Ante la solicitud del Sr. Embajador de Guyana, Odeen Ismael.
Caracas 24-02-2007
Excelentísimo Señor Embajador de la República de Guyana
Sr. Odeen Ismel
Estimado embajador Odeen Ismael, usted le solicita al Presidente Chávez que abandone el reclamo territorial del territorio Esequibo o Guayana Esequiba, como generalmente se le denomina, en aras del socialismo del siglo XXI, y del antiimperialismo estadounidense que pregona nuestro Presidente a diario. Al respecto le señalamos que el Señor Chávez no tiene la potestad ni la autoridad constitucional o moral para renunciar a los títulos históricos y jurídicos de estos territorios ubicados al oeste del Río Dulce (Esequibo) como se le llamó inicialmente.
Ese imperialismo estadounidense que usted se ufana de recordarle al Presidente Chávez, fue el que conjuntamente con su madre patria la anglosajona Gran Bretaña (Pérfida Albión) conspiró en contra de Venezuela a finales del siglo XIX, con la finalidad de arrebatarnos 159.500 Km2, aproximadamente de territorio, mediante una sentencia espuria y apócrifa dictada en el seno del Tribunal Arbitral de París de 1899. Nuestros antepasados siempre estuvieron conscientes de ese fraude, sin embargo no teníamos hasta ahora las pruebas materiales de ello.
A continuación y para su conocimiento una breve historia de los hechos:
La componenda Anglo-Estadounidense
En 1895 el Secretario de Estado norteamericano Richard Olney, escribió la “Nota llamada el cañón de 20 pulgadas” dirigida al Foreing Office, por la cual los EE.UU e Inglaterra estuvieron a punto de tener muy serios enfrentamientos por los límites de Venezuela con la Guayana Inglesa. Al contestar dicha nota el británico Lord Salisbury generó a su vez el mensaje del Presidente Cleveland al Congreso americano. Esto junto a una crisis avistada desde hacía tiempo en el horizonte, entre otras la peligrosa caída en las reservas de oro federales, y el caso Venezolano, conllevó al desplome de Wall Stret de New York. La coincidencia del mensaje al Congreso arrastró tras de si la opinión de importantes sectores de comerciantes e industriales, en apoyo de una más enérgica política exterior e interpretación de la aplicación de la Doctrina Monroe, pero el mensaje fue duramente criticado por el sector financiero, especialmente el de New York, por considerarlo inoportuno dentro del ya enardecido ambiente de la crisis económica estadounidense de 1895-1896.
El nombramiento por el Congreso Estadounidense de la Comisión Presidencial especial para definir la verdadera línea limítrofe entre Venezuela y la Guayana Británica, a instancias del Presidente Cleveland, contribuyó a suavizar las tensiones inflamadas por los discursos de patriotismo, y se solicitó a Inglaterra y Venezuela que suplieran a la Comisión la documentación pertinente que demostrara sus títulos. En ese momento comenzó a moverse entre las dos naciones anglo norteamericanas la diplomacia del contubernio.
Pocos investigadores se han detenido a investigar este cambio radical de la Gran Bretaña de colaborar con la comisión de U.S.A. para defender los límites de Venezuela, frente al rechazo anterior de aceptar su mediación; entre otras razones, ese cambio de actitud seguramente se debió a los desafíos que confrontaba el Imperio Británico: el de la región de Transvaal, en Sudáfrica, que presagiaba un cambio en la política exterior y militar inglesa; la pugna de Inglaterra frente a la Alemania del Canciller Bismarck para estructurar su poderío mundial por instrucciones del Káiser Guillermo; una serie de enfrentamientos en El Congo, Sudán, Marruecos y Turquía, así como los intereses de U.S.A en el archipiélagos de Hawai, y Samoa, Afganistán y Pakistán; el enfrentamiento contra España por la Guerra de Independencia de Cuba y Filipinas, la adquisición de Puerto Rico, la Isla de Guam, y el futuro Canal en el Istmo de Panamá, entre otros muchos conflictos internos y externos.
