Por José I. García Hamilton
Entre 1890 y 1910 los éxitos de la Argentina con su política económica agroexportadora fueron tan resonantes, que todos los partidos querían mantenerla. No solo el oficialista Partido Autonomista Nacional (PAN) de Julio Roca, sino también el radicalismo (que nace en 1890) y el socialismo, fundado por Juan B. Justo en 1896, propugnaban conservar esa línea. Por eso terratenientes como los Alvear, los Pueyrredón o los Alzaga pudieron integrar las filas más altas del partido radical y, hasta el partido Socialista, tuvo propietarios entre sus cuadros.
Los primeros cambios se manifestaron en 1912 al producirse el Grito de Alcorta de los arrendatarios (la mayoría inmigrantes italianos y españoles) en contra de los propietarios, en busca de contratos de alquiler con precios más baratos y plazos más largos. Se acusó entonces a las familias latifundistas de constituir una clase parasitaria y rentista, que no trabajaba sus tierras, sino que explotaba a los chacareros y disfrutaba sus ocios en los clubes elegantes de Buenos Aires. Esta campaña tuvo tanto éxito que, en 1946, el gobierno de Perón creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) que estatizó el comercio exterior con el propósito de destinar esa renta a aumentos de salarios y a subsidiar a las industrias nacionales, que desde hacía décadas venían solicitando protección. Salvo los sectores rurales afectados, la opinión pública no efectuó mayores reclamos y, por el contrario, el alza del consumo produjo una intensa sensación de bonanza.
Recién tres años después, cuando la producción agroganadera había descendido a niveles inferiores a los de 1920 y faltaban el trigo (se comía pan de mijo), la carne (que luego provocó el suicidio de Juan Duarte) y hasta el azúcar blanca (se consumía la negra, es decir sin refinar) Perón rectificó la política económica, cambió al ministro de hacienda Miguel Miranda por Alfredo Gómez Morales y pidió aumentar la productividad. Disminuyeron los incrementos de salarios y los créditos y cesó la estatización de las utilidades agrarias, es decir las transferencias de riquezas en perjuicio del campo.
Cuando el 11 de marzo la presidenta aumentó las retenciones mediante un mecanismo automático y móvil, no solamente eludió al Congreso en un tema impositivo mediante un decreto inconstitucional, sino que también apreció en forma equivocada el estado de la opinión ciudadana. Desde la crisis del 2001, en que las exportaciones de granos y soja permitieron pagar los planes sociales y recuperar la economía nacional, los productores agrarios volvieron a tener el prestigio de que gozaban durante el Centenario.
En 1648, cuando Carlos I aplicó arbitrariamente retenciones a la lana en Inglaterra, provocó una guerra civil y fue condenado a muerte, por cuanto su deseo de poder ilimitado y tiránico lo llevó a una lucha contra el Parlamento, pese a haber sido elegido para gobernar de acuerdo con las leyes. Los actuales son tiempos menos crueles, pero los gobernantes con tendencia a apoderarse y concentrar el dinero de los ciudadanos siguen pagando caros sus errores de evaluación.
Entre 1890 y 1910 los éxitos de la Argentina con su política económica agroexportadora fueron tan resonantes, que todos los partidos querían mantenerla. No solo el oficialista Partido Autonomista Nacional (PAN) de Julio Roca, sino también el radicalismo (que nace en 1890) y el socialismo, fundado por Juan B. Justo en 1896, propugnaban conservar esa línea. Por eso terratenientes como los Alvear, los Pueyrredón o los Alzaga pudieron integrar las filas más altas del partido radical y, hasta el partido Socialista, tuvo propietarios entre sus cuadros.
Los primeros cambios se manifestaron en 1912 al producirse el Grito de Alcorta de los arrendatarios (la mayoría inmigrantes italianos y españoles) en contra de los propietarios, en busca de contratos de alquiler con precios más baratos y plazos más largos. Se acusó entonces a las familias latifundistas de constituir una clase parasitaria y rentista, que no trabajaba sus tierras, sino que explotaba a los chacareros y disfrutaba sus ocios en los clubes elegantes de Buenos Aires. Esta campaña tuvo tanto éxito que, en 1946, el gobierno de Perón creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) que estatizó el comercio exterior con el propósito de destinar esa renta a aumentos de salarios y a subsidiar a las industrias nacionales, que desde hacía décadas venían solicitando protección. Salvo los sectores rurales afectados, la opinión pública no efectuó mayores reclamos y, por el contrario, el alza del consumo produjo una intensa sensación de bonanza.
Recién tres años después, cuando la producción agroganadera había descendido a niveles inferiores a los de 1920 y faltaban el trigo (se comía pan de mijo), la carne (que luego provocó el suicidio de Juan Duarte) y hasta el azúcar blanca (se consumía la negra, es decir sin refinar) Perón rectificó la política económica, cambió al ministro de hacienda Miguel Miranda por Alfredo Gómez Morales y pidió aumentar la productividad. Disminuyeron los incrementos de salarios y los créditos y cesó la estatización de las utilidades agrarias, es decir las transferencias de riquezas en perjuicio del campo.
Cuando el 11 de marzo la presidenta aumentó las retenciones mediante un mecanismo automático y móvil, no solamente eludió al Congreso en un tema impositivo mediante un decreto inconstitucional, sino que también apreció en forma equivocada el estado de la opinión ciudadana. Desde la crisis del 2001, en que las exportaciones de granos y soja permitieron pagar los planes sociales y recuperar la economía nacional, los productores agrarios volvieron a tener el prestigio de que gozaban durante el Centenario.
En 1648, cuando Carlos I aplicó arbitrariamente retenciones a la lana en Inglaterra, provocó una guerra civil y fue condenado a muerte, por cuanto su deseo de poder ilimitado y tiránico lo llevó a una lucha contra el Parlamento, pese a haber sido elegido para gobernar de acuerdo con las leyes. Los actuales son tiempos menos crueles, pero los gobernantes con tendencia a apoderarse y concentrar el dinero de los ciudadanos siguen pagando caros sus errores de evaluación.
Fuente: Fundación Atlas 1853
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