Para quién escribe el que escribe

Por Liliana Fasciani M.

Escribir es un hábito, una disciplina, un oficio, una necesidad, una pasión, un vicio, un ejercicio espiritual, psicológico e intelectual. Pero es, también, una carga muy pesada, porque quien escribe se compromete a través de lo que expresa. Ese compromiso implica responsabilidad, no sólo ante uno mismo, también ante los lectores.

Decía Kotepa Delgado "escribe, que algo queda". Y de eso se trata, de que "algo" quede en la mente de quien lee. No se espera que todos los lectores coincidan con el articulista en sus puntos de vista, o con el académico en el análisis de determinada teoría, o con el escritor en el desenlace de una novela, o con el poeta en la composición de ciertos versos. Se espera, en cambio, que tales expresiones generen otras, provoquen posturas similares o distintas. Se aspira que, mediante la palabra, esa opinión, historia o poema "toque" al lector en su fibra más sensible, ya sea para la aceptación, la duda o el rechazo.

He vuelto a pensar en este aspecto del oficio a propósito de un comentario que me hiciera mi hermano: "Lo que escribes, no llega a quienes les escribes, porque sólo te leen las personas que piensan más o menos como tú". Tuve que preguntarme ¿por qué escriben los que escriben? No conviene dar una respuesta cuando la verdad es que cada cual tiene sus razones para escribir. Yo escribo porque hacerlo es para mí todo eso que he mencionado antes. El otro punto es: ¿para quién escribe el que escribe? ¿Elige el escritor a sus lectores? Definitivamente, no. Son los lectores quienes eligen, no al escritor, sino al producto de su trabajo. El apenas puede prever que su obra será acogida por tal o cual tipo de lectores.

Con respecto a los artículos de opinión -que es a lo que específicamente se refería mi hermano-, su comentario me obligó a replantearme: ¿en qué pienso cuando escribo sobre lo que sucede en mi país?, ¿en quién pienso cuando critico al Gobierno, a la Oposición, a los ni-ni?, ¿en quiénes pienso cuando veo mis artículos publicados en la prensa de papel o en la prensa digital?, ¿qué clase de personas son las que desearía que me leyeran?

Es verdad que cada artículo tiene de antemano sus destinatarios. Sé dónde están los lectores que me gustaría que lo leyeran. Pero también es cierto que cuando escribo, lo hago para mí antes que para alguien más. Escribo porque no me basta con pensar. Necesito ver lo que pienso y, además, transmitirlo. Cuando empiezo a escribir un artículo, al principio no me preocupo por quiénes van a leerlo, sino por cómo voy a expresar lo que tengo en la mente. A medida que la idea se va convirtiendo en un texto con sustancia, me concentro más en la apropiada selección de las palabras. Temo emplear un vocablo que distorsione el sentido de lo que quiero comunicar. Presto atención a la forma de la oración. Me cuido de las redundancias innecesarias. Procuro no extenderme demasiado. Sólo al final, cuando ya he leído y corregido varias veces el artículo, lo imagino impreso en el periódico, y es entonces cuando me pregunto quiénes lo leerán.

No me mortifica si les gustará o no. Lo único que me importa a partir de ese momento es que muchas personas, en todos los sectores sociales, lo lean, porque mi objetivo es transmitir una opinión y mi finalidad es inducir a una reflexión y generar otras opiniones.

Quizá mi hermano tiene razón en que esos escritos no llegan a las personas de determinados sectores, pero no albergo la menor duda de que para quienes escribir es una forma de respirar, aunque nadie nos lea, seguiremos escribiendo.

Publicado originalmente 29/01/07 en www.eluniversal.com
Reproducido en www.elpaisliterario.com

Poder Judicial dependiente y servil

Por Liliana Fasciani M.

A mis alumnos de ayer y de hoy

Mientras estudié la carrera de Derecho trabajé como escribiente en dos tribunales de la República, el primer año en uno de instrucción de Tránsito y los cuatro años restantes en uno de instrucción Penal. En ellos adquirí mis primeros conocimientos en la práctica de la función judicial y empecé a detectar las fortalezas y debilidades del sistema de la administración de justicia.

Fue en el tribunal de instrucción penal donde conocí de cerca los serios problemas del sistema penitenciario, las características del proceso penal, el trabajo que con no pocas dificultades desarrollaban los fiscales del Ministerio Público, los Defensores Públicos de Presos, los abogados penalistas, los custodios y hasta los choferes de los autobuses que transportaban a los detenidos para que asistieran a sus actos en el tribunal, la situación real de los imputados y reos, y el via crucis permanente de sus familiares. Fue, también, donde decidí que, una vez graduada, jamás ejercería esa rama del Derecho.

Obtuve el título de abogado en 1985, bajo el imperio de la Constitución de 1961, en un régimen de gobierno que me garantizaba la libertad para tomar mis propias decisiones. Una de ellas fue aceptar el cargo de Secretaria, primero Accidental, y luego Titular, de un juzgado multidisciplinario en el interior del país. Un tribunal de 1º instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo, con competencia, además, para conocer en materia de Menores.

Durante dos años, mis funciones y responsabilidades en dicho cargo ocuparon mucho más de las reglamentarias horas de despacho y horas administrativas, debido al volumen de trabajo y a la constante presión que suponía el tener que proveer las solicitudes de usuarios y abogados, impartir instrucciones al personal, controlar los expedientes, atender los asuntos internos del despacho y otras tantas actividades.

El secretario de un juzgado, ya sea de municipio, de primera instancia, o superior, asume no sólo un cargo, sino una enorme carga. Únicamente alguien que se haya desempeñado como supernumerario, escribiente, archivista, alguacil o secretario de un tribunal, sabe cuánto esfuerzo, paciencia y disposición exige semejante empleo.

En vista de que varias universidades venezolanas se han dedicado, en los últimos quince años, a la "fabricación masiva" de abogados, no hay posibilidad de que todos realicen una pasantía por los juzgados, por lo tanto, lejos están muchos de ellos de entender la magnitud del trabajo que se desarrolla, especialmente en los tribunales penales, civiles y mercantiles, que suelen concentrar a la mayor parte de los usuarios del servicio.