Debido a toda esa serie de razones de orden geopolítico, y económico-financiero, estas últimas en razón de que la mayor deuda externa en bonos del tesoro de U.S.A. se encontraban en manos de los tenedores Ingleses, ambas naciones requerían de la paz y de ser aliados mutuos. Por esta razón se dio un cambio radical de 180º a la antigua posición del Secretario de Estado Richard Olney quien, en compañía de su contraparte británico, decidieron entonces establecer tras bastidores una línea de comunicación secreta, que les permitiera solventar los enfrentamientos a espaldas de la opinión pública de sus ciudadanos.
El Tratado de Washington, el Tribunal Arbitral de París y su sentencia espuria
Lo cierto del caso es que la madeja comenzó a moverse y debido a las presiones del Secretario de Estado Richard Olney a principios de 1896, se logró que fuese remplazado el Jurista William L Scruggs, cuya posición era inflexible, uno de los más acérrimos defensores de la Guayana Esequiba, por el abogado James Jackson Storrow, quien era más flexible con respecto a un arreglo frente a Inglaterra como lo deseaba el Secretario de Estado.
Por instrucciones del Secretario de Estado Richard Olney, el 10 de noviembre de 1896 el Congreso de U.S.A, suspendió y dio por terminada la Comisión de Límites sin que se hubiera llegado a determinar la verdadera línea divisoria entre Venezuela y la Guayana Británica. Dos días más tarde, luego de suspenderse la Comisión de Límites, el 12 de noviembre de ese año, Olney, conjuntamente con el Embajador de Inglaterra en Washington, Julián Pauncefote y James Jackson Storrow concluyeron sus conversaciones secretas con un proyecto de Tratado que se conocería con el nombre de “Tratado de Washington”, redacción en la cual no participó Venezuela y que sólo conocería su contenido el 07 de diciembre de 1896, en la persona de José Andrade, ministro Plenipotenciario en U.S.A, quien lo remitió al Presidente Joaquín Crespo, acompañado de una Carta de Cleveland recomendándole su ratificación. Estos documentos fueron publicados en la prensa nacional generando todo tipo de comentarios y protestas, por la aceptación del Gobierno Venezolano del referido Tratado, que nos condujo luego al Tribunal Arbitral y a su amarga decisión para la nación venezolana.
No obstante, el Gobierno Venezolano tuvo algún conocimiento de la forma irregular del Laudo, y no perdió oportunidad de protestar contra él. Su agente ante el Tribunal Arbitral, el Dr. José María Rojas, calificó el fallo como «derisory and a manifest injustice», y el Presidente –para ese año Ignacio Andrade–, señaló que el Laudo sólo había restituido a Venezuela una parte de su territorio. El Presidente Andrade debió abandonar su Gobierno diez y seis días más tarde de tan funesto fallo, por causa de la Revolución Liberal Restauradora, cuyo jefe era el General Cipriano Castro. Sin embargo, la opinión pública venezolana rechazó y criticó la mencionada sentencia, a pesar de los acontecimientos políticos por los que atravesaba nuestra nación.
La nación venezolana exige justicia.
Cuando el Ministro Británico en Caracas, en Nota del 04 de diciembre de 1899, expuso su criterio acerca de la justicia del llamado Laudo, nuestro Canciller Raimundo Andueza Palacios respondió a los pocos días que podría refutar sus argumentos. Y nuestro gobierno de ese entonces, a través de su cancillería, llegó a la conclusión de que la decisión arbitral contenía tales vicios que le autorizaban a invocar su invalidez. Sin embargo, decidió no denunciarlos por los momentos.
