Campaña con recursos del Estado

A esta hora, junto a la Plaza Francia de Altamira, comienzan a llegar los acólitos del siempre candidato único del oficialismo, quien supuestamente se presentará en unos minutos o en unas horas para hacer un mítin en una tarima instalada junto a la emblemática plaza, en el municipio menos chavista de la capital. Por tal motivo, la Av. Luis Roche, arteria vial principalísima del este de Caracas, está prácticamente cerrada al tráfico regular, debido al congestionamiento que generan los carros, motos y autobuses de la caravana roja.

¡Ah, pero no se trata sólo de medios de transporte privados o autos particulares! En la caravana también hay vehículos oficiales en funciones distintas de las que institucionalmente les corresponde. Es de suponer que los conductores y algunos de sus ocupantes son funcionarios públicos. El detalle es que pretendieron "tapar" la ilegalidad mediante afiches y cartulinas pegados con teipe en el capó y en las puertas donde tienen inscritos los nombres, siglas y logos de las instituciones a las que están adscritos los vehículos.

El punto es que el uso de estos bienes y los límites de la función pública están expresamente establecidos en la Constitución y en las leyes.

Artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: "Los funcionarios públios y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna..." (subrayado nuestro).

Artículo 13 de la Ley Contra la corrupción: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares” (subrayado nuestro).

Sin embargo, el Presidente de la República hace campaña electoral empleando bienes y trabajadores del Estado. ¿Sancionará el Consejo Nacional Electoral a los infractores de la Constitución y de la Ley? Cuando se trata de Hugo Chávez, del PSUV, y de los militantes y simpatizantes del oficialismo, los rectores del órgano electoral ni siquiera se dan por enterados de las violaciones que aquéllos cometen.

He aquí la imágenes

El fin último del debate

El debate político, realizado ayer 14 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, en realidad no fue un debate con las características típicas de esta técnica comunicacional, sino un discurso dialógico dirigido, que se llevó a cabo mediante una serie de preguntas sobre temas puntuales relativos a la inseguridad, la impunidad, el narcotráfico, el empleo, la educación y el éxodo profesional.

Me parece que la importancia de este acto consiste, en primer lugar, en haber sido propuesto y organizado por el Movimiento Estudiantil, lo cual demuestra dos cosas: a) que los jóvenes no quieren votar a ciegas; b) que conocen bien la diferencia entre coerción y persuasión. 

En segundo lugar, el debate en sí representa una bocanada de oxígeno para nuestra asfixiada democracia, pues desde 1999 se han roto todos los enlaces de comunicación entre factores políticos del oficialismo y de la oposición, prevaleciendo en su lugar la imposición forzada de una ideología única, un proyecto hegemónico y la absurda pretensión de una opinión sin disenciones. 

Esta ha sido una excelente oportunidad para los precandidatos de exponer, uno tras otro, sus ideas ante todo el país sobre los temas que se les plantearon, pero también para los electores, que por primera vez en Venezuela vivimos la experiencia de una presentación conjunta y formal de líderes políticos de distintas tendencias, en lo que, empleando un término del lenguaje publicitario, yo denominaría la "preventa de sus programas de gobierno".    

Si unos respondieron más acertadamente que otros, si algunos presentaron mejores propuestas que otros, si lograron o no persuadirnos de sus objetivos y los medios para alcanzarlos, son cuestiones que corresponde a cada elector evaluar para decidir. El punto es que cualquier ponderación al respecto no puede hacerse sin tener en cuenta el fin último implícito en este ejercicio: devolverle a los venezolanos la libertad de elegir de acuerdo con sus propias convicciones. Una decisión basada en lo que cada elector percibe con sus sentidos y analiza mediante el razonamiento, y no una decisión producto de la ignorancia, del miedo o del engaño.

Fue, además, un gran alivio comprobar la capacidad de síntesis de los precandidatos, quienes debieron expresar cada respuesta en el breve lapso de un minuto. Por supuesto, mientras escuchaba sus exposiciones, no pude evitar poner en duda que Hugo Chávez pudiese hilvanar y pronunciar una idea, por simple que fuese, en un solo minuto.

Exposición de Motivos de la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas

Mientras esperamos la publicación en la Gaceta Oficial de la nueva Ley que regulará todo lo concerniente a la materia inquilinaria, compartimos con nuestros lectores la Exposición de Motivos, que sin duda dice mucho más de su "espíritu, propósito y razón" que las propias disposiciones. 

No pocas preguntas surgen de estos motivos, una de ellas es: ¿Es legítima una Ley que ampara los derechos de unos con perjuicio de los derechos de otros?

República Bolivariana de Venezuela
Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Administración y Servicios

PROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, se consagra a nuestra patria como un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna el desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas, con un nuevo conjunto de valores para edificar una sociedad nueva donde se garantice a nuestro pueblo su acceso pleno a los derechos sociales, procurando el bien común. Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 el derecho a una vivienda adecuada, que el Gobierno Revolucionario deja ampliamente establecido en el artículo 82 de nuestra Carta Magna, indicando además que la  satisfacción progresiva de este derecho es obligación tanto del Estado como de las ciudadanas y ciudadanos. 