Es probable que por ese mismo desconocimiento de cómo transcurre la vida judicial in situ para magistrados, funcionarios y empleados, es que algunos abogados, en ocasiones, adoptan un comportamiento desconsiderado que raya en la descortesía y en la arrogancia. Les cuesta entender que su expediente no es el único que se guarda en los archivos, que su sentencia no es la única que se debe dictar ese día, o que su acto de contestación a una demanda no es el único que está fijado para una hora determinada.

Me complace haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia laboral, porque no sólo me sirvió para adiestrarme en las rutinas del proceso, me fue también tremendamente útil, en los ámbitos relacionales abogado-cliente y abogado-funcionarios, durante los siguientes años en que me dediqué al libre ejercicio de la profesión.

En aquel entonces ya pululaban en todos los tribunales del país múltiples quejas de justiciables y abogados, así como de funcionarios y empleados judiciales, por las muchas deficiencias que presentaba el sistema de la administración de justicia, ya fuera porque no se contaba con los equipos adecuados, o porque el personal no tenía formación académica ni mucho menos, o porque los jueces no sentenciaban dentro del lapso, o porque los escribientes "engavetaban" los expedientes, o porque campeaba la corrupción, o porque..., lo que a Ud. se le ocurra, eso también. Cualquiera de esas disconformidades era una verdad, una verdad a medias, o una mentira, según a cuál tribunal o a cuál juez se hacía referencia, y según las causas y argumentos que soportaban los reclamos y denuncias.

El punto es que los venezolanos teníamos razones de sobra para manifestar, tanto en privado como públicamente, insatisfacción, temor o desconfianza con respecto al sistema judicial. No porque no funcionara, sino porque funcionaba mal. Había tantas fallas de carácter material, técnico, educativo, cultural y humano, que el problema superaba a la propia institución. La situación era de tal gravedad que imponía, de manera urgente e impostergable, una reforma.

Las circunstancias exigían cambios estructurales de la mayor importancia. Adecuar los procedimientos a un esquema más sencillo y expedito, reformar parcialmente algunas leyes y elaborar otras nuevas, modernizar la infraestructura de las sedes de los tribunales en todo el país, dotarlos de mayores y mejores recursos, formar en el ámbito de sus funciones a los trabajadores judiciales, descongestionar y humanizar las cárceles mediante la construcción de centros penitenciarios apropiados, reorganizar los cuerpos policiales, poner coto a las arbitrariedades, combatir la corrupción.

En 1984 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) y, a tales fines, se elaboró un Proyecto de Reforma Integral del Estado (PRIE). El programa en cuestión contemplaba entre sus reformas: "... actualizar y modernizar el ordenamiento jurídico, garantizar la plena autonomía del Poder Judicial, y la profesionalización y despartidización de la administración de justicia".(Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, "La Reforma en síntesis. Proyecto de reforma integral del Estado", Caracas, 1989, p.28.)

Al Proyecto en cuestión siguió una serie de eventos: reuniones de trabajo, estudios de campo, análisis de estadísticas, inspecciones de ingeniería, visitas de organismos internacionales y de expertos en el área. Se realizaron talleres y seminarios, académicos y jueces presentaron propuestas, el Congreso recibió varios proyectos de leyes que, en su mayoría, ni siquiera llegaron a discutirse y se hicieron quién sabe cuántos informes sobre los problemas en el sistema judicial.
Casi quince años después de creada la COPRE y de elaborado el PRIE, apenas celebrado el primer contrato de crédito (1997) entre el Estado y el Banco Mundial destinado al programa de modernización del Poder Judicial, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela (1998) y, a partir de ese momento, se produjo una auténtica sacudida en las entrañas de esta institución.

En 1999 se decretó la “emergencia judicial” que dio lugar al “régimen de transición”. En el ínterin, la Corte Suprema de Justicia fue rebautizada como Tribunal Supremo de Justicia, se crearon nuevas Salas (Constitucional, Social y Electoral) para descongestionar las ya existentes (Político-Administrativa, Casación Penal y Casación Civil). Se asignaron al renovado máximo tribunal las funciones de gobierno, dirección y administración del Poder Judicial, y se creó, para estos menesteres, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Se sustituyó el Consejo de la Judicatura con la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial que absorbió, adicionalmente, a la Comisión de Emergencia Judicial.

En 2000, se dictaron las normas relativas a la evaluación de los jueces y al procedimiento para los concursos de oposición; posteriormente, se creó la Comisión Judicial en calidad de enlace entre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, y a la cual quedó adscrita la Defensoría Pública. La Escuela de la Judicatura fue reemplazada por la Escuela Judicial, luego Escuela Nacional de la Magistratura.

Todos estos cambios se ejecutaban al mismo tiempo que una suerte de “motosierra” cortaba cabezas en los tribunales del país. Jueces de todas las instancias y circunscripciones fueron denunciados, investigados, perseguidos, desprestigiados, sancionados, destituidos y reemplazados sin goce de sus derechos al debido proceso, a la defensa, ni al pataleo. Se inventó la figura de la “jubilación especial” para salir de aquellos magistrados titulares con muchos años en funciones que, siendo eficientes y probos, eran o podían llegar a ser incómodos para el régimen.

Si bien es cierto que muchos de aquellos jueces –titulares y provisorios– se hallaban, desde hacía años, en las listas negras de la Inspectoría General de Tribunales, por lo que estaban siendo sometidos a averiguación, otros, sin embargo, mantenían una trayectoria funcionarial sin mácula y su reputación era la de individuos honestos y decentes. Pero la orden era “purgar” el sistema, desmantelar la institución y reconstruirla a partir de sus escombros, según los planos y planes del nuevo gobierno.

La mayoría de la sociedad venezolana –incluso gente vinculada al foro– no se daba cuenta de lo que realmente sucedía: se estaba llevando a cabo una cacería de brujas al estilo robespierrano. Las dudas al respecto se fueron disipando a medida que el país observó en qué consistían los cambios y, sobre todo, cuáles eran los criterios que regían para ello. Ahora, las razones que justifican esos hechos no sólo son creíbles, sino también comprensibles, por repugnantes que resulten. Son, precisamente, las razones que en el acto de apertura del año judicial 2007 ha expuesto, sin reserva ni pudor, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Dr. Omar Mora Díaz.