En primer lugar, por no tener las pruebas documentales de ello, las cuales irían apareciendo a lo largo de los años gracias el trabajo tenaz y exhaustivo de los investigadores. Entre las personas encargadas de investigar en los archivos destacan Ramón Isturde, Juan del Rió Soto, los sacerdotes Herman González Oropeza, s.j. y Pablo Ojer Caligueta, s.j., inicialmente en forma particular entre 1950-1955, y posteriormente por encargo del Gobierno venezolano 1963-1970, Así como el Dr. Daniel Barandiaran en los Archivos de Indias en Sevilla, la Dra. Valentina Tarchov en Washington, y el lic. Roberto Palacios González que revisó los archivos, holandeses, ingleses, suecos, franceses, y españoles. Además estaban los investigadores extranjeros contratados por el Gobierno nacional, los juristas Harry Sievers, William Joyce del escritorio Jurídico Curtís, Mallet Prevost, Colt y Mosle –ambos con sede en New York–, que lograron hurgar en los archivos británicos en la década de los cincuenta, y sesenta y en los siguientes archivos oficiales ingleses: Public Record Office (Londres), Nacional Archives (Washington), y los archivos privados de Lord Salisbury (Christ Church Collage, Oxford), Joseph Chamberlain (Manchester University), Campbell-Bannerman (British Museum), Balfour (British Museum).
También se revisaron los archivos privados de USA. De Stephen Grover Cleveland, Richard Olney, John Hay, T. Roosevelt, William McKinley, Joseph H. Chote, Henry Cabot Lodge, Elihu Root, William H. Taft, Henry White, Alfred Thayer Maham, Horace Porte, Frederick W. Holls, Seth Low, Alfred T. Maham, así como los de los antibritánicos Carla Schurz, Oscar Strauss y Williamm A. Croffutt. Por otro lado, se efectuó el análisis de documentos o testimonios directos de los Árbitros y abogados en el Tribunal de 1899, de los Secretarios de los Árbitros, y de los abogados, de agentes de los gobiernos británico y venezolano, de publicistas de la época.
En segundo lugar el gobierno venezolano no denunció los vicios del Laudo Arbitral por no poder enfrentarse a la formidable potencia de su adversario, ya que no contaba con el apoyo de los EE.UU., que se había aliado con el Reino Unido al señalar la prensa inglesa el día 04 de octubre 1899, «… no dudamos que los EE.UU., obliguen a Venezuela a aceptar el veredicto y que actuarán adecuadamente en caso de que se presenten problemas con respecto al cumplimiento de la decisión…».
Por otro lado, Venezuela se vio obligada a concurrir junto a la Gran Bretaña a efectuar la demarcación, para evitar males mayores, cuando en julio de 1900 el representante Británico en Caracas señaló al Gobierno venezolano que si antes del 03 de de octubre no enviaba su comisión demarcadora de límites, procedería la Gran Bretaña a iniciar la demarcación unilateralmente.
En el arbitraje venezolano de 1903, ante la Corte Internacional de la Haya, los abogados venezolanos no vacilaron en afirmar que el arbitraje de 1899 fue un «...left a feeling of bitteress in the mind of Venezuela...», y añadieron, entre otras cosas, que ese laudo era tal que: «...the memory of it world be embitterred with a sense of injustice...». La situación interna de Venezuela, así como la internacional –en especial la posición anti-estadounidense de Cipriano Castro–, no permitieron en los primeros años del siglo XX denunciar la sentencia del Laudo Arbitral.
Entre 1915-1917 Venezuela insistió en vano ante la Gran Bretaña para rehacer la demarcación de algunos sectores de la frontera, pero ésta se negó a ello apoyándose en la circunstancia de verse involucrada en la Primera Guerra Mundial. Los acontecimientos en los años siguientes tampoco lo permitieron, menos aun entre la antesala y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), por lo que no fue posible la denuncia del Laudo Arbitral.
