20 enero 2008

La ley no se cumple, ergo cámbiese la ley

Por Yulen Ariza Rossy

Decía Edmund Burke que la jurisprudencia es la primera de todas las ciencias y orgullo del intelecto humano, la razón colectiva acumulada a lo largo de los siglos, en la que se combinan los principios de la justicia original y la infinita variedad de intereses humanos.

Recientemente he oído críticas al sistema jurídico anglosajón de la Common Law por estar principalmente basado en la jurisprudencia. El fundamento de dichos ataques: el ensalzamiento de la legalidad frente a la manipulación y tergiversación a las que, supuestamente, parece ser más susceptible la normativa jurisprudencial. Sin embargo, son muchas las leyes que en España no se cumplen. Por motivos políticos, sin ir más lejos, la ley de banderas, y por motivos prácticos, como consecuencia lógica de un sistema en que los exabruptos de los políticos se recogen habitualmente en normas legales cuyo cumplimiento es harto imposible, tanto por su exhaustividad como por la incompatibilidad que pueden llegar a tener unas leyes con otras.

En los últimos dos meses se ha vuelto a poner sobre el tapete del debate político la situación del aborto. Fruto de la controversia suscitada por las detenciones de médicos abortistas y las imágenes difundidas por los medios del Grupo Intereconomía la reacción de la izquierda, beligerante siempre con el orden moral, no se ha hecho esperar. El razonamiento que ha rodeado tanto el planteamiento de El País como el de la ejecutiva socialista da una vuelta de tuerca a la tan denostada situación de la legalidad española. Efectivamente, las cosas pueden ir a peor. Si la ley del aborto no se está cumpliendo, lo que debemos hacer, por tanto, es cambiarla y punto. Ampliarla. Se acabó el problema. Así no se incumple. A esto cabe alegar, otra vez con Burke, que "los crímenes, cuando se toleran, es que se prefieren".

En nuestro sistema legal parece que no existe necesidad de manipular la ley; se cambia al antojo del consumidor y se acabó el problema. El incumplimiento de la legalidad es una afrenta al Estado de Derecho, pero el tipo de propuestas que plantea el PSOE demuestra algo peor: la voluntad del progresismo por subvertir los principios básicos sobre los que se asienta el Estado y el mismo Derecho. Asumiendo la teoría del mal menor, y puestos a elegir, es preferible que la clase dirigente tenga que hacer malabarismos para reinterpretar una sólida y asentada tradición jurídica, a la revolución pura y simple.


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