Democracia y paz social

Discurso pronunciado por el Juez Baltasar Garzón en el marco del XXXVII Congreso Internacional de Conindustria 2007 "La empresa privada como actor del desarrollo", celebrado en Caracas en junio de 2007.

"Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a estar hoy con todos ustedes, me quejo de Madrid porque hay atascos o trancas, como dicen aquí y ya no me acordaba de lo que era Caracas de la primera vez que estuve, que fue en 1991, el único avión que he perdido en mi vida y he tomado muchos, fue el que perdí aquí, pero gracias a los medios que nos habéis proporcionado hemos llegado a esta sala.

La miseria en el mundo ha alcanzado cuotas alarmantes, quizás el nivel más preocupante de la historia humana, más de diez millones de niños con menos de cinco años mueren de desnutrición, epidemias, contaminación de aguas, insalubridad, etc. Los ciento veintidós países del tercer mundo concentran el 85% de la población mundial, pero su participación en el comercio internacional sólo alcanza el 25%. Mil ochocientas millones de personas no pasan de tener un dólar al día de renta y el 1% de los habitantes más ricos generan tanto dinero como el 57% de las
personas más pobres de la tierra.

Algún dato más. Hay 850 millones de adultos analfabetos y 325 millones de niños en edad escolar que no tienen posibilidad alguna de frecuentar la escuela. Enfermedades curables, mataron en 2005 a 12 millones de personas, mientras tanto la rentabilidad de fondos propios de las 500 sociedades transnacionales más poderosas del mundo ha sido de un 15% anual desde el 2001 en Estados Unidos, 12% en Francia, y la tasa de autofinanciación asciende al 130% en Japón, 115% en Estados Unidos y 110% en Alemania.

El subdesarrollo económico actúa sobre los seres humanos como una especie de prisión, los encierra en una existencia sin esperanzas, sin derechos, aunque a la vez su única esperanza se encuentra en la justicia, si ésta asumiera su papel de luchar por la dignidad humana, buscando distinguir, como decía Popper, lo verdadero de lo falso. Y también si los gobiernos democráticos asumieran el papel que les corresponde en ese combate que se centra según las palabras de Octavio Paz, en luchar contra la corrupción, contra los monopolios, y favorecer la aparición o
vertebración de una clase media independiente del poder político.

La lucha constante en defensa de los derechos humanos es una necesidad, pero la necesidad en tiempos de paz y en tiempos de guerra debe comenzar por paliarse con pan, con vivienda estable, con salud y educación, en definitiva con dignidad, libertad y democracia, pero sin olvidos, porque como decía Bertol Brecht, una papeleta electoral no da de comer al hambriento.

Vivimos, como alguien ha dicho, los tiempos de la vergüenza, del terror, de la corrupción o de la guerra, del olvido, de la xenofobia, de las mordazas, de las mentiras, por eso generar un discurso sectario y excluyente para encadenar conciencias, sacralizar una tierra, reivindicar la exclusiva de la salvación, considerarse de esencia superior y heredero legítimo del patrimonio ajeno, o convertir en mesiánicas las empresas humanas, son algunas de las fuentes de la violencia que día a día atenazan a muchos pueblos y constituyen la peor solución de las posibles. La solución más factible, sin embargo, vendrá de la mano de la verdadera democracia, que dé vida a una sociedad firmemente cohesionada, con derechos y deberes definidos en justo equilibrio con las necesidades que aquella precisa en su conjunto, es decir debe de consagrarse el principio de la no impunidad y de la igualdad. Una ley para todos, sin que nadie, como decía el maestro Víctor Hugo, esté por encima de la misma, una ley democrática y justa que controle y limite el ejercicio del poder.

Es tiempo de que la razón de la fuerza sea sustituida por la fuerza de la razón y de que el derecho tome cuerpo y despliegue su acción para conseguir una sociedad más igualitaria, más justa. El empuje hacia una igualdad cada vez mayor entre los hombres es, como ya observó en el siglo XIX Alexis de Torqueville, irresistible. Cada superación de esta o aquella discriminación en función de la cual los hombres han sido divididos en superiores e inferiores, en dominadores y dominados, en ricos y pobres, en amos y esclavos, representa una etapa desde luego, como dice el filósofo Norberto Bobio, no necesaria pero por lo menos posible del proceso de incivilización, en el sentido de que el resultado debe ser la lucha clara y definitiva contra las tres fuentes principales de la desigualdad: la clase, la raza y el sexo.

De ahí que la gran lucha, el compromiso democrático venga de la mano de la justicia como base de las seguridades humanas, que aparece como uno de los grandes retos para la sociedad moderna. La credibilidad de un sistema radica en la existencia y realidad de los controles a los que se somete el poder, quien más poder tiene debe ser el más controlado ya que al administrarlo o al desplegar la acción legislativa, sus detentadores deben ser conscientes de que son meros usuarios del mismo, en tanto que el pueblo al que sirven es su titular y ante él deben responder.

La sociedad actual y la del futuro, si queremos que resulte fortalecida, necesita de líderes cuya marca sea la ética y la responsabilidad para hacer real aquella necesidad de seguridad física y jurídica, apoyada en los valores básicos del Estado de Derecho que la defiende de las agresiones autoritarias, sean éstas internas o externas y que la dotan de una fortaleza institucional indiscutible. La pregunta es que podemos hacer cada uno de nosotros por nuestros respectivos países y no qué nos pueden dar ellos a nosotros, qué necesitan los ciudadanos y no cómo se les amenaza o engañan.

Han sido necesarios miles de masacres, genocidios, crímenes contra la humanidad, ataques terroristas, guerras, represiones brutales sobre millones de personas, así como la configuración de la miseria en las más amplias zonas del mundo como forma de pobreza extrema, la presencia de violencia contra los más débiles, es decir, mujeres, niños, indígenas y ahora los desastres naturales para que por fin nuestras conciencias que tienden hacia una comodidad consumista, hayan despertado de su letargo y hayan comprendido que la acción es el único camino, sea donde fuere el lugar en el que se produzca el ataque, es universal el daño, universales las víctimas y universal debe ser la respuesta en los diferentes ámbitos, culturales, económicos, sociales, de la justicia.

Lentamente estamos pasando de una sensibilidad epidérmica a una sensibilidad de fondo, acorde con los graves momentos que estamos viviendo, tiempos en los que empieza a hacerse realidad el compromiso rebelde y democrático que reconstruirá el maltrecho edificio de la comunidad internacional, basado en la solidaridad y en la confianza entre los Estados.

En la defensa de los derechos humanos, todos debemos compartir el esfuerzo y desarrollar aquella parte del trabajo que nos corresponde, sin miedo y con enérgica decisión, porque ninguna sociedad se va a quebrantar por el hecho de que se aplique la ley y la justicia, como Cicerón hace miles de años dijera: Seamos esclavos de la ley, porque ella nos hará libres.

Por el contrario, en palabras de Montesquieu: Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos, o más próximamente Billy Brandt cuando decía: Admitir la primera injusticia es abrirle la puerta a todas las que le siguen.

Es por ello que una sociedad constituida sobre la justicia, sobre la exigencia de responsabilidad y sobre la erradicación de la impunidad es una sociedad más libre, más democrática, y por ende, más firme en sus valores y aspiraciones, que protegerá más adecuadamente a sus componentes, sin que para ello tengan que disminuir las conquistas que integran los baluartes básicos de nuestros pueblos y que son los que a través del diálogo, del respeto y de la aproximación política y cultural, hacen que día a día, construyamos el edificio común, en el que con todas las discrepancias que tenemos, nos integremos en un futuro de esperanza. En el desarrollo de esta nueva sociedad, en la que los conflictos globales, en especial las agresiones a la comunidad internacional o a las comunidades olvidadas son una realidad frente a los que nadie puede eludir su responsabilidad, los jueces debemos asumir un papel protagónico.

Los fenómenos del terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, el narcotráfico, la inseguridad y delincuencia urbanas, la protección a las minorías, comunidades indígenas, la protección a las víctimas en general, el castigo firme y decidido de los comportamientos racistas y xenófobos, la persecución de la corrupción incluida la del propio sector judicial, la violación de los derechos fundamentales y entre los que ocupa un papel preponderante el respeto a la libertad de expresión y el derecho a recibir una información veraz, exigen jueves que asuman que sólo la función de ser la boca muda que aplica la ley, es algo que ya no está en las razonables actuaciones de los mismos. Los jueces debemos ser profesionales, dinámicos, científicamente preparados, responsables, de firmes convicciones democráticas, informados, y esencialmente independientes para de esa forma cumplir nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos y a la cual debemos defender frente a aquellos poderes que se le enfrentan. Los jueces no somos meros medidores de normas en una democracia ni acólitos, ni podemos ser acólitos serviles del poder del equipo de turno. Los líderes políticos pasan, los pueblos permanecen y la justicia debe ser el reflejo democrático y valiente de los esfuerzos de esa sociedad por superar las mordazas con las que se le intenta sujetar o domesticar.

