17 febrero 2007

El Esequibo y la verdad documental

Una aclaratoria al Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Por Rafael Sureda Delgado*

El Señor Presidente de la República ha comentado en varias oportunidades aspectos sobre la controversia territorial-marítima que mantiene Venezuela con Guyana y Gran Bretaña* sobre el Territorio Esequibo. Básicamente al proceso iniciado en 1962, supuestamente presionado por los Estados Unidos y, por iguales razones, supuestamente, nuestro país había intentado apoderarse de “Guyana”. Expresiones que involucran a los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.

Independientemente que el Señor Presidente tiene el derecho, como cualquier otro ciudadano, de interpretar los hechos históricos ya sea desde el punto de vista personal, político o ideológico, es obvio que como Primer Magistrado de la República responsable de las relaciones exteriores (Art. 236.4 de la Constitución Nacional) y ductor de la opinión internacional de Venezuela, debería, en todo momento, ajustarse a la verdad documental, sin que por ello le impidamos tener y expresar públicamente sus opiniones sobre el acontecer histórico de nuestra Nación.

Basándonos en la verdad documental trataremos en forma sucinta de aclarar algunos aspectos puntuales de esta reclamación que pueden dar luz sobre las aseveraciones presidenciales y, quizá, hasta cambiar su modo de percibir la historia.

Gobierno de Rómulo Betancourt

En 1962, ciertamente, el Gobierno venezolano inicia a través de las NNUU una ofensiva, dando a conocer al mundo nuestros inalienables derechos que poseíamos y poseemos sobre el Territorio Esequibo. Decisión que no era la primera que Venezuela tomaba en relación al tema y al de la defensa de nuestras fronteras. En 1887, en pleno proceso de discusión sobre la delimitación con Gran Bretaña sobre su colonia Guayana Británica (creada ésta en 1831), Venezuela rompió relaciones diplomáticas con la mayor potencia del mundo de la época: Inglaterra, justificando la ruptura “por haber vulnerado (los ingleses) los derechos de la soberanía e independencia de Venezuela, privándola de la más santa e inviolable de las propiedades de una nación, a saber, la de su territorio”. En 1897 Venezuela firma el Tratado de Arbitramento para dilucidar con Inglaterra la controversia territorial. Por supuesto que hubo presiones de EEUU para que firmáramos el acuerdo, pues no quería tener conflictos en su área de influencia, pero también nosotros deseamos y pedimos fervientemente en 1843 y 1844 la firma del Tratado, para poner coto a las arbitrariedades inglesas con los célebres mapas usurpadores del geógrafo inglés Robert Schomburgk. En 1899, en el mes de octubre, se conoce la sentencia arbitral que nos arrebatara los 159.500 km2 que cubre la Guayana Esequiba. Ciertamente, poco pudimos hacer. Cinco jueces decidieron en contra de los intereses venezolanos (un ruso que había escrito que su país e Inglaterra habían recibido la bendición divina para “civilizar” estas tierras salvajes (las americanas y en ellas nos encontrábamos); dos magistrados ingleses (jueces y parte) y dos norteamericanos sobre quienes todos coincidimos que poco hicieron. Pero como abogado del diablo, ¿qué hubiera sucedido de haberse puesto los EEUU al lado de Inglaterra y Rusia? Pues que no tendríamos en este momento ni siquiera la salida natural al Atlántico al haber perdido el Delta del Orinoco. Hubiéramos perdido la Boca Grande del Orinoco que, para quienes hemos tenido la dicha de llegar hasta ella (en varias oportunidades) y entrar en los ríos Barima y Amacuro y visitar el núcleo cívico-militar de Wausa de la Guardia Nacional, representa un punto invalorable de nuestra frontera marítima. Por favor, leamos con detenimiento el texto del Memorandum del abogado Severo Mallet-Prevost hecho público en 1949 para que se vea si tenemos o no razón.

En 1913 la Cancillería inicia toda una campaña diplomática solicitando a sus funcionarios del servicio exterior en Washington, Londres, Brasil, París, Río de Janeiro, Manaos, Demerara (lo que hoy es Georgetown, capital de Guyana), Cúcuta, Barranquilla, Bogotá y al Comisionado Especial en España enviar documentos, manuscritos, impresos, artículos de prensa y mapas para el Departamento de Biblioteca y Mapoteca. En 1936 el Presidente General en Jefe Eleazar López Contreras crea la Oficina Especial de Fronteras dependiente del MRE.

