Un Estado queda al margen del Derecho y de la Justicia desde el momento en que quienes detentan el poder político degradan la Constitución, desconociéndola como norma fundamental reguladora del ejercicio de su autoridad. Muta, entonces, inevitablemente, a un Estado anómico en el que los órganos del Poder Público incrementan su poder a medida que se exceden en sus funciones y manipulan las leyes según la conveniencia de los fines que persiguen. El comportamiento de la sociedad frente a este tipo de situaciones es lo que, en definitiva, determina el triunfo o el fracaso de tales acciones. Sin embargo, siendo la sociedad un ente heterogéneo conformado por diversos sectores con creencias, opiniones, problemas e intereses distintos, los liderazgos sociales y políticos constituyen el elemento primordial para la canalización y satisfacción de todos esos factores.
En estos casos, una cualidad necesaria en el liderazgo político es la coherencia del discurso y el respeto por los derechos y las expectativas de los ciudadanos, por los principios constitucionales y por los procedimientos establecidos en las leyes para resolver conflictos como el que ha surgido a raíz de la elección presidencial del 14 de abril.
Henrique Capriles, líder de la oposición, ha sido coherente e insistente en su requerimiento de una verificación ciudadana de los resultados electorales. Porque existe una duda acerca de éstos, porque el margen de diferencia es apenas del 1,83%, porque el Rector Vicente Díaz tuvo razones para sugerirla, porque las demás rectoras no estuvieron de acuerdo con su colega, porque 54% no es igual a 100%, porque el país no quedó convencido de la veracidad de dichos resultados.
La solicitud ha desatado reacciones imprudentes en las rectoras del Consejo Nacional Electoral. En conjunto o por separado, sus declaraciones abundan en tecnicismos que lejos de ajustarse a lo que establece la legislación electoral, se encuadran en una interpretación voluntarista de la Ley. Actitudes cerradas e intransigentes como estas son las que nos hacen dudar de la imparcialidad y transparencia del árbitro electoral, y hay sobradas razones para cuestionar sus argumentos, puesto que carecen de fundamento jurídico. Además, la proclamación y juramentación precipitadas de Nicolás Maduro como Presidente de la República ha conseguido alimentar las sospechas de nuevos vicios sobre un proceso electoral plagado de irregularidades.
El Poder Electoral se ha erigido como un muro contra el que rebotan, una y otra vez, la voz y el voto de la mayoría de la sociedad venezolana. Aduciendo la “irreversibilidad” de los resultados electorales, pretenden desconocer nuestro derecho a exigir que se cuente la totalidad de los votos, y tratan de evadir su obligación y responsabilidad remitiendo a los solicitantes (que somos la mayoría del país) a impugnar las elecciones por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya Magistrada Presidente se pronunció indebidamente por anticipado.
La importancia de la verificación ciudadana consiste nada menos que en otorgar la legitimidad necesaria al candidato que resulte favorecido por la mayoría de los votos para asumir la Presidencia de la República.
