Crónica de una manifestación

#M30VAMOSTODOS

LA CONVOCATORIA

El pasado sábado 23 de mayo, las redes sociales difundieron masivamente un mensaje del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, preso de conciencia, preso de la dictadura madurista desde hace más de un año en la cárcel militar de Ramo Verde. Una grabación clandestina realizada desde su celda con un teléfono celular logró atravesar los muros de la prisión para convocar en su nombre, en el de Daniel Ceballos y más de setenta presos políticos a una manifestación pacífica para el día de hoy con tres objetivos precisos:

1. La liberación de los presos políticos.

2. El cese de la persecución, la represión y la censura.

3. La fijación definitiva de la fecha para las elecciones parlamentarias, y que durante su realización, cuente con la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea.

EL COMUNICADO

El martes 26 de mayo, Jesús "Chúo" Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), leyó ante la opinión pública la decisión de los miembros de su representada acerca de la convocatoria.

EL CAMBIO ES URGENTE, EL CAMINO ES ELECTORAL, LA UNIDAD ES OBLIGATORIA

A propósito de la invitación hecha por el dirigente democrático y preso político Leopoldo López y los integrantes de su partido a una movilización a realizarse el próximo sábado 30, la Mesa de la Unidad Democrática fija posición en los siguientes términos:

1) Respetamos, valoramos y compartimos las razones esgrimidas por Leopoldo López para llamar a la movilización. La libertad de los presos políticos, el cese de la represión, la fijación de la fecha de las elecciones parlamentarias y su realización con observación internacional calificada y oportuna, son puntos que forman parte estructural de la agenda de la Unidad Democrática, presente en todos nuestros documentos y posiciones públicas. Sin embargo, consideramos fundamental que en cualquier petitorio o conjunto de reclamos esté presente también en forma destacada la lucha contra la espantosa crisis humanitaria que vive nuestro pueblo, azotado por la escasez, la carestía, la inseguridad y el colapso de todas las redes de servicio público.

2) En ese sentido, reiteramos que junto a la movilización por justos motivos políticos, el desafío fundamental que hoy encara La Unidad es articular, acompañar y dar cauce democrático a la espontanea movilización popular que se está dando en toda Venezuela. El pueblo venezolano está reaccionando en defensa propia frente a la crisis económica y social. Los apagones, la falta de agua, el colapso de los hospitales, las humillantes colas para comprar alimentos y medicinas, así como los terribles asesinatos de civiles y hasta de policías y efectivos militares a manos del hampa desbordada, son motivo diario de protestas en comunidades de toda Venezuela. Más que llamar al pueblo “a la calle” hoy el deber de la Unidad Democrática es acompañar, apoyar, articular y dar organicidad a ese pueblo que ya está en la calle protestando o a punto de hacerlo, para transformar esa indignación en energía y fuerza de cambio.

3) Mucho habríamos deseado compartir estos criterios con quienes tuvieron la legítima iniciativa de convocar a la movilización del próximo sábado. Eso es lo que se hace cuando se lucha unidos, cuando se trabaja en alianza: Se hacen propuestas, se discuten en conjunto, y también en conjunto se sale a instrumentarlas. Así fue como, por ejemplo, construimos entre todos el rotundo triunfo que significaron las elecciones primarias de la Unidad del pasado 17M. Así es como construiremos entre todos las victorias parciales, en las luchas del día a día en defensa de los derechos civiles y políticos, sociales y económicos de todos los venezolanos. Así también es como construiremos entre todos la gran victoria en las elecciones parlamentarias, JUNTOS, porque las mejores decisiones son las que construimos juntos, porque la Unidad no tiene sustitutos, porque ninguna organización ni ningún líder es más importante que un pueblo unido y movilizado.

4) Las circunstancias impidieron que la invitación a la actividad del próximo sábado 30 contara con la necesaria participación de todos los factores de la Unidad en su diseño, formulación y convocatoria. Tras realizar intensas consultas con diversas organizaciones que integran esta alianza, muchas de ellas presentaron observaciones de forma y fondo a la actividad, observaciones que seguramente hubieran podido ser resueltas si no se hubiera tenido la presión de una fecha fijada también de manera unilateral por los autores de la iniciativa. Debido a esto, la actividad del próximo sábado no es una actividad de la Mesa de Unidad Democrática, sino de una de las organizaciones que forman parte de ella.