Después de aquella bochornosa escena protagonizada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en pleno, en la que –excepto dos de ellos– entonaron a coro el estribillo popular “¡Uh! ¡Ah!, Chávez no se va”, no debe extrañar que el Dr. Mora Díaz, en nombre de sus colegas y en el suyo propio, declare con absoluto desparpajo:

“Asumimos el compromiso de convertirnos en multiplicadores para apoyar la Reforma Constitucional y la Ley Habilitante, y en este sentido convocamos a todos los jueces del país para que hoy mismo, cada uno de nosotros, en (sic) base a nuestra experiencia académica, como profesores universitarios, como abogados, jueces o investigadores, estemos al servicio de la patria. Sin complejo alguno”.(Diario El Universal, 26/01/07, "Omar Mora Díaz solicita apoyar la Reforma Constitucional y la Ley Habilitante", versión digital en: www.eluniversal.com (Subrayado mío).

Ni que recurra a la paráfrasis para afirmar:

"Necesario es profundizar la transformación del Poder Judicial. No de manera decorativa, sino de manera real, para tener un poder judicial garante del nuevo orden jurídico que se avecina". (Subrayado mío).

Ni que a tales fines anuncie la transformación de la Escuela Judicial en Universidad Experimental Judicial Venezolana, para impartir a los aspirantes a jueces “una formación ideológica y filosófica, diferente a la de la cuarta república”. (Subrayado mío).

Para quienes pensamos que la separación de los poderes públicos y el principio de legalidad son dos pilares fundamentales del estado de derecho democrático, estas joyas de la retórica judicial no son más que la confirmación de la evidencia: el Tribunal Supremo de Justicia no es independiente ni autónomo, sino dependiente de la voluntad del actual Jefe del Estado y obediente de sus órdenes, por caprichosas y disparatadas que sean.

No es la reforma constitucional la vía a seguir cuando se tiene en mente transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. No lo digo yo. Está consagrado expresamente en el artículo 347 de la Constitución vigente:

“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. (Subrayado mío).

Por otra parte, el perfil del juez venezolano no contempla, o mejor dicho, no había contemplado hasta ahora, formación ideológica ni filosófica, puesto que si bien cada cual es dueño de sus pensamientos y defiende las ideas que mejor le parecen, en el ejercicio de la función de juez la tendencia política debe quedar en último plano. Es decir, cuando un juez entra en su tribunal, debe dejar su mochila ideológica, tal como deja la camiseta de su equipo de béisbol, afuera.

Aun partiendo de la concepción aristotélica sobre la naturaleza política del hombre, si entre los objetivos de una reforma judicial auténtica –que no es, eso está claro, la que pretende hacer este gobierno– figura la instauración de un sistema de administración de justicia independiente, imparcial, confiable y sujeto a la Constitución y a las leyes; si los concursos de oposición persiguen, precisamente, nombrar jueces con base en sus méritos académicos, su equilibrio psicológico-emocional, sus cualidades éticas, su comportamiento vertical; si la transformación del sistema judicial obedece, entre otras razones, a la necesidad de facilitar a todos los ciudadanos por igual el acceso a la justicia y de garantizar la tutela judicial efectiva con prescindencia de los favoritismos partidistas, de los privilegios personales, de las ventajas económicas y de la influencia de los otros poderes, es inaceptable, por inmoral, que se imponga a los abogados como condición para ingresar en el Poder Judicial adherirse a una ideología y una filosofía política determinadas. En el caso del Poder Judicial venezolano, se trata de la ideología socialista y de la filosofía de la pusilanimidad.

Cuando me gradué de abogado, estaba plenamente convencida de dos cosas: la primera, que en Venezuela las leyes eran buenas, pero que podían ser mejores si en la conciencia ciudadana se inoculaban las razones éticas y cívicas por las cuales a todos convenía el conocimiento, el respeto y el cumplimiento de la Ley; la otra, que a partir de ese momento tendría las herramientas necesarias para defender mis principios, valores y derechos, y prestar un servicio profesional a otros en defensa de sus derechos e intereses.

Hoy en día, observo con estupor los acontecimientos que ensombrecen todos los espacios de la vida nacional, soy testigo directo de las arbitrariedades de Hugo Chávez y de los esbirros de su gobierno, sufro la sistemática e ingente violación de mis derechos y de los derechos de los ciudadanos, me avergüenza la conducta hostil, el lenguaje soez y la expresión agresiva del Presidente de la República hacia sus homólogos de otros países y hacia los representantes de algunos organismos internacionales, me asquean la indignidad y la insolencia de quienes representan a los Poderes Públicos, y me felicito por haber decidido abandonar el ejercicio de la abogacía apenas vislumbré lo que se avecinaba.

Sin embargo, siento la impotencia del que intenta convertir su voz y su palabra en un grito de advertencia, en una llamada de alerta que casi nadie escucha o que casi nadie desea escuchar. Me repugnan los oportunistas que se aprovechan de la desgracia colectiva para enriquecerse. Me dan lástima los pobres venezolanos pobres que aceptan ser manipulados, humillados y engañados a través de las Misiones que, en vez de procurarles herramientas, condiciones y oportunidades para desarrollarse libremente y mejorar, por sí mismos, su calidad de vida, se limitan a distribuir limosnas que ni siquiera alcanzan para quitarles el hambre.

Dedicada desde el año 2000 a la investigación y a la docencia, me he ahorrado la molestia de lidiar con jueces obtusos, con escribientes agobiados y con colegas vivarachos, pero al menos dos días a la semana me encuentro en el dilema de qué decir a mis alumnos cuando la cátedra exige que, necesariamente, abordemos temas cruciales como el concepto de derecho, la moral y el derecho, el poder y el derecho, la soberanía, el imperio de la ley, y leemos las obras de Aristóteles, Platón, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hayek, Rawls, Nozick o Marx (sí, también Marx).

