23 febrero 2007

En el mar de la felicidad

¡Empresarios y comerciantes, temblad!
¡Consumidores, ayunad!
¡He aquí el socialismo del siglo XXI!



Entró en vigencia la "Ley Especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precios" (Decreto-ley Nº5.197, Gaceta Oficial Nº 38.628 de 16 de febrero de 2007).


Venezuela en la cuerda floja de la amenaza inflacionaria

Por Simón Romero

Al enfrentar un acelerado índice inflacionario y escasez de alimentos básicos como carne de res, pollo y leche, el presidente Hugo Chávez ha amenazado con encarcelar a los propietarios de tiendas de alimentos y nacionalizar sus negocios si violan los controles de precios, que se están generalizando.

Los productores de alimentos y economistas dicen que las medidas anunciadas tarde la noche del jueves, que incluyen la remoción de tres ceros en la denominación de la moneda venezolana, probablemente salgan mal y generen una escasez aún más aguda y un alza en los precios al consumidor.

Chávez, cuyo populismo de izquierda sigue siendo muy aceptado entre los pobres y las clases trabajadoras de Venezuela, pareció no inmutarse ante las críticas a sus políticas. Al aparecer en vivo en la televisión nacional, hizo un llamado a la creación de "comités de control social", en esencia, grupos de sus partidarios políticos cuyo propósito sería informar de agricultores, rancheros, propietarios de supermercados y vendedores ambulantes que sortean el esfuerzo gubernamental por controla los precios de los alimentos.

"Es surrealista que hayamos llegado al punto en el que estamos en peligro de derrochar un importante auge petrolero", dijo José Guerra, un ex jefe de investigación económica del Banco Central de Venezuela que salió del gobierno de Chávez en el 2004. "Si el gobierno insiste en apegarse a una política que claramente está fallando, es posible que nos dirijamos por el camino de Zimbabue".

Como indicador de la inquietud por las políticas económicas de Chávez, que incluyen la nacionalización de compañías en las industrias telefónica y de electricidad, la inversión extranjera directa fue negativa en los primeros nueve meses del 2006.
La escasez de alimentos básicos ha sido esporádica desde que el gobierno fortaleció los controles de precios en el 2003, después de una huelga debilitante de los trabajadores petroleros. Sin embargo, en las últimas semanas, la escasez de artículos como carne y pollo han conducido a una reacción de temor de las autoridades federales mientras tratan de comprender cómo es que sucede eso en una economía aparentemente próspera.

Entrar a un supermercado en esta ciudad es una experiencia extraña. Los estantes están repletos de whisky escocés, vinos argentinos y quesos importados como brie y camembert, pero es frecuente que no haya productos básicos como frijoles negros y cortes atractivos de carne como el sirloin. Los clientes, incluso en la propia cadena gubernamental de tiendas subsidiadas, Mercal, sólo pueden escoger entre huesos de pescuezo de puerco, conejo y cortes raros de cordero.

Debido a que los compradores sólo pueden llevar dos paquetes grandes de azúcar, se ha desarrollado un mercado negro de este producto entre los vendedores ambulantes de algunas partes de Caracas.

José Vielma Mora, el jefe de Seniat, el organismo fiscal del gobierno, supervisó una redada este mes en un almacén en Caracas donde funcionarios decomisaron alrededor de 165 toneladas de azúcar. Vielma dijo que la redada expuso el acaparamiento por parte de vendedores no dispuestos a vender el azúcar a precios oficiales.

Quienes están en la industria alimentaria dicen que los controles de precios evitaron que tuvieran ganancias después de que aumentó la inflación y el valor de la moneda venezolana cayó en el mercado negro del comercio en las últimas semanas. El bolívar, la moneda del país, cayó más de 30 por ciento, a alrededor de 4,400 por dólar en el comercio no oficial después de que Chávez nacionalizó la principal compañía telefónica de Venezuela, CANTV, así como su empresa de servicios eléctricos, Electricidad de Caracas.

Los temores de que se nacionalicen más compañías privadas han puesto más presión en la moneda ya que los venezolanos ricos tratan de sacar su dinero del país. La preocupación por la fuga de capitales ha puesto nervioso al gobierno, ya que hay amenazas vagas contra periódicos que publican los tipos de cambio no oficiales (oficialmente, el bolívar se cotiza en alrededor de 2,150 por un dólar).