5) Más allá de esta eventualidad, rodeada de circunstancias especialmente apremiantes, queda para todos un aprendizaje: Los éxitos que hemos obtenido han sido frutos de la unidad de acción, palabra y obra; Unidad en el diseño de la estrategia y en la instrumentación de la táctica, unidad de idea y lucha, unidad de voto y calle. Hoy, cuando el régimen corrupto, ineficiente y totalitario está en el fondo del desprestigio y el rechazo popular, quienes integramos la Unidad Democrática tenemos el deber de estar a la altura del mandato que hace apenas nueve días nos dieron más de medio millón de venezolanos: El cambio es urgente, el camino es electoral y la Unidad es obligatoria. El régimen intenta revivir la polarización política para tratar de reagrupar sus perdidos seguidores; los demócratas debemos poner de relieve la polarización social, pues la única división real que hay en Venezuela es entre la mayoría que es víctima de la crisis y el régimen para el que la crisis es un criminal negocio. Sigamos juntos, fortaleciendo la UNIDAD DE LOS DEMÓCRATAS para que esta sea capaz de capaz de convocar, articular y movilizar la UNIDAD NACIONAL.

Por la Mesa de la Unidad Democrática, La Secretaria Ejecutiva.

Caracas, 26 de Mayo de 2015

LA REACCIÓN POPULAR

Inmediatamente las opiniones de los ciudadanos comenzaron a circular por las redes sociales. Algunos justificaron la respuesta de la MUD con diversos argumentos, pero la mayoría respaldó sin titubeos el llamado, afirmó que la manifestación debía realizarse en la fecha fijada y confirmó su asistencia. La MUD fue objeto de fuertes críticas por desvincularse de una iniciativa que la sociedad civil consideró de la mayor importancia.

Algunos dirigentes de partidos políticos que forman parte de la MUD, en cuanto comprobaron la repercusión y las consecuencias negativas del comunicado, se apresuraron a tuitear que participarían en la manifestación. Otros, en cambio, se mantuvieron renuentes a ceder en su posición.  

LA MANIFESTACIÓN

Hoy, millares de venezolanos se concentraron en distintas ciudades del país y de otros lugares del mundo en una extraordinaria demostración de voluntad democrática, para exigir el cumplimiento de los objetivos que motivaron la polémica convocatoria. El régimen espurio, por esta vez, no lanzó a sus esbirros de uniforme a la calle para impedir las marchas ni emboscar a los manifestantes. La jornada de protesta transcurrió en paz, con un gran sentimiento de solidaridad compartido por todos y admirable espíritu cívico.

CONCLUSIONES

1. El llamado a la manifestación se hizo en un momento más que propicio, debido al silencio deliberado del Consejo Nacional Electoral, que a estas alturas aún no ha fijado fecha para la celebración de las elecciones parlamentarias.
Los actuales diputados de la Asamblea Nacional fueron electos el 26 de septiembre de 2010.
De acuerdo con el artículo 192 de la Constitución nacional "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos consecutivos como máximo."

2. La violación sistemática de los derechos humanos de los presos políticos y la abominable perversidad del régimen contra todos ellos son razones más que suficientes para entender y apoyar la convocatoria, como en efecto lo entendió la mayoría de los venezolanos. Es por ello lamentable que la MUD haya aducido "circunstancias" que estimamos secundarias frente a las injusticias que sufren los presos políticos, todos ellos en condiciones extremas de inseguridad, insalubridad y tratos crueles.

3. Los líderes y dirigentes de los partidos políticos que integran la MUD deberían de participar en una o varias sesiones de autocrítica correctiva, con el fin de reordenar sus objetivos, prestar más atención a las expectativas del pueblo y escuchar las voces de la calle en lugar de repetirse o discrepar únicamente en sus propias voces.

4. Los ciudadanos, por nuestra parte, tenemos la responsabilidad cívica, política y moral de votar en las elecciones parlamentarias. Hay que elegir a 167 diputados, y en la bancada de la oposición necesitamos ganar, por lo menos, 84 curules para obtener la mayoría y poder ejecutar los cambios necesarios a través de las leyes.

