Dedicadas a pensar a la Venezuela del Bicentenario, la Venezuela del futuro, los cambios que necesitamos para crecer y generar más y mejores oportunidades para todos,
PRESENTA
La decisión es tuya, una nueva Venezuela es posible
Contexto
Venezuela reclama unidad. Venezuela reclama, como respuesta a la pequeñez, grandeza; como respuesta a la mezquindad, generosidad; como respuesta a la injusticia, justicia; como respuesta al abuso, respeto; como respuesta a la discriminación, inclusión. Sólo así se construye esa libertad con los colores de lavandera, que nos haga sentir cada vez más orgullosos de ser venezolanos. Luego de once años, en la calle se respira frustración, desaliento. Lo que en diciembre de 1998 apareció para muchos como una esperanza, se ha convertido en decepción.
Vivimos las consecuencias de un gobierno que ha centralizado y concentrado el poder como pocas veces en nuestra historia, a la par que ha dispuesto de inmensos recursos financieros. Junto al autoritarismo y centralización, al populismo y estatismo, el ciudadano de la calle siente que no tiene un gobierno que dé respuesta a los problemas, que abra espacios para el progreso social, que lo ayude y defienda, que le reconozca y garantice sus derechos.
Ahora como nunca antes, tenemos menos oportunidades para progresar, para tener trabajos decentes con beneficios sociales, para soñar un futuro de prosperidad donde todos tengamos cabida. Millones de venezolanos siguen ella más inaceptable situación de pobreza. Desde el gobierno se ofrecen principalmente paliativos, con el ánimo de obtener réditos electorales, pero no se ha impulsado una verdadera transformación. En muchos casos se pierde el empleo por razones políticas o debe fingirse fidelidad partidista para mantenerlo. Por otro lado, la inseguridad se ha apoderado de nuestras calles; el número de víctimas de la violencia urbana ha crecido exponencialmente en los últimos diez años, al igual que la impunidad. También han aumentado los secuestros y delitos asociados con el narcotráfico. Estas y otras situaciones se traducen en flagrantes violaciones a derechos humanos, que reciben aval oficial cuando el gobierno rechaza de plano, mediante insultos y descalificaciones, los informes, recomendaciones o decisiones de los organismos internacionales competentes.
Antes que buscar espacios de coincidencia, el gobierno actual se empeña en distanciarnos. Tal conducta es inaceptable y lejana de los verdaderos sentimientos de nuestro pueblo, cierra los espacios para la cooperación y la búsqueda de los consensos que cualquier sociedad requiere para progresar. Más grave aún es el propósito deliberado del actual gobierno en consolidar una sociedad estatista, inspirada en fracasadas experiencias colectivistas y en el culto a la personalidad y la concentración del poder, sin pluralismo y libertades, con una economía que perpetúa la pobreza y bloquea la creatividad y prosperidad.
A pesar de toda esta frustración, el pueblo venezolano sigue buscando un futuro mejor. Las aspiraciones de realización personal, familiar y colectiva siguen presentes. Quizás como en ningún momento de nuestra historia. Esas aspiraciones son compartidas por toda la sociedad, no hay distingos. Todos queremos para nosotros y nuestros hijos un futuro mejor, con posibilidades para progresar, con genuina esperanza de construir un país moderno, avanzado y con bienestar compartido.
La Venezuela del futuro no quiere la continuidad de lo que hoy tenemos, tampoco quiere el regreso a las limitaciones que teníamos. La historia democrática del país se ha forjado con aciertos y errores. Nos toca aprender de los errores del pasado, y mantener los aciertos de quienes lograron visualizar una patria digna y próspera.