En 1962 ciertamente aparece Rómulo Betancourt enviando, como Primer Magistrado de la República, la documentación a la ONU demostrativa de los derechos venezolanos sobre el Esequibo, pero esa decisión fue resultado de un proceso que no nace en ese año ni con ese gobierno, pues en 1944 ya habíamos alertado que estábamos dispuestos a defender nuestros derechos. Así lo ratificó en esa fecha el Embajador venezolano en los EEUU Diógenes Escalante; el Diputado José A. Marturet en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional; repitiendo la misma posición el propio Presidente del Congreso Manuel Egaña y en declaraciones de prensa de los miembros de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores.

Los mismos conceptos en defensa de la integridad territorial se expresaron en la IX Conferencia Interamericana realizada en Bogotá en 1948; en la IV Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos celebrada en la capital estadounidense en 1951; en la X Conferencia realizada en Caracas en 1954, en donde por cierto el Consultor Jurídico de la Casa Amarilla Ramón Carmona expresó: “Ninguna decisión que en materia de colonias se adopte en la presente Conferencia podrá menoscabar los derechos que a Venezuela corresponden por este respecto ni ser interpretada, en ningún caso, como una renuncia de los mismos”. Igual se hizo en 1959 en el seno de la ONU al discutirse el tema de los territorios en fideicomiso y los no autónomos, y en 1960 en el Congreso Nacional ante una comisión parlamentaria inglesa. Idéntico planteamiento en la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, que aprobó la Asamblea General de NNUU en ese año.

Y llega el 2 de febrero de 1962, cuando el Gobierno de Betancourt continúa en forma coherente un proceso histórico en defensa de la integridad territorial con la decisión de plantear en la ONU nuestra reclamación.

Gobierno de Raúl Leoni

Continúa la causa en defensa de los intereses territoriales de Venezuela. Para ampliar y animar a expertos en el estudio del tema del Esequibo se crea la Comisión Consultiva de Guayana integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Interiores, Comunicación, Justicia, Fomento, Educación, Obras Públicas, Sanidad y Asistencia Social, Defensa, Minas e Hidrocarburos, Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia y la Corporación Venezolana de Guayana. En 1965 es elevada al rango de dirección la Oficina para la Cuestión de Límites con la Guayana Británica (como se llamaba antes la colonia inglesa). Ese mismo año el Gobierno Nacional da a conocer el nuevo mapa del país apareciendo lo que hemos dado en llamar la “corbata rayada” del Esequibo o Zona en Reclamación, como medio de llevar el sentimiento nacional hacia el despojo territorial y unificar a la población en una sola voluntad dirigida a lograr la recuperación de una parte de nuestro territorio usurpado. Por su parte la Dirección de la Renta Interna de Hacienda lanza a circulación una emisión de estampillas de correo reproduciendo el mapa contentivo del Territorio Esequibo con los lemas: “Venezuela. Reclamación de su Guayana” y “Nuestra Guayana hasta el Esequibo” y en los sobres del primer día de emisión apareció impreso: “Este bello y rico país se extiende por la mar del norte desde el río Esequibo a los confines de la Provincia de Guayana”. Para darle aun mayor auge a la controversia se reproducen numerosos mapas antiguos demostrativos que el Esequibo formaba parte indisoluble de Venezuela. Igualmente en este año la OCI (Oficina Central de Información) edita el Boletín Nº 1 de “Carta de Venezuela” reproduciendo el invalorable trabajo del Embajador Armando Rojas titulado “Venezuela limita al Este con el Esequibo” en más de 200 mil ejemplares. Me tocó repartir unos cuantos miles cuando trabajé en la dirección de información exterior de la OCI siendo director el Embajador Guido Grooscors.

Pero no todo provino del sector oficial, prominentes venezolanos de posiciones político-ideológicas diferentes crean en 1965 la Comisión Nacional pro Guayana Esequiba y allí participan Miguel Zúñiga Cisneros, el Senador René Esteves, Espíritu Santos Mendoza, el Embajador Héctor Santaella, Efraín Schacht Aristeguieta, Arturo Valery Pinaud, Pedro Aguaje Montell, Eduardo Blanco Uribe, el Concejal Rafael Ravard, el Senador Armando Soto Rivera, el Diputado Alberto Bustamante, Héctor Tosta Ojeda, Luis Fernández Adrianza y el Diputado Silvio Montaño. Y van a hacerse presentes también en esa Gran y Patriótica Comisión el Cardenal José Humberto Quintero; presidentes de Academias y colegios profesionales; el Ilustre Rector Jesús María Bianco en representación de las Universidades; delegados de los trabajadores y campesinos; cámaras de comercio, voceros de todos los periódicos, de escritores, periodistas y publicistas, la Iglesia Católica, partidos políticos como el FND, AD, COPEI, URD, FDP, MAN, MENI, ON, Socialista Venezolano y Vanguardia Popular Nacionalista.

