La Convención Americana sobre Derechos Humanos , más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, dice en su artículo 8 (Inc. 1): “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…”.
El artículo 13 (Inc. 1) dispone por su lado: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La mera lectura de estos dos incisos explican elocuentemente por qué el presidente venezolano Hugo Chávez arremete contra la OEA y por qué amenaza con irse de la organización y con el desconocimiento a su Comisión de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de DD. HH. (CIDH).
De hecho, en la Venezuela de Chávez no se respetan esos preceptos: casi el 80% de los jueces y fiscales son provisorios y es notorio que los jueces supremos fueron designados a dedo o por una asamblea unicolor, al decir de un destacado jurista venezolano que presidió la CIDH. En esta realidad es muy difícil hablar de jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales.
En lo que hace a la libertad de expresión, Chávez, para que nadie tenga dudas, en los próximos días, formalmente va a ratificar, con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), que esa libertad le importa muy poco o nada. Como la ha remarcado el principal de la cadena bolivariana Telesur, el objetivo del gobierno chavista es lograr la “hegemonía mediática” como paso ineludible para “cristalizar la revolución”.
Es que pasando revista a la mayoría de los artículos de la Convención, y ni qué hablar de los de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, se explica y se justifica esta decisión de Chávez de irse. Los hechos dicen que ya hace mucho que está fuera.
Pero también hay otra realidad, y es que Venezuela ratificó la Convención en 1977, así como en 1981 aceptó la competencia de la CIDH, por lo cual está obligada a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…”. Esto a Chávez no le importa y hasta ha amenazado con irse de la OEA si esta o la Comisión de DD. HH. lo condena por el cierre de RCTV. El problema es para la OEA y para las naciones miembros que están obligadas a hacer cumplir la Convención.
¿Qué pasará? ¿Qué harán Evo Morales, Rafael Correa, Ortega, considerados los más fieles e incondicionales seguidores del comandante bolivariano? ¿Y qué hará Kirchner, transformado en los últimos tiempos en primer promotor de Chávez? Al Gobierno argentino no le va a ser fácil. Y no solo porque involucra a su mayor comprador de bonos, sino porque su canciller Jorge Taina fue durante cinco años, a fines del siglo pasado y principios de este, un activo y reconocido secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y que como tal recibió los embates iniciales de Chávez.
Para algunos, Chávez ha puesto a la OEA contra la pared. Esta se juega, en la instancia, todo el poco prestigio que le queda, incluso hasta su propia existencia. Para otros, a Chávez se le fue la mano y va a tener que recular o comenzará a sufrir las consecuencias que su soberbia le generará: nadie es tan grande para mofarse y desafiar al mundo entero.
Y mientras esto ocurre, el Congreso norteamericano parece estar más preocupado en hacerle la vida imposible al presidente colombiano Alvaro Uribe y demostrarle al resto del continente y a sus líderes y gobernantes que lo más redituable para sus imágenes y sus intereses políticos, económicos, comerciales y electorales es no defender ni embarcarse en los TLC, no combatir la producción y el tráfico de drogas ni declararle la guerra al terrorismo y mucho menos tener un poder judicial independiente con jueces que no tiemblan ni titubean cuando tienen que juzgar a quienes están cerca o son parte del gobierno y del poder.
Quizás en una de las pocas cosas sobre las que Chávez puede tener razón es en que no conviene ser amigo o creer en los Estados Unidos. No es el mejor negocio; da mucho más réditos declararse su enemigo y hacerlo responsable de todos los males.
* daf@adinet.com.uy
Fuente: ABC Digital
El artículo 13 (Inc. 1) dispone por su lado: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La mera lectura de estos dos incisos explican elocuentemente por qué el presidente venezolano Hugo Chávez arremete contra la OEA y por qué amenaza con irse de la organización y con el desconocimiento a su Comisión de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de DD. HH. (CIDH).
De hecho, en la Venezuela de Chávez no se respetan esos preceptos: casi el 80% de los jueces y fiscales son provisorios y es notorio que los jueces supremos fueron designados a dedo o por una asamblea unicolor, al decir de un destacado jurista venezolano que presidió la CIDH. En esta realidad es muy difícil hablar de jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales.
En lo que hace a la libertad de expresión, Chávez, para que nadie tenga dudas, en los próximos días, formalmente va a ratificar, con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), que esa libertad le importa muy poco o nada. Como la ha remarcado el principal de la cadena bolivariana Telesur, el objetivo del gobierno chavista es lograr la “hegemonía mediática” como paso ineludible para “cristalizar la revolución”.
Es que pasando revista a la mayoría de los artículos de la Convención, y ni qué hablar de los de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, se explica y se justifica esta decisión de Chávez de irse. Los hechos dicen que ya hace mucho que está fuera.
Pero también hay otra realidad, y es que Venezuela ratificó la Convención en 1977, así como en 1981 aceptó la competencia de la CIDH, por lo cual está obligada a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…”. Esto a Chávez no le importa y hasta ha amenazado con irse de la OEA si esta o la Comisión de DD. HH. lo condena por el cierre de RCTV. El problema es para la OEA y para las naciones miembros que están obligadas a hacer cumplir la Convención.
¿Qué pasará? ¿Qué harán Evo Morales, Rafael Correa, Ortega, considerados los más fieles e incondicionales seguidores del comandante bolivariano? ¿Y qué hará Kirchner, transformado en los últimos tiempos en primer promotor de Chávez? Al Gobierno argentino no le va a ser fácil. Y no solo porque involucra a su mayor comprador de bonos, sino porque su canciller Jorge Taina fue durante cinco años, a fines del siglo pasado y principios de este, un activo y reconocido secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y que como tal recibió los embates iniciales de Chávez.
Para algunos, Chávez ha puesto a la OEA contra la pared. Esta se juega, en la instancia, todo el poco prestigio que le queda, incluso hasta su propia existencia. Para otros, a Chávez se le fue la mano y va a tener que recular o comenzará a sufrir las consecuencias que su soberbia le generará: nadie es tan grande para mofarse y desafiar al mundo entero.
Y mientras esto ocurre, el Congreso norteamericano parece estar más preocupado en hacerle la vida imposible al presidente colombiano Alvaro Uribe y demostrarle al resto del continente y a sus líderes y gobernantes que lo más redituable para sus imágenes y sus intereses políticos, económicos, comerciales y electorales es no defender ni embarcarse en los TLC, no combatir la producción y el tráfico de drogas ni declararle la guerra al terrorismo y mucho menos tener un poder judicial independiente con jueces que no tiemblan ni titubean cuando tienen que juzgar a quienes están cerca o son parte del gobierno y del poder.
Quizás en una de las pocas cosas sobre las que Chávez puede tener razón es en que no conviene ser amigo o creer en los Estados Unidos. No es el mejor negocio; da mucho más réditos declararse su enemigo y hacerlo responsable de todos los males.
* daf@adinet.com.uy
Fuente: ABC Digital
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