5. La MUD no merece ser satanizada por sus equivocaciones; no debe ser disuelta y tampoco debe ser juzgada con ánimo destructivo. La MUD es una organización necesaria, porque sólo en su seno han podido funcionar los mecanismos de diálogo, discusión, consenso y acción en equipo para enfrentar la inmensa maquinaria del oficialismo. Ella ha sido capaz de reunir a más de cuarenta tendencias distintas de pensamiento y logrado que, no obstante las discrepancias propias de la política, en los momentos cruciales haya habido acuerdos que han favorecido, de una manera u otra, las metas de la oposición, tal como en otras ocasiones ha fracasado estrepitosamente y sus respuestas no han satisfecho las expectativas.
Desde su constitución en 2008, hay partidos que se han sumado y otros que se han retirado de la MUD. En todo caso, hay que considerar el rol que desempeña como instrumento de coalición, y el hecho de que bajo un régimen autoritario como el que rige actualmente en Venezuela, es en ella donde encontramos el único escenario democrático que existe.
Es cierto que no siempre ha acertado en sus estrategias y decisiones; es normal que se le critique por ello, pero no enmendaremos sus errores destruyéndola. ¿Qué podríamos ganar deshaciéndonos de ella? ¿Qué podríamos perder si lo hiciéramos?
Supongamos que en este momento, a tan sólo tres o cuatro meses de las elecciones parlamentarias, liquidamos a la MUD. ¿Cuál piensan que sería el resultado del evento electoral más importante si los partidos políticos de la oposición, cuyos recursos particulares son escasos, se lanzan por separado a la contienda contra el oficialismo monolítico, que dispone a su antojo de todos los recursos de la Nación? 

Los políticos del sombrero mágico

Si hay un oficio difícil, exigente, comprometedor y serio, ese es el de hacer política. Hay que tener vocación de servicio para dedicarse a ello, y estar dispuesto a trabajar sin horario ni fecha en el calendario. Hay que tener ciertas condiciones físicas, psicológicas e intelectuales, pero sobre todo hay que sentir una inquietud incurable por la injusticia y un interés permanente en el prójimo. Dicho de otro modo, hay que obedecer al animal político que se lleva adentro.

La política como oficio es un arte. La palabra deriva de la expresión griega politiké techne, que significa el arte propio de los ciudadanos, el arte de vivir en sociedad y de intervenir activamente en las cosas relativas al Estado. Para los antiguos griegos, la virtud consistía en el interés y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Hoy en día, la palabra «virtud» tiene otras acepciones, y en la actividad política hay muchos aficionados y muy pocos artífices. Las consecuencias de que sean los aficionados los que marquen las pautas del quehacer político están a la vista. Una de ellas es haber suprimido los instrumentos más esenciales de este arte, como son el diálogo y el consenso.
 
No obstante, los aficionados se multiplican como conejos que saltan del sombrero de un mago. Tal es el caso de algunos candidatos del PSUV a las próximas elecciones municipales, quienes han desarrollado su talento en ámbitos muy distintos, incluso completamente ajenos, al escenario político. Son personas destacadas en sus respectivas áreas y se les reconoce por ello, pero hasta ahora no habían desvelado, al menos públicamente, ninguna preocupación por los problemas sociales, ni habían sometido a la consideración de la sociedad ninguna propuesta política. De hecho, uno de ellos ni siquiera se había tomado la molestia de inscribirse en el Registro Electoral hasta el año 2007, a los 33 años de edad, lo que da una idea de cuán poco le importa(ba) la política.

Si los aspirantes a cargos públicos no toman en serio la responsabilidad y el compromiso que implica ser Alcalde o Concejal de un municipio y si los electores no toman en serio el alcance de su decisión a la hora de ejercer el voto, unos y otros seguirán impulsando la antipolítica, que es la negación de la política como arte social de cívica convivencia y como oficio especializado en la ejecución de políticas públicas.

Lenguas insolentes

Hay expresiones tan infelices que jamás debieran pronunciarse. Muchas de ellas son ofensivas a la mayoría de quienes las escuchan; por lo general, sus decidores se muestran impúdicamente osados en lo que constituye un desafío a ciertos principios y reglas de suprema importancia.