En 1966 en el mes de febrero se firma el tratado conocido como “Acuerdo de Ginebra” que dirige desde esa fecha hasta el presente (2007) todo lo concerniente a la reivindicación territorial. Tratado criticado y aplaudido. El ex Canciller de Betancourt Marcos Falcón Briceño lo censuró duramente (“El Acuerdo de Ginebra”. El Nacional, 5-4-1966) y el jefe de la fracción parlamentaria de AD Jaime Lusinchi lo defendió (“El Acuerdo de Ginebra ¿controversia sin solución pacífica”. La República, 12-4-1966). El Viceministro del Exterior y posterior Canciller Efraín Schacht Aristeguieta, fallecido recientemente, tomó una insólita decisión, por lo inusual en funcionarios públicos, enmarcada en una gran valentía, renuncia al cargo de Director General de la Casa Amarilla por no estar de acuerdo con lo firmado por el Canciller de la época Ignacio Iribarren Borges.

No obstante, a pesar de las críticas, bien argumentadas en la mayoría de los casos, hay que reconocer que con el Acuerdo de Ginebra Venezuela pase a tener el primer y único documento oficial-internacional donde consta tres aspectos fundamentales a los intereses de la nación venezolana: 1) Venezuela considera sin validez jurídica el Laudo usurpador de 1899, 2) Deja constancia de la existencia de una controversia que hemos estado tratando de resolver desde esa fecha y 3) Se compromete Guyana a negociar una solución.

La firma del Acuerdo de Ginebra llevó un aval presencial invalorable. El país entero representado por altos funcionarios públicos y fuerzas políticas. Ignacio Iribarren Borges (Canciller), Héctor Santaella (Embajador en Londres), Blás Pérez Ferrás (director de la Dirección Especial de Guayana), Germán Nava Carrillo (Ministro Consejero en Londres), Adolfo Taylhardt (jefe del Departamento de Organismos y Conferencias Internacionales de la Casa Amarilla), Demetrio Boersner (subdirector de la OCI), Leonardo Díaz González (Ministro Consejero en la República Federal Alemana), los expertos Padre Hermann González Oropeza y Pablo Ojer; por los partidos Jaime Lusinchi (AD), Andrés Roncajolo (FND), Simón Antonio Paván (URD), Iván Terán (FDP), Manuel Alfredo Rodríguez (PRN), Gonzalo García Bustillos (COPEI) y Armando Soto Rivera (por los independientes del Congreso Nacional).

Venezuela intentó apoderarse de “Guyana”

El último aspecto que quería hacer referencia, insistiendo en el respeto a las opiniones de los demás y, por supuesto, las del Señor Presidente de la República, se refiere a que supuestamente quisimos apoderarnos de “Guyana”. ¿A qué viene esta aseveración?

En Abril de 1967 se lleva a cabo en la Reserva Amerindia de Kabakaburi, Distrito Pomerón, en pleno corazón de la Guayana Esequiba un congreso de esequibanos (naturales del Esequibo) en representación de las etnias Arekunas, Caribes, Macusis, Waiwais, Wapishianas, Waraos, Akawaraos y Arawakos para plantear la discriminación racial a que eran sometidos por el gobierno presidido por Forbes Burnham, la negativa de este en otorgarles la propiedad sobre las tierras por ellos trabajadas y solicitaban que el territorio en reclamación fuera explotado conjuntamente con Venezuela. La represión oficial fue inmediata y muchos compatriotas esequibanos huyeron hacia la región del Cuyuni y Wenamo en la línea impuesta por el Laudo usurpador de 1899. La prensa oficial guyanesa (Guyana se había independizado meses antes) y funcionarios gubernamentales iniciaron una campaña (septiembre 68) contra Venezuela argumentando, entre otros aspectos, que nuestro país estaba dispuesto a recuperar el territorio con las FFAA venezolanas y establecer como frontera la margen oeste del río Esequibo. Denuncia que se apoyaba en el Decreto 1.152 (conocido dos meses antes) del 9 de julio de 1968 del Presidente Leoni, por medio del cual se trazaba una “línea de base recta en el sector de las costas de Venezuela comprendido entre la línea divisoria del Río Esequibo y Punta Araguapiche en el Territorio Federal Delta Amacuro” (hoy Estado Delta Amacuro). El Decreto también hacía “expresa reserva de los derechos de soberanía de Venezuela sobre la zona de mar territorial cuya restitución se reclama de Guyana”.