Ciertamente la libertad se siente amenazada en muchos lugares del mundo pero no tan sólo por la acción de las organizaciones mafiosas o terroristas o por dictadores inmorales o genocidas. Esto, diríamos, es lo normal. Sino también por aquellos que desde el poder imponen un estado de cosas que resultan difícilmente aceptables en una democracia. Los discursos de estos sectores están llenos de citas y referencias a la libertad, a la democracia, a la justicia y a los derechos humanos, al flagelo del terrorismo o a la lucha contra la corrupción, pero son utilizados en forma recurrente como una especie de cortina de humo que oculta una realidad más atroz, más real, en la que el significado auténtico de aquellos conceptos se pierde. Estos nuevos césares no quieren saber nada de la opinión de sus compatriotas cuando se oponen a sus criterios o decisiones, toman éstas parcial y arbitrariamente, prescindiendo del interés de aquellos o incluso en contra del mismo y al margen de la legalidad o con una legalidad adormecida por la inacción de aquellos que deberían exigir su respeto y cumplimiento. Para adornar sus posiciones los intolerantes distorsionan el lenguaje o manipulan la comprensión de los problemas, substituyéndolos por tópicos vacíos de contenido. Como dice John Berger: “¿Cuántos ciudadanos estadounidenses habrían dicho sí de haber sido consultados a la retirada del Acuerdo de Kyoto por parte de Estados Unidos, y si les hubieran consultado sobre la retirada de la administración norteamericana de la firma del Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional? ó ¿cuántos ciudadanos españoles habrían votado a favor de una intervención militar en Irak si se les hubiera consultado? ó ¿cuántos ciudadanos venezolanos habrían votado por la desaparición del canal de Radio Caracas Televisión?”

Mientras tanto algunos líderes políticos siempre hablan en nombre del pueblo, incluso cuando el pueblo ha sido secuestrado en su soberanía y ha sido manipulado o engañado por decisiones como aquellas que tuvieron lugar en la denominada Cumbre de las Azores del 16 de marzo de 2003, fecha en la que se escenificó finalmente la invasión de Irak dando lugar o abriendo las puertas al infierno en el que más de 500 mil personas han perdido la vida. Pero el pueblo antes sumiso hoy debe de asumir su responsabilidad, la responsabilidad que le corresponde en esa fase tan delicada de la historia de la humanidad en la que vivimos, fase en la que el miedo debe dar paso a la responsabilidad y al compromiso. La historia de estos años es paradigmática. Esta época contradictoria pasará y quedará en el recuerdo como aquello en la que la fuerza de unos pocos se impuso a la voluntad de muchos, pero también como la que dio lugar al despertar de una nueva conciencia en la opinión pública, que como dice José Saramago, se ha convertido en una potencia con la cual el poder tiene que contar; una potencia que no puede ser lisa y llanamente silenciada.

La discrepancia en el respeto mutuo da vida a la verdadera democracia. La represión del otro porque sus opiniones no nos gusten, conduce a la oscuridad de los intolerantes. La grandeza de la democracia es confrontar tu criterio con el del otro con el debate y en su caso aprovecharlo para hacer estado, pero no anularlo obviando todos los controles o aprovechando el poder conferido. La participación de la sociedad civil, lejos de ser denostada debe de ser auspiciada y propiciada sin manipulación. Y ello exige un cambio en el modelo político de participación con mayor presencia en las decisiones que tomen las instituciones para poder distinguir, como decía Popper, en todas partes lo verdadero de lo falso. Y en esta labor de denuncia y participación activa de la sociedad civil, debemos mostrarnos atentos con la libertad vigilada o manipulada, que a veces se propone desde el poder o desde otros sectores adictos al mismo.

Algunos medios de comunicación se han convertido en una especie de brigada más del regimiento, en portavoz del mismo. Pero no sólo para aquellos aspectos que son políticamente oportunos. Es decir, se necesitan medios pacificados o sumisos y a críticos con el poder, pero también eliminar o silenciar a los adversos. Frente a esta realidad, sólo cabe poner en práctica el principio de la indignación activa exigiendo el derecho a recibir una información veraz, que junto con la libertad de expresión sea la medida y alcance de nuestros derechos. A veces me pregunto dónde estamos y hacia dónde vamos. Dudo que hoy día tengamos una idea general y clara en el mundo de cuál es el mundo inmediato a seguir, ni cuál vaya a serlo a medio plazo. Tan sólo vivimos, o nos hacen vivir, la inmediatez impuesta por los acontecimientos. Una especie de sucesión vertiginosa de escenas que no te dejan pensar ni valorar lo que sucede. Pero quizás la secuencia de los hechos no sea tan casual o deslavazada como parece. Quizás haya un motor alimentado por múltiples generadores sociales, políticos o económicos.

En nombre de la libertad, queridos amigos, se mata, se tortura, o se secuestra, o se invade un país, o se asumen como daños colaterales los miles o cientos de miles de víctimas que se pueden producir o se violan sistemáticamente los Derechos Humanos. Pero todo ello estará aturfado porque se trata de una lucha por la liberación, por la recuperación de la dignidad de un pueblo, por la liberación del pueblo de la oligarquía económica, o para sacar al pueblo de la pobreza. Si bien, y al final, lo único que se persigue es el control político y económico con métodos expeditivos y en base a una especie de orgullo desmedido del que habla Michelin Natiev, que se aproxima a una especie de poder sin límites por encima de cualquier control. La ausencia de límites al poder de la voluntad del líder, es altamente peligrosa para la democracia, la libertad y la paz. Y sobre todo, genera espacios sin derecho o zonas libres de Derechos Humanos.

Pues bien, y por lo que a mí corresponde, en momentos como estos, es más necesario que nunca hacer una invocación al Poder Judicial independiente. Necesitamos una Judicatura no sólo científicamente preparada, sino contaminada de sociedad, mezclada con la sociedad para que los jueces estén próximos a los problemas y los asuman como propios para resolverlos. El Juez es el último garante de los derechos ciudadanos. Y debe ser el primero en defenderlos con imparcialidad, independencia y responsabilidad. A veces me pregunto si los jueces comprendemos realmente el auténtico sentido del concepto justicia. Y si somos conscientes del gran poder que nos otorgan las respectivas constituciones y las leyes. Y sobre todo me preocupa el hecho de que haya jueces que no siempre hacen buen uso de ese poder, o peor aún, que desconocen el alcance de la responsabilidad que asumen por el hecho de ser jueces.

Soy de los que piensan que todavía existe un largo camino que recorrer para poder hablar de que los principios y Derechos Humanos básicos de los ciudadanos están realmente protegidos. Desgraciadamente, son muchos países. En muchos países el sistema judicial es siempre la hermana pobre o el capítulo más desatendido del Estado. Y el poder que ejercen los jueces no se corresponde con la autoridad ética que deberían tener para convencer en el ejercicio de ese poder a los ciudadanos. La justicia no se pide. Se exige. Ningún juez debería permitir que un ciudadano le diera las gracias por impartir justicia porque esto es un deber, una obligación legal y no un privilegio de castas, un país con un sistema jurídico garantista y un poder judicial sólido que lo desarrolle con imparcialidad e independencia, con firmeza democrática, hacen a ese país más libre, más solidario, más igualitario, más valiente y por supuesto más justo.

En el esquema del Estado que marcara Mostesquieu con la separación de poderes, el poder judicial ejercido por todos y cada uno de los jueces es el pilar más firme en el que se debe apoyar todo el armazón del estado de derecho, garantizar la independencia de los jueces desde adentro y desde afuera resulta básico para conseguir el ideal de justicia. El juez por su parte debe hacerse digno acreedor de su independencia y defenderla bajo los criterios de legalidad en el equilibrio institucional que le corresponde con los demás poderes.

La justicia, además de ser un valor y un principio, es un servicio público y los jueces somos servidores públicos, por ello el compromiso responsable con la sociedad es indiscutible e imprescindible, pero también debe dotársele de los instrumentos necesarios para hacerla realmente eficaz. Más allá de las meras y frías estadísticas hay que dotarle de alma, de sentimiento, de entrega y de vocación en la defensa de las víctimas que conduzcan a éstas del miedo a la esperanza y que contribuya a recuperar las bases morales que dan fuerza a un pueblo como fundamento de la sociedad democrática y que abrirán definitivamente las puertas a un futuro posible y diferente.

De nada vale tener un buen sistema judicial si no existen mecanismos adecuados para desarrollar esa labor o si impide o dificulta su desarrollo. La frustración que genera esa circunstancia propiciará el sentimiento de engaño e incumplimiento del contrato democrático entre los líderes políticos y representantes populares con los que soberanamente los eligieron. No debe olvidarse que el servicio público, incluida la labor institucional y política, es como su nombre lo indica, algo que se presta por y para el ciudadano y no en beneficio propio.

Urge, por muy evidente que sea abandonar el concepto clientelar y patria moralista de la política y de la función pública en beneficio de aquel sagrado principio. En la sociedad globalizada actual junto a los avances de la técnica y los nuevos mecanismos de comunicación y economías mundializadas ser ha desarrollado también un lado oscuro, impenetrable y opaco de esa globalización a través del crimen organizado, específicamente del terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, corrupción y frente a ellos los jueces tienen una importantísima labor que hacer, no sólo en la persecución implacable de estos fenómenos sino también en la enseñanza a modo de prevención general que se combate se está realizando.