No es fácil dar sabios consejos. Menos aún si quien los solicita es un estudiante veinteañero, como el que hace algunas semanas compartió conmigo su preocupación por lo que sucede en nuestro país, y me confesó que estaba planteándose cambiar de carrera, porque “Tal como están las cosas aquí –dijo–, ¿para qué estudiar Derecho si probablemente después no pueda ejercer? Prefiero estudiar algo que me sirva en cualquier parte, si tengo que salir del país”.

Siempre supe que el sistema judicial venezolano era de los peores de América Latina, no porque las leyes fuesen malas, incoherentes u obsoletas, sino porque casi todas terminaban siendo ineficaces. Y ello en razón de que la mayoría de los venezolanos –incluidos autoridades y ciudadanos de a pie– carece de cultura jurídica lo mismo que de convicciones ideológicas y de modales cívicos.

Lo que jamás pensé es que llegaríamos al extremo de ver cómo se destruyen las instituciones y cuán cínicamente los integrantes del Poder Judicial enajenan sus conciencias, eligen dejar de servir a la justicia y a la sociedad para hacerse sirvientes de un hombre, traicionan la Constitución para favorecer los intereses de un sector, y lo único que son capaces de asegurar es la inseguridad jurídica, mediante una jurisprudencia plagada de barbarismos.

Por si no fuese bastante, el magistrado Presidente del más alto tribunal de la República ha propuesto modificar el nombre de dicho órgano, agregándole el adjetivo que faltaba, así pasaría a denominarse Tribunal Supremo de Justicia Bolivariano. No me lo contaron, yo le escuché decirlo.

¡No pienses! ¡No cuestiones! ¡No opines!

LPL

En los regímenes socialistas de inspiración marxista-leninista, nada causa tantas molestias y resulta tan completamente inútil como una asamblea, congreso o parlamento. ¡A quién se le ocurre que alguien tenga que debatir las decisiones del líder! La voluntad del Gran Conductor no se discute, se cumple. Sus órdenes no son temas de la agenda legislativa, simplemente se ejecutan.

Esto deberían de tenerlo grabado en su piedra cerebral los diputados de la Asamblea Nacional. Ellos se ahorrarían la frustración que les produce ejercer un cargo sin funciones; los ciudadanos nos ahorraríamos todos los sueldos, comisiones, beneficios y propinas que perciben por no polemizar ni legislar.

¿Piensan acaso estos fanáticos que el bozal de hierro es nada más para los periodistas y los medios de comunicación? ¿Suponen que sólo los dirigentes políticos de los partidos de la oposición serán perseguidos por sus manifestaciones en la calle y sus declaraciones públicas? ¿Creen que las enormes manos del poder taparán las bocas de los ciudadanos como tú y como yo, pero no las suyas?

La entrevista que le hiciera Sara Carolina Díaz a la diputada Iris Varela (transcrita íntegramente a continuación) es una pieza ejemplar de la idea de libertad de expresión en la concepción socialista. Palabra por palabra, no tiene desperdicio.
Hay obstáculos que impiden la expresión de diputados en AN

"El impasse entre dos grupos de diputados ocurrido durante la sesión del martes en la Asamblea Nacional ocasionó que algunos legisladores
manifestaran que están ávidos de debate y que no están dispuestos a ir a
perder el tiempo en el Palacio Legislativo.

Uno de esos diputados fue Iris Varela, quien respaldó el planteamiento que en la última sesión hiciera Luis Tascón de discutir la declaración de utilidad pública de la Cantv, propuesta que al final no fue aprobada por
la Plenaria y que generó descontento en las filas del chavismo, entre
otros en Desirée Santos Amaral, Darío Vivas y Juan Carlos Dugarte, todos
miembros del CTN del MVR.

La diputada Varela apuesta porque se aclare si los parlamentarios podrán hacer sus planteamientos sin esperar negativas a priori, "porque aún nosotros somos los representantes del pueblo. Eso no ha cambiado en la
Constitución".

-¿Se está cercenando el debate en la AN?

-Yo lamento que en el Parlamento extrañen tanto la Cuarta República. Quieren hacer de la Comisión Coordinadora una cámara del Senado. Si
nosotros creemos que la Asamblea está conformada por revolucionarios no
debería haber obstáculos. Deben permitir que todos se expresen. Hay
obstáculos que impiden la expresión de los parlamentarios. El papel del
director de debate es canalizar la posición oficial de los temas. Lamento
que se descontextualice lo que dije en la sesión (del martes) porque me
violaron el derecho a réplica, pues, ese que tengo consagrado en el
reglamento. No le quito importancia a los dos temas debatidos (salutación
a Rafael Correa y aniversario a 23 de Enero), pero hay muchos temas que
ameritan debate y no puede ser que no se incorporen porque hay que
debatirlo primero en la Coordinadora (donde elabora la agenda
parlamentaria) que se reune una vez por semana.

-¿Se sienten excluidos de las discusiones que se dan en la Coordinadora?

-No quiero que pase mucho tiempo para discutir porque esta revolución lleva un ritmo acelerado y nosotros no nos podemos quedar en el aparato.
Creo que es perder el tiempo miserablemente venir solamente a discutir dos
proyectos de acuerdo que son importantes pero no son muy novedosos. Yo
tengo 7 años como parlamentaria y en esos 7 años se han hecho acuerdos del
23 de Enero. ¿Qué otras cosas distintas se pueden decir? Eso es historia.
Eso no es óbice para que se cierre la discusión de otros temas que están
sobre el tapete, como el incremento del precio del combustible. Yo no
estoy inventando que somos los representantes del pueblo. Eso está en la
Constitución y esa condición aún no ha sido modificada. Hay tanta avidez
de los diputados de discutir que es un crimen que no se permita.

-¿No teme que los diputados queden rezagados y se los lleve por delante la avalancha de reformas?

-Por el contrario. El Presidente hace anuncios importantísimos que inciden en la vida de los venezolanos y nuestra obligación es debatir eso.
Estamos incursos en una reforma y hay una comisión que está elaborando un
proyecto, pero quienes no estamos en esa comisión y quienes no
pertenecemos a la Coordinadora también recogemos propuestas y tenemos
muchas ideas que aportar.

-Hay diputados que dicen que no era el momento para hablar del caso Cantv...

