Una cárcel, un teléfono público, un preso político, una llamada telefónica, un periodista, un mensaje...
Seguramente Antonio Meucci no llegó a imaginar la infinita cantidad situaciones que desencadenaría el uso de su invento. El teléfono, ese aparato que ha sido objeto de revolucionarias transformaciones y es hoy en día el más utilizado en el mundo gracias a las nuevas tecnologías, sigue cumpliendo la función esencial para la cual fue creado, pero el pasado 18 de febrero su utilidad fue particularmente significativa debido a una circunstancia puntual.
El programa Conclusiones, a través de CNN en español, transmitió en horario estelar la conversación telefónica* que ocho días antes sostuvieron el periodista Fernando del Rincón y el dirigente político Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, preso de conciencia del régimen espurio del dictador Nicolás Maduro, recluido desde hace un año en la cárcel militar de Ramo Verde, y sometido a un proceso judicial plagado de vicios y diferimientos, por los delitos de instigación a delinquir, determinador en incendios, daño a la propiedad y asociación para delinquir, ninguno de los cuales el Ministerio Público ha logrado probar hasta ahora.
Leopoldo López aprovechó la ocasión de realizar la llamada desde un teléfono público ubicado dentro del centro penitenciario y, burlando a sus custodios, se comunicó con Fernando del Rincón para enviar un mensaje a todo el país. Lo hizo valientemente, sabiendo el riesgo al que se exponía por ejercer un derecho que sus carceleros le han arrebatado en múltiples ocasiones, como tantos otros derechos de los que se ha visto inconstitucionalmente privado desde que está en prisión.
La difusión de la entrevista telefónica trajo consecuencias, una suerte de efecto ringtone que revolvió la bilis del régimen chavista y desató los siguientes acontecimientos.
19 de febrero. Justo al día siguiente de la transmisión de la llamada, Leopoldo López fue castigado, una vez más, en un calabozo minúsculo, húmedo, frío, insalubre y sin ventanas, donde permanece completamente aislado por los próximos quince días. Por la noche, Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión, amenazó con «el puño de hierro chavista para castigar la conspiración». Acusó a Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma de planificar «golpes de Estado y hechos para generar caos y violencia en el país», cuyos supuestos indicios constan -según Maduro- en el documento suscrito por los mencionados dirigentes políticos, publicado el pasado 11 de febrero bajo el título “Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición”**.
20 de febrero. 5:10 p.m. Un pelotón de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) penetró por la fuerza en la sede del partido Alianza Bravo Pueblo. Sin identificación, sin orden judicial, sin notificación previa de una investigación en proceso, el Alcalde Mayor, Antonio Ledezma, electo por votación popular, fue sacado a empujones de su oficina y arbitrariamente conducido, primero hacia un sitio desconocido, después a la sede del SEBIN en el Helicoide, en un procedimiento tipo comando, como si se tratara de un terrorista internacional, en el que se violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la dignidad, consagrados en la Constitución nacional y en el Código Orgánico Procesal Penal.
Sobre las 7:00 de la noche, el Alcalde fue presentado en el Tribunal 6º de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde se realizó la audiencia ante el Juez Miguel Graterol, con la participación de los Fiscales del Ministerio Público Katherine Haringhton, Yeison Moreno y José Orta, quienes le imputaron los delitos de conspiración y asociación para delinquir, previstos en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, respectivamente.
Artículo 132 C.P. Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.
Artículo 6 L.O.C.D.O. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley, será castigado, por el sólo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión.
No fue sino hasta pasada la medianoche cuando Mitzy de Ledezma pudo ver a su esposo durante unos minutos, antes de que fuera trasladado y recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) en Ramo Verde, donde también están Leopoldo López, Daniel Ceballos y una docena de otros presos políticos.
Es obvio que el «puño de hierro chavista» se cierra y golpea con fuerza «potencialmente mortal» sobre la agonizante Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que cada día expiran, uno tras otro, los derechos humanos.
* Entrevista telefónica a Leopoldo López por Fernando del Rincón
** Llamado a los venezolanos a un Acuerdo Nacional para la Transición
El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar gravemente las bases de la paz.
La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.
Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz
Es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu y el orden democrático.
Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.
A tal fin, proponemos un programa basado en tres agendas de acciones concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos. Como instrumento del Acuerdo Nacional, el programa que invitamos a acompañar y enriquecer con las perspectivas de todos los sectores, servirá de guía para superar la crisis y comenzar la reconstrucción del país.
1. Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho:
- Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental;
- Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado y revertir totalmente las violaciones y arbitrariedades cometidas en estos ámbitos;
- Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano;
- Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y las leyes;
- Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes;
- Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista; y
- Abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional, que convoque e involucre activamente a toda la sociedad en la reconstrucción de las bases para la paz.
2. Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables:
- Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución;
- Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y transporte público;
- Garantizar que sean cubiertas las necesidades de salud de todo el pueblo de Venezuela, atendiendo las fallas y deformaciones existentes en la gestión de la salud pública y los sistemas hospitalarios; resolver el desabastecimiento actual de medicinas, insumos y equipos médicos y suplir los déficits de personal de salud de distintos niveles; y
- Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario.
3. Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país:
- Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades, para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país;
- Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo;
- Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la autonomía del BCV; poner en vigor un sistema eficiente y transparente para la coordinación de las finanzas públicas y designar nuevas autoridades de los entes económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y méritos;
- Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por expropiaciones arbitrarias; revisar el estado real de todas las empresas no petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar su recuperación productiva.
- Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro.
Venezuela será lo que los venezolanos hagamos de ella a través del cambio de rumbo que nosotros mismos decidamos. Ese rumbo estará asegurado por los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional para la Transición.
Caracas, 11 de Febrero de 2015
Antonio Ledezma Leopoldo López María Corina Machado