Los jueces no tiene por qué ser mártires o héroes en la aplicación del derecho, pero sí tienen que asumir riesgos y peligros y deben de hacerlo con decisión y valentía, por encima de cualesquiera intereses espúreos. Si un juez muestra miedo o coacción y actúa, está prevaricando y a partir de ahí no puede continuar ni un minuto ejerciendo ese poder. La justicia no sólo hay que aplicarla sino que también los ciudadanos deben percibir que sí aplica y su labor se engrandece cuando aquellos comprueban que el sistema judicial actúa con independencia y contra quien quebranta la ley, sea cual fuere el nivel de importancia del infractor y específicamente cuando son los propios miembros del poder judicial.

La credibilidad no se gana con el ingreso en la carrera judicial sino con el firme compromiso democrático de administrar justicia día a día y con la realización diaria de ese compromiso. Los jueces como los políticos deben constituir el espejo en que los ciudadanos se miren y se reconozcan, desgraciadamente con mucha frecuencia la imagen que hoy se ve de éstos en muchos países está muy distorsionada por diversos factores y no está a la altura de la misión que ambos deben desempeñar. Cuando los jueces o los sistemas judiciales son o están demasiado próximos al poder político, pierden la objetividad y el equilibrio que deben mantener a la hora de administrar justicia y pueden perder la perspectiva básica que la administración de justicia es un servicio público del que los ciudadanos disponen para la defensa de sus derechos básicos, precisamente frente a aquel poder cuando los desconozca.

Los jueces modernos, además de tener una remuneración justa, deben estar absolutamente comprometidos por la defensa de los derechos humanos, pero no como mera retórica para que quede dicho en un acto como éste sino día a día asumiendo el deber de defenderlos o abandonar el cargo. La del juez no debe ser una profesión cómoda sino ciertamente comprometida con aquellos que más necesitan esa protección, pero actuar con independencia e imparcialidad no significa olvidar el papel integrador que el poder judicial tiene junto con los demás poderes del Estado para afrontar los retos que sin duda cualquier país tiene que asumir en la defensa de sus conciudadanos.

Realmente, si no somos capaces de defender y conseguir que se desarrollen y respeten los derechos sociales de los ciudadanos y los de libre empresa e iniciativa, de poco nos vale hablar de defensa de los derechos fundamentales ni de avances de la democracia para los mismos. El combate de la pobreza, de las desigualdades sociales de la corrupción que impiden o dificultan esa dignidad básica de los ciudadanos, debe ser indeclinable y ocupar el primer renglón de las agendas de los gobernantes de un país, transigir con ello y favorecer a quienes anteponen el beneficio personal al de los ciudadanos convierte en inútiles los esfuerzos de cualquier gobierno. Hasta hace poco la relación entre el mundo empresarial y los derechos humanos era algo tangencial, pero hoy día todos estamos de acuerdo a que dada la importancia de las empresas como actores fundamentales en la vida económica y social de nuestras sociedades, no pueden ser ajenas a la construcción de un destino común, de ahí que Naciones Unidas haya dado forma a toda una normativa de derechos humanos que refleja la existencia de una clara conciencia de la responsabilidad social empresarial. Sólo se garantiza la gobernabilidad y el buen gobierno en una economía sana actuando sin fraude ni corrupción y con un adecuado nivel de respeto de los derechos humanos.

Lo que hoy planteamos con decisión es el nuevo paradigma de la empresa en el respeto a las estructuras mínimas internacionales de derechos humanos, las empresas no sólo no deben quebrantar esos estándares sino que deben renunciar a obtener cualquier ventaja o ganancia aprovechándose o cualquier violación de los derechos humanos, deben por tanto regular su funcionamiento interno y sus negociaciones con terceros en concordancia con aquellas normas y establecer mecanismos de monitoreo y buenas prácticas y estas normas o reglas deben regir por igual cualquiera que sea el sector público o privado del que se trate. De nuevo aquí los tribunales tienen un papel fundamental.

En conclusión y en función del nuevo rol y poder que el sector empresarial ha adquirido en un mundo económicamente globalizado en el que inciden directamente en el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales y en la adopción de políticas públicas de los Estados con clara influencia en las condiciones de vida de las personas, también deben cumplir una serie de obligaciones que les fuercen a dar todo aquello que se necesita y en especial cuentas ante la comunidad.

La transparencia en la gestión se convierte en un elemento de producción más que va a ser controlado por una sociedad civil cada vez más informada y exigente, ser asociada como empresa a la violación de derechos humanos, aparte de las responsabilidades penales que pudieran derivarse, determinas su deslegitimación y su caída en relación con los ciudadanos y consumidores.

Insisto, el carácter universal de los derechos y el proceso de globalización económica, si se quiere que éste no sea insensible y desaforado, lo cual hoy día resulta inaceptable, implica que la empresa sea llamada a respetar todos y cada uno de los estándares internacionales de derechos humanos y en su área de influencia y en la praxis diaria. El bienestar y la libertad de todas las personas tienen el mismo valor y por tanto deben estar igualmente protegidos. Por lo demás, las sanciones por incumplimiento deben ser contundentes y exigibles a nivel nacional e internacional.

Hoy día la opción no puede ser sólo la de existencia de códigos de conducta o incluso la de adopción de una política corporativa sobre derechos humanos, sino que las empresas deben poner en marcha los mecanismos, metodologías y sistemas internos y externos de evaluación precisos, es decir, la responsabilidad social corporativa y la política de derechos humanos pasa definitivamente a integrarse en la estrategia global de la empresa, ello supone implementar esta política mediante la atención personal a la misma, renunciando por ejemplo a inversiones en lugares y países en los que se violen los derechos humanos, o retirando inversiones de países de riesgo en términos de derechos humanos. Esta nueva política debe de asumirse como un requisito sine qua non para poder hablar de empresa y de negocios responsables, y el liderazgo empresarial del siglo XXI así lo impone, precisará de una capacidad constante de adaptación, incluso de anticipación, que le permite elaborar un diagnóstico acertado de la política de derechos humanos para que redunde también en beneficio de la propia empresa y de la sociedad con la que tiene que interactuar.

Hablamos de derechos de los trabajadores y entre estos derechos permítanme que haga una referencia breve al derecho a la seguridad social de los mismos. Los millones de trabajadores y campesinos de América Latina que sufren por falta de cobertura, por escasa cobertura contra los riesgos sociales es uno de los capítulos pendientes en la región. Sólo el 20% de la población mundial se beneficia de una protección social adecuada y más de la mitad no está amparada por ningún régimen de protección, incumpliéndose con ello la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que proclama que toda persona como miembro de una sociedad tiene derecho a la seguridad social.

A escala mundial, como dice Manuel Reinar, los sistemas de protección social de los países industrializados hacen frente a un doble reto, brindar una protección adecuada en un contexto de mayor incertidumbre en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social para evitar los procesos de marginación o de desafiliación de una parte de la población. Esto significa por una parte concebir unas formas de protección adaptadas a la creciente movilidad de los trabajadores, y por otra combinar políticas de inclusión social y dispositivas que garanticen los ingresos mínimos.

La magnitud de las necesidades y la debilidad de los regímenes de protección de los países en desarrollo inducen a ampliar el concepto de seguridad social para abarcar las necesidades básicas, como el acceso a la alimentación y el agua, a la atención, a la salud, la vivienda o la educación. En esta línea las llamadas iniciativas comunitarias no deben fragilizar los regímenes legales existentes ni organizar sistemas paralelos de solidaridad para los pobres, sino que deben de integrarse en una política nacional coherente de extensión de la protección social con carácter general y sin distinción en razón de la adscripción política. El problema se agrava con el hecho cierto de que la economía informal o subterránea representa casi las dos terceras partes del total del empleo no agrícola en los países en desarrollo y este es un tema al que de hecho se ha renunciado a resolver.

Por otra parte, el informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo de octubre de 2006, nos advierte que el desempleo juvenil global registra una tasa del 13,5%. En una década ha aumentado en más de un 14% el número de jóvenes sin empleo. En América Latina y el Caribe la situación es más apremiante ya que el índice sube al 16,6%, doble de la tasa del desempleo general. Es un hecho muy grave y preocupante que el 13,3% de los jóvenes trabajadores de América Latina vivan por debajo de la línea de pobreza de un dólar diario. La carencia de un empleo decente al comienzo de una vida puede comprometer seriamente las perspectivas de empleo que esa persona tiene para el futuro y determinar negativamente esto.

La pobreza abarca, como decía al principio, a más de la mitad de todos los trabajadores del mundo, la necesidad de reducir la pobreza absoluta y disminuir la brecha del ingreso es aceptada como esencial desde un punto de vista moral, tanto en los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo y para combatir la inestabilidad social, económica y política se necesitan, como dice Octavio Paz, soluciones universales, no aisladas o locales, el esfuerzo por tanto tiene que ser común y coordinado.