Durante su transmisión de televisión, Chávez dijo que sus medidas serían expresadas en un decreto, un poder que su legislatura incondicional acaba de otorgarle. Reconoció que quitar impuestos a la venta de alimentos privaría al gobierno de más de tres mil millones de dólares en ingresos, más del presupuesto militar, pero dijo que el incremento en impuestos a artículos de lujo como casas en la playa y yates resarciría parte del decremento.

Chávez también dijo que aumentaría los subsidios a las tiendas paraestatales. Los economistas dicen que tales subsidios, junto con préstamos considerables a campesinos, han permitido que los controles de precios funcionaran relativamente bien hasta hace pocas semanas.

Sin embargo, las expropiaciones recientes de granjas y ranchos, parte del esfuerzo de Chávez por dar poder a las cooperativas financiadas por el Estado, también han pesado en la producción alimentaria nacional mientras los nuevos gerentes actualizan las operaciones. Lo mismo ha sucedido con el flujo de petrodólares en la economía, disminuyendo la importación de alimentos y haciendo que algunos productores nacionales no sean competitivos, una aflicción común a las economías petroleras.

"Parece haber una confusión básica en el gobierno de Chávez en cuanto a qué es lo que impulsa la escasez y la inflación", dijo Francisco Rodríguez, un ex economista en jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela que imparte cátedra en la Universidad Wesleyan.

"Hay gente competente en el gobierno que sabe que Chávez necesita reducir el gasto si quiere derrotar esos problemas", dijo Rodríguez. "Pero son pocas las personas en posiciones de poder que están dispuestas a arriesgarse a decirle lo que necesita escuchar".

Fuente: www.elnuevoherald.com


El sepelio del sector privado

El Gobierno de Hugo Chávez es cada vez más comunista y más totalitario. Ahora, este viernes 16 de febrero dio un gigantesco salto en esta dirección cuando dictó el Decreto-Ley Especial de “Defensa Popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos a control de precios”.

El artículo 4°, de este Decreto-Ley declara que todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios, son de utilidad pública e interés social. Con este sólo artículo, Chávez asume el poder de expropiar mediante decreto, los bienes de cualquier persona o empresa, de cualquier eslabón de la cadena de producción de productos alimenticios o regulados.

Adicionalmente, como es costumbre de este Gobierno, las multas y sanciones que contempla este Decreto-Ley, no guardan una relación con la gravedad de las supuestas infracciones. La pena mínima es de dos años y la multa menor es de 130 Unidades Tributarias, o sea, Bs.4.892.160 en base al valor actual de la UT. Más grave aún es que la Ley incluye una pena accesoria: “la inhabilitación para el ejercicio del comercio” hasta por10 años.

Por otra parte, la Ley introduce un nuevo delito, el boicot, lo cual pareciera ser una reacción desproporcionada por la negativa de los supermercados a vender carne por debajo de su costo de producción, aunque también podría tener como objetivo prevenir que cualquier individuo o empresa se atreva a promover o participar en un paro al estilo de los del 10 de diciembre de 2001, y del prolongado de diciembre 2002- enero 2003.

Por último ésta es una Ley inconstitucional por cuanto el Legislativo no puede delegar en el Ejecutivo, la facultad de dictar leyes que contemplen sanciones corporales, por muy habilitado que esté el Presidente. Además, este nuevo Decreto-Ley tipifica delitos que ya estaban contemplados en la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario (acaparamiento, especulación, alteración fraudulenta de precios y contrabando de extracción). Y según la Constitución Bolivariana de 1999, cuando dos o más leyes sancionen un mismo delito, la pena a aplicar será la que más beneficie al reo. En este caso las penas de la Ley del Indecu son mucho menores que las de este nuevo mamotreto legal, por lo cual el mismo sería inaplicable en la mayoría de los casos.

La ley en sí es draconiana y estrangula al sector privado de manera irremediable, a la par que le imprime full velocidad al comunismo del siglo XXI.


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Exprésate libremente.
En este blog no se permiten comentarios de personas anónimas.