En nuestro país las voces pidiendo justicia no dejaron de expresarse al respecto. En 1944, el Dr. José A. Marturet exigió «… la revisión de sus fronteras (de Venezuela) con la Guayana Inglesa…», y el Dr. Manuel Egaña señaló por su parte «…y aquí quiero recoger y confirmar el anhelo de revisión, planteado ante el mundo y en la presencia del ciudadano presidente de la república por el embajador Escalante y ante este Congreso, categóricamente, por el Diputado Marturet; quiero recoger y confirmar, repito, el anhelo de revisión de la sentencia por la cual el imperialismo Inglés nos despojó de una gran parte de nuestra Guayana...».
Sin embargo, el embajador de Venezuela en Washington, Dr. Diógenes Escalante, ante la posibilidad de un nuevo orden mundial, exigió en 1944 «…la reparación amistosa…» de la injusticia cometida por el Tribunal Arbitral, meses antes de celebrarse oficialmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, entre el 25 de abril y 26 de junio de 1945, en San Francisco.
Una vez que fue promulgada la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, que establecía los principios de equidad internacional invocados el año anterior por el embajador Escalante, procedió Venezuela a dejar constancia de sus derechos en la IX Conferencia Interamericana de Bogotá de 1948, en la persona de Rómulo Betancourt, al señalar:
«…no negamos en forma alguna el derecho de ciertas naciones de América a obtener determinadas porciones de territorio hemisférico que en justicia les puede corresponder, ni renunciamos a lo que los venezolanos, llegado el caso de una serena y cordial revalorización histórica y geográfica de lo americano, pudieran hacer valer en pro de sus aspiraciones territoriales sobre zonas hoy en tutelaje colonial y que antes estuvieron dentro de nuestro propio ámbito…».
La reafirmación del fraude del Tribunal Arbitral de París de 1899
En 1949 se tuvo conocimiento de la injusta decisión del Tribunal Arbitral que despojó a Venezuela de un inmenso territorio al publicar el Dr. Otto Schoenrich en The American Jornal of Internacional Law , Vol. 43, No 3, julio 1949, un artículo titulado “El Memorandum de Severo Mallet Prevost”, en el cual se revela cómo se llegó en el Tribunal de Arbitraje a la adopción de tan decepcionante decisión. En dicho memorando se reconoce la componenda entre los jueces británicos, norteamericanos y rusos, en donde los abogados que representaban los intereses venezolanos eran norteamericanos.
Una vez conocido el fraude del cual fuimos objeto, se procedió a comisionar una serie de investigadores para que se apresuraran a buscar en los diferentes archivos británicos nuevos documentos que arrojaran evidencias y aclararan los detalles de aquella farsa, coincidiendo el Memorandum señalado con la desclasificación y apertura tanto de archivos británicos como los estadounidenses.
En la IV Conferencia de la reunión de Consulta de Cancilleres Americanos celebrada en 1951, el Dr. Luis Emilio Gómez Ruiz volvió a expresar el criterio del Gobierno venezolano sobre la espuria línea del Laudo, exigiendo «...su rectificación equitativa…» de la injusticia cometida por el Tribunal de Arbitraje. A su vez, el Canciller encargado, el Dr. Rafael Gallegos Medina, declaraba a la prensa de Caracas «..la cancillería nunca ha renunciado a esa aspiración de los venezolanos...».
En la X Conferencia Interamericana de Cancilleres reunida en Caracas en marzo de 1954, en declaración leída por el Consultor Jurídico de la Cancillería, concluye el Dr. Ramón Carmona, «…de conformidad con lo que antecede, ninguna decisión que en materia de colonias se adopte en la presente Conferencia podrá menoscabar los derechos que a Venezuela corresponden por este respecto ni ser interpretada, en ningún caso, como una renuncia de los mismos…».
Una vez que se estructuró la Federación Británica del Caribe, aunque en ella no se incluía a la Guayana Británica, en febrero de 1956 el Canciller venezolano, Dr. Jose Loreto Arismendi, ratificó una vez más la posición tradicional venezolana acerca de los límites con aquella colonia, en el sentido de que no serían afectados por ningún cambio de estatus que en ese territorio limítrofe se produjera.