La creación de empleo decente debe ser uno de los puntos prioritarios de la formulación de políticas sociales, ello promocionará el crecimiento económico y estimulará la inversión y la incentiva empresarial, el desarrollo de competencias, normas laborales apropiadas y modos de vida sostenibles, en palabras del Director General de la OIT, Juan Somabía.

Asimismo, la creación de empresas es clave para promover y extender el desarrollo local y los mercados locales a través de pequeñas iniciativas empresariales y para ello es vital garantizar la adecuada preparación y adquisición de conocimientos entre los jóvenes para poder iniciar con solvencia su vida laboral.

Resulta así mismo básico respetar y promover los derechos fundamentales en el trabajo, tales como la libertad de asociación, sindicación, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación laboral, ello redundará en una efectiva garantía para las nuevas inversiones y la estabilidad en el lugar de trabajo y la productividad. Garantizar un adecuado sistema de protección social y un aceptable funcionamiento de las instituciones y sistemas que fortalezcan la gobernabilidad del mercado laboral, propiciando el diálogo social entre organizaciones fuertes de empleadores y empleados, viabilizará la productividad y la construcción de sociedades coherentes.

En esta política deben de implicarse todas y cada una de las organizaciones multilaterales, políticas y económicas, para evitar el desastre de un crecimiento desaforado e irracional, que tan sólo redundará en hacer más grandes las desigualdades y favorecerá a los que postulan y defienden posturas intervencionistas excluyentes.

Por último, eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso deben ser objetivos prioritarios de cualquier gobierno y del tejido empresarial. En América Latina 1.3 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso y ello supone el 10% de la cifra mundial. El ejemplo de Brasil en la lucha contra estas formas de trabajo es loable y debería seguirse por otros países, en este combate el compromiso de la sociedad civil resulta fundamental, pero también el de empleadores y trabajadores ordinarios.
La contundencia de las sanciones debe ser así mismo ejemplar. En este campo no se puede ser transigente contra la impunidad, pero la lucha contra ésta, contra la impunidad, no debe ceñirse sólo a este campo, debe extenderse a todas las áreas que perturban la seguridad diaria de los ciudadanos.

Si una conciencia jurídica legítima conlleva a un nivel de exigencia ética creciente, debemos concluir que ante la eventual pasividad de la justicia en un lugar concreto, la práctica de una justicia universal válida puede y debe eliminar toda sombra de impunidad allá donde se produzca y conseguir que su aplicación ennoblezca cada vez más la dignidad del ser humano.

La presencia de un derecho común, universalmente compartido, plasmado en el principio de justicia penal universal, debe significar la lucha sin descanso por la libertad y la dignidad del hombre, y la mejor garantía frente a cualquier ataque que la sociedad sufra. La percepción de que no existen fronteras para la lucha contra la impunidad contribuye a dar una mayor seguridad a los ciudadanos y a que desaparezcan los Guantánamos del mundo.

El compromiso responsable de los jueces y del Ministerio Público en la persecución a la violencia de género, el narcotráfico, las pequeñas y grandes corrupciones, las extorsiones fuera y dentro de las instituciones es lo que dará credibilidad a la justicia y es lo que definirá realmente el alma de un pueblo. La inercia y la indiferencia frente a estos fenómenos no es una opción, el no es un problema mío, el yo no puedo hacer nada son palabras y actitudes que deben de estar fuera del lenguaje de los poderes públicos y en especial de aquellos que administramos justicia.

Permítanme queridos amigos, que vaya concluyendo con una breve referencia a aquellos valores que junto con la justicia integran el núcleo básico de una democracia, cuales son la libertad, la tolerancia, la paz o la cultura. A veces pienso que parte de nuestras sociedades, merced a esa cultura de la apariencia y de la virtualidad, es una sociedad epidérmica, superficial, que tiene miedo a profundizarse en sí misma ante el riesgo de encontrarse con su propia imagen pero con un perfil real en solidario que desprecia al otro o se desentiende de los problemas de aquellos que viven junto a nosotros o en la parte opuesta del mundo.

La indiferencia por los perseguidos, por las víctimas, sobre todo si ésta es institucional, es el cáncer de una democracia y es lo que hizo posible que regímenes como el régimen nazi acabara con millones de vidas. El problema no es del otro sino nuestro. El riesgo es evidente, una sociedad así diseñada constituye una especie de sociedad simulada que prescinde de los valores básicos de la democracia, escorándose hacia el narcisismo étnico, la intolerancia o la xenofobia.


En este punto, las palabras de Voltaire a través de los siglos, son dramáticamente certeras: el mejor modo de fundamentar la tolerancia es luchar contra la intolerancia. Si en Inglaterra, añadía, hubiese una religión podríamos tener al despotismo, si hubiese dos se cortarían las cabezas los unos a los otros, pero hay 30 y viven en paz.

El espíritu democrático se ha ido tejiendo de forma lenta pero incontenible desde todos los frentes de la inteligencia humana y siguiendo la estela de John Lock en su carta sobre la tolerancia en el ya lejano 1689, debemos defender el derecho de resistencia y de rebelión ante situaciones extremas de abuso de poder, huyendo de la sumisión que impone la obediencia oficializada y proclamando la necesidad de enarbolar la bandera de la libertad por encima del jergón de la sumisión, como decía Etienne de La Botié en su discurso sobre la servidumbre voluntaria allá por el siglo XVI. Los adictos a la intolerancia no tienen más argumentos que la cobardía y la violencia. Borges nos recuerda la historia del caballero a quien en medio de una discusión teológica o literaria, su contrincante arrojó a la cara un vaso de vino, sin inmutarse el agredido replicó: Esto señor, es una disgresión, ahora espero su argumento.

Los defensores de la intolerancia actúan como ese agresor y carecen de argumentos, no dejan lugar a la razón común y con su acción quieren borrar al contrincante si es un adversario o aniquilarlo si es un enemigo. Los intolerantes no duda, descienden por línea directa del autoritarismo que siempre se reviste de una especie de verdad inmutable, cargados de consignas son disciplinados y sumisos, tergiversan la realidad y la historia a las que nacionalizan y finalmente se inmolan o matan por sus posiciones trascendentes, que únicamente existen en el hueco de su cabeza. El oficial en la Colonia Penitenciaria de Kafka, es un adicto a la intolerancia, preocupado únicamente por la eficacia de su máquina de matar confunde la justicia con la necesidad de las víctimas, por eso ni en sueño reciben los intolerantes la visita de la duda.

La ideología de la intolerancia localista, tribal, fascinada melancólicamente por lo irracional y lo mítico, se asienta preferentemente en viejos bastidores doctrinales, dogmas y ortodoxias a granel, donde la crítica es imposible y a veces se adereza con un supuesto izquierdismo, como mero adhesivo oportunista que busca presentar lo viejo como moderno y camuflar la persecución política y la depuración ideológica desde un fanatismo totalitario.

Para los intolerantes la culpa siempre es del otro, a través de esta gimnasia sombría se liberan de sus propios fantasmas, lo que les permite seguir viviendo en los parajes de la ficción y del delirio, los intolerantes crean su propio entorno social, cultural y efectivo, se movilizan y se encuadran para facilitar aliento popular a sus activistas y simpatizantes, se esfuerzan en captar militantes tristemente esmaltados con siniestros y horrendas agresiones como único motín de guerra, así se cierra una especie de círculo infernal de este juego escalofriante diseñado para un obsceno destino por los santones de cualquier fundamentalismo, que es la expresión patológica del desequilibrio y de la quiebra del universo.

Los fundamentalistas rechazan la hermenéutica, el pluralismo y el relativismo y sólo afirman desde una turbia complicidad el miserable reinado de la exclusión, cuando el disenso está amordazado, la tortura, el asesinato, la censura, la extorsión, la amenaza, la corrupción, han sido herramientas favoritas a través de la historia de los intolerantes que pretenden evitar cualquier opinión divergente y si ésta surge silenciarla o denostarla inmediatamente. Ante esta pequeña corte de testigos que hoy nos reunimos aquí, me parece oportuno traer también a colación las palabras de Elías Canetti, que en su masa y poder ha contribuido decisivamente a poner de relieve el carácter atávico y transindividual de las actitudes intolerantes, ligadas siempre a los reflejos de la supervivencia que rigen las psicologías del poder.

El filósofo británico Jonathan Glober denuncia el carácter criminal de la intolerancia política y cultural , la conclusión de Glober tras el repaso a tanta ignominia de tal exceso de barbarie, es un tanto desalentadora para la especie humana, los hombres no han aprendido, no hemos aprendido a respetarnos los unos a los otros, persiste una especie de orgullo guerrero que fomenta la eliminación de aquellos que han sido calificados de enemigos, confiesa Glober que la antipatía hacia las diferencias combinada con un aberrante tribalismo, son constantes y casi inextirpables de la psicología del intolerante. Sin embargo, hija legítima de la tolerancia es la libertad que se abrocha irrefutablemente con la paz, una paz democrática incardinada en el derecho y en la justicia, la libertad, como afirma Don Manuel Azaña, Presidente de la Segunda República Española, no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres.

