Carta de Navidad

Yo quiero un verso azul en cada esquina

Y una canción de amor en cada plaza
Un beso de la boca que me inquina
Y una sonrisa de la que me amenaza

Lo que yo quiero es una calle abierta
Y una cafetería sin mendigos
Una mirada lúcida y despierta
Y un país sin pobres ni enemigos

Quiero una rosa blanca y no una espada
Un buen amor y una vida buena
Toda esta tierra fértil cultivada
Toda esta patria mía de paz llena

En esta carta-poema expreso lo que deseo para mi país y para cada uno de mis compatriotas, pero no solamente porque estamos en Navidad, aunque este año, desgraciadamente, no tenemos motivos para celebrarla, sino porque estamos en un momento de profunda crisis moral en el que necesitamos fortalecer nuestros valores para luchar contra los antivalores.

Ley Antitalanquera o el cepo de la sumisión

Seguimos en la onda legislativa. Es inevitable, considerando que los hornos crematorios del hemiciclo, donde han vuelto cenizas el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la Democracia, no se han apagado desde el 26 de septiembre pasado, cuando la oposición le sacudió la alfombra al gobierno en las elecciones parlamentarias. Alfombra que, dicho sea de paso, cuando toque levantarla habrá que echarla a la basura, por la cantidad de mugre acumulada debajo durante estos doce años.

El último artilugio diseñado y elaborado por los artesanos del autoritarismo es una reforma parcial a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, mediante la adición de un nuevo capítulo que lleva por título "De los compromisos de los parlamentarios con sus electores y electoras", pero cuyo apodo no puede ser más vernáculo: "Ley Antitalanquera".

La finalidad del cepo en cuestión consiste, nada menos, en impedir que los diputados rojos rojitos cambien de color y salten la valla en el transcurso de su periodo parlamentario. O sea, que los diputados electos bajo la égida del guripa que se pasea por Miraflores no pueden, so pena de ser severamente sancionados, hacer caso de la máxima kantiana "El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca", porque en el minúsculo maní tostado que tienen por cerebro no conciben ni la rectificación de sus errores, ni el disenso postraumático.

El primer párrafo de la Exposición de Motivos es espeluznante :

"La presente Reforma tiene como finalidad el establecimiento de mecanismos que obliguen a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional a mantener una conducta apegada al compromiso asumido con los electores y electoras y electoras (sic) de acuerdo a su programa de gestión, presentada en la campaña para la cual se postuló".

El penúltimo es sencillamente ridículo:

"En este sentido, una posición asumida en el ejercicio parlamentario que contravenga la oferta política por la cual fue electo el diputado o diputada constituye un fraude electoral a sus electores y electoras, asimismo representa una deslealtad a la organización política o movimiento social que lo respalda...".

Lo que sigue es el articulado compuesto por seis disposiciones, de las cuales citaré las que considero absolutamente inicuas por inconstitucionales:

«Artículo 30. Se considerarán conductas fraudulentas al electorado las siguientes:

1. Votar en contra de los postulados del programa de gestión presentado a los electores y electoras, en términos de su contenido programático y su orientación político-ideológica.

2. Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral y presentado a los electores y electoras durante la campaña electoral.

3. Hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organización políticas que respaldaron el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral.

4. Separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló, para integrar o formar otro Grupo Parlamentario de Opinión contrarios al programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 31. Todo fraude a los electores y electoras con base a lo señalado en los artículos precedentes podrá conllevar a la suspensión o inhabilitación parcial o total del diputado o diputada previa solicitud de los ciudadanos o un diputado en representación del Grupo Parlamentario de Opinión al cual pertenece..."».

Esta bribonada, suscrita por la crema y nata de la intransigencia nacional, refleja sin ambages la ulceración intestinal del partido oficialista y, en consecuencia, la indigerible certeza que tienen los chavistas sectarios de que, a partir del 4 de enero de 2011, no serían pocos los parlamentarios de su propio bando que estarían dispuestos a "saltar la talanquera" o, cuando menos, a propiciar el diálogo y hasta el consenso en proyectos legislativos y otras propuestas que presentaran sus colegas opositores.