Hace unos días, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, plenamente consciente de la grave situación político-electoral que se vive en Venezuela, no tuvo el menor empacho en justificar su negativa a incluir el tema de Venezuela en los debates del Consejo Permanente que se celebra en Guatemala. En una entrevista declaró muy campante: "si hay 34 países miembros y ninguno plantea el tema, eso quiere decir que no hay mucho ambiente para tratarlo en esta organización... Si no lo plantea uno, no lo planteará el secretario general".

Sin embargo, en el año 2009, sí le pareció que había "ambiente" para proponer a los cancilleres reunidos en Honduras la eliminación de la resolución adoptada por la OEA en 1962 contra Cuba, más por tener un régimen comunista que por el hecho de que éste es autocrático, y calificó dicha resolución de "obsoleta y un residuo de la Guerra Fría". Por lo visto, el insulso secretario está más interesado en lograr la reincorporación a la OEA de un país en el que impera una dictadura ya cincuentenaria, que en contribuir a la solución de los problemas de fraude electoral y de ilegitimidad de quien funge como presidente en Venezuela.

Si bien el señor Insulza no me inspira ningún respeto ni un ápice de confianza, no solo por lo que dice, sino por su deliberado silencio ante tantas irregularidades y arbitrariedades que cometen algunos jefes de Estados miembros de la OEA, la función del cargo que ejerce exige de su parte un mínimo de sindéresis, en lugar de la recurrente exhibición de su preferencia política, que lo inclina hasta la postración hacia la izquierda más desequilibrada.

Otra de esas frases que no pueden borrarse ni a fuerza de lija la pronunció esta semana una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral. A propósito del tema de las impurezas del Registro Electoral, salió a relucir el problema –jamás resuelto- de los muertos que votan, que es, por cierto, uno de los varios motivos que dieron lugar a la impugnación de las elecciones presidenciales realizadas el 14 de abril de 2013  por parte del líder de oposición Henrique Capriles Radonski.

La rectora Socorro Hernández, al restar importancia a este asunto, que consideró "parte de una diatriba política" con la que se pretende generar una matriz de opinión, aseguró que "los muertos no votan", pero que el hecho de que haya denuncias debido a que algunos muertos sí votan "no tiene que ser motivo de escándalo".

Es un poco desconcertante escuchar y leer expresiones de este tenor, porque cuando uno pone todo su empeño en aplicar la buena fe y conceder el beneficio de la duda..., resulta que no hay manera de salvarlos de su propia insolencia.

La intransigencia del Poder Electoral

La institucionalidad de un país depende fundamentalmente del vigor de su Constitución y de sus leyes. Sin estos instrumentos no existe la menor posibilidad de gobernar legítimamente dentro de ciertos límites, ni de lograr que los ciudadanos conozcan el modo de ver garantizados sus derechos y de asumir la responsabilidad de su conducta cívica.

Un Estado queda al margen del Derecho y de la Justicia desde el momento en que quienes detentan el poder político degradan la Constitución, desconociéndola como norma fundamental reguladora del ejercicio de su autoridad. Muta, entonces, inevitablemente, a un Estado anómico en el que los órganos del Poder Público incrementan su poder a medida que se exceden en sus funciones y manipulan las leyes según la conveniencia de los fines que persiguen. El comportamiento de la sociedad frente a este tipo de situaciones es lo que, en definitiva, determina el triunfo o el fracaso de tales acciones. Sin embargo, siendo la sociedad un ente heterogéneo conformado por diversos sectores con creencias, opiniones, problemas e intereses distintos, los liderazgos sociales y políticos constituyen el elemento primordial para la canalización y satisfacción de todos esos factores.

En estos casos, una cualidad necesaria en el liderazgo político es la coherencia del discurso y el respeto por los derechos y las expectativas de los ciudadanos, por los principios constitucionales y por los procedimientos establecidos en las leyes para resolver conflictos como el que ha surgido a raíz de la elección presidencial del 14 de abril.

Henrique Capriles, líder de la oposición, ha sido coherente e insistente en su requerimiento de una verificación ciudadana de los resultados electorales. Porque existe una duda acerca de éstos, porque el margen de diferencia es apenas del 1,83%, porque el Rector Vicente Díaz tuvo razones para sugerirla, porque las demás rectoras no estuvieron de acuerdo con su colega, porque 54% no es igual a 100%, porque el país no quedó convencido de la veracidad de dichos resultados.