Ahora, que el concepto de seguridad pugna por sofocar y neutralizar al concepto de libertad, es preciso volver a cantar la gloria constitutiva de la libertad humana como la única empresa y aventura irrenunciables, frente a la injusticia y a la infamia, sólo cabe una pedagogía de la indignación activa cimentada en la libertad.

Frente al curso fatal y siniestro de los acontecimientos, sólo cabe una oposición firme que ponga a prueba desde la libertad, nuestra capacidad para cambiar el ritmo de la historia, frente a la trinchera que destila odio y segrega venganza, sólo cabe el ejercicio de una libertad que desde el coraje y la convicción ética, interpele y desafíe la mezquina gloria de los intolerantes y que cubra de garantías a quienes ninguna respeta.

Karl Popper lo afirmó sin rodeos, sólo la libertad parece hacer segura a la seguridad y entre ambas cubren todo el espectro garantista que pueda exigirse, pero a la vez contiene su excusa. La única paz posible y verdadera es una paz justa, libre y democrática, demos por ello validez actual a las palabras del Padre Juan de Mariana, que también en el ya lejano siglo XVI decía: Bueno es el nombre de la paz, sus frutos gustosos y saludables, pero advertir que bajo el color de la paz no nos hagamos esclavos, a la paz acompaña el respeto y la libertad, la servidumbre es el mayor de os males y se debe rechazar con toda cuidado con las armas y la vida si fuere necesario.

Hoy es un buen día para cimentar la lucha por la libertad y la justicia y es que sólo en libertad la justicia da vida y muestra cómo debe lucharse para que éstas adquieran sentido. El destino no está trazado en las estrellas, lo formamos nosotros día a día, ni tristezas ni olvido., ni impunidad ni justificación, es preciso vencer el miedo y hacerle frente en cualquier esquina con la mano abierta y el corazón entero.

Queridos amigos y amigas, el mundo que hoy vivimos es una inmensa cartografía de diferencias, sólo, insisto de nuevo, la tolerancia puede cambiar el mundo, cuanto más amplio es el marco de intercambio cultural, más aprenderemos los unos de los otros, habitamos un mundo más plural y variado que nunca, la globalización no puede acabar con las culturas del mundo, sólo puede añadir una más. La base de esta cultura global tendrá que ser el pluralismo, porque es el único valor capaz de abarcar a todos los demás para conducirnos a una unidad diversa, de cómo construyamos esto dependerá nuestro futuro como género humano y nuestras posibilidades como parte del universo.

La cultura nos provee de referentes éticos y como decía Borges, yo preferiría pensar que a pesar de tanto horror, hay un fin ético en el universo, que el universo responde al bien y en ese argumento pongo mis esperanzas y es por ello que frente a los intolerantes que siembran semillas de odio, frente a los que ejercen el poder y permite o auspicia que se mate o que el miedo se apodere de una humanidad secuestrada y frente a los que confunden religión frente a fundamentalismos fanáticos, la única vía, insisto, es, ahora más que nunca, recuperar las exigencias de una ética de la convicción junto con una ética de la responsabilidad, es ejercer la valentía civil que antepone el valor de la verdad a cualquier conveniencia pragmática y utilitarista. Es exigir la compatibilidad entre el pluralismo de opciones que diseñe el horizonte de nuestro futuro democrático lejos de la neutralidad valorativa de la que nos hablaba Max Beuvert. Una democracia sin valores, inmersa en la incertidumbre o en la contingencia política oportunista tiende a convertirse en un totalitarismo visible o latente y olvida lo que Toqueville advertía acerca de que el fundamento de la sociedad democrática estriba en el estado moral de un pueblo.
Aprendamos del Libertador Simón Bolívar cuando en la carta al Teniente Coronel español Francisco Doña el 27 de agosto de 1820 le decía: “El hombre de honor no tiene más patria que aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad”; o cuando en su carta al General Santander el 30 de octubre de 1823 le dijo: “En moral como en política hay reglas que no se pueden traspasar pues su violación suele costar caro”."

Público: Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión.

Presentador: Bueno, estos son los periodistas. Magnífica la presentación. La verdad es que …

B. Garzón: ¿No fue muy larga?

Presentador: No, no, perfecta, perfecta. Agradecemos al Magistrado Baltasar Garzón por esta profunda reflexión en lo que ha sido su ponencia que da punto final a este Congreso Internacional de Conindustria. Tenemos a continuación la sesión de preguntas y respuestas que serán atendidas por el Presidente de Conindustria el Dr. Eduardo Gómez Cigala en su condición de moderador.

Eduardo Gómez Sigala: Bueno, primero que nada quiero agradecer al Magistrado Baltasar Garzón por esta extraordinaria conferencia. Sus aplausos reflejan las expectativas que por su presentación teníamos, pero sin embargo pues tenemos muchas preguntas que vamos a proceder a presentar. Durante este acto hay algunas personas que nos han planteado su interés en presentar algunos documentos y lo vamos a hacer al final de las preguntas así mismo como los periodistas que acaban de entregarle un documento al magistrado.
Vamos a iniciar las preguntas para el doctor Garzón.

Preguntas, respuestas, comentarios

P/: ¿Cuándo el poder judicial está secuestrado o actúa en contra de la ética y justicia, qué puede o cómo debe actuar la sociedad civil para restituir la justicia?

R/: Bien, es el problema de teorizar ahí en el podium que después tiene uno que concretar en la mesa. Realmente cualquier país vive o puede vivir fases en las que el poder judicial no responde a lo que las propias normas constitucionales y legales dicen y eso se le puede llamar estar secuestrado o no ser independiente o no ser imparcial, etc. Pues la sociedad civil lo que tiene que hacer, la sociedad en general lo que tiene que hacer es exigir que esa independencia se produzca, que esas leyes cambien. Y la única forma que hay en democracia de conseguir que las cosas cambien es a través de las elecciones y a través del pronunciamiento electoral. Pero una vez que eso se ha producido hay que exigir a las instituciones que cada una cumpla el papel que le corresponde y que debe de hacer. Yo sé que afirmar eso puede parecer una paradoja porque la pregunta inmediata a continuación es: ¿Y cuando no se pueda hacer esto? Bueno, siempre se pueden hacer, siempre se pueden iniciar los movimientos necesarios para que las cosas cambien.
Si el mundo es algo es una realidad en permanente evolución, cambio constante y la historia de
la humanidad lo ha reflejado.

Nosotros en España vivimos una situación similar cuando, no olviden ustedes o no olvidéis, que España vivió una dictadura de 40 años; una dictadura de 40 durísima que controlaba absolutamente todo y en forma permanente y entre otros al poder judicial también, y hay que decirlo en honor de ello y hay que decirlo en honor a los jueces que fueron mis maestros y que desplegaron su acción durante y después, aunque hubo excepciones, dieron la talla que exigía el momento histórico para reivindicar su independencia. Hay muchas veces que, además de lo que se puede y se debe exigir, son los propios jueces los que tienen que hacer algo. No vale con decir “que me protejan de las agresiones”. Hay que protegerse uno a sí mismo. Hay que tener una preparación científica, correcta y, si cabe, mucho más amplia que cualquiera de los que estén frente a ti porque así te harás más fuerte frente a aquellos que traten de imponerte un criterio o coaccionar o presionar.

Todos hemos tenido en algún momento –me refiero a todos los que nos movemos en el ámbito de la justicia– en algún momento hemos tenido dificultades por presión, por coacciones, por múltiples razones que sería largo enumerar. La diferencia está entre el juez que se resiste a ellas y el juez que no se resiste a ellas y frente a eso no hay ninguna norma, no hay ningún antídoto, el antídoto está en cada uno de esos jueces que sepa lo que es ser juez. Yo lo tengo muy claro: puedo acertar o me puedo equivocar, pero desde luego no estaría ni dos minutos ni un minuto más como decía en la conferencia, en la presentación, si tomara una decisión que no es acorde con la ley o que estimo que es injusta. No hay recetas. En España cuando vino la democracia y después de una transición ejemplar, complicada e interesante se Libertades y derechos humanos, empresariales y laborales produjo un movimiento dentro de los que iniciábamos en ese momento –yo comencé mi andadura judicial en 1980– y sin que nadie nos pusiera de acuerdo comenzamos cada uno en los lugares donde estábamos y a luchar frontalmente contra las corruptelas, corrupciones, contra el tráfico de dinero en los juzgados, con las coimas, las mordidas, y se produjo en un período de seis, siete años un cambio absoluto. Después pasó lo mismo con la corrupción. Se combatió y no hubo ninguna consigna y se consiguió que las leyes se acomodaran, que las instituciones públicas funcionaran y también se abordó la propia corrupción del Poder Judicial. Es decir, había la sensación y la convicción de que se podía hacer. Y esa tiene que surgir en el propio poder judicial y luego todo lo demás.

R/: Lo cual quiere decir que no me extienda tanto ¿no?

Moderador: Son relacionadas, así que voy a leerlas todas. Cuando el Poder Judicial está secuestrado, o actúa en contra de la ética y justicia ¿qué puede, o cómo debe actuar la sociedad civil para restituir la justicia?