La expresión visual del decreto se encuentra en el gráfico siguiente. Reclamamos 3 millas porque en aquel entonces Guyana mantenía esa anchura en su Mar Territorial y con el Decreto 1.152 recuperábamos las 12 millas náuticas de Mar Territorial que en total le correspondían a nuestro país.

¿Fue cierto que estuvimos dispuestos a recuperar el Esequibo, no a apoderarnos de “Guyana” como fue la afirmación del Señor Presidente de la República, utilizando la fuerza armada? Dejemos de lado las interpretaciones y análisis de lo que aconteció en aquella época, a las que todos tenemos derecho y veamos la verdad documental. El Dr. Gonzalo García Bustillos, integrante de la Comisión Mixta (1966, 70) que trató de resolver la controversia, expresó: “…podría ser excusable en un Estado nuevo el que gobernantes que no tienen el trajín indispensable empleen expresiones y tonos amenazantes. Por ejemplo, acusar a Venezuela de ser estado agresor, nada más injusto y no hay cosa más traída por los cabellos que esa acusación, sobre todo contra Venezuela que en materia territorial ha sido siempre expoliada y nunca le ha tomado un centímetro de tierra a nadie…”. (La República, 5-10-68)

Por su parte el Gobierno Nacional a través de su Canciller rechazó en la Asamblea General de la ONU (hasta donde llegaron las denuncias guyanesas) todas y cada una de las acusaciones.

Y si faltaba un dato más hay que hacer mención de lo declarado por la dirigente de la revuelta la Esequibana Valerie Hart presidenta de la Asociación de productores del Rupununi: “El fracaso se debió a que no teníamos armamento moderno procedente del exterior y menos de Venezuela. Sólo escopetas y cuchillos de caza, que resultan inútiles a la hora de afrontar a un ejército dotado de armas modernas” (Ultimas Noticias,1-1-69) Y esta falta de ayuda la corrobora el propio ministro venezolano del Exterior: “Venezuela no puede prestar ayuda en armas a los sublevados contra el Gobierno de Guyana, porque está actualmente discutiendo por la vía diplomática la restitución del territorio de la Guayana Esequiba (…) el Gobierno Venezolano niega rotundamente por mi boca, que Venezuela haya participado en los sucesos que desgraciadamente tienen lugar en Rupununi…” (El Nacional, 8-1-69) Y la Memoria y Cuenta (Libro Amarillo) de Cancillería de 1969 expresa: “Todos estos sucesos tuvieron lugar en un momento político en el que el Gobierno actual (Leoni) se preparaba para hacer entrega del poder a los nuevos mandatarios elegidos en los comicios del 1º de diciembre de 1968. Es decir, en una situación política particularmente difícil para el Gobierno saliente así como para el entrante (Caldera) que les impedía decisiones graves”. (Exposición, p. XXXIX)

Y de la dirigencia política destaco lo dicho por Jesús Angel Paz Galárraga, secretario general del MEP: “Si Venezuela no tomó una actitud distinta cuando ese territorio estaba en manos de Gran Bretaña, ahora sería inexplicable que repentinamente adopte gestos belicosos”. (La Tarde, 10-1-69)
Venezuela pues no intentó apoderarse de “Guyana” ni siquiera de lo que afirmábamos era nuestro, el Esequibo.

El levantamiento de Rupununi se produjo en territorio del Brasil

Aunque el Gobierno venezolano hubiera querido ayudar, que no lo hizo, la verdad documental así lo demuestra, independientemente de los análisis e interpretaciones que se hagan al respecto, no lo hubiera podido hacer pues el levantamiento de los amerindios ocurrió en su mayor parte en territorio del Brasil. Vamos a explicarlo.

El 3 de octubre de 1899 el Laudo Arbitral de París nos arrebató la Guayana Esequiba. Brasil el 7 de diciembre de ese mismo año protestó la sentencia advirtiendo que sus límites con Venezuela estaban fijados en el Tratado de Límites del 5 de mayo de 1859 (Libro Amarillo de la Cancillería Venezolana de 1902. Documentos, p. 13) Es decir que los árbitros en su afán de otorgar más territorio a Inglaterra (colonia Guayana británica) internaron el límite en territorio brasileño. El 9 de abril de 1900, el Canciller Venezolano de la época le dijo al Brasil que no existían problemas limítrofes y que todo se había resuelto, como decía Brasil, en 1859. Y Brasil se quedó tranquilo. Pero en 1965, cuando Raúl Leoni ordena incorporar al mapa venezolano la Zona en Reclamación, reprodujo totalmente la sentencia arbitral de 1899 incluyendo, por tanto, la zona brasileña. Y precisamente en esa zona fue donde mayormente se produjo el alzamiento. En las localidades de Karasabai, Good Hope, Pirara, Manari y Letem, todas ellas se encuentran dentro de la franja rayada que es precisamente el área brasileña en la que se internó la delimitación impuesta por el Tribunal Arbitral del 3 de octubre de 1899. Solamente Anai y Caranambo se encuentran realmente en Territorio Esequibo. Por ello fue que en enero de 1983 Isidro Morales Paúl, quien poco después sería Ministro de Relaciones Exteriores, en una conferencia dictada en el Seminario “La Agenda de la Política Exterior de Venezuela” recopilación que lleva el mismo nombre (página 308) en el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, expresó: “…si nosotros analizamos la utilización de la fuerza en el caso específico (…) hay que tomar en cuenta que existe un señor sumamente poderoso e importante que se llama Brasil, y el que no recuerde que ahí está, pregúntele que ocurrió en el caso Rupununi, que nos pusieron 500 aviones allí en la frontera”.

