Diario Las Américas
Cuando dos terceras partes de una economía está bajo el control directo del gobierno, como es el caso del Ecuador, parece que no hay mucho más que se pueda hacer para estatizar un país. Pero hay que darles crédito a los socialistas del siglo XXI porque imaginación no les falta para intervenir aún mucho más en las actividades económicas. La propuesta del gobierno de Rafael Correa para una Constitución es evidencia de esa febril imaginación.
Aunque la constitución propuesta parece bastante general, llena de muchas “buenas” intenciones y pocos detalles, abre suficientes ventanas para saber hacia dónde quiere ir. Para comenzar, se reemplazaría la economía “social de mercado” con la eufemística de economía “solidaria”, cuyas bases serían la participación ciudadana a través de un “Estado capaz de coordinar y regular la economía”.
En materia de “buenas intenciones” busca convertir a los ecuatorianos en productores y propietarios, pero no dice qué o cuáles mecanismos se utilizarán para lograr ese objetivo. Nos gustaría pensar que la idea es entregar la propiedad pública a los ciudadanos. Pero el lío radica en una cláusula anterior que prescribe la “inalienabilidad” de la propiedad pública, por lo cual no se podrá privatizar nada, como tampoco se podrían organizar empresas mixtas (que luego dice que sí). Si alguien gana un juicio contra el gobierno, no podrá cobrar por daños y perjuicios. Definitivamente esta cláusula le daría completa inmunidad e impunidad al Estado para hacer lo que quiera con los bienes estatales.
Dice que instituciones de derecho privado “no pueden ni recibir ni gestionar ingresos provenientes del erario público (sic).” Esta cláusula significaría que una universidad privada que gestiona fondos para investigación dejaría de ser entidad “privada”. Es importante recalcar que solo “gestionar” sería suficiente para que pierda el derecho privado.
También se “subordina el sistema económico a la Constitución”, entre líneas lo que quiere decir es que el mercado no se regirá por las leyes de la oferta y demanda sino por las leyes que surjan de la Constitución.
Dice que la Constitución “garantizará la participación ciudadana en el control de la gestión del sistema económico”. ¿Significará que grupos de la sociedad civil podrían intervenir en la gestión empresarial, en la toma de decisiones de inversión, precios, productos, procesos, etc.? Creo que sí. Que el propósito es formar grupos allegados al gobierno que se convertirían en verdaderas gestapos de las empresas que no les guste, comenzando por los canales de televisión.
Busca “recuperar” la política monetaria que se perdió con la dolarización. No cabe la menor duda que esto abre el camino para la desdolarización, aunque dice que “para hacerla consistente y sostenible” se debe eliminar la autonomía del Banco Central (BCE). Esto es un disparate conceptual porque no hay coherencia teórica ni práctica entre la autonomía del BCE y la sustentabilidad de la dolarización. Es más, es peligrosísimo. Si se desdolariza, el Banco Central dejará de ser autónomo y en toda la literatura monetaria se advierte que ésta es la mejor forma para generar procesos inflacionarios desaforados.
Un párrafo, al final, se refiere a la “rentabilidad social” de una empresa. Esto implicaría el uso de precios “sombra”, como se hace en los proyectos públicos y una burocracia gigantesca para que “vigile” los “recálculos” que deberán hacer las empresas para estimar la rentabilidad social.
Definitivamente, el paradigma del socialismo del siglo XXI pretende una mayor incursión del Estado en materia económica y tiene una agenda bien planificada para conseguir sus propósitos. Los Correa, Chávez, Morales pueden llegar, hacer y deshacer porque el verdadero problema que enfrentamos los latinoamericanos es que los que piensan como ellos son “demasiados”, como diría Facundo Cabral.
Aunque la constitución propuesta parece bastante general, llena de muchas “buenas” intenciones y pocos detalles, abre suficientes ventanas para saber hacia dónde quiere ir. Para comenzar, se reemplazaría la economía “social de mercado” con la eufemística de economía “solidaria”, cuyas bases serían la participación ciudadana a través de un “Estado capaz de coordinar y regular la economía”.
En materia de “buenas intenciones” busca convertir a los ecuatorianos en productores y propietarios, pero no dice qué o cuáles mecanismos se utilizarán para lograr ese objetivo. Nos gustaría pensar que la idea es entregar la propiedad pública a los ciudadanos. Pero el lío radica en una cláusula anterior que prescribe la “inalienabilidad” de la propiedad pública, por lo cual no se podrá privatizar nada, como tampoco se podrían organizar empresas mixtas (que luego dice que sí). Si alguien gana un juicio contra el gobierno, no podrá cobrar por daños y perjuicios. Definitivamente esta cláusula le daría completa inmunidad e impunidad al Estado para hacer lo que quiera con los bienes estatales.
Dice que instituciones de derecho privado “no pueden ni recibir ni gestionar ingresos provenientes del erario público (sic).” Esta cláusula significaría que una universidad privada que gestiona fondos para investigación dejaría de ser entidad “privada”. Es importante recalcar que solo “gestionar” sería suficiente para que pierda el derecho privado.
También se “subordina el sistema económico a la Constitución”, entre líneas lo que quiere decir es que el mercado no se regirá por las leyes de la oferta y demanda sino por las leyes que surjan de la Constitución.
Dice que la Constitución “garantizará la participación ciudadana en el control de la gestión del sistema económico”. ¿Significará que grupos de la sociedad civil podrían intervenir en la gestión empresarial, en la toma de decisiones de inversión, precios, productos, procesos, etc.? Creo que sí. Que el propósito es formar grupos allegados al gobierno que se convertirían en verdaderas gestapos de las empresas que no les guste, comenzando por los canales de televisión.
Busca “recuperar” la política monetaria que se perdió con la dolarización. No cabe la menor duda que esto abre el camino para la desdolarización, aunque dice que “para hacerla consistente y sostenible” se debe eliminar la autonomía del Banco Central (BCE). Esto es un disparate conceptual porque no hay coherencia teórica ni práctica entre la autonomía del BCE y la sustentabilidad de la dolarización. Es más, es peligrosísimo. Si se desdolariza, el Banco Central dejará de ser autónomo y en toda la literatura monetaria se advierte que ésta es la mejor forma para generar procesos inflacionarios desaforados.
Un párrafo, al final, se refiere a la “rentabilidad social” de una empresa. Esto implicaría el uso de precios “sombra”, como se hace en los proyectos públicos y una burocracia gigantesca para que “vigile” los “recálculos” que deberán hacer las empresas para estimar la rentabilidad social.
Definitivamente, el paradigma del socialismo del siglo XXI pretende una mayor incursión del Estado en materia económica y tiene una agenda bien planificada para conseguir sus propósitos. Los Correa, Chávez, Morales pueden llegar, hacer y deshacer porque el verdadero problema que enfrentamos los latinoamericanos es que los que piensan como ellos son “demasiados”, como diría Facundo Cabral.
* El autor es profesor de economía de la Universidad San Francisco de Quito y Tulane University, Nueva Orleans.
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