Baltasar Garzón: Esa ya está.

P/: ¿Qué puede o debe haber un ciudadano común para que se imparta justicia de manera razonable cuando el Poder Judicial despacha según lineamientos recibidos de otros poderes, en especial el Ejecutivo? En un país donde la justicia está controlada por el Gobierno, todas las dependencias como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría del Pueblo, están sometidas a la intolerancia del Gobierno en abierta ¿qué puede hacer la sociedad? ¿Qué deben hacer los ciudadanos o las empresas cuando observan o comprueban que el Poder Judicial no es independiente? ¿Qué podemos hacer ahora cuando el Presidente de la República tiene secuestrados todos los poderes, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo debe luchar el sector privado ante la evidente penetración de mafias en la economía, aplicando prácticas terroristas para lograr sus objetivos?

R/: Bien. El bloque de preguntas, primero, van todas en la misma línea argumental que trataba de esbozar la respuesta de la primera. En cuánto a que hacer, pues vuelvo a reiterarme en lo que anteriormente he dicho. El control político de la justicia y de las instituciones es una tentación permanente, históricamente invariable, en todas y cada una de las sociedades. Es decir, los gobernantes políticos tienen una especial predilección porque no haya controles, porque nadie les
perturbe. Incluso los más democráticos les fastidia bastante cuando la justicia se aproxima a los primeros peldaños del poder. Ahí ya les entra un salpullido y entonces ahí bueno, pues la justicia se está politizando. Ya se meten donde no le corresponde. Quiénes son estos que no han sido elegidos, que no han sido elegidos democráticamente.
Los jueces son el único poder no legítimo que hay en una democracia. Y no se piensen ustedes que me estoy refiriendo a Venezuela. Esas expresiones se han dicho en España. En la España democrática me refiero. Es decir, siempre hay como una especie de confrontación teórica y real entre el poder político, entendiendo por tal el sentido amplio, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuando actúa aproximándose en ese labor de equilibrio y de control que le confiere la Constitución, todas las constituciones, hacia los dominios de esos dos poderes.

Pero eso es bueno que sea así. Es decir, la fricción entre poderes es algo que puede consolidar, y debe consolidar, la democracia. También es verdad que puede hacer saltar esa institucionalidad. Pero lo que tenemos que conseguir es que el Poder Judicial asuma y perciba esa representación fundamental que tiene en el equilibrio de las instituciones y que asuma que no es un poder servil
de los otros. Es decir, que no depende del Poder Político, sino que está para servir y defender a los ciudadanos. No me pregunten cómo se consigue esto, pero es que es la única solución. Es decir, lo mismo que hay una persona que cuando pasa alguien que tiene poder se levanta y se quita el sombrero, o la gorra, y le saluda, y hay otra que se queda sentada porque considera que no tiene por qué hacer ese saludo, pues aquí ocurre lo mismo. El decir, mire usted, hay jueces que saben, a pesar de las adversidades, cuál es el papel que tiene. Hay jueces que en países como
Italia, o en países como Colombia, en países como España, que saben lo que se juegan y han sido asesinados por organizaciones terroristas, organizaciones mafiosas, o de narcotraficantes, y sin embargo no han cedido. Hay otros que sí han cedido.

Entonces ¿dónde está la medida de uno y de otro? La medida de uno y de otro está en asumir los valores democráticos que la justicia representa en defensa de los ciudadanos, y en saber que el juez está para defender los derechos de los ciudadanos, y no los derechos de los que ejercen el Poder Político. Que también son ciudadanos, y por tanto deben de verse sometidos a la igualdad, al principio de igualdad, y al imperio de la Ley.

Yo, en cuanto a la lucha del sector privado, para conseguir que se restablezcan las libertades y el proceso judicial, la independencia de la justicia, bueno, yo creo que entra dentro de lo que es la parte de la sociedad. El sector privado empresarial, entiendo, la iniciativa privada tiene un papel fundamental. Yo hacía referencia de pasada, porque no se podía profundizar en todos los aspectos, en mi presentación, en el compromiso que el sector privado tiene que tener por ejemplo en la lucha contra la corrupción. La introducción de las técnicas de buen gobierno, la introducción de los códigos éticos y de buenas prácticas, es fundamental. Es decir, hay que superar, hay que superar, esa visión que en muchas sociedades existe, de que hay que ser condescendientes con la corrupción. Con el sector por ejemplo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el sector judicial, con otros sectores de las instituciones, en muchos países en que debido a los escasos sueldos, los escasos salarios y otras razones, hay una especie de cáncer con metástasis permanente, que es el de la corrupción. Y sin embargo, todo el mundo lo acepta y lo asume como que es algo normal. Y si a alguien se le pregunta, lo que fastidia, lo que molesta, no es que haya corrupción, sino que no se haga bien para que no te pillen. O sea, es de locos ¿no?

Es decir, yo me acuerdo en la primera época de los años 90 en España, cuando empezaron a estallar escándalos de corrupción, en unos sitios, en otros, y demás, la gente decía “Pero qué torpe. Qué torpe es este. Cómo. Qué mal lo ha hecho que lo han pillado”. Yo me acuerdo del Director General de la Guardia Civil, Roldán, que está cumpliendo pena todavía, que bueno, que cometió una serie de hechos bastante desgraciados y delictivos, que desgraciados absolutamente
delictivos, que se llevó el dinero, en definitiva, y cuando se le juzgaba y se le investigaba después
de haber huido, etc., decían “Pero mira que era torpe. Oye. Qué burdo que era. Cómo hacía las cosas. Si lo hubiera hecho de otra manera”. O sea, fastidiaba que fuera tonto, no que fuera ladrón ¿eh? Entonces esa mentalidad es la que hay cambiar en ese sentido, y empezar, es lo mismo que cuando te llegan y te dicen “¿Con IVA o sin IVA?” Oiga usted ¿y a mí por qué me tiene que decir si me va a hacer una reparación en mi casa, con IVA o sin IVA? Usted cóbreme lo que me tenga que cobrar. Póngame menos precio o más precio, pero no me diga con IVA o sin IVA porque ya me está provocando a que cometa un delito y bueno, algunos dirán “Pues bueno, pues venga, sin IVA, venga, vale”. Pues no. Entonces es toda una cultura. Es una cultura que lleva tiempo. Es una cultura que debe de exigirse con comportamientos que comienzan desde la base. No se hacen de la noche a la mañana. Eso es evidente. Como no se va a conseguir la independencia del Poder Judicial, ni se va a conseguir el pleno empleo, ni se va a conseguir la Seguridad Social para todos y cada uno de los posibles trabajadores que haya. Pero hay que ir trabando, vertebrando, una base en la que la institucionalidad, el sector público, sea como decía, el espejo en el que se reflejan las buenas conductas y no al contrario, en el que el sector privado lo haga así mismo. Y bueno, encadenando, encadenando acciones y actividades.

P/: ¿Acaso los políticos, perdón, acaso las políticas de retiro de inversiones por parte de las empresas y corporaciones hacia zonas y países donde se violan o están en riesgo los Derechos Humanos no simplifica las cosas para los responsables de esas violaciones? Y así como existe la tendencia de no permitir que empresas inviertan en países donde se violan los derechos…

R/: Ya va. Ya va. Voy a contestar la primera, que es muy larga.

Moderador: Es lo mismo. La otra lo que dice es que aquellos países donde se aplican estas mismas políticas de violaciones, no se debería también los gobiernos romper relaciones diplomáticas o comerciales con esos países.

R/: Bueno. Yo no soy, como no soy diplomático ni soy político, aunque transitoriamente lo fui, con mal recuerdo por cierto, yo no sé si el extremo sería romper unas relaciones diplomáticas. Es decir, probablemente algún diplomático me podría decir “Mire, es que si estamos allí podemos saber, podemos tratar de paliar, podemos conseguir que se dulcifique, etc.”. Es posible en casos especialmente graves supongo que un sistema que bajo una dictadura o bajo una violación sistemática de derechos humanos es difícil estar con una representación diplomática asistiendo a los actos oficiales saludando y poniendo buena cara, supongo que no es nada sencillo.

Lo que trataba de decir y que además no es nada original por mi parte sino que es la normativa de Naciones Unidas y el código ético de Naciones Unidas para las buenas prácticas de las empresas y que cada vez más se está imponiendo es que dado el entrecruzamiento que hay de los temas económicos, sociales, empresariales y la globalización de esas relaciones empresariales con empresas transnacionales no se puede contribuir de alguna forma al desarrollo o progresión de violaciones de los derechos humanos que de una u otra forma tienen relación con esas inversiones. Por ejemplo, es difícilmente asumible que se puedan estar comprando zapatillas de deporte o prendas de deporte en la quinta avenida de Nueva York cuando se están fabricando en Singapur, en India o en Tailandia con trabajo infantil o casi con esclavitud de niñas de 13, 14 y 15 años, eso hoy día éticamente es inaceptable y legalmente es perseguible.