-Bueno, que lo digan y que den la cara. Yo creo que sí es el momento. El momento es siempre. Este es el escenario del debate nacional, entonces
¿cómo se va a negar el debate en el Parlamento? Es un contrasentido
¿Quieren matar el Parlamento? Entonces que lo digan. El Parlamento no se
mata con una Habilitante, el Parlamento se mata si se cercena el debate,
cosa que no estamos dispuestos a permitir. Vamos a poner eso sobre el
tapete, si se quiere que se corten los debates.

-Pero una Habilitante tan amplia obviamente reduce el trabajo de los diputados.

-No. Hay demasiadas leyes. Tenemos que respaldar al jefe de Estado. Escuchamos cuando el Presidente emplazó a Chacón y dijo que entonces él
tendría que ir a tomar la Cantv. ¿Vamos a tener que esperar que el
Presidente diga: ¿Es que tengo que ir yo a tomar La Electricidad de
Caracas? Con esos temas no podemos escurrir el bulto.

-¿Por que cree que no quieren abrir el debate sobre eso?

-Yo creo que algunos se están recargando de trabajo, entonces están en la coordinadora, en la dirección del debate, al frente de comisiones y están tan saturados que de repente no les da tiempo pero les pido que no
tengan ningún tipo de temor, que hay 166 diputados que prometieron seguir
un rumbo que es la construcción del socialismo del siglo XXI. Yo confío en
todos los diputados.

-Les recriminaron falta de disciplina...

-Se supone que no hay partido entonces ¿quién es el dirigente que me va pedir disciplina partidista? El MVR fue un partido que quise mucho, pero que ya pasó a la historia."

Fuente: Entrevistas, 25/01/07 en www.eluniversal.com

Decálogo de Abraham Lincoln

1. - Usted no puede crear prosperidad desalentando la Iniciativa Propia.
2. - Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte.
3. - Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes.
4. - Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.
5. - Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el
salario.
6. - Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo
que gana.
7. - Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad,
admitiendo e incitando el odio de clases.
8. - Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero
prestado.
9. - Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre
quitándole su independencia (libertad) e iniciativa.
10.- Usted no puede ayudar a los hombres permanentemente, realizando
por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.

Precisando...

Estas son las cosas que se pueden hacer en un sistema de gobierno liberal, en el cual prevalece la libertad del individuo como instrumento de su creatividad, la espontaneidad de la economía, de acuerdo al ritmo de la oferta y la demanda, en una sociedad regida por los principios democráticos y el imperio de la Ley.

Estas son las cosas que no es posible hacer en un sistema de gobierno socialista, en el cual predomina la voluntad de un solo individuo o de un pequeño grupo de máximas autoridades, que pretenden planificar todos los sectores del Estado (educación, valores, costumbres, símbolos, economía, cultura) e incluso la vida privada de los ciudadanos mediante la censura, la restricción y la represión.

Decir a todo que sí

Por Olivia Biasini

He tomado este título de un artículo de William Rodríguez. Recomiendo esa columna porque nos brinda una oportunidad iluminadora para establecer un análisis comparativo (Quizz) entre el socialismo ideal y el socialismo real (léase a William Izarra, William Lara, Jorge Rodríguez, y otros) que se está aplicando en Venezuela.

El socialismo ideal es como una bandera que va delante del pelotón, un sueño, una utopía, algo que está probado nunca se alcanzará pero ayuda a movilizar las emociones y es inspiración para la acción. En algunas ocasiones es utilizada por gente dominada por el ansia de poder para manipular al “pueblo”, para que doble la cabeza y diga a todo que sí, para que de amo se transforme en esclavo del Estado, fascista o marxista, a fin de cuentas: totalitario.

El liderazgo colectivo de los marxistas sólo se da cuando están en minoría, en grupos pequeños, cuando discuten todo hasta el cansancio para llegar a la solución colectiva; una decisión definitiva que siempre baja como línea suprema, pero que los participantes sinceramente creen que es la síntesis de la discusión “dialéctica”. En mayoría, adiós pluralismo y discusión.

El socialismo real es el partido único de los disciplinados que siguen línea para liberar al “pueblo”, el paso intermedio es someter a todos a un estricto seguimiento de lo “importante para el bien común” que sólo conocen los grandes líderes iluminados, por eso el pueblo siguió a Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Castro, Mao y demás “demócratas” que han aplicado el socialismo y lo han mezclado con algo que Marx nunca consideró: la psicología o sicopatología del poder. Cuando sus reinados terminan, el pueblo ni es libre ni es igual.

La contradicción de fondo es insuperable, por un lado, hay que liberar al pueblo y a los trabajadores de la ideología burguesa alienante y de la superestructura del Derecho y el Estado. En ese momento, todos seremos libres, no habrá necesidad de Estado ni de propiedad, pero, mientras tanto, para hacer la planificación central de toda la economía, se necesita un Estado gigantesco que se adueña de todo en nombre del pueblo, que usa el Derecho y la policía para someter la diversidad y la pluralidad al Soberano.

En el socialismo real no hay deliberación, el pueblo no puede estar discutiendo las distintas opciones que se le presentan, los consejos comunales cogen línea, la Asamblea Nacional ni siquiera se molesta en representar esas distintas voces, esos matices, esa pluralidad , esa libertad de opinar que Rodríguez asocia, con razón, a una sociedad libre y democrática. La Asamblea baja la cabeza y dice que sí al Supremo. Donde hay un Soberano, no hay democracia ni pueblo protagónico.

En el socialismo real no hay forma de oponer al poder soberano del Estado los valores democráticos, ni el derecho a la libre opinión o expresión, por eso es necesario ir cerrando los medios de comunicación, que sirven de correa de trasmisión del pensamiento disidente, todos, entonces, a ver VTV que mejora la salud mental, ilumina el entendimiento y transmite las líneas maestras del pensamiento único.

Los marxistas como William Rodríguez, que expresan una convicción democrática, tienen un destino en el socialismo real, primero son considerados una molestia, luego son calificados de reaccionarios, y finalmente, de contrarrevolucionarios y se les envía a un centro de reeducación. Así se llaman las cárceles en el socialismo real, porque es un delito ¡pensar!, no tiene nada de extraño que por decir “no” ambos nos encontremos en El Dorado algún día, y podamos compartir lecturas y pensamientos.