En definitiva, de lo que se trata es de establecer mecanismos que obliguen a los diputados a mantener una conducta apegada al compromiso adquirido con Hugo Chávez y su revolución, mediante la sumisión y la obediencia ciega e irreflexiva a todas sus exigencias en materia legislativa, tal como se han sometido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la mayoría de los jueces de la República, la Fiscal General, el Contralor General y la Defensora del Pueblo.

El procedimiento para aplicar las sanciones de suspensión o inhabilitación parcial o total al diputado que desobedezca las órdenes del jefe o que apoye una moción contraria a los intereses de éste, convertirá la "previa solicitud de los ciudadanos o de un diputado en representación del Grupo Parlamentario de Opinión al cual pertenece" en una trampa cazabobos, porque, o bien elaboran una falsa petición firmada por unos cuantos lamebotas, o bien se ahorran esta molestia con cualquier pretexto y uno de ellos se ofrece en plan de voluntario enterrador.

Comoquiera que sea, la "Ley Antitalanquera" es una ley anticonstitucional por autoritaria.

Texto de la Reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

La imagen es una caricatura -editada- de Eneko

El gobierno desconoce la Constitución

Comunicado de los Profesores de Derecho Público en Venezuela

Los profesores de Derecho Público de las Universidades venezolanas, abajo firmantes, rechazamos y denunciamos el desconocimiento por el actual gobierno, en todos los niveles, de los valores y derechos previstos en la Constitución, que configuran a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho, en el cual ha de regir la institucionalidad, el ordenamiento jurídico, el pluralismo y en el que los funcionarios públicos han de estar siempre al servicio de los ciudadanos, no de parcialidad alguna, y, en tal sentido, deben actuar sujetos a las limitaciones jurídicas derivadas de la libertad e igualdad de las personas, de manera que los derechos humanos, que se erigen como los valores y fines superiores, sean respetados y garantizados a todos por igual.

El respeto de la Constitución, como enseñamos en las aulas, garantiza también la seguridad, estabilidad, convivencia y paz de la sociedad, necesaria para el progreso y la prosperidad. No obstante, en Venezuela las normas han dejado de ser las que habilitan y determinan el actuar de los funcionarios públicos, para convertirse en meros instrumentos para la imposición de la voluntad caprichosa desde las altas esferas del poder.

Vivimos en un Estado donde los jueces o tribunales independientes son la excepción. En la actualidad la regla es que toda decisión del Presidente de la República o sus agentes reciba el aval del Tribunal Supremo de Justicia, responsable principal de esta situación intolerable, y del resto del Poder Judicial. Al contrario, los fallos judiciales tienen la vocación el intentar legitimarles cualquier arbitrariedad, ocurrencia o retaliación. Éste es el mayor peligro para nuestros derechos y para la democracia. Síntoma de lo anterior es el cada vez más elevado número de personas perseguidas o privadas de su libertad por motivos políticos y no jurídicos, así como la ya común y para nada encubierta práctica de sancionar con remoción o destitución a jueces que han enfrentado concretos intereses de altos funcionarios o del gobierno, llegando incluso a la detención arbitraria, con múltiples violaciones de derechos humanos, de alguno de ellos.

Vivimos, asimismo, la negación reiterada a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Los derechos constitucionales son indivisibles e interdependientes. Los derechos constitucionales son todos y para todos. No se puede lograr la satisfacción de los derechos civiles y políticos sin los derechos sociales, económicos y culturales, ni viceversa.

Las muertes violentas de personas que ocurren a diario, y que nos han convertido en uno de los países más violentos del mundo, son una violación del derecho a la vida; los secuestros son una violación de los derechos a la libertad y seguridad personal; el lenguaje excluyente utilizado por el Presidente de la República y otros funcionarios contra los venezolanos que no comparten su proyecto político particular son agresiones al derecho de igualdad y pluralismo político; la ausencia de un trabajo digno para todos es una violación del derecho al trabajo; la falta de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, es una violación del derecho a la vivienda; las expropiaciones arbitrarias y despojos a las propiedades que viene ejecutando el gobierno menoscaban el derecho a la propiedad; los ataques y ocupaciones arbitrarias a las empresas e industrias lesionan los derechos a la libertad económica y a la iniciativa privada; los juicios iniciados contra manifestantes, periodistas y demás personas por sus opiniones, así como el cierre arbitrario de medios de comunicación, son una violación del derecho a la libertad de expresión; la ausencia de disponibilidad suficiente y estable de alimentos y las limitaciones para su acceso oportuno y permanente al público consumidor menoscaban el derecho a la alimentación; las medidas que planifican y restringen la oferta de bienes y servicios son una violación a los derechos de los consumidores y usuarios. Éstos son apenas unos ejemplos de la falta de vigencia de nuestros derechos fundamentales.