 La solicitud ha desatado reacciones imprudentes en las rectoras del Consejo Nacional Electoral. En conjunto o por separado, sus declaraciones abundan en tecnicismos que lejos de ajustarse a lo que establece la legislación electoral, se encuadran en una interpretación voluntarista de la Ley. Actitudes cerradas e intransigentes como estas son las que nos hacen dudar de la imparcialidad y transparencia del árbitro electoral, y hay sobradas razones para cuestionar sus argumentos, puesto que carecen de fundamento jurídico. Además, la proclamación y juramentación precipitadas de Nicolás Maduro como Presidente de la República ha conseguido alimentar las sospechas de nuevos vicios sobre un proceso electoral plagado de irregularidades. 

El Poder Electoral se ha erigido como un muro contra el que rebotan, una y otra vez, la voz y el voto de la mayoría de la sociedad venezolana. Aduciendo la “irreversibilidad” de los resultados electorales, pretenden desconocer nuestro derecho a exigir que se cuente la totalidad de los votos, y tratan de evadir su obligación y responsabilidad remitiendo a los solicitantes (que somos la mayoría del país) a impugnar las elecciones por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya Magistrada Presidente se pronunció indebidamente por anticipado.

La importancia de la verificación ciudadana consiste nada menos que en otorgar la legitimidad necesaria al candidato que resulte favorecido por la mayoría de los votos para asumir la Presidencia de la República.

Al borde de la ingobernabilidad

No recuerdo cuándo fue el último momento de paz que vivimos en Venezuela. Desde 1999 nuestra rutina se caracteriza por lo que se nos quita o por lo que perdemos, ya sea la paz, las libertades, la vida o las elecciones.

Ahora se nos quiere arrebatar el derecho a manifestar públicamente nuestra protesta contra la negativa del Consejo Nacional Electoral a respetar nuestro derecho de verificar el resultado electoral mediante el conteo ciudadano de la totalidad de los votos.

La foto actual del país refleja la anormalidad de nuestra realidad: por un lado, los órganos del Poder Público alineados a favor del candidato oficialista, recién proclamado ilegítimamente Presidente de la República. Una proclamación desesperada, impulsada por el miedo y la culpa de quienes cometieron fraude electoral y cuyas tramposerías quedarían desveladas mediante el conteo del 46% de los votos restantes. Una Asamblea Nacional cuyo presidente cercena el derecho de palabra a los diputados de oposición. Una Fuerza Armada beligerante y militante que defiende sus propios votos y destruye los votos del adversario.
Por el otro, poco más de la mitad de los electores a la que aquéllos pretenden ignorar, junto a un líder que se agiganta en cada nueva intervención pública, que en apenas diez días sumó casi un millón de electores a su propuesta, que denuncia con pruebas en la mano un sinnúmero de irregularidades y exige que se cuenten todos los votos para determinar con claridad cuál de los candidatos alcanzó la mayoría.

En respuesta, la ineptitud de un gobernante espurio incapaz de conciliar, ni siquiera de entender la crisis que se agudiza con las horas en todos los sectores del país. Un individuo sin liderazgo propio y sin autonomía, que obedece órdenes de dictadores extranjeros, y enloquecido amenaza con desatar la violencia. Un títere de los hermanos Castro que infiltra hampones entre los manifestantes pacíficos, prohíbe las protestas, criminaliza los justos reclamos y ordena opacar el ruido de las cacerolas con fuegos artificiales.

La responsabilidad de las rectoras del Consejo Nacional Electoral es aún mayor por cuanto su renuencia a admitir que se cuente la totalidad de los votos es lo que ha generado el descontento y la debacle de estos días. Tibisay Lucena se equivoca y mucho al desafiar la voluntad de la mayoría de los electores negándonos el derecho a comprobar los resultados electorales.

Si el oficialismo, incluidos los representantes de todos los poderes públicos, no cambia de actitud, le será prácticamente imposible gobernar a un país dividido y destruido por el odio, la intolerancia y la violencia.

Problemas de la "sucesión" a la luz de la Constitución

El último presidente del país que falleció estando en funciones fue Juan Vicente Gómez en 1935; sin embargo, pensamos que de Chávez no puede decirse que haya muerto en ejercicio de sus funciones, por cuanto no tomó posesión del cargo ni se juramentó, y el juramento es condición imprescindible para el ejercicio de cualquier cargo público.