En este mismo orden de ideas, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007- 2013 (Proyecto Nacional Simón Bolívar), establece como eje central del cumplimiento de estos objetivos la exaltación de los valores de la justicia social, la equidad y la solidaridad. Parte de esto, consiste en el establecimiento de todos los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos y ciudadanas, teniendo en su reconocimiento el derecho humano fundamental que debe estar por encima de intereses de carácter especulativo.                      

El Arrendamiento es una de las formas de mercantilización de la vivienda, que contraría su valor como derecho humano y niega el acceso de todos y todas a una vivienda adecuada conforme a las necesidades sociales y el mandato constitucional. A través de las relaciones arrendaticias y del comercio de vivienda desarrolladas hasta ahora en nuestro país, que empiezan a revertirse con las actuales políticas proteccionistas del Gobierno Revolucionario; se viene estimulando que las personas “inviertan” en adquirir y acaparar la propiedad de viviendas, que no ocupan ni venden, para favorecerse de la renta que pagan las arrendatarias y los arrendatarios, al mismo tiempo que, conservan la propiedad de un bien que en el mercado especulativo actual se revaloriza constantemente.

No puede entenderse satisfecho el derecho Humano y Constitucional a la Vivienda Adecuada, a través de una relación arrendaticia que implica para las familias y las personas no poder disponer plenamente de su casa o apartamento para rediseñarlo  o ajustarlo estructuralmente a sus necesidades, para invertir en su mejora; y peor aún, teniendo sobre sí la amenaza de una desocupación, desalojo arbitrario o forzoso.

Si concebimos el arrendamiento en el marco de un sistema integral que garantice efectivamente el derecho a la vivienda y el hábitat de todos y todas, hay que partir de la siguiente premisa: No se satisface el derecho 

a la vivienda adecuada, viviendo toda la vida en condición de inquilino; el arrendamiento puede tener mucha pertinencia social, si se entiende y se estimula como una forma de solución transitoria hasta la obtención de la propiedad de una vivienda, o para las estadías transitorias en una localidad por razones de trabajo, u otras que no impliquen el establecimiento definitivo.

De hecho encontramos en las relaciones arrendaticias de hoy, aunque de manera excepcional, familias que no son grandes propietarios acaparadores de viviendas, y que por razones diversas deciden arrendar por precios y con condiciones arrendaticias que pueden considerarse justas, mereciendo por tanto toda la protección y estímulo por parte del Estado en virtud de la responsabilidad social con la que ejercen la propiedad de uno o varios inmuebles, mientras no desarrolle con ellos prácticas violatorias de derechos, acaparadoras de la propiedad, mercantilistas o especulativas, que se constituyan en formas de explotación del ser humano por el ser humano; evitando mantener inmuebles desocupados ante la necesidad social de viviendas.

También nos encontramos en esta realidad con inquilinas e inquilinos que intentan generar condiciones injustas con arrendadoras y arrendadores responsables, desde posiciones y prácticas también capitalistas y 

excluyentes que buscan aprovecharse de las luchas de las organizaciones populares y las políticas revolucionarias del Estado para apropiarse indebidamente en algunos casos incluso de la vivienda principal y única de arrendadoras y arrendadores, que son pequeños propietarias y propietarios con igual situación de necesidad con relación a la vivienda. 

De allí, la importancia de diferenciar el arrendamiento especulativo y explotador, de las relaciones arrendaticias justas y socialmente responsables. Siendo necesario destacar que en nuestra realidad el marco                      

económico, jurídico e ideológico  del capitalismo, ha favorecido la constitución de relaciones arrendaticias injustas, especulativas y explotadoras que debemos superar, sin perder de vista la condición mayoritaria de las inquilinas y los inquilinos económica y jurídicamente vulnerables. Es por ello, que a partir de la iniciativa del Poder Popular con la entrega de más de 400.000 firmas, se propone a esta Asamblea Nacional la discusión y promoción de una propuesta legislativa que regularice el arrendamiento de vivienda.

El Poder Legislativo Nacional inició el debate de la reforma de la Ley de Arrendamiento vigente en el año 2007, aprobándose en primera discusión en la sesión ordinaria del 26 de Abril del año 2007. Luego de esto, el proyecto de Ley fue remitido a la Comisión Permanente de Administración y Servicios, que asumió el llamado del pueblo y  le dio carácter de urgencia parlamentaria, aprobando el cronograma de  trabajo respectivo, dando paso a un amplio proceso de consultas que abarcó a todas las organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, en pro de que, con la participación activa y protagónica del pueblo venezolano, se pudiese diseñar un instrumento jurídico capaz de satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos y todas.

Resaltamos como, en función de la consulta pública y la participación activa de nuestro pueblo, se esquematizaron las materias más importantes que debían ser abordadas a la hora de diseñar este proyecto de ley para regular el tema de arrendamiento de vivienda, estos temas fueron: Canon de arrendamiento; creación  de un departamento u oficina de asesoramiento y control en materia e arrendamiento en todos los estados; derechos y obligaciones; desalojos; organizaciones sociales; e incumplimiento de contrato.