Por otra parte, excelentísimo Embajador Odeen Ismael, al referirse usted en su artículo que: «… en 1962, Venezuela decidió desconocer la sentencia por presiones de Washington y la oposición Guyanesa para precipitar el derrocamiento de Jagan, que ocurrió en 1964…», permítame recordarle lo siguiente:
Entre 1953 y 1954 se produjeron grandes disturbios en la Guayana Británica, liderizados por varios ministros del partido guyanés PPP, lo que motivó la intervención del ejército británico. Las protestas estaban dirigidas a exigir a Gran Bretaña cambios constitucionales, entre ellos, eliminar el derecho de veto que tenía el Gobernador, cargo ocupado por un funcionario nombrado por Inglaterra, con la finalidad de invalidar cualquier ley que aprobara el Parlamento de la Guayana Británica y que pudiera afectar los intereses de Inglaterra.
Ante tales hechos el Gobierno inglés suspendió la Constitución de la Colonia de la Guayana Británica, desembarcó tropas en Georgetown, retiró del Gobierno a Cheddi Jagan, quien en 1954 fue arrestado y encarcelado, acusado de organizar un gobierno comunista junto a cinco de sus ministros, y por el incumplimiento y las violaciones de las restricciones de orden público establecidas. Este fue un momento coyuntural que Venezuela no aprovechó por respecto a los pueblos y, en especial, a Cheddi Jagan que había manifestado en Georgetown que «… prefería pertenecer a Venezuela antes que continuar siendo colonia Inglesa…», y el propio Jagan, en entrevista que le hiciera un periodista venezolano, declaró que Gran Bretaña debía realizar un plebiscito para que el pueblo decidiera si se incorporaba a Venezuela, o si se daba otro tipo de Gobierno. Mal podría Venezuela haber conspirado a nivel internacional en contra de Jagan, quien siempre tuvo para con Venezuela un gesto de amistad y consideración, en contraposición a la de su rival Burnham, que utilizó la contención venezolana para afianzarse en el poder y violar sistemáticamente los derechos de su pueblo, especialmente los de los indígenas.
En marzo de 1960, al visitar una delegación Parlamentaria de la Gran Bretaña a nuestro país, el Dr. Rigoberto Henríquez Vera expuso ante ellos el criterio de las cámaras del Congreso y del Gobierno al señalar: «… un cambio de estatus en la Guayana Inglesa no podrá invalidar las justas aspiraciones de nuestro pueblo de que se reparen de manera equitativa, y mediante cordial entendimiento, los grandes perjuicios que sufrió la nación en virtud del injusto fallo de 1899, en el cual privaron peculiares circunstancias ocasionando a nuestro país la pérdida de más de sesenta mil millas cuadradas de su territorio…».
En febrero de 1962, cuando ya Venezuela estaba en posesión de la copiosa documentación que sustenta y sustancia su tradicional criterio sobre la nulidad del Laudo Arbitral, se volvió a dejar constancia de ello ante la Comisión de Administración Fiduciaria y Territorios no Autónomos de las Naciones Unidas, por medio de su Embajador Carlos Sosa Rodríguez.
En las sesiones de los días 28 de marzo y 04 de abril de 1962, en el Congreso Nacional, después de oír las intervenciones de los representantes de todos los partidos políticos en apoyo de la posición de la Cancillería Venezolana sobre el Laudo de 1899, se decidió aprobar el siguiente Acuerdo:
«…respaldar la política de Venezuela sobre el diferendo limítrofe entre la posesión inglesa y de nuestro país en cuanto se refiere al territorio del cual fuimos despojados por el colonialismo; y, por otra parte, apoyar sin reservas la total independencia de la Guayana Inglesa y su incorporación al sistema democrático…».
