05 mayo 2010

Los poderes subordinados

El diputado Carlos Escarrá, a la sazón, profesor de Derecho Constitucional desde hace muchos años, no se anduvo por las ramas para admitir públicamente, en el programa "Dando y Dando" que se transmite por el canal oficialista Venezolana de Televisión (VTV) -el canal del Gobierno, que no del Estado, ni de todos los venezolanos-, que en la Asamblea Nacional se discuten, reforman y aprueban únicamente los proyectos de Ley y las Leyes que interesan al Presidente de la República.

"Si Chávez nos dice 'esta es la ley que va', esa ley va. Él es el que dirige esta revolución", declaró rampante. Pero no es ésta la primera vez que el mencionado diputado reconoce el derrotero del activismo legislativo que despliega junto con sus camaradas. En enero de este mismo año, durante el acto de elección y juramentación de la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional, afirmó: "Sí, hacemos las leyes que le convienen al Presidente Chávez. ¡Claro que hacemos las leyes para la revolución bolivariana que establece el Presidente Chávez!" (Globovisión, 2010, 5 de enero) Escarrá: Se podría dictar una ley que regule las ganancias para evitar el abuso en exceso. (Últimas Noticias, 2010, 5 de enero) Escarrá reconoció que AN hace leyes para la revolución bolivariana.

Esta misma obediencia es la que exhibe la mayoría de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principalmente los integrantes de la Sala Constitucional, en un sinnúmero de sentencias mediante las cuales se han perpetrado aberrantes mutaciones a la Constitución y toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Un comportamiento similar ha seguido por años la mayoría de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, que han sabido imponer reglas y aplicar sanciones a los partidos políticos y a los electores de la oposición, mientras eximen de ellas al Presidente de la República, al partido oficialista y a los electores chavistas.

La pasmosa inactividad y el sordo silencio del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del Poder Ciudadano, hace de éste una muy deslucida figura ornamental que contrasta, engañosamente, con la desidiosa irresponsabilidad del Contralor General de la República, con el caradurismo antológico de los dos últimos Defensores del Pueblo y con la expedita animosidad inquisitorial de la Fiscal General de la República.

La impresión que dejan estos funcionarios en quienes a diario les observamos y escuchamos es que ninguno de ellos cree en la democracia, ni en la libertad de expresión, ni en el pluralismo político, ni en el respeto a los derechos humanos, ni en el poder soberano del pueblo, pero tampoco en el socialismo del siglo XXI, ni en el marxismo, ni en la igualdad social, ni en la redistribución de la riqueza. Y en el intento de suplir su carencia de convicciones con un exceso de atribuciones, por lo demás, ilegítimas e ilegales, han elegido obedecer servilmente a un hombre en lugar de servir dignamente al pueblo. Sólo para alcanzar ese roñoso y efímero orgasmo de poderío, han arremetido contra la Constitución y subordinado los órganos del Poder Público a la voluntad del autócrata.

¡Dios y la Patria os demandarán!

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