Asumidas como premisas de debate, se elaboró una metodología para el cálculo del canon de arrendamiento que evitará la especulación y explotación del hombre por el hombre a partir de la necesidad de la vivienda, des-mercantilizando este derecho humano. Así mismo, se busca contribuir a la creación de la nueva institucionalidad, al promover la creación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y el Fondo de protección al inquilino, la inquilina, el pequeño arrendador y la pequeña arrendadora que responda a las necesidades de atención, asesoramiento y orientación que en esta materia se requiere en todos los estados del país, de la mano del ministerio del poder popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, garantizando la mejor distribución del equipo de servidoras y servidores públicos dedicados a esta materia y la optimización de las respuestas exigidas por toda la población. 

Se plantea la participación del Poder Popular de forma transversal en el proceso de arrendamiento, puesto que cada inquilino, inquilina, arrendador y arrendadora forma parte de una comunidad hacia la cual tiene deberes y derechos y se busca consolidar el nuevo marco jurídico que se viene gestando en torno a la materia de vivienda y hábitat en nuestra nación.

Debemos destacar el trabajo que han realizado los movimientos y organizaciones populares de pobladores y pobladoras, junto a instituciones del Ejecutivo Nacional así como la Comisión Permanente de Administración y Servicios, para promover la participación  del pueblo venezolano en la construcción de esta propuesta que hoy traemos a la plenaria de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que el tema de la 

vivienda se ha convertido en un asunto de importancia estratégica para nuestra sociedad, así como para el Estado, hasta el punto que el Gobierno Bolivariano viene desarrollando con pasos exitosos la Gran Misión Vivienda Venezuela, como estrategia para proveer a todos los venezolanos y venezolanas de un hogar digno, donde puedan desarrollar sus poderes creadores en armonía con el ser humano y la naturaleza.     

Este proceso de construcción colectiva del proyecto de Ley, ha contado con la participación diaria de hombres y mujeres que empeñaron su esfuerzo, conocimiento y dedicación al debate artículo por artículo de este instrumento; paralelamente miles de voceras, voceros e instituciones combaten en la calle a quienes ejecutan desalojos arbitrarios sin importarles la condición de la familia que es oprimida. Al colocar al ser humano como centro de nuestro accionar, es inevitable comparar este esfuerzo con la situación que nos evidencian sociedades capitalistas en las cuales, como consecuencia  de la crisis financiera e inmobiliaria, se lanzan a la calle miles de seres humanos a quienes les arrebataron su vivienda (como sucede actualmente en los Estados Unidos de América). Ratificando así que vamos por el camino correcto, al perseguir la construcción de la Sociedad Socialista en la cual el ser humano sea el centro de nuestro accionar.

En este marco, presentamos ante la plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para su segunda discusión, el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

Esta Ley, tiene por objeto: Establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento e inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, ya sean arrendados o subarrendados total o parcialmente; en el marco de 

la novedosa legislación y política nacional de vivienda y hábitat como un sistema integrado, dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista  explotador y excluyente; con el fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población; contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano; y promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, cumpliendo el mandato de refundación de la República, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

La presente Ley se estructura de la siguiente forma:

TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Desarrolla los principios fundamentales de este instrumento jurídico, las exclusiones; las prohibiciones expresas; la competencia de la administración y la creación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda; la Jurisdicción Especial Inquilinaria y la Defensoría Pública para la Protección del Derecho a la Vivienda.                       

TITULO II RELACIÓN ARRENDATICIA 

Contempla los deberes y derechos; los contratos; la preferencia arrendaticia; los cánones y su fijación; la obligatoriedad del arrendamiento a las empresas constructoras; y los desalojos. 

TITULO III DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A LAS DEMANDAS 

Establece los procedimientos en vía administrativa. 

TITULO IV DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

Estipula los procedimientos en vía judicial; las demandas; la audiencia de mediación y sustanciación; la audiencia de juicio; el procedimiento en segunda instancia y el recurso de casación. 

TITULO V DEL REINTEGRO 

Abarca lo concerniente a la materia de reintegro por cobro indebido. 

TITULO VI DE LA PREFERENCIA OFERTIVA Y EL RETRACTO LEGAL 

Establece las disposiciones en cuanto a la preferencia ofertiva, así como el retracto legal arrendaticio. 

TITULO VII DE LAS SANCIONES

Especifica las sanciones para quienes incumplan lo dispuesto en el presente texto legal.

TITULO VIII DE LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR                       

Desarrolla los elementos de la participación del Poder Popular, así como la obligación que tiene la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, de establecer los mecanismos tendientes a garantizar la participación y los derechos establecidos en la presente Ley. 

No se trata de eliminar el arrendamiento en Venezuela, sino de su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para un arrendamiento justo. Así como el 2 de marzo pasado, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de nuestro Primer Congreso de Venezuela, el Poder Popular, ejerciendo su facultad de pueblo legislador, consignó ante la Asamblea Nacional el presente 

proyecto de Ley, hoy nosotros, como legisladores y voceros del pueblo soberano, debatiendo y construyendo con los venezolanos y venezolanas una Ley que interprete sus sentimientos y sueños, sometemos a consideración una herramienta que no tiene otro propósito que profundizar las transformaciones que vive la patria de Simón Bolívar, para concretar su anhelo de una República donde reinen la igualdad y la justicia social para la suprema felicidad de todos y todas.