Socialismo vs. Libertad

Por Henry Hazlitt

Cuando algunos estudiantes visitantes del Brasil entrevistaron al Presidente (Kennedy), uno de ellos preguntó cuál sería la reacción del gobierno de EEUU «en caso que nosotros socializácemos los medios de producción de nuestro país, como medio más eficaz de librar la batalla contra el subdesarrollo»
Mr. Kennedy respondió:«La decisión de su país en cuanto a los medios para proveer progreso es su decisión, y si por socialismo entienden la propiedad (gubernamental) de los medios de producción o industrias básicas, ese es un juicio que a ustedes les corresponde. A lo que nosotros nos oponemos es a la negación de libertades civiles, la negación de oportunidades para personas de reunirse, para tener su prensa, para escoger libremente la clase de gobierno que desean... Nosotros preferimos la economía de mercado competitivo. Nosotros creemos que con la libre competencia podemos satisfacer mejor las necesidades de nuestra gente. Cada país debe hacer su propia decisión».

Esta respuesta, aunque ambigua en algunos respectos, expone la ideología que respalda la Alianza Para el Progreso y nuestro programa de ayuda al extranjero. Una respuesta menos diplomática pero más instructiva podría haber sido así:

¿Cuál sistema funciona?

Lo que usted haga en su país es por supuesto asunto suyo, ya sea que por votación adopten el socialismo o una dictadura, tal como los alemanes hicieron cuando escogieron a Hitler, o los argentinos cuando aceptaron a Perón. En cualquier caso no consideramos que es asunto nuestro intervenir, ni con ayuda económica gubernamental ni con una palabra de «prevención». No obstante, es únicamente justo decirle, si es que pide nuestro consejo, que ustedes no acelerarán su desarrollo económico o crecimiento mediante la socialización de los medios de producción. Por lo contrario ustedes los retardarán, tal como sus gobiernos recientes lo han efectivamente retardado con toda clase de medidas hostiles, no sólo a la inversión extranjera sino también a la empresa doméstica.

Nosotros llegamos a ser el país más rico y más próspero en el mundo siguiendo el camino de la libertad de empresa, de la propiedad privada de los medios de producción en una palabra, del capitalismo. Nuestra velocidad de crecimiento fue aumentada con inversión privada de capital extranjero, principalmente inglés. Fue atraída aquí no sólo porque podía conseguir mayor ganancia que en casa, sino también porque no corría ningún riesgo de discriminación, impuestos opresivos, nacionalización o expropiación. Fue bienvenida, no temida. En la misma forma hoy, el crecimiento del Canadá ha sido grandemente acelerado por la inversión privada de capital estadounidense.


Libertad indivisible


Es la mentalidad anticapitalista de los llamados países subdesarrollados lo que los ha mantenido subdesarrollados. Ha ahuyentado al capital privado extranjero. Ha desalentado al capital y la inversión doméstica. Lo que parece que usted está preguntando es: ¿Si Brasil socializa los medios de producción, estaríamos nosotros en disposición de verter el dinero de los contribuyentes Americanos para ayudarles a llevarlos a cabo? Nosotros seríamos mucho más tontos al hacer eso, que ustedes lo serian de socializar. Porque la socialización retardaría y distorsionaría su desarrollo económico. Nuestros contribuyentes no sólo perderían su dinero, sino estarían alentándolos a seguir una política económica dañina y equivocada.
La cuestión no es si nosotros los norteamericanos nos «gusta» o «disgusta» el socialismo; la cuestión es si el socialismo tiende a aumentar o a retardar la producción de bienes que los consumidores realmente desean. Ayuda económica a un país socialista es peor que desperdiciada.


Y ahora entramos en la cuestión de libertad. El capitalismo es únicamente el nombre para un sistema de libertad económica. Con tal sistema las libertades políticas y civiles florecen y son seguras. En un sistema total o casi totalmente socializado no puede existir ni libertad política ni económica. La libertad es indivisible. ¿Cómo puede haber libertad de prensa, de expresión o de reunión, cuando el gobierno es dueño de todos los periódicos, las prensas y los auditoriums? Como escribió León Trotsky (quien bien sabía) en 1937: «en un país donde el único empleador es el Estado, la oposición significa muerte lenta por hambre. El viejo principio, el que no trabaja no come, ha sido reemplazado por uno nuevo» El que no obedece no come». De manera que si usted quiere socialismo, es su propio entierro. Pero no espere que nosotros lo subsidiemos.


Fuente: Centro de Estudios Económico-Sociales, CEES, Guatemala, Año 4, 1962, Nº51.

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Socialismo o muerte en América Latina

Por Alejandro Chafuen (CEDICE)

Venezuela: Totalitarismo del siglo XXI

Por Robert Bottome y Norka Parra (AIPE)

Favor con favor se paga

Por Liliana Fasciani M.