En las últimas décadas, los venezolanos hemos experimentado un deterioro institucional y de nuestras condiciones de vida. Las soluciones que se han ensayado ―muchas de ellas contrarias al espíritu democrático y a la justicia social― han empeorado lo que se proponían mejorar. Los venezolanos hemos aprendido que no seremos un país de futuro y bienestar si no nos incorporamos todos, si no logramos acuerdos y espacios para la participación democrática, si no superamos la pobreza y la exclusión y abrimos cauces a la esperanza colectiva. Ese aprendizaje debe servirnos para edificar un país en donde todos quepamos, un país productivo, integrado al mundo en condiciones de igualdad, un país que sea reconocido por sus aportes. Por ello queremos aprender del pasado, superar el presente y construir el futuro.
Por todas estas razones convocamos a la unidad del país. A romper las cadenas, presentes y pasadas, de la ineptitud y la ineficacia, que ha frenado el desarrollo y la prosperidad nacionales. Como miembros de esta alianza política, nos comprometemos a trabajar unidos para alcanzar las aspiraciones más sentidas del pueblo venezolano: la democracia y el bienestar. Aspiramos reafirmar nuestra voluntad de poner todos los esfuerzos necesarios para concertar caminos y soluciones; a través del diálogo y el encuentro con todas las fuerzas políticas y sociales que sueñan una Venezuela democrática, solidaria, generosa y próspera, como expresiones profundas de nuestra experiencia histórica y social.
Por ello presentamos al país los valores y principios que animan y fundamentan esta alianza, así como el programa que proponemos a las venezolanas y a los venezolanos, con la certeza de que sólo se podrá hacer realidad con el esfuerzo de todos por promover el diálogo, el entendimiento, la concordia y el encuentro. Compartimos con el país un sueño que nos moviliza y nos convoca hacia la construcción de un nuevo rumbo político y social.
Nuestros valores y principios
• Colocamos la unidad nacional como valor fundamental, en el sentido patriótico y de soberanía, así como la atención a las condiciones sociales y económicas de la vida de todos los venezolanos, pero preferentemente de los excluidos y postergados, en un marco de ejercicio real de una democracia amplia, plural, participativa, que promueva el diálogo y sea efectiva.
• Asumimos el bienestar y el progreso de la persona humana, la familia y la sociedad, como centro y objetivo de nuestra acción.
• Impulsamos la unidad de todos los factores democráticos, más allá de nuestros propios partidos.
• Defendemos la Democracia, la igualdad, el espíritu comunitario, la solidaridad y la cooperación.
• Defendemos el valor de la libertad acompañado por el deber de la responsabilidad en todos los ámbitos de la vida nacional.
• Vislumbramos a Venezuela como un país de ciudadanos, conscientes de los derechos que pueden hacer valer frente al Estado, al estar amparados por un marco legal e institucional, y que asegure la propiedad a todos, generador de riqueza a través del esfuerzo, del trabajo y del mérito de toda la población, tierra amplia y generosa para el emprendimiento y la prosperidad, con instituciones que procuren la igualdad de oportunidades y eviten el abuso de los más fuertes.
• Estimamos que la sociedad debe conservar su autonomía frente al Estado. Reafirmamos que el Estado no puede ahogar o secuestrar las iniciativas comunitarias en el campo social, económico o cultural.
• Promovemos el pluralismo, la tolerancia, el respeto a la soberanía popular y a la libertad de pensamiento y expresión.
• Pensamos a Venezuela como un país que internacionalmente proyecte su unidad nacional democrática y pluralista, su sensibilidad y respeto hacia todos los derechos humanos, su afán de construcción de prosperidad y confianza.
Principios constitucionales básicos
Nuestra propuesta programática tiene en la Constitución de 1999 un sólido apoyo y una fuente de inspiración. Partimos de la urgente necesidad de asumir la Constitución y frenar la desinstitucionalización que los venezolanos hemos estado padeciendo. Entre los muchos principios constitucionales que guían nuestro compromiso con el país destacan los siguientes:
• La definición de la República Bolivariana de Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (art. 2).
• El reconocimiento del obligado respeto a la dignidad humana y de la preeminencia de los derechos humanos (arts. 2 y 3).
• El carácter federal del Estado y el mandato de descentralización (arts. 4 y 158).