Decisiones judiciales ideológicas

La sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 17 de octubre de 2011, mediante la cual, una vez más, se declara “inejecutable” un fallo emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es otra de esas decisiones ideológicas que se posicionan en las antípodas del Derecho.

Durante la última década, los magistrados de dicha Sala han asumido una posición crítica de descalificación respecto de algunos criterios y decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con base en voluntaristas y equívocas interpretaciones acerca de la supremacía constitucional, la soberanía nacional y la autonomía de los poderes públicos.

Esta nueva tendencia jurisprudencial, encabezada por la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, pone en duda el carácter imparcial de los órganos de protección internacional de los derechos humanos e induce al Estado venezolano al desacato por incumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y, por consiguiente, a la violación del derecho internacional y de la propia Constitución. Es indiscutible que en esta ocasión, a propósito de la "inhabilitación política" de Leopoldo López, tal como ocurrió en 2009 en el caso de los exmagistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la referida tendencia equivale a un desconocimiento explícito del rango constitucional de tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, y de las decisiones dictadas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Si los principios y valores que nutren el espíritu del pueblo venezolano en los ideales de libertad y democracia son exactamente los principios y valores superiores sobre los que se funda el Estado democrático y social de Derecho y de justicia, no hay manera de sesgar ni de condicionar la preeminencia expresa de los derechos humanos y la existencia de los mecanismos de garantía para su protección. Sin embargo, es más que evidente y lamentable que el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia propende a la desconstitucionalización y a la restricción de derechos humanos fundamentales, mediante la imposición de un proyecto ideológico incompatible con los principios democráticos, sirviéndose para ello de conceptos relativos e indeterminados que desdeñan el derecho de los venezolanos a la tutela judicial efectiva y a la protección que brindan los órganos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. 

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deberían ejercer sus funciones dentro de los límites establecidos en la Constitución vigente y a contribuir, a través de sus decisiones, con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Venezuela como país miembro de la Organización de Estados Americanos, en vez de dedicarse con tan pocos escrúpulos al activismo judicial en el sentido negativo de su aplicación.

Adictos al twitter

Suceden tantas cosas distintas en todas partes del planeta, que ya no sé si merece la pena escribir sobre ellas en una cuartilla o dos, cuando existe un modo más puntual, efectivo y veloz de reseñarlas.

En Venezuela, en un mismo día puede ocurrir que asesinen a quince personas, que dos ciudades queden incomunicadas debido al derrumbe de una carretera, que se produzcan al menos tres manifestaciones en diferentes puntos de la capital, que la Asamblea Nacional apruebe una ley absurda, que alguna de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia dicte una sentencia inconstitucional, que Conatel sancione a uno cualquiera de los medios de comunicación, que el Presidente de la república improvise alguna nueva forma de vulnerar derechos fundamentales..., mientras la mayoría de nosotros intenta ocuparse en sus propios asuntos sin perder de vista el twitter, porque de cualesquiera de estos acontecimientos nos enteraremos en apenas 140 caracteres.

El twitter se ha convertido en una herramienta esencial de comunicación que supera en mucho a los medios tradicionales por la velocidad de sus actualizaciones. Las personas transmiten toda clase de información (tweets) desde el lugar y en el momento en que ocurren, se multiplican (retweets) con una rapidez asombrosa y se difunden a escala mundial en cuestión de minutos. Nuestra necesidad de saber qué está pasando aquí y allá y ahora es insaciable, pero también existe la necesidad de compartir con los demás algunas de las cosas que cada uno piensa, ve, escucha, desea, decide y hace. 

La adicción a esta red social revela la importancia de las interrelaciones en un mundo donde el tiempo parece que transcurre más rápido que antes, por lo que a la gente le resulta más difícil coordinar sus citas y alcanzar el ritmo de las innovaciones. Las facilidades que ofrece el twitter -desde drenar emociones y comentar un partido de fútbol hasta publicitar una empresa y derribar gobiernos- son extraordinarias por su efecto masivo, un fenómeno incomparable que introduce cambios radicales en la conducta humana.

Sin embargo, habiendo en el mundo 7.500 millones de personas (año 2011), apenas 175 millones utilizan twitter, esto es, poco más del 2.33% de la población mundial, lo que pone en duda su carácter masivo.         

La abolición encubierta de la propiedad privada en Venezuela

En la Asamblea Nacional se discute desde hace algunos días el Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas que el pasado mes de marzo presentara un grupo de movimientos sociales afectos al partido oficialista (PSUV). En apenas dos sesiones se han aprobado ya 56 de los 150 artículos que contiene el Proyecto original. Los promotores de esta nueva ley le otorgan "carácter estratégico y de servicio público no lucrativo" al arrendamiento, y piensan que así podrán garantizar "el goce del derecho humano a una vivienda y habitat" a quienes no la tienen.

Desde luego, la ideología y la demagogia dan para todo, incluso para elaborar leyes inconstitucionales, que pretendiendo imponer la equidad, fuerzan al sistema de justicia a perder el equilibrio y a los ciudadanos -arrendadores y arrendatarios- a vivir sobre la cuerda floja de la inseguridad jurídica.