Artículo 1 de la Ley de Juramento: “Ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo”.

El criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para justificar la ausencia de Chávez como un permiso por el tiempo necesario hasta su recuperación es un argumento que no se corresponde con lo que establece la Constitución vigente. No obstante, los magistrados se impusieron a ésta, sin despeinarse siquiera, al resolver que:

“(i) Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ha ausentado del territorio nacional, por razones de salud, durante lapsos superiores a “cinco días consecutivos”, con la autorización de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013.

(ii) No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin.

(iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión, el Presidente saliente debía entregar el mandato al Presidente del Congreso y procederse “como si se tratara de una falta absoluta”; la Carta de 1999 eliminó expresamente tal previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta (que, por otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un Presidente reelecto y proclamado).

(iv) A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo.

(v) La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación.

(vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa.” (Sentencia 02 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de enero de 2013, Exp. 12-1358).

¿Por qué el Vicepresidente Ejecutivo y no el Presidente de la Asamblea Nacional?

Ahora, anunciado oficialmente el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, los actuales detentadores del poder político se aferran a la tesis fundamentada en el “principio de la continuidad administrativa” para acogerse al segundo párrafo del artículo 233 de la Constitución y no al primero.

Artículo 233 CRBV: “… Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva…”.

De ahí que el canciller Elías Jaua haya anunciado esta noche que será Nicolás Maduro, Vicepresidente Ejecutivo de la República, y no Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, quien asumirá temporalmente la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque al adherir el mencionado y manido “principio de la continuidad administrativa” están actuando como si la falta absoluta, es decir, la muerte de Chávez, se ha producido “durante los primeros cuatro años del periodo constitucional”, y no como efectivamente ha sucedido, o sea, antes de que tomara posesión del cargo y se juramentara.

Lapso para celebrar nuevas elecciones presidenciales

Ahora se presentan nuevas situaciones, la primera de ellas acerca de la fecha a partir de la cual se deben computar los 30 días consecutivos para la celebración de elecciones presidenciales. De acuerdo con la Constitución, ese lapso empieza a contarse a partir de mañana, miércoles 6 de marzo de 2013, dado que el anuncio oficial del fallecimiento del Presidente se hizo hoy, martes 5 de marzo de 2013, y debe concluir el jueves 4 de abril de 2013. No es preciso que el Consejo Nacional Electoral ni ningún otro órgano del Poder Público Nacional declare o decrete expresamente el inicio de dicho lapso, pues éste comienza a correr automáticamente, en este caso, a partir de la fecha de fallecimiento del Presidente. Lo que sí debe hacer el Consejo Nacional Electoral es fijar una fecha, dentro de dicho lapso, para que los venezolanos acudamos a los centros de votación a elegir al próximo Presidente de la República.

Incompatibilidad de voluntades

La otra cuestión que se presenta tiene que ver con la eventual postulación de Nicolás Maduro a la candidatura presidencial, quien fuera ungido por el propio Hugo Chávez en su última aparición pública el 8 de diciembre de 2012. En esa ocasión, el entonces Presidente de la República impartió a los suyos, en una suerte de manifestación de última voluntad, la siguiente instrucción:

“… si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mi me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? ¿un mes?, hoy es, sí, un mes…, y sobre todo para asumir el nuevo período para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo…, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el período, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución, de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.”

Si se atiende al principio de continuidad administrativa que sustenta la sentencia de la Sala Constitucional, se entiende, entonces, que Nicolás Maduro sigue siendo el Vicepresidente Ejecutivo de la República. El problema en este caso deriva de una incompatibilidad entre la última voluntad de Hugo Chávez y la voluntad del Constituyente.

Artículo 229 de la Constitución: “No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora, o Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”.

Luego, si es el Vicepresidente Ejecutivo quien asumirá temporalmente la Presidencia de la República, ¿cómo piensa postularse como candidato presidencial sin violar el precitado artículo 229 del texto fundamental? ¿Renunciará inmediatamente después de asumir la Presidencia en forma temporal? ¿No estarán complicando las cosas al arrollar tan aparatosamente, una vez más, a la ya bastante magullada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿O acaso afinan alguna nueva “estrategia revolucionaria” inconstitucional?