A nadie debe sorprender la designación de Jorge Rodríguez en la Vicepresidencia de la República. Si alguien albergaba alguna duda sobre el comportamiento del órgano electoral durante el referendo revocatorio de 2004 y el impactante resultado que dejó boquiabiertos y desconcertados a casi todos los venezolanos, he aquí cómo de las tinieblas de la falsedad ha surgido la refulgente luz de la verdad. Se confirma el proverbio de que entre cielo y tierra nada hay oculto.
Jorge Rodríguez, para entonces Rector del Consejo Nacional Electoral, ha visto recompensada su lealtad al Presidente Hugo Chávez y su incondicional apoyo al proceso revolucionario nada menos que con el flamante cargo que le convierte en el segundo de abordo. No podía ser de otra manera, pues favor con favor se paga, y a estas alturas de la historia podemos comprobar lo bien sabido: el fraude de aquel referendo, avalado por la OEA y el Centro Carter y encubierto por los observadores internacionales.
Propicio es recordar que, en esos mismos días, Gustavo Cisneros se reunió con Jimmy Carter y Hugo Chávez, quizá para negociar las condiciones de un recíproco “mírame y no me toques” sostenido cómodamente hasta el momento. De hecho, el Presidente ha decidido “a lo macho” no renovar la concesión del espectro radioeléctrico de RCTV, Globovisión está en la mira de la artillería del gobierno, Televen se ha adaptado convenientemente a las circunstancia, pero Venevisión está campante, recibiendo incluso elogios hasta de García Carneiro.
Curados de espantos, la mitad del país recibe los cambios en el Gabinete y las últimas noticias no como una novedad, sino como la confirmación de nuestro concepto sobre este gobierno, que se caracteriza por el caradurismo sin límites, la distorsión de los valores morales, la arbitrariedad de sus decisiones, la falta de probidad de sus funcionarios, la repulsión de sus instituciones y el autoritarismo que sella cada uno de los actos emanados tanto del Ejecutivo como de los demás órganos de los Poderes Públicos.
Que no se queje el señor Insulza de los insultos que le ha dirigido Hugo Chávez a propósito de la recomendación que hiciera acerca de reconsiderar la medida contra RCTV. Que entienda de una vez toda la comunidad internacional que no está tratando con personas normales, ni con ciudadanos confiables, ni con demócratas, ni con funcionarios de carrera, ni con políticos serios.
Un régimen que acapara todos los poderes, que impone sus ideas, que exige sumisión, que atemoriza a sus ciudadanos, que ofende a sus pares, y que pretende mantenerse por la fuerza o por el fraude durante tiempo indefinido en el poder, dista mucho de ser un gobierno decente y respetable.
Y esto es apenas el abreboca de lo que está por acontecer. En la Asamblea Nacional, una cantidad de proyectos de ley han sido ya aprobados en primera comunión y otros lo serán más temprano que tarde, con el fin de arrastrar al país hacia el oscurantismo socialista que nos sumirá en el mar de la infelicidad colectiva.
Favor con favor se paga, es cierto, pero también expira la gratitud cuando sólo depende de la conveniencia circunstancial. Quienes hoy se empalagan con el almíbar del poder, mañana percibirán el amargo sabor del desprecio. Pregúntenle, si no, a Miquilena, o mejor aún, a José Vicente Rangel.

Publicado originalmente 13-01-2007 en www.eluniversal.com

Escollos conceptuales sobre el socialismo

Por Liliana Fasciani M.

Tal parece que Hugo Chávez tropezó con unos cuantos escollos conceptuales a la hora de explicar en qué consiste esa cosa indefinible que ha promocionando bajo la denominación “socialismo del siglo XXI”. Se ha visto en tres y dos, intentando sacudirse la praxis socialista de los bolcheviques, de los maoístas y hasta de los cubanos, alegando que en tales experiencias, por razones ajenas a la voluntad de sus impulsores, la doctrina fue desnaturalizada y, por lo tanto, no pudo lograrse el noble fin que perseguían. Es la conocida excusa de los socialistas frustrados, quienes atribuyen el fracaso del modelo –dondequiera fue aplicado– a que si la teoría no funcionó en la práctica, fue porque la práctica no funcionó.

De ahí que su objetivo sea... (o pretenda ser) rescatar las raíces del socialismo y reinventar el modelo mediante la incorporación de otros elementos que lo hagan posible y exitoso. Estos elementos conferirían rasgos especiales al nuevo experimento, a saber, un socialismo bolivariano, indolatinoamericano, robinsoniano, zamorano y, fundamentalmente, cristiano. Al menos, eso fue lo que dijo la noche del 3 de diciembre de 2006, una vez que el Consejo Nacional Electoral transmitió los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales.

Pero ahora resulta que el fundamento teórico del socialismo del siglo XXI y, por consiguiente, los rieles por los que transitarán las siguientes etapas de tan penoso proceso es el mismo de siempre: el viejo, obsoleto, esclerótico e inservible socialismo marxista-leninista del siglo XX que se impuso en la extinta Unión Soviética, en la República Popular de China y en la caribeña isla de Cuba. Es la conclusión a la que conduce la sugerencia que hizo a la Conferencia Episcopal Venezolana y a quien tenga interés en saber en qué se basa y cuál es el contenido del socialismo de esta nueva centuria, de leer las obras de Marx y Lenin, entre otras joyas literarias de más reciente publicación.

Si esto es así, sus ideas están muy lejos de la socialdemocracia que se desarrolla en España, Francia o Chile y sus acciones cada vez más cerca de un totalitarismo en toda regla al clásico estilo latinoamericano, es decir, un gobierno signado por la demagogia, el caudillismo personalista, el militarismo represor y la concentración de poder en un solo individuo con atribuciones ilimitadas por tiempo indefinido.

En su discurso de juramentación como Presidente reelecto el 10 de enero de 2007, Chávez marcó la ruta hacia la “radicalización y profundización de la revolución” a través de la metáfora mecánica representada en cinco motores constituyentes. El primero de ellos, la Ley Habilitante que solicitó a la Asamblea Nacional a los fines de gobernar por decreto en las materias consideradas como esenciales para la consolidación definitiva del socialismo de la nueva centuria.

En esa ocasión anunció con meridiana claridad su intención de modificar la división política del territorio nacional mediante la reducción del número de municipios y el establecimiento de ciudades comunales, embrionarias de futuras ciudades socialistas, en un sistema de urbes federales en las cuales “la explosión del poder comunal” reemplazará a las actuales alcaldías y juntas parroquiales. La justificación es minimizar al gigante burocrático y maximizar lo que la vigente Constitución promueve como democracia protagónica, directa y participativa, pero el fin que subyace a esta decisión no es otro que privar a los ciudadanos, en el ámbito de sus jurisdicciones, de por lo menos dos de los derechos políticos fundamentales: el derecho a ser electo y el derecho a elegir.

La realización de estas y otras muchas ideas-decisiones pasa, desde luego, por la necesidad de reformar una cantidad importante de artículos contenidos en la Constitución. Pero, a los fines que persigue Chávez, no bastará una simple reforma parcial de la misma, tal y como está previsto en el artículo 342, puesto que sus planes incluyen cambios radicales en el sistema educativo, la supresión de la autonomía del Banco Central de Venezuela, la estatización de empresas privadas, la regulación por parte del Estado del sector de las telecomunicaciones, la disolución de los partidos políticos –por ahora, solamente de aquellos cuya tendencia es favorable al gobierno– y la integración de sus dirigentes y militantes en un partido único –Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)–, y muchos otros giros en la máquina del país que aún no han sido comunicados.

