Campaña con recursos del Estado

A esta hora, junto a la Plaza Francia de Altamira, comienzan a llegar los acólitos del siempre candidato único del oficialismo, quien supuestamente se presentará en unos minutos o en unas horas para hacer un mítin en una tarima instalada junto a la emblemática plaza, en el municipio menos chavista de la capital. Por tal motivo, la Av. Luis Roche, arteria vial principalísima del este de Caracas, está prácticamente cerrada al tráfico regular, debido al congestionamiento que generan los carros, motos y autobuses de la caravana roja.

¡Ah, pero no se trata sólo de medios de transporte privados o autos particulares! En la caravana también hay vehículos oficiales en funciones distintas de las que institucionalmente les corresponde. Es de suponer que los conductores y algunos de sus ocupantes son funcionarios públicos. El detalle es que pretendieron "tapar" la ilegalidad mediante afiches y cartulinas pegados con teipe en el capó y en las puertas donde tienen inscritos los nombres, siglas y logos de las instituciones a las que están adscritos los vehículos.

El punto es que el uso de estos bienes y los límites de la función pública están expresamente establecidos en la Constitución y en las leyes.

Artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: "Los funcionarios públios y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna..." (subrayado nuestro).

Artículo 13 de la Ley Contra la corrupción: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares” (subrayado nuestro).

Sin embargo, el Presidente de la República hace campaña electoral empleando bienes y trabajadores del Estado. ¿Sancionará el Consejo Nacional Electoral a los infractores de la Constitución y de la Ley? Cuando se trata de Hugo Chávez, del PSUV, y de los militantes y simpatizantes del oficialismo, los rectores del órgano electoral ni siquiera se dan por enterados de las violaciones que aquéllos cometen.

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