• La importancia de la iniciativa privada y de la actuación reguladora del Estado en el ámbito económico, bajo un sistema socioeconómico en el que debe promoverse el fortalecimiento del sector productivo privado (art. 112).
• La lucha por la justicia social, cuya realización depende de la plena satisfacción de los derechos sociales constitucionalmente consagrados, lo que implica, entre otros derroteros, asegurar el disfrute por cada persona de una vivienda digna, y el acceso a servicios de salud adecuados, a una seguridad social integral y a una educación de calidad (arts. 82, 83, 84, 85, 86, 103 y 299).
• La garantía del pluralismo político y de la diversidad cultural (arts. 2 y 100 y 119, entre otros).
• El respeto de la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, y la aplicación de los mecanismos de control sobre el gobierno constitucionalmente establecidos (arts. 137, 187 y 254)
• El rescate del carácter no partidista de la Fuerza Armada Nacional (art. 328)
Nuestra propuesta programática
Esta propuesta programática apunta a fortalecer nuestra democracia, garantizar los derechos humanos, consolidar la soberanía nacional, alcanzar una sociedad productiva, justa y libre, y el mayor nivel de bienestar para todos los habitantes del país. Para lograrlo nos comprometemos a llevar a la práctica las siguientes propuestas:
A) Reconciliar al país y fortalecer la institucionalidad democrática
1. Reivindicar la Constitución de 1999, como base para la acción política y punto de encuentro entre quienes pertenecen a distintas plataformas partidistas o ideológicas, ya que ella es una Constitución democrática, que propugna el pluralismo político, amplía los mecanismos de participación ciudadana y garantiza los derechos humanos. Es un pacto constitucional que establece bases sólidas sobre las cuales puede levantarse una plataforma democrática y progresista como la que estamos presentando ante el país. Los cambios que ella requiera, deberán ser acordados cuando sea pertinente.
2. Defender irrestrictamente los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución de 1999.
3. Fortalecer y promover los espacios de concertación, participación y diálogo social que caracterizan a una moderna sociedad democrática. Asumimos como reto fundamental que el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas serán realizados en el marco de un amplio acuerdo con todos los sectores del país y promoviendo la incorporación del acervo de conocimiento científico y tecnológico disponible en el país.
4. Rescatar la visión amplia y pluralista de la Constitución en materia de participación ciudadana, de manera que ningún sector social quede excluido o marginado de las posibilidades reales de intervenir en los asuntos públicos, y poniendo coto a las pretensiones de control gubernamental sobre las instancias de participación.
5. Promover una amnistía para liberar a todos los que permanecen detenidos por razones políticas; permitir el regreso de los exiliados y declarar el cese de la persecución política.
6. Garantizar a todos el acceso a la justicia.
7. Promover la ampliación de la democracia en los partidos y asociaciones políticas.
8. Garantizar que todos los medios de comunicación en manos del Estado respondan a los intereses de todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación, y no a los del gobierno o de cualquier parcialidad política. También proponemos eliminar de las disposiciones legales, los
mecanismos que promuevan la censura, el chantaje y la discriminación en los medios, así como la criminalización del ejercicio del periodismo.
9. Restituir, con sujeción a la ley, las concesiones de radio y televisión eliminadas contraviniendo derechos humanos.
10. Poner en funcionamiento un Sistema Nacional de Identificación transparente y sin discriminaciones, que permita cumplir con la garantía constitucional a la identidad y registro de todos los ciudadanos.
B) Vigorizar y remozar el Poder Público
11. Promover la independencia y autonomía de las ramas del Poder Público en sus diferentes ámbitos Nacional, Estadal y Municipal.
12. Reformar todas las leyes, reglamentos y disposiciones que han centralizado o menoscabado competencias de los estados y municipios.
13. Robustecer a los estados y municipios, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1999, y adecuar en consecuencia la Ley de la Hacienda Pública Estadal.