Cualesquiera sean éstos, el más peligroso de todos es su propuesta-imposición de la reelección por tiempo indefinido del Presidente de la República. Según lo entiende Francisco Ameliach, director general del Movimiento Quinta República (MVR), “la alternabilidad [del poder] es un chantaje político”.

No se trata, pues, en lo absoluto de una versión distinta del modelo harto conocido –y felizmente derribado junto con el Muro de Berlín–. El socialismo del siglo XXI no es más que una reedición, a la criolla, del socialismo “real” que hasta un comunista de la talla del historiador Eric Hobsbawm admite que fue un desastre. Merece la pena citar algunos párrafos de “Sobre la Historia” en el que este autor revela tanto el fondo como la forma de la ideología y praxis socialistas:

“En la etapa posterior a 1945, la mayoría de los países de la zona –se refiere a los países del centro y del este de Europa– escogieron, o fueron obligados a escoger, el modelo bolchevique, que, en esencia, era un sistema ideado para modernizar las economías atrasadas de tipo agrario por medio de una revolución industrial planificada. (…) No hace falta que les hable sobre las carencias y defectos que presentaba el sistema desde un punto de vista económico, y que al final acabaron por conducirlo al desastre, ni sobre los regímenes políticos cada vez más insoportables que instauró en Europa central y Europa del Este…, los increíbles sufrimientos que causó a los pueblos de la URSS… (…) El colapso se debió a la progresiva rigidez e inoperancia económica del sistema y, sobre todo, a su probada incapacidad para generar novedades o para aplicarlas al ámbito de la economía, por no mencionar la represión ejercida sobre la creación intelectual.”

Bien se cuidó el hoy reelecto Presidente Chávez durante su campaña electoral de no comunicar al pueblo venezolano en cuáles específicos aspectos de la vida institucional, política, económica, cultural y social del país ejecutaría el plan de radicalización y profundización de su revolución, que piensa llevar a cabo sirviéndose de la Ley Habilitante. Sin el molesto retardo que suponen el debate y, por garantizado que esté, el consenso en la Asamblea Nacional, asumirá él mismo el rol de legislador para elaborar a su antojo, según su propia y personal concepción de los asuntos públicos, los decretos-leyes con los cuales encadenará la libertad de los venezolanos a los intereses y fines de la revolución.

Para ello, no le bastará –como he afirmado antes– el mecanismo previsto en el artículo 342 de la Carta Magna vigente, relativo a la reforma constitucional, porque la instauración de un sistema socialista de este calibre exige la modificación tanto de la estructura como de los principios fundamentales de la Constitución. Ello en razón de que Venezuela está, hasta ahora, constituida –artículo 2 CRBV– en un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, cuyos valores superiores, dentro de un sistema socialista basado en la teoría marxista-leninista, se verían desnaturalizados por completo y convertidos en meras palabras sobre el papel. El socialismo, en la concepción de Marx y de Lenin y, por ende, en el proyecto de Chávez, desvaloriza la vida, restringe la libertad, manipula la justicia, desvirtúa la igualdad, reemplaza la solidaridad por la caridad y la democracia por la autocracia, banaliza la responsabilidad social, viola los derechos humanos, desmoraliza la ética y suprime el pluralismo político.

De ahí que su determinación de realizar una reforma “profunda e integral” de dicho texto para ajustarlo a los requerimientos del modelo ideológico-político que ha resuelto establecer, no puede, de acuerdo con los procedimientos contemplados en el mismo, servirse ni de la reforma, ni de la enmienda.

La única vía posible para encuadrar en un marco constitucional los objetivos y fines de transformar el Estado democrático y social de derecho venezolano en un Estado socialista, sería a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como lo prevé el artículo 347 de la actual Constitución. Esto implica, sin duda, un proceso de convocatoria, participación, diálogo, discusiones de carácter filosófico, jurídico y político, y la necesidad de consenso para la aprobación de cantidad de disposiciones, cuyo mayor inconveniente es el tiempo.

No parece que Chávez esté dispuesto de ninguna manera a ver ralentizado el proceso de radicalización revolucionaria por razones de tanta importancia como la legalidad del procedimiento, ni siquiera por el hecho de que éste se halla contenido en una Constitución creada, hace apenas siete años, según el molde de sus exigencias de entonces. Ahora, a medida que han crecido sus ínfulas de líder supremo, el traje constitucional ha encogido, y en él ya no caben el tronco y las extremidades de ese enorme monstruo identificado con el eufemismo de socialismo del siglo XXI.

¿Por qué requiere la democracia la libertad de expresión?

"La libertad de expresión se requiere, en primer lugar, para que los ciudadanos puedan participar efectivamente en la vida política. ¿Cómo pueden los ciudadanos hacer que sus distintas perspectivas sean conocidas y persuadir a sus conciudadanos y a sus representantes de que las adopten si no pueden expresarse libremente sobre todas las cuestiones que afectan a la dirección del gobierno? Y si han de tomar en consideración los puntos de vista de los otros, deben estar en condiciones de escuchar lo que otros tengan que decir. La libertad de expresión no sólo significa que alguien tenga el derecho a ser oído. Presupone también que alguien tiene el derecho a escuchar lo que otros tengan que decir.
Adquirir una comprensión ilustrada de las acciones y políticas gubernamentales posibles también exige la libertad de expresión. Para acceder a la competencia cívica, los ciudadanos precisan de oportunidades para expresar sus propios puntos de vista; para aprender unos de otros; para entablar discusiones y deliberaciones; para leer, escuchar e inquirir a los expertos, a los candidatos políticos y a las personas en cuyo juicio confían; y para aprender por otros medios que se sustentan sobre la libertad de expresión.
Finalmente, sin la libertad de expresión los ciudadanos en seguida acabarían perdiendo su capacidad de influir en la agenda de las decisiones políticas. Los ciudadanos silenciosos pueden ser súbditos perfectos de un gobernante autoritario; serían un desastre para la democracia."

Dahl, Robert: La democracia. Una guía para los ciudadanos. Trad. Fernando Vallespín, Taurus, México, D.F., 2005, p.112.