La Asamblea Constituyente de 1999 parió a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, que contiene un menú de lo más
completo en materia de derechos humanos. ¿Para qué ha servido? Durante
el imperio de la plaga revolucionaria, para que los esbirros de la
represión y la muerte les hayan hecho un tajo a cada uno, comandados y/o
respaldados por un régimen autocrático que se ha manifestado de muchas
maneras enemigo acérrimo de los derechos humanos, de la libertad, de la
democracia y de la Constitución.
Ahora, habiendo denunciado la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya lo es explícitamente. Renuente a permitir visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, contumaz ante sus informes y recomendaciones, reacia a respetar, acatar y cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la decisión del régimen ha pretendido dejar fuera de la jurisdicción de ésta al Estado venezolano, aduciendo que el mecanismo de protección de los derechos humanos deja en el desamparo a los gobiernos y los obliga a obedecer sentencias dictadas con ojeriza. Grosso modo, tal fue el argumento del difunto cuando ordenó el estudio para la denuncia de marras.
Se equivocan los que piensan que este retiro favorece al gobierno ilegítimo y salva a sus integrantes, directos e indirectos, de las consecuencias derivadas de las violaciones que hayan cometido o de las que cometan contra los ciudadanos venezolanos y contra la Constitución. Los derechos humanos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, y junto al umbral cuya puerta han cerrado, se han de abrir otros muchos atajos por donde seguirán transitando carretas llenas de denuncias de víctimas que no estarán dispuestas a callar.
Ahora, habiendo denunciado la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya lo es explícitamente. Renuente a permitir visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, contumaz ante sus informes y recomendaciones, reacia a respetar, acatar y cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la decisión del régimen ha pretendido dejar fuera de la jurisdicción de ésta al Estado venezolano, aduciendo que el mecanismo de protección de los derechos humanos deja en el desamparo a los gobiernos y los obliga a obedecer sentencias dictadas con ojeriza. Grosso modo, tal fue el argumento del difunto cuando ordenó el estudio para la denuncia de marras.
Se equivocan los que piensan que este retiro favorece al gobierno ilegítimo y salva a sus integrantes, directos e indirectos, de las consecuencias derivadas de las violaciones que hayan cometido o de las que cometan contra los ciudadanos venezolanos y contra la Constitución. Los derechos humanos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, y junto al umbral cuya puerta han cerrado, se han de abrir otros muchos atajos por donde seguirán transitando carretas llenas de denuncias de víctimas que no estarán dispuestas a callar.
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