No se puede aceptar que en zonas de violaciones sistemáticas de derechos humanos que incluso han llegado a genocidios como por ejemplo la zona del centrode África se esté comerciando con las materias primas que directa o indirectamente han producido esas situaciones. Por ejemplo, hace unos años, en el año 2004 Naciones Unidas hizo público un documento, un informe en el que 30 empresas de occidente y algunas de países importantes, debo recordar que algunas de ellas de Canadá, había estado haciendo una serie de contratos y explotación con materias primas como en Uganda a través de el coltam, les cuento a ustedes para los que no sepan lo que es el coltam, es el mineral, es el material sin el cual los teléfonos celulares no funcionan, no sé si deberíamos haber descubierto el coltam o no porque los teléfonos celulares es como una cruz en las conferencias, te desconcentran, siempre hay alguno que suena.

Uganda era puesta como ejemplo de país que había conseguido anular su propia deuda externa a través de las explotaciones y las exportaciones de coltam, por eso estaba muy bien, pero ¿sabéis cuál era el problema? Que Uganda no tiene ni una sola mina de coltam, todas estaban en el Congo y en el Congo había genocidio, eran o habían estado relacionadas con el desarrollo de crímenes de lesa humanidad y así sucesivamente. Por tanto, no se puede argumentar y decir, si se hace es peor, puede ser peor pero si se hace también es peor, por tanto lo que hay que hacer es establecer unos mecanismos internacionales que tienen que ser asumidos y cumplidos por todas y cada una de las empresas y que no haya ninguna excepción en ese tipo de normas que afectan a valores básicos.
Por ejemplo, es necesario tipificar de una vez por todas como delito el pago de sobornos de empresas internacionales cuando esos sobornos se pagan en los países donde se produce el desarrollo de la acción. Hay que tipificarlo como delito, no porque se pague en Singapur, en España no va a ser delito el pago de un soborno ante una compañía que ha pagado en Singapur pero desarrolla su actividad en España y no piensen que en España esto era así antes, ahora sí desde hace unos años ya se introdujo ese precepto en el código penal, son ejemplos de lo que hay que hacer desde las buenas prácticas pero que deberían de generalizarse.

P/: Dos preguntas. ¿Existe realmente algún mecanismo o proceso internacional que nos ayude a reconstruir el marco institucional? El carácter universal del derecho ¿cómo se aplica a gobiernos que conculcan los derechos de sus ciudadanos?

R/: Miren, alguna vez lo he dicho cuando me han dicho alguna pregunta similar, lo que no hagan en Venezuela nadie lo va a hacer por ustedes, en el sentido que sea, es decir yo soy el menos indicado para decirle a todos ustedes y aquellos que me vean, si tienen tiempo y ganas, a través de los medios de comunicación lo que tienen que hacer. Yo podría hablarles muy bien de España, de lo que se tiene que hacer en España. Bueno, no está de sobra porque como tampoco tengo una
responsabilidad lo puedo decir con el derecho a la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos españoles y que tienen ustedes aquí, pero dar consejos en casa ajena es jodido. De verdad que lo único que diría es, fortalecimiento de las instituciones, fortalecimiento de la sociedad civil, participación de la sociedad civil en todas y cada una de las áreas que le corresponde vertebrar una respuesta de la sociedad civil, superar la indiferencia, el problema no es del otro, en serio, el problema es nuestro y si no lo solventamos nosotros nadie nos va a venir a resolver.

Puede ser que en un momento determinado, cuando los hechos sean delictivos, cuando sean de tal envergadura y fracasen todos los controles, que la comunidad internacional responda de algunas agresiones, para eso se creó la Corte Penal Internacional por ejemplo, o el Principio de Justicia Universal, o los tribunales penales internacionales ad hoc de la ex Yugoeslavia y Ruanda, por ejemplo, o de Sierra Leona, o de cualquier otro estados fallidos, o un tribunal internacional para juzgar a los asesinos de Rafib Haribi, no sé. Pero esas no son las soluciones, las soluciones, las que a mí se me preguntan supongo que son exactamente las otras, es decir las que se tienen que centrar y hacer aquí.

P/: La semana pasada los españoles celebraron junto a su rey los treinta años de las primeras elecciones libres celebradas después de la caída de Franco. España ha demostrado al mundo la posibilidad de superar efectivamente las profundas diferencias ideológicas que ocasionaron una cruenta guerra civil, una férrea y retrógrada dictadura, ciertas pretensiones nacionalistas e incluso el flagelo de la violencia armada. Para construir un país moderno y próspero, ejemplo de instituciones, estados, de progreso económico y de visión de futuro ¿se necesita por estos lares vivir una guerra civil o unas cuantas décadas de dictadura para superar nuestras profundas diferencias y construir un país en el que quepan todos?

R/: No, no, no, en absoluto, y ojalá que no sea nunca así, es decir las guerras nunca son buenas, siempre son malas. No, no es esa la cuestión. Antes decía que las cosas no suceden por casualidad y que llevan su tiempo, es decir el índice de libertades que hoy tenemos en España no era el mismo que se tenía en los años 70, ni el mismo que se tuvo en la transición democrática, ni después el que tuvimos en los años 90, es decir se han ido vertebrando poco a poco esas normas que dan, o esos cimientos que sirven de apoyo y de sustento al edificio común que hoy es España.

Probablemente si el que hubiese hecho la pregunta no fuera tan amante de España, o estuviese militando en España en un partido político, por ejemplo en el Partido Popular, habría dicho exactamente lo contrario. Lo digo, y no como crítica sino para contextualizar, es decir el discurso desde fuera es diferente al discurso desde dentro. Desde dentro, pues si uno abre un periódico en España, oye una radio o ve un programa político, os verá que las diferentes opciones, y en esta opción la opción conservadora, os dirá: el gobierno está generando una serie de normas que van a romper España, una serie de estatutos de autonomía que están rompiendo lo que es la idea de la unidad de España, está haciendo concesiones a los nacionalistas que pueden suponer acabar con el espíritu de la transición, etc., etc., le podría estar enumerando. Los contrarios dicen: es una barbaridad porque esto es una invocación a la confrontación civil, vamos a acabar mal! Bueno, ya saben ustedes que los españoles hablamos mucho y somos trágicos, por eso existen esos escritores y esas figuras a lo largo de la historia de España que prácticamente nos matamos a diario, pero después nos levantamos y nos decimos buenos días, es algo que se lleva.

España sufrió la dictadura, efectivamente, gravísima, que tampoco fue idéntica en cada una de sus fases, luego una transición en la que no todos estuvimos de acuerdo y en aquel entonces estaba en la tierna edad de los años universitarios en que aparte de estudiar y trabajar echando gasolina en un surtidor, tenía tiempo para decirle cosas gruesas a la policía y a las instituciones y era la confrontación, la rebeldía, la rebeldía que los que están en ese momento como estudiantes, como jóvenes profesionales tienen y deben desarrollar, porque en definitiva todo lo que estamos haciendo aquí es para ellos y si ellos no participan como se ha visto aquí hace un rato, reclamando una serie de derechos básicos, si no luchan por esos derechos que consideran que se están limitando, pues difícilmente alguien lo hará por ellos, eso es lo que ocurrió en la transición española.

Y decía que yo en la transición española estuve en contra de cómo se hizo la transición y además ser más drásticos, nada de impunidad y justicia para todos. Bueno, los años me han ido reconvirtiendo en el sentido de que la justicia es necesaria, pero también hay formas de administrar justicia y compatibilizar esa justicia con otras formas distintas de dar solución a los problemas en los periodos de transición. Entonces, de ese desencuentro, que a su vez se convirtió en consenso, se pudo ir andando y todos tuvieron que ceder, todos, cada una de las opciones tuvieron que ceder. No se olviden ustedes que hubo un intento de golpe de Estado, el día 23 de febrero de 1981, estuvimos a punto de perder aquello que recién habíamos obtenido.

Yo les cuento la anécdota de aquel día como yo la vivía, yo que procedo de una familia de clase media agrícola, mal trabajaban en el campo y demás, costó mucho trabajo a mis padres sacarme adelante, después de hacerles la vida bastante imposible por lo travieso que era, me fui al seminario, me decían que iba a durar tres meses, duré seis años, cosas de éstas y yo finalmente conseguí ser juez y llevaba diez días, el día 13 de febrero había tomado posesión en mi primer destino Valverde el camino, Huelva, llegando a Portugal.

Cuando salió por televisión que el Teniente Coronel Tejera había entrado en el Congreso, un espectáculo esperpéntico y tremendo, yo dije, bueno, diez días de juez, toda una vida de mis padres, mía y ahora diez días de juez, como estaba recién salido tenía los conocimientos frescos ya de momento dije, ya está, grado de Coronel y eso que no había hecho el ejército, grado de Coronel, aplicación de penas de muerte, soy contrario por esencia a la pena de muerte, la frontera de Portugal está ahí, me tengo que ir. O sea, que hubo momento duros, muy duros, pero de esos momentos de dureza y de desencuentro, como digo, todos fuimos construyendo un edificio que aún hoy día se cuestiona, pero que tiene la suficiente solidez como para permitir que haya esas discrepancias, es decir, la sociedad democrática no tiene que ser encuentro permanente de opiniones comunes, sería un aburrimiento, lo que sí tiene que haber es el respeto en la diversidad y la ausencia de la intolerancia y del sectarismo, el aceptar que la opinión del otro te puede ayudar a recomponer ese edificio, es un buen comienzo.