El referido Proyecto contempla entre sus "fines supremos", además de garantizar el derecho humano a una vivienda, el de "preservar y garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de las viviendas", es decir, se busca proteger únicamente a los arrendatarios y legalizar el desamparo de los propietarios, contraviniendo de ese modo el principio, también supremo, de la igualdad formal.

Asimismo, persigue "erradicar los desalojos arbitrarios", pues los proponentes de ese Proyecto de Ley entienden que todos los procesos de desocupación, ya sean judiciales o extrajudiciales, son "inconstitucionales, ilegales o arbitrarios". Una interpretación absurda por antijurídica, puesto que la aplicación de los mecanismos procesales en un procedimiento judicial cuyo desenlace es la ejecución de una determinada medida, es la manera como el Legislador ha previsto evitar la arbitrariedad.

Suprimir la garantía del depósito significa que, una vez devuelto el inmueble al propietario-arrendador, éste debe asumir los costos derivados de:

a) La eventual insolvencia del arrendatario respecto de los cánones mensuales de arrendamiento.

b) La eventual insolvencia del arrendatario respecto de los servicios públicos de los que haya gozado.

c) Las reparaciones por roturas, averías, deterioro causal y otras irregularidades imputables al arrendatario.

Fijar el plazo mínimo del contrato de arrendamiento en tres (3) años equivale a forzar la voluntad de las partes, aun cuando en cualquier momento de la relación contractual el arrendatario, unilateralmente, puede rescindir el contrato y no está obligado a responderle al arrendador por los cánones de arrendamiento no vencidos hasta la fecha de vencimiento del contrato. En otras palabras, el contrato de arrendamiento ya no será bilateral, pues mientras una de las partes -el arrendatario- goza de todos los derechos, la otra -el arrendador- asume sólo deberes y obligaciones.

Imponerle al arrendador el pago de los servicios de los cuales disfrute el arrendatario durante el tiempo que ocupe el inmueble es promover la irresponsabilidad de éste respecto de sus propias obligaciones. 

En definitiva, si llegare a promulgarse esta Ley, se estaría aboliendo la propiedad privada sobre los inmuebles destinados a alquiler de viviendas y, por consiguiente, la figura jurídica del arrendamiento desaparecería en la medida en que los propietarios se abstuvieran de ofrecer en alquiler sus inmuebles, al ver cómo los otros pierden su derecho a gozar y a disponer de los suyos.

La arbitraria inequidad de las citadas nuevas disposiciones coloca al arrendador en la posición de un débil jurídico muchísimo más débil de lo que nunca fue el arrendatario. Simultáneamente y más grave aún, se estaría perjudicando a la inmensa mayoría que no es ni propietaria ni arrendataria, sino que vive "arrimada" en casa de sus padres, o de sus suegros, jóvenes cuyo sueldo es insuficiente para pagar un alquiler y que no reúnen los requisitos para solicitar un crédito hipotecario. Ni qué decir hay acerca de los ciudadanos cuyo precario techo es un rancho de hojalata en la ladera de un cerro inestable o una barraca de tablas claveteadas en la periferia de las ciudades del interior, sin la mínima posibilidad de comprar una casa.

El problema crítico del déficit habitacional tiene una única solución: construir viviendas, pero ni siquiera en un país como el nuestro con ingresos tan elevados es posible realizar esa tarea sin la participación del sector privado.     

Lea aquí el Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas  

en formato PDF.

En cualquier tiempo y lugar

¡Berlusconi, dimite!

Las mujeres italianas salieron ayer domingo a las plazas alrededor de toda Italia, para exigir la dimisión del Primer Ministro Silvio Berlusconi. ¿Por qué? Por machista e indigno, según reza en las pancartas. Porque ha avergonzado al género femenino con su promiscuidad escandalosa; porque ha humillado al pueblo italiano al utilizar a no se sabe cuántas mujeres con fines sexuales; porque se ha rumbeado a todas las féminas que le ha dado la gana y ellas, velinas de sus espectaculares orgías aunque sólo sea por una noche, se lo han hecho pagar en dinero y en especie. Dicho de otro modo, por prostituir a menores y requerir los servicios de las mayores.¡Ah! Pero, además, se ha burlado a sus anchas de la política y los políticos, pues de la misma manera que Calígula pensó en nombrar ministro a su caballo, salvando las humanas diferencias, Berlusconi piensa proponer a algunas de sus chicas -Graziana Capone y Nicole Minetti, por ejemplo- a candidaturas regionales.

La manifestación estuvo tan concurrida a escala nacional, que permite suponer el aprieto en el que se encuentra ahora mismo el Parlamento italiano respecto de su próximo pronunciamiento en respuesta -al menos, es lo que se espera que hagan los parlamentarios- a las exigencias de más de un millón de mujeres y hombres en todo el país. Sin embargo, il Cavaliere no está solo. Quienes le defienden afirman que una suerte de Inquisición, fraguada por sus enemigos morales, adversarios políticos y cierta competencia empresarial maneja los hilos detrás de las protestas.

