No recuerdo cuándo fue el último momento de paz que vivimos en Venezuela. Desde 1999 nuestra rutina se caracteriza por lo que se nos quita o por lo que perdemos, ya sea la paz, las libertades, la vida o las elecciones.
Ahora se nos quiere arrebatar el derecho a manifestar públicamente nuestra protesta contra la negativa del Consejo Nacional Electoral a respetar nuestro derecho de verificar el resultado electoral mediante el conteo ciudadano de la totalidad de los votos.
La foto actual del país refleja la anormalidad de nuestra realidad: por un lado, los órganos del Poder Público alineados a favor del candidato oficialista, recién proclamado ilegítimamente Presidente de la República. Una proclamación desesperada, impulsada por el miedo y la culpa de quienes cometieron fraude electoral y cuyas tramposerías quedarían desveladas mediante el conteo del 46% de los votos restantes. Una Asamblea Nacional cuyo presidente cercena el derecho de palabra a los diputados de oposición. Una Fuerza Armada beligerante y militante que defiende sus propios votos y destruye los votos del adversario.
Por el otro, poco más de la mitad de los electores a la que aquéllos pretenden ignorar, junto a un líder que se agiganta en cada nueva intervención pública, que en apenas diez días sumó casi un millón de electores a su propuesta, que denuncia con pruebas en la mano un sinnúmero de irregularidades y exige que se cuenten todos los votos para determinar con claridad cuál de los candidatos alcanzó la mayoría.
En respuesta, la ineptitud de un gobernante espurio incapaz de conciliar, ni siquiera de entender la crisis que se agudiza con las horas en todos los sectores del país. Un individuo sin liderazgo propio y sin autonomía, que obedece órdenes de dictadores extranjeros, y enloquecido amenaza con desatar la violencia. Un títere de los hermanos Castro que infiltra hampones entre los manifestantes pacíficos, prohíbe las protestas, criminaliza los justos reclamos y ordena opacar el ruido de las cacerolas con fuegos artificiales.
La responsabilidad de las rectoras del Consejo Nacional Electoral es aún mayor por cuanto su renuencia a admitir que se cuente la totalidad de los votos es lo que ha generado el descontento y la debacle de estos días. Tibisay Lucena se equivoca y mucho al desafiar la voluntad de la mayoría de los electores negándonos el derecho a comprobar los resultados electorales.
Si el oficialismo, incluidos los representantes de todos los poderes públicos, no cambia de actitud, le será prácticamente imposible gobernar a un país dividido y destruido por el odio, la intolerancia y la violencia.
Ahora se nos quiere arrebatar el derecho a manifestar públicamente nuestra protesta contra la negativa del Consejo Nacional Electoral a respetar nuestro derecho de verificar el resultado electoral mediante el conteo ciudadano de la totalidad de los votos.
La foto actual del país refleja la anormalidad de nuestra realidad: por un lado, los órganos del Poder Público alineados a favor del candidato oficialista, recién proclamado ilegítimamente Presidente de la República. Una proclamación desesperada, impulsada por el miedo y la culpa de quienes cometieron fraude electoral y cuyas tramposerías quedarían desveladas mediante el conteo del 46% de los votos restantes. Una Asamblea Nacional cuyo presidente cercena el derecho de palabra a los diputados de oposición. Una Fuerza Armada beligerante y militante que defiende sus propios votos y destruye los votos del adversario.
Por el otro, poco más de la mitad de los electores a la que aquéllos pretenden ignorar, junto a un líder que se agiganta en cada nueva intervención pública, que en apenas diez días sumó casi un millón de electores a su propuesta, que denuncia con pruebas en la mano un sinnúmero de irregularidades y exige que se cuenten todos los votos para determinar con claridad cuál de los candidatos alcanzó la mayoría.
En respuesta, la ineptitud de un gobernante espurio incapaz de conciliar, ni siquiera de entender la crisis que se agudiza con las horas en todos los sectores del país. Un individuo sin liderazgo propio y sin autonomía, que obedece órdenes de dictadores extranjeros, y enloquecido amenaza con desatar la violencia. Un títere de los hermanos Castro que infiltra hampones entre los manifestantes pacíficos, prohíbe las protestas, criminaliza los justos reclamos y ordena opacar el ruido de las cacerolas con fuegos artificiales.
La responsabilidad de las rectoras del Consejo Nacional Electoral es aún mayor por cuanto su renuencia a admitir que se cuente la totalidad de los votos es lo que ha generado el descontento y la debacle de estos días. Tibisay Lucena se equivoca y mucho al desafiar la voluntad de la mayoría de los electores negándonos el derecho a comprobar los resultados electorales.
Si el oficialismo, incluidos los representantes de todos los poderes públicos, no cambia de actitud, le será prácticamente imposible gobernar a un país dividido y destruido por el odio, la intolerancia y la violencia.
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