P/: ¿Usted cree que Fidel Castro hubiera sido juzgado en un Tribunal Internacional por lesa humanidad, por los fusilamientos de los años 60? ¿No es el sistema cubano un modo moderno de esclavitud? Esto es la remuneración a un tercero, el gobierno por la labor del trabajador en otros países asignados.

R/: Yo les voy a contar lo que yo he hecho y algunos dirán pues aquí no es el juez campeador que acabó con Pinochet, no. Pues miren, también se presentaron denuncias en mi juzgado contra Fidel Castro por crímenes de lesa humanidad y yo rechacé esa pretensión por dos veces. No voy a entrar porque me lo impide la ley española en opinar sobre temas que han estado o que están sometidos a mi jurisdicción, pero sí puedo decir que la razón por la cual el principio de justicia universal es un principio que debe de ser aceptado es porque tiene límites. La igualdad entre los Estados implica que ningún Estado pueda sobreponerse a otro, ni las instituciones de uno actuar en el territorio de otro. Cuando hay crímenes que afectan a la comunidad internacional ese principio se rompe porque está por encima del mismo de justicia penal universal. Pero con las limitaciones, una de ellas es el de la inmunidad diplomática. Cualquier persona que tenga inmunidad diplomática no puede ser juzgada sino en su país o en un tribunal penal internacional que está previsto perfectamente y precisamente para esos casos. Yo no entro por tanto a calificar las conductas que pueden haberse cometido en otro país porque, insisto, no me corresponde hacerlo a mí. Hay ejemplos en la historia y hay mecanismos para exigir las responsabilidades de quien o de quienes hayan cometido y también la historia demuestra que normalmente eso no suele suceder. Por tanto, el principio de justicia penal universal también es una especie de la historia de una ilusión desvanecida; es decir, a veces actúa, a veces no porque la siguiente pregunta podría ser: “Y ¿usted cree que puede juzgar a Bush por crímenes de guerra en Irak?” Mire usted, si dijera que sí estaría diciendo a lo mejor una aspiración de algunas personas pero sería absolutamente irreal.

En todo caso es el país donde eso se produce cuando tiene el que tiene que exigir. Lo que sí es cierto es que cuando se trata de crímenes o de posibles crímenes tan nefandos, horrendos, como son los de terrorismo o desde el Estado lesa humanidad, etc., el tiempo que tiene que pasar; es decir, nunca se exige o se aplica la justicia normalmente inmediatamente. Si ustedes atienden, por ejemplo, el caso de Argentina. El caso de Argentina, recordarán, después de la dictadura hubo un procedimiento ejemplar que fue la causa contra los responsables de las juntas militares y algunos otros responsables civiles y penales y militares de los crímenes de lesa humanidad allí cometidos. Sin embargo, inmediatamente se tuvieron que aplicar leyes de perdón y de obediencia de vida. Ha sido treinta años después cuando esas leyes han sido anuladas por la Corte Suprema de Argentina y es ahora cuando esos delitos entonces impunes se están investigando. ¿Quién iba a prever eso? Pues probablemente pocos.

P/: En su libro “Un mundo sin miedo” es citada la frase “el automatismo y formalismo en la aplicación de las normas sólo lleva a la injusticia”. ¿Podría ser aplicada dicha frase en el entorno venezolano y si es así podría explicar un poco.

R/: Sí, cuando yo hablo de automatismo y formulismo es un poco también con el símil que utilizaba parafraseando a Montesquieu que los jueces son la boca muda que aplica la ley. Es decir, yo no creo que el juez sea como decía en mi presentación un medidor de normas. Para eso no se necesita ser juez, se puede ser un gestor cualquier y ya está, ¿no? Es decir, si esto es así y tiene que ser el resultado este, hágase. Es decir, el juez es algo más. El juez tiene que partiendo de la ley y de la interpretación de la ley tratar de hacer justicia. Para eso tiene el nombre de juez. En esa aplicación de la justicia hay colegas que optan por el formalismo, por la exigencia de las formas como requisito sine quanon. Yo soy poco formalista en el sentido de que me gusta ir al corazón del asunto, buscar todos y cada uno de los elementos, con todas y cada una de las garantías, pero no poner falsas reglas, falsos formalismos, para evitar llegar a ese corazón del asunto porque puede haber razones ocultas que no quieren ponerse sobre la mesa.

Por tanto soy un hombre garantista, pero no soy hipergarantista, en el sentido de que si las garantías son 10, me gusta aplicar las 10. Pero no inventarme 5 más para no hacer justicia. Y eso es lo que yo quiero decir con las exigencias y los automatismos. Es decir, aplicar la ley formalmente implica falta de compromiso. Yo lo escenifico con el símil y decir que es hacer la siguiente pregunta. Si tú no haces la siguiente pregunta, puedes dar una respuesta. Si formulas esa siguiente pregunta, te leva a una tercera y a una cuarta y a una quinta. Al final te has complicado la vida y resuelves 7 y el formalista ha resuelto dos y probablemente de forma distinta. ¿Es legal el primero, es legal el segundo? ¿Es más justo el segundo, menos justo el segundo?

Moderador: Muy bien. Y agradeciendo la atención que ha tenido el Juez Baltasar Garzón, voy a comentar el documento simplemente comentarles que los periodistas y trabajadores de la prensa y comunicadores sociales que entregaron este documento, es un documento a la opinión pública, basado pues en las observaciones que ellos hacen sobre el tema de la responsabilidad social, el tema de las libertades y la libertad de expresión y por supuesto los temas de censura y de intervención en el tema de la opinión pública. Este es un documento que acaba de recibir el Juez Baltasar Garzón. También quiero comentarles que voy a entregarle una información, un video que nos hizo llegar la gente de Ciudadanía Activa para entregárselo al Magistrado. Igualmente quiero decirles que hay un documento, o un expediente, que la gente de Radio Caracas Televisión quisiera entregarle al Magistrado. Les agradezco que por favor se lo hagan llegar, si se pueden acercar para entregárselo.

Por último, antes de darle la palabra al Magistrado para clausurar esta intervención, nos han solicitado los estudiantes que invitemos al Magistrado pues a la asamblea universitaria. Sin embargo, pues sabemos sus limitaciones, pero lo que sí vamos a hacer es darles un minuto para que expliquen cuál es la representación estudiantil que está aquí hoy y el documento que quieren hacerle llegar.

Verónica Aguirrebeitia de la Universidad Monte Avila va a ser quien va a presentar, tenía otros dos, pero como son más.

Verónica Aguirreibeita, Universidad Monte Avila: En verdad es algo bastante breve, primero que nada queríamos saludar al Magistrado Garzón y darle una calurosa bienvenida a nuestro país. Básicamente lo que venimos a decirle es que nosotros los estudiantes, los jóvenes universitarios y como demócratas que somos venimos a hacerle entrega de esta carta donde manifestamos el sentir de la situación que está pasando en Venezuela actualmente.

Con esta carta que entregamos en sus manos confiamos ser para usted a partir de ahora, en lugar de una noticia de periódico un rostro, un sentimiento y un corazón, la juventud de Venezuela.

Por último queríamos preguntarle si usted accede a ello, hacer públicas las palabras que usted hoy ha presentado aquí porque de verdad representa lo que todos nosotros queremos para nuestro país y los ideales por los que estamos luchando hoy en día.

R/: Yo os doy el discurso no en este momento porque difícilmente lo vais a entender, pero sí me comprometo a través de la organización y la próxima semana lo tendréis aquí y las respuestas si están grabadas se pueden sacar. Solamente quería decir gracias por estos documentos que me entregan y demás, lo que quiero es sí dejar muy claro que no los tomo como juez. Es decir, no puedo ni tengo jurisdicción aquí para intervenir, lo tomo como persona comprometida por los derechos y sobre todo para conocer más allá de lo que ya conozco y me preocupa lo que sucede en cualquier país y mucho más cuando sucede en un país de Iberoamérica, lo único que sí quiero decir, específicamente a los estudiantes, antes lo he dicho, es que la fuerza y la rebeldía de la juventud y de los estudiantes es el motor y la salvia futura y presente de una sociedad y por tanto es necesario que eso se dinamice y se proyecte hacia la obtención de mayores cuotas de libertad, aquí y en cualquier país del mundo.

Moderador: Muchas gracias por su participación, por sus preguntas y especialmente al Magistrado Baltasar Garzón por su excelente exposición y por las preguntas que aquí nos ha respondido, hay una última que decía y no es una pregunta sino, está de acuerdo con Voltaire, no estoy de acuerdo contigo pero moriría por tu derecho a decirlo.

R/: Creo que ésa es la esencia de la discrepancia y la esencia de la libertad, poder decir aquello que se piensa aunque el que lo recibe o el que lo pronuncia no esté de acuerdo contigo, es la esencia de la democracia, si no es así no hay auténtica libertad.