Comoquiera que sea, el caso es que Berlusconi se comporta como lo hiciera, durante el Imperio Romano, cualesquiera de los poderosos y extravagantes césares. El poder de Roma, el mayor del mundo en su época, se desmoronó estrepitosamente a causa de los excesos y perversiones imperiales. Y si bien Nerón incendió la ciudad, ésta resurgió de sus cenizas; pero su inmoralidad y la de sus colegas fue lo que, en definitiva, hundió de un modo irreparable el gran poder romano.

Es evidente que todo en la vida se repite, tal cual la Tierra rota alrededor del Sol, gira también el tiempo, cíclicamente. Por lo tanto, la mortalidad y la experiencia histórica no impiden que las siguientes generaciones cometan los mismos errores de sus antepasados. El error de Silvio Berlusconi parece ser vivir convencido de que puede comprar lo que se le antoje. Pero no contaba con que sus paisanas se enardecerían y saldrían a la calle a exigir su dimisión con un lema perentorio: "Se non ora, quando?"

Fotogalería en Corriere della Sera

Paralelismo libertario

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Hugo Chávez

Hosni Mubarak

Autopista Francisco Fajardo

Plaza Tahrir

Protestas en Venezuela

Protestas en Egipto

Juventud venezolana

Juventud egipcia

Represión militar venezolana

Represión militar egipcia

Manifestante venezolano herido

Manifestante egipcio herido

Manifestante venezolano asesinado

Manifestante egipcio asesinado

Sentimiento venezolano

Sentimiento egipcio

Posición de lucha Venezuela

Posición de lucha Egipto

La lucha continúa

Triunfó la libertad

Por la libertad se lucha del mismo modo en todas partes. La única diferencia consiste en que unos pueblos la consiguen antes que otros. Y a veces sucede que, una vez alcanzada, la dejamos ir o, peor aún, nos la dejamos arrebatar.

Parks & Recreation - Episodio de Chávez

Este video habla por si solo. Aun así, no está de más señalar que las razones por las que el Presidente de Venezuela y todos los funcionarios de su gobierno son mencionados, reseñados y caricaturizados, en todas partes del mundo, obedece únicamente a su vergonzante conducta y al carácter manifiestamente autoritario de su régimen. La fama acumulada durante los últimos once años no se debe, por cierto, al éxito de su gestión gubernamental, sino a sus agresiones contra quienes no comparten su ideología, al despilfarro del dinero público en ostentosos obsequios a gobiernos foráneos y a sus ridículas payasadas.

Deshecho en socialismo

El gobierno nacional mantiene una costosa propaganda mediante la cual ensalza las virtudes del socialismo y las ventajas que éste ofrece a los usuarios de los servicios públicos, enarbolando las banderas de la igualdad y la democratización. Las vallas metálicas, como el papel, aguantan toda la pintura que las cubre, pero no así los venezolanos. Mientras unos se conforman con los supuestos logros de la revolución, otros comprobamos que no ha logrado mejorar nuestra calidad de vida, sino exactamente todo lo contrario. El Metro de Caracas, antes motivo de orgullo por la eficiencia y pulcritud del servicio, es hoy en día un completo desastre. 

La Electricidad de Caracas y la CANTV se hallaban en un avanzado proceso de modernización de sus equipos cuando la garra feroz del gobierno se apropió de ambas empresas. Desde entonces, la propaganda promete "¡Más energía para el pueblo!", pero los apagones, las interrupciones y el racionamiento del servicio eléctrico, por una parte, y por la otra, las interferencias en las llamadas telefónicas, las caídas de la señal en Internet y los abruptos cortes en la red de comunicaciones, son contingencias cotidianas.

Para rematar, antes de que el gobierno confiscara la empresa Corpoelec, los usuarios disponíamos de varias opciones para efectuar el pago del servicio eléctrico: directamente en las oficinas de la compañía, por teléfono, mediante domiciliación en una cuenta bancaria... Pero desde hace algunos meses ya no es posible pagar por vía telefónica, porque "el sistema se encuentra en mantenimiento", según dicen los "ejecutivos" de atención al cliente. Intenté domiciliar el pago del servicio en mi cuenta bancaria, ya que en el reverso de la factura se asegura que "Con sólo un clic paga tu factura los 365 días del año las 24 horas al día", pero al revisar el estado de mi solicitud apareció el siguiente mensaje: "Solicitud no aprobada debido a que no se recibió la confirmación de parte de la empresa de servicio".

Con su permiso, estimad@ lector@, tengo que ir personalmente a una Oficina de Atención al Usuario a pagar la luz, porque de lo contrario CORPOELEC "Empresa Eléctrica Socialista" -así reza al pie de la factura- demostrará la máxima eficiencia y rapidez en cortar el servicio.