No en vano el Estado venezolano se encuentra hoy día en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en perjuicio directo de las víctimas, con ocasión del desconocimiento de las decisiones dictadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas, que han sido la última esperanza de obtener justicia para las víctimas, especialmente los más pobres.

Todo lo anterior ha sido ejecutado abiertamente bajo un denominado “Estado Global”, que se basa en una supuesta actuación mancomunada de los poderes y en la primacía absoluta de un contradictorio y confuso interés general, que concuerda plenamente con los intereses e ideas unilaterales del Gobierno Nacional.

Utilizar el poder público sin obstáculos ni límites con la excusa de favorecer a muchos, aunque suponga la violación de los derechos de otros pocos, no hace otra cosa que desnudar la apetencia de poder de los actuales gobernantes. Con ello se encubre una gravísima contradicción, porque el despotismo y la autocracia han mostrado, una y otra vez, su incapacidad de solventar los problemas de todos. La actuación de los funcionarios públicos sin atenerse estrictamente al Derecho y a los derechos tiene un costo alto en lo humano, económico y social que pagan todos los miembros de la sociedad.

Con ocasión de los acontecimientos que presenciamos actualmente en el país, convocamos a la sociedad venezolana a tomar conciencia de las consecuencias negativas que conlleva el modelo jurídico, económico y social que se pretende imponer a los venezolanos sin su aprobación expresa y, más aún, en contra de su voluntad, como es el caso del Estado Socialista y Comunal rechazado por el pueblo en la reforma constitucional propuesta en el año 2007. Apremiamos a todos, y en particular al gremio de abogados, a luchar en el marco del Derecho por la vigencia de toda la Constitución, con sus derechos y sus normas que limitan y responsabilizan a los funcionarios que ejercen el poder. Solo asumiendo y defendiendo todos los principios y derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales y sus consecuencias para el Estado y la sociedad, como hemos decidido hacerlo en las aulas universitarias, podremos los venezolanos forjar nuestro futuro como personas libres y dignas, como seres iguales empoderados de derechos inviolables y, por tanto, no sometidos a la voluntad y capricho de otros. Solo andando según estos principios lograremos la felicidad, el progreso como sociedad democrática y convertiremos a Venezuela en el país próspero que todos merecemos.

En Caracas, el 16 de diciembre de 2010.

Serviliano Abache
Carmen Alguindigue
Jesús María Alvarado Andrade
Miguel Alvarado
Néstor Luis Álvarez Martínez
Tulio Alberto Álvarez
Ricardo Antela Garrido
Karina Anzola Spadaro
Ana Elvira Araujo García
José Araujo Juárez
Tomás Arias Castillo
Alfredo Arismendi Aguana
Carlos Guillermo Arocha
Roquefélix Arvelo Villamizar
Flor Ávila
Marcos Avilio Trejo
Carlos Ayala Corao
Alberto Blanco Uribe
Alberto Baumeister Toledo
Irma Beherens de Bunimov
José Rafael Belisario Rincón
Carlos Simón Bello Rengifo
Juan A. Berríos O.
Elías Bitar Escalona
Erick Boscán Arrieta
Allan R. Brewer-Carías
Gustavo Briceño Vivas
Josefina Calcaño de Temeltas
Pedro Pablo Calvani
Alejandro Canónico Sarabia
Antonio Canova González
Ruth Capriles
Carlos Luis Carrillo Artiles
Marcos Carrillo Perera
Jesús María Casal
Alma Chacón Hanson
Rafael Chavero Gazdik
María de los Ángeles Delfino
Rafael Díaz Blanco
Hernando Díaz Candia
Román J. Duque Corredor
Néstor Ecarri Angola
Leopoldo Escobar
Margarita Escudero León
Ronald Evans Márquez
Luis Henrique Farías Mata
Liliana Fasciani M.
Héctor Faúndez Ledezma
Andreyna Febres-Cordero Willet
Juan Carlos Fermín Fernández
Fernando M. Fernández
Gerardo Fernández
Alejandra Figueiras R.
Argenis Flores
Jenniffer Gaggia
Catherina Gallardo
Oscar Ghersi
Simón Gómez
Fortunato González Cruz
Gustavo Grau Fortoul
Angelina Jaffe
León Jurado Laurentin
Andrés L. Halvorssen Villegas