La nación venezolana exige justicia al imperio de U.S.A. y a la Gran Bretaña
Su excelencia Odeen Ismael, nada más falso que se diga o afirme ahora que las presiones de los EE.UU. hicieron que Venezuela desconociera la validez del Laudo. Quizás a uno de esos tantos personajes que la historia suele olvidar se le deban los primer pasos para iniciar la reclamación, y no a los gringos –como solemos llamarlos despectivamente–. Ese personaje, haciéndole justicia, fue un militar a carta cabal: el General de División (FAV) Antonio Briceño Linares, quien aprovechando la coyuntura de una invitación que le hiciera personalmente el presidente Kennedy cuando visitara a Venezuela a finales de 1961, y gracias al conocimiento perfecto del idioma inglés por sus estudios en USA, fuese comisionado por el Presidente Rómulo Betancourt para que se planteara, bona fide, el caso de la Guayana Esequiba en la Casa Blanca.
El General Briceño Linares viajó a Washington el 28 de agosto de 1962, se entrevistó con el presidente Kennedy al día siguiente, y le informó sobre la situación relativa a la Guayana Esequiba, las maniobras, farsa y componenda de que había sido objeto Venezuela en el Laudo Arbitral de París en 1899, manifestándole a su vez el General Briceño Linares el propósito de Venezuela de una reivindicación, llegando, si era necesario, al extremo del uso de la fuerza, e invocar, en el caso, la aplicación de la Doctrina Monroe. Seguramente esta narración objetiva y sucinta de los hechos impresionó a Kennedy, quien de inmediato giró instrucciones para que se coordinase una entrevista entre Briceño Linares y el secretario de Estado, el señor Dean Rusk, en el Departamento de Estado, y otra en el Pentágono con el General Lemminzer, Jefe del Estado Mayor.
El 30 de agosto se entrevistó el General Antonio Briceño Linares con el Secretario de Estado, el señor Dean Rusk, acompañado por el entonces Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Washington, el Dr. Carlos Pérez de la Cova. Al percatarse durante la conversación que el señor Rusk desconocía todos los aspectos relativos a la Guayana Esequiba, le manifestó que para una mejor ilustración de lo expuesto en referencia a la posición venezolana frente a la injusticia cometida, la Embajada venezolana procedería a reemitirle, tan pronto como fuera posible, una Nota ampliando lo conversado.
Ese mismo día en horas de la tarde se trasladó al Pentágono el General Briceño Linares, asistido por el General Marcos A. Morín, agregado Militar en U.S.A, siendo atendido por el General Lemminzer, Jefe del Estado Mayor, acompañado por los Comandantes Generales del Ejército, Marina, y Aviación estadounidenses, y les explicaron sucintamente la contención sobre la Guayana Esequiba de los derechos venezolanos sobre ella.
Señor Embajador Odeen Ismael, como usted puede observar, fue Venezuela la que insistió ante Washington, exigiendo sus derechos sobre los territorios que considera suyos, basada en títulos históricos y jurídicos, y en documentos y testimonios de los diferentes actores que de una u otra manera participaron en el Laudo Arbitral de París.
El Gobierno venezolano de esa época signada por la Guerra Fría nunca actuó a espaldas de los actores de este drama, todo lo contrario. El General Antonio Briceño Linares permaneció en Washington hasta el 03 de septiembre, prosiguiendo su viaje a Inglaterra donde se entrevistó con Lord W. Sempill, antiguo amigo suyo, quien en esa época pertenecía a la Cámara de los Lores, y por recomendaciones del mismo Presidente Rómulo Betancourt. También iba con la misión de mediar una fórmula para que oficiosamente informara al Foreing Office de que en poder del Gobierno venezolano se encontraban una serie de documentos que evidenciaban y comprobaban el fraude y chantaje de una conspiración ante el Laudo Arbitral de París, demostrando la actuación deshonesta del Presidente del Laudo Arbitral, el ruso Federico De Martens, secundado por el resto de los jueces, incluyendo los estadounidenses, al ser extorsionados.