Obsolescencia programada

Compras un teléfono celular de última generación y al cabo de un año o menos la batería muere. Te cansas de recorrer las tiendas de electrónicos buscando una batería de reemplazo, pero en todas te recomiendan que adquieras un dispositivo nuevo. Compras una computadora supermoderna, superveloz, superfuncional, y cuando estás comenzando a descubrir sus múltiples -incontables- capacidades, ya ha salido al mercado otra mucho más vertiginosa y eficiente que relega a tu joven equipo al estante de los cacharros. Compras un aparato de aire acondicionado, o una nevera, o una lavadora, y en menos de dos o tres años inexplicablemente deja de enfriar, o suena como una retreta, o en plena actividad se detiene. Intentas hacer valer la garantía, pero en la tienda te dicen que no cubre esto ni aquello, o que caducó a los seis meses de la compra. Entonces recurres a los técnicos y, como en un desfile, entran y salen de tu casa, desarman el electrodoméstico, le cambian una pieza tras otra, gastas un dineral en repuestos y mano de obra, pero nada resuelve el problema.

Lo más probable -más que probable- es que al aparato no le suceda nada malo, ninguna pieza dañada, ningún cable quemado, ningún tornillo suelto. Simplemente ha dejado de funcionar porque llegó a su hora cero, a su etapa de obsolescencia programada.

El siguiente documental, titulado "Comprar-Tirar-Comprar", explica con toda claridad en qué consiste dicho programa y con qué fines ha sido diseñado e implementado en el mercado mundial desde los años veinte, cuando se creó el primer cártel internacional.

Quizás te preguntes cómo alguien como yo, que comparto, defiendo y divulgo las ideas liberales y el libre mercado, está en contra de semejante práctica. Te respondo: los fabricantes, comerciantes, empresarios y corporaciones que recurren a esta clase de artilugios para monopolizar la producción, para ganar dinero a costa de las necesidades de los consumidores y para aprovecharse de la ignorancia o de la impotencia de éstos, no son liberales, sino mercantilistas. Y si, además, por indiferencia o por negligencia dañan el ambiente y la salud de millones de seres humanos, su conducta los convierte en criminales.

¿Quién quiere ser Presidente? (I)

Leo en la prensa de hoy que el abogado y político demócratacristiano Oswaldo Álvarez Paz (Maracaibo, 10 de febrero de 1943) aspira a la Presidencia de la República en las próximas elecciones de 2012.

"Quisiera que mi nombre sonara como Presidente de la República en el próximo período; candidatos hay como montón, pero Venezuela lo que necesita es liderazgo y que no hayan factores artificiales que distorsionen la estrategia de enfrentamiento contra este régimen."

Por supuesto, las reacciones de algunos ciudadanos no se han hecho esperar. Entre éstas, hay quienes ven en Álvarez Paz la representación del pasado, de la denominada "IV República"; otros consideran que ya tuvo su oportunidad, cuando el Partido Social Cristiano (COPEI) lo postuló como candidato presidencial en 1993 y resultó electo el Dr. Rafael Caldera que, para entonces, representaba a su recien fundado partido Convergencia; algunos, por su parte, piensan que tiene tanto derecho como cualquier otro venezolano a presentarse en dichas elecciones, habida cuenta de su gestión como Gobernador del Estado Zulia (1989 y 1992). En 1998 intentó ser reelecto para este mismo cargo, ya no como militante de COPEI, sino por Alianza Popular, organización política que creó en 2005 con el lema "Resistencia, Libertad y Justicia", resultando vencedor el ex militar Francisco Arias Cárdenas, apoyado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pienso que la aspiración de Álvarez Paz es legítima, pero no basta con expresarla públicamente si no se acompaña de una propuesta seria y concreta que recoja los problemas puntuales de la sociedad venezolana mediante soluciones prácticas y efectivas. La experiencia de once años de un gobierno populista, ineficiente y opresor debe enseñarnos a no aceptar de buenas a primeras las candidaturas -mejor dicho, las precandidaturas- de cuantos se sientan atraídos, llamados o impulsados a medirse en una contienda de tanta importancia y responsabilidad. No pongo en duda que el doctor Álvarez Paz posee destacadas cualidades personales, intelectuales, políticas y gerenciales que avalan sobradamente su eventual nominación. Sin embargo, se le escapa al doctor Álvarez Paz que la población electoral venezolana ahora exige que cualquier candidatura sea producto, en primer lugar, de elecciones internas en el seno de los respectivos partidos. Esto significa que, al menos en el lado de las organizaciones políticas que componen la denominada Mesa de la Unidad (MUD), se trabaja arduamente por lograr que de este bloque surja, mediante elecciones primarias, un solo candidato en representación de todos los sectores de la oposición.

Entre "Yo quiero ser Presidente" y el triunfo electoral en 2012 hay un largo, tortuoso e imprevisible camino. Y la primera estación del trayecto debe ser someter su aspiración a la voluntad de las bases de su partido. Este es el punto de partida de la democracia.

El paradigma Vogue y las víctimas de la moda

Parece que en la sociedad actual la infancia y la adolescencia son etapas de la vida contra las que se libra una lucha implacable y peligrosa. Los niños pierden bruscamente la inocencia frente al televisor y a la computadora, de los cuales absorben, como esponjas, todo cuanto ven y escuchan. Aprenden de sus héroes y heroínas, humanos y virtuales, cómo hablar, gesticular, vestirse y comportarse. Quieren ser como ellos. Y sus padres, que por diversas razones (ocupaciones laborales, compromisos sociales, cansancio, o negligencia) delegan en los programas televisivos y en los videojuegos buena parte de la formación de sus hijos sin el mínimo control sobre dichas herramientas, permiten y en muchos casos refuerzan esa imitación, sin ninguna recomendación al respecto.