José Vicente Haro
José Ignacio Hernández González
Luis Alfonso Herrera Orellana
Gonzalo Himiob Santomé
Jorge Kiriakidis
Gustavo Linares Benzo
Laura Louza
Luis Alberto Marín Rengifo
Alfredo José Martínez García
Juan Miguel Matheus Fernández
Luis Molina
Juan Pablo Molina Berrizbeitia
José Enrique Molina Vega
Miguel Mónaco
Alicia Monagas
José Antonio Muci Borjas
Bárbara Nava
Claudia Nikken
Humberto Njaim
Edgar Núñez Pino
Gilda Núñez
Jesús Ollarves Irazábal
Freddy J. Orlando
Alejandro E. Otero Méndez
Paciano Padrón
Alfredo Parés Salas
José Peña Solís
Rogelio Pérez Perdomo
Flavia Pesci Feltri
Pedro Alfonso del Pino
Rodolfo Plaz Abreu
Francisco Paz Yanastacio
Manuel Rachadell
Juan Manuel Rafalli
Jacqueline Richter
Carmen Luisa Roche
Miriam Rodríguez
Ninoska Rodríguez Laverde
Manuel Rojas Pérez
Manuel Román Ramírez
Andrea Rondón García
Ana María Ruggeri
Gabriel Ruan Santos
Leonel Salazar Reyes-Zumeta
Enrique Sánchez Falcón
Abdón Sánchez Noguera
Luis Pompilio Sánchez S.
Antonio Silva Aranguren
Cecilia Sosa Gómez
José Gregorio Torrealba R.
Diana Trías Bertorelli
Héctor Turuhpial
Carlos Urbina
Gustavo Urdaneta
Daniela Urosa Maggi
Judith Useche
Juancarlos E. Vargas A.
Alfredo Enrique Vázquez Loureda
Adriana Vigilanza
Isaac Villamizar
Carlos E. Weffe H.
Corina Yoris

Proyecto de Ley de Educación Universitaria

Tarde o temprano tenía que suceder. El régimen militarista-comunista de Hugo Chávez no podía dejar ese hilo suelto que constituye uno de los bastiones más apetecidos por cualquier dictador. La universidad es, por excelencia, el templo de las ideas y del libre discernimiento, la basílica del saber, el santuario de los pensadores. A diferencia de los cuarteles, donde la palabra se aísla en el grito y el conocimiento se abrevia en una orden, en la universidad se discute con respeto por la opinión del otro o de los otros y se resuelve con base en el consenso. Pero, además, en la universidad imperan la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, que significan, respectivamente, pluralismo ideológico e independencia respecto de los poderes públicos. Dos principios básicos que ningún gobierno autoritario es capaz de soportar. Y este que encabeza el Teniente Coronel Chávez menos aún. Por ello giró instrucciones a sus subalternos, que fungen de diputados en el ala satelital del Poder Ejecutivo, para que diseñaran una Ley de Educación Universitaria a la medida de sus propósitos, es decir, una ley que cercena esos principios y, en su lugar, pretende imponer normas restrictivas y represivas.

Este es el borrador del Anteproyecto de Reforma de la Ley Universitaria cuyo título original reza "Antecedentes para una reforma de la Ley de Educación Universitaria" elaborado por el diputado Roberto A. Quintero V., Presidente de la Subcomisión Permanente de Educación Universitaria de la Asamblea Nacional.

Y este otro es el Proyecto de Ley de Educación Universitaria elaborado por las Universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela, Simón Bolívar, Nacional Experimental Politécnica, Centro Occidental Lisandro Alvarado y Metropolitana.

El Movimiento Estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, bajo el lema "La peleamos o la perdemos", ha estado recolectando firmas de apoyo al Proyecto alternativo para presentarlo ante la Asamblea Nacional.

Elogio de la Lectura y la Ficción

Discurso pronunciado por Mario Vargas Llosa con ocasión de recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, el 7 de diciembre de 2010.

Texto completo Fuente: Fundación Nobel.