-EP y el Gobierno Nacional llegarán a un acuerdo mediante el cual se prolongará el periodo del presidente Pastrana por dos años más (2004).
2) … Las FARC-EP se comprometerían a movilizar a la población bajo su dominio, con el fin de apoyar una candidatura de los señores Fabio Valencia Cossio o Juan Camilo Restrepo Salazar.
(…)
4) El punto uno se materializa a través de una Asamblea Nacional Constituyente… Esta Asamblea producirá una nueva Constitución Nacional basada plenamente en los resultados de las negociaciones a que se refiere el punto dos y su objetivo sería la refundación del Estado colombiano.
5) Un 50% de esta Asamblea estaría compuesto por ilustres personalidades de la vida nacional, escogidas por el gobierno nacional, y el otro 50% estaría conformado por miembros de las FARC-EP…
6) La composición del poder político en Colombia, después de que la mencionada Asamblea haya producido una Carta Magna, reflejará la misma tendencia cuantitativa, de tal suerte que varias carteras ministeriales y cargos propios de la alta dirección del Estado pasen a manos de la organización insurgente. (…)
13) En consonancia con el sexto punto de esta carta de intención, el Ejército Colombiano actual reduciría sus efectivos en un 60% de manera escalonada… En esa misma medida, se fundirían en un nuevo Ejército Patriótico los contingentes más calificados de las actuales fuerzas insurgentes. Por lo menos la mitad de las principales guarniciones militares estarían comandadas por los actuales jefes de las FARC-EP…
14) … La Asamblea Constituyente amnistiará los capitales de las FARC-EP que, subrepticiamente, hacen parte actualmente de la estructura económica nacional.
15) … En ningún momento se contemplaría la entrega de armas por parte de la organización insurgente. (6).
Fabio Valencia Cossio, connotado testaferro de la sinarquía antioqueña, quien fuera gran elector y hombre fuerte del gobierno de Andrés Pastrana y ficha presidencial de las FARC para la “refundación del Estado”, lo cual no lograron en esa ocasión por el fracaso ante la opinión de la zona de despeje de San Vicente del Caguán donde las FARC cometieron múltiples atrocidades, es hoy uno de los hombres claves de Uribe, quien lo nombró Alto Consejero Presidencial.
Sin duda la sinarquía, con su nuevo factótum el presidente Uribe –lo que incluye sus falaces baladronadas antisubversivas-, continúa el siniestro acuerdo político y económico plasmado en la esclavista “Carta de intención entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional”, que por ahora conlleva, además de la liquidación de los grupos libertarios, la persecución y penalización del derecho natural a la legítima defensa antiestalinista, la liberación gratuita de cerca de 200 guerrilleros entre ellos el llamado “canciller” de las FARC Rodrigo Granda y enormes negocios con Hugo Chávez, el dictador estalinista de Venezuela.
Una nación como la colombiana víctima crónica de la sinarquía y de la llamada “izquierda” armada y en la “legalidad” (combinación de todas las formas de lucha), sólo podrá superar esta condición trágica cuando se libere radicalmente tanto de la una como de la otra, lo que simultáneamente acabará el Estado criminal. Así Colombia podrá orientarse, con base en las características propias de las diferentes regiones que la componen, hacia una organización libertaria confederada, que respete y proteja solidariamente la autonomía y el autogobierno de cada región. Es decir, una nación confederada con instituciones libertarias.
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NOTAS:
1. Voz, octubre 15 de 1987, pág. 14; 2. Voz, del 25 de junio al 1 de julio de 1992, pág. 6; 3. Portafolio, marzo 18 de 2005; 4. Revista Semana No. 1317 de julio 30 a agosto 6 de 2007, pág. 36; 5. El Tiempo, 13 de julio de 2007, pág. 1-8; 6. La otra verdad periodismo investigativo, julio de 2007, pág. 4.
Bogotá, agosto 8 de 2007.
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