Briceño Linares se entrevistó el 05 de septiembre con el Ministro de Aviación Civil Sir Hugh, a quien le planteó la posibilidad de conseguir una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores o del Foreing Office Lord Home, explicándole ampliamente uno de los motivos de su viaje; al enterarse de que el Ministro se encontraba en la isla de Malta, decidió señalarle la razones de imponerle a Lord Home la posesión por parte de Venezuela de los documentos antes señalados, los cuales habían permanecido en secreto hasta el momento, y que Venezuela tenía la intención de hacerlos públicos, pero que antes quería llegar a un arreglo con la Gran Bretaña para evitar, una vez publicados, que éstos despertaran un sentimiento antibritánico cuyas consecuencias eran difíciles de predecir y, peor aún, de contrarrestar.
Una semana más tarde, Briceño Linares recibió una llamada para informarle que sería atendido por un funcionario del Foreing Office, lo cual se efectuó días después, y, dado el carácter oficioso de la gestión, le pidió al Dr. Iribarren que lo acompañara, explicándole al funcionario del Foreing Office que por instrucciones del Presidente Rómulo Betancourt, procedería a explicarle amplia y detalladamente todos los aspectos inherentes a la contención respecto a la Guayana Esequiba y lo sucedido en el seno del Tribunal Arbitral en París en 1899, así como la serie de evidencias en poder de Venezuela que demostraban el fraude y la injusticia cometida. El examen de esta extensa documentación sólo podía hacerse bajo conversaciones formales. Una vez concluida la entrevista, se trasladó a París desde donde le envió una extensa comunicación al Presidente Rómulo Betancourt sobre estos primeros acercamientos con Inglaterra y los EE.UU.
Venezuela, ante la ausencia de respuesta oficial por parte de Inglaterra y USA para resolver esta controversia de buena manera, decidió hacer la denuncia pública ante la ONU. Por este motivo, el Dr. Marcos Falcón Briceño, el 12 de noviembre –para ese entonces Canciller de la República–, en su intervención ante el Comité Político Especial de la XVII Asamblea de la O.N.U, expuso ampliamente la tradicional posición de Venezuela respecto a la cuestión limítrofe de la Guayana Eequiba e invocó la nulidad de la sentencia del Laudo Arbitral del 03 de octubre de 1899.
Posteriormente, como resultado de las conversaciones que sostuvieron los representantes de los Gobiernos del Reino Unido y Venezuela, se produjo un acuerdo entre ellos con la concurrencia del Gobierno de la Guayana Británica, en el sentido de que los tres Gobiernos examinarían los extensos documentos relativos a esta cuestión y que informarían a la O.N.U. Se inició entonces el proceso de revisión que proponían los ingleses gracias a las gestiones del Gobierno venezolano. La primera reunión se dio en 1963, y en ella se logró un avance al introducir por vez primera en la agenda el reconocimiento de la existencia de una controversia, lo cual era un gran logro porque hasta ese momento la Gran Bretaña tenía una posición inflexible en que no había controversia debido al Laudo Arbitral.
El 02 de febrero de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, y con él Venezuela –dígase lo que se diga y quien lo diga– obtuvo, en primer término, y de acuerdo a lo señalado por el Dr. Iribarren Borges, el convenimiento por parte de la Gran Bretaña y de la dirigencia y autoridades de la Guayana Británica, posteriormente constituida en la República Cooperativa de Guyana, de la existencia de una controversia sobre la frontera de Venezuela con la Guayana Inglesa.
Segundo: Que a la Controversia había que buscarle una solución.
Tercero: Que para buscar una solución las partes deben de negociar.
Estos son los hechos históricos y me pongo a sus gratas órdenes para aclarar cualquier duda que se le presente.
Oscar J. Márquez
C.I. 2.157.146
* Doctor en Derecho por la Universidad del Zulia y Especialista en Geopolítica y Fronteras por la Universidad de Los Andes.