Pero eso no es todo. Hay padres que persiguen con desesperación el éxito laboral o profesional para satisfacer, además de las necesidades domésticas básicas, otras ambiciones de confort y placer, sacrificando con otras personas y en otros espacios las horas que deberían dedicar a sus hijos en el hogar. Son padres que dan prioridad a la familia en términos materiales más que emocionales, convencidos de que dar cosas es más fácil y apreciado que dar consejos y cariño. Los chamos, que nacen con el chip de la manipulación hiperdesarrollado, se aprovechan del sentimiento de culpa de los padres para fortalecer sus exigencias personales, lo que equivocadamente se entiende como que están dispuestos a subsanar sus carencias con caprichos, cuando en realidad de ningún modo se sienten compensados.

El entorno justifica la construcción de estos sucedáneos del amor y la comunicación, pero asimismo modifica los valores. En la actualidad, las familias se desenvuelven en diversos estratos de sociedades altamente competitivas en todos los aspectos. Uno de los cuales tiene que ver con la apariencia personal. La búsqueda de la perfección anatómica, la dependencia casi adictiva de la moda, la imitación al calco de los iconos de pasarela, la importancia exagerada que conceden a los personajes del espectáculo y del deporte, son factores condicionantes de la personalidad y de un determinado modelo ideal de individuo cuya más admirable cualidad no es la inteligencia, ni la cultura, ni la moralidad, sino la belleza.

El culto, en algunos casos enfermizo, a la belleza arrastra sin contemplaciones a personas de todas las edades, exponiéndolas a situaciones incontrolables hasta la fatalidad, pues, hoy en día, la estima que un individuo tiene de sí mismo depende mucho más de su apariencia que de su esencia. El hombre y la mujer modernos invierten más tiempo y dinero en su aspecto físico que en su aspecto intelectual, si calculamos que media docena de libros cuesta menos que un vestido o unos zapatos de una marca determinada; y que una entrada al teatro o al museo también cuesta menos que un tratamiento cosmetológico; y que la matrícula de un año en alguna universidad privada cuesta algo menos que una cirugía plástica.

Las referencias dominantes son gente de la farándula: las mujeres quieren parecerse a Angelina Jolie, a Jenniffer López, o a Giselle Bundchen; los hombres quieren parecerse a David Beckham, a Brad Pitt, o a Cristiano Ronaldo. Los niños y los adolescentes crecen en medio del bombardeo mediático de tales influencias en la casa, en la escuela y en la calle, de manera que no tiene nada de raro que también ellos quieran parecerse a Miley Cyrus, a Shakira, o a los Jonas Brothers.

Las imágenes siguientes, aparecidas en la última edición de la revista Vogue París, no dejan lugar a dudas. Niñas de ocho años y medio vestidas, peinadas, maquilladas y posando como top models adultas. ¿Por qué no dejan que los niños sean niños? ¿Por qué se empeñan en enturbiar la inocencia? ¿Acaso esto no es abuso infantil?

Nuevas voces en la Asamblea Nacional

La instalación de la nueva Asamblea Nacional venezolana para el periodo 2011-2015 dejó algunas extrañas impresiones. Fue un espectáculo rocambolesco que provocó diversas reacciones.

El órgano más importante del Poder Público, por lo que representa y a quienes representa, caracterizado hasta el 2010 por ser unicolor, unidireccional y monoencefálico, ha recuperado en 2011 la policromía y con ella el pluralismo ideológico. Sin embargo, la Directiva de la Asamblea Nacional y ambas Secretarías están compuestas únicamente por militantes del oficialismo, y 11 de las 15 Comisiones Permanentes serán presididas por diputados del PSUV.

La confusión sigue siendo el tropezón matemático para entender que 52% de votos obtenidos por la oposición equivalen a menos curules (67) de las que resultan (98) del 48% de votos obtenidos por el oficialismo.

La sorpresa fue el recibimiento preparado por los diputados oficialistas para sus colegas de la oposición al entrar en el hemiciclo. Gritando consignas socialistas, coreando estribillos insultantes y chiflando a los recién llegados, la bancada chavista demostró, una vez más, su baja ralea y su exacerbada intolerancia.

La vergüenza fue ver trastabillar a un anciano de 76 años, metido como a la fuerza en un flux almidonado que se le resistía, al que se le trababa la lengua mientras intentaba leer un discurso anacrónico y desfasado.

La indignación fue no ver a los diputados electos Biagio Pieleri y José Sánchez, cuya inmunidad parlamentaria, establecida en la Constitución, ha sido y es aún allanada de facto y arbitrariamente por la intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial.

La novedad es que hemos vuelto a la Asamblea Nacional en las voces de nuestros nuevos representantes, y que la diferencia numérica entre quienes protegen al dictador y quienes defienden la democracia será dentro de poco superada por una mayoría parlamentaria que no le temerá a la "Ley Cepo" y saltará feliz la talanquera con tal de devolverle a Venezuela toda la libertad.