Huelgan los comentarios. En la zona rayada (Brasil) donde se internó la sentencia arbitral se produjo la mayor parte de la revuelta del Rupununi. Si hubiéramos deseado no “apoderarnos” sino recuperar lo que siempre hemos dicho que es nuestro, Brasil se hubiera opuesto.

Deberían hacerse públicos los documentos que evidencian que supuestamente estábamos dispuestos a usar la fuerza para resolver la controversia. Que no se interprete esta propuesta como una provocación. Para quienes hemos estudiado la reclamación sería invalorable esa documentación para entender mejor otros hitos históricos que han girado alrededor de la controversia. ¿Por qué mantener documentos secretos sobre un tema que le compete a todos los ciudadanos, gobierno o no gobierno? ¿Hubo presiones de los EEUU? ¿Por qué no divulgar dichos documentos? ¿Por qué fracasamos o no actuamos militarmente? ¿Por lo que aquí hemos expresado o hay algo oculto? Dar libertad documental es fundamental para que cada quien analice, opine, interprete de acuerdo a su libre albedrío personal, político o ideológico. Todos aprenderíamos algo más y, por supuesto, el Señor Presidente de la República quien ha tenido el privilegio de leer esos documentos que los historiadores desearíamos también estudiar.

Por último.
El Señor Presidente debería meditar antes de hablar sobre este tema

Conocimos algo de la verdad documental sobre los aspectos mencionados por el Señor Presidente de la República. Es cierto que él no dijo que Venezuela iba a hacer dejación de nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba. Interpretó. Se podrá estar de acuerdo o no. Pero en todo caso es importante sugerirle que medite al utilizar ciertas palabras. Mencionó que estuvimos a punto de apoderarnos de “Guyana”, ya sabemos que el tema se refería al Esequibo. En todo caso ¿el Primer Mandatario considera que no existe la Zona en Reclamación sujeta al Acuerdo de Ginebra, tratado no denunciado por Venezuela y que dirige todo lo concerniente a la controversia-reclamo de Venezuela? Respondo que fue un desliz en su emotividad política. Pero hay que tener más cuidado pues él tiene la atribución y la obligación de dirigir las relaciones exteriores de la República y sus palabras repercuten en el exterior y pueden darle razones al contrincante en una controversia.

En febrero de 2004 el Mandatario Venezolano y su Homólogo de Guyana Bharrat Jagdeo, firmaron un comunicado conjunto al finalizar la visita del Presidente venezolano a Georgetown. En el párrafo 4º dejan constancia que “en particular resaltaron que bajo el auspicio del Proceso de Buenos oficios de las Naciones Unidas, para la búsqueda de una solución pacífica y práctica a la controversia, de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966, el espíritu de la cordialidad ha impregnado el enfoque del diálogo entre las dos partes”.

Seguro estoy que en la próxima visita ambos Presidentes reiterarán lo mismo.

*Mencionamos a Gran Bretaña porque si bien no discutimos directamente con este país la solución del reclamo venezolano, en el supuesto caso que el tema fuera llevado a la Corte Internacional de Justicia los ingleses serían parte del litigio.

Los Corales, Caraballeda, Febrero de 2007

Fuente bibliográfica
SUREDA DELGADO, Rafael. Venezuela y Gran Bretaña. Historia de una Usurpación. UCV, 1980.
SUREDA DELGADO, Rafael. Betancourt y Leoni en la Guayana Esequiba. UCV, 1984.
SUREDA DELGADO, Rafael. La Guayana Esequiba. Dos etapas en la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1990.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Miembro-fundador de la Comisión Asesora Presidencial para la Reclamación del Esequibo (1982-1983)

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