14. Adecuar el funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno a lo establecido en el artículo 185 de la Constitución para convertirlo en órgano de planificación y coordinación del proceso de descentralización. También se aprobará un modelo adecuado de descentralización financiera y fiscal que propenda a incrementar la generación y ejecución del gasto público consolidado por parte de los estados y municipios.
15. Profesionalizar y modernizar la Administración y Función Pública, con garantías para la estabilidad del servidor público, tanto en la administración central como descentralizada, y en estados y municipios.
16. Adecuar la estructura de la administración pública a las exigencias de un Estado moderno. Se dará prioridad al desarrollo de las funciones estratégicas (rectoría, fomento de la equidad, orientación al desempeño, delegación, separación de planificación y gestión, transferencia de
competencias, sistema de gestión del funcionario público y rendición de cuentas).
17. Se deberá revisar las funciones de los ministerios y entes descentralizados para evitar duplicaciones. También se promoverá la efectividad, eficiencia y calidad como criterios de evaluación del desempeño de las instituciones públicas.
18. Desarrollar una legislación para promover el adecuado uso de los recursos, así como la transparencia en la gestión pública. Los correctivos contra la corrupción deberán acompañarse de los adecuados incentivos para quienes se dediquen a la función pública.
19. Dotar a la Alcaldía Metropolitana de Caracas de competencias y recursos suficientes, que le permitan cumplir el papel que le asigna el artículo 18 de la Constitución. Además, debe preverse el carácter electivo del Jefe o Jefa del Gobierno del Distrito Capital.
20. Garantizar la imparcialidad e independencia de todas las ramas del Poder Público Nacional (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral).
21. Reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales para garantizar la representación proporcional de todos los grupos políticos en las instancias de representación popular.
22. Fortalecer el Poder Judicial eliminando la transitoriedad en el nombramiento de los jueces, redefiniendo las funciones judiciales con prioridad sobre las administrativas y el mejoramiento del régimen de servicios de todos los funcionarios.
23. Implementar una reforma integral del sistema penitenciario orientada a lograr la reinserción del reo a través del reentrenamiento productivo, a mantener un trato digno y más humano de los procesados y a promover opciones alternativas de gestión de las cárceles.
24. Garantizar el respeto y profesionalismo en la institución militar, así como su dedicación sin parcialidades en sus ámbitos de competencia.
C) Construir una sociedad productiva y de progreso
25. Orientar el esfuerzo productivo hacia la diversificación de la economía basada en la creación y utilización del conocimiento.
26. Combinar adecuadamente los recursos y capacidades del Estado y del mercado para expandir las posibilidades productivas de los ciudadanos.
27. Acordar y mantener en el tiempo una política económica orientada al logro de altas tasas de crecimiento sostenible, a garantizar una tasa de inflación de un dígito y a desarrollar la mayor capacidad productiva posible.
28. Asegurar mejores y equitativas condiciones para los trabajadores venezolanos a través del respeto a sus derechos, en un ambiente que promueva la competitividad de las empresas
29. Propiciar, a través de la legislación pertinente, la mayor competitividad posible del sector productivo venezolano, dentro del marco del desarrollo sostenible. Para ello es fundamental priorizar el desarrollo de la industria, la agricultura sustentable, la pesca y acuicultura responsable, así como el desarrollo rural integral, todo ello en un marco que fomente el potencial científico-tecnológico en estas áreas.
30. Conformar una gran alianza de los sectores público y privado que facilite la creación de millones de empleos de calidad en las próximas décadas, a través de la consolidación y ampliación de las empresas radicadas en Venezuela y el aumento de las inversiones socialmente productivas.
31. Incentivar que la inversión productiva ―realizada en el marco de una economía armónica y autosustentable― cree de manera creciente riqueza social y promueva la generación de empleo decente y de calidad, a la par que fomente la innovación y modernización tecnológica.
32. Eliminar la excesiva dependencia de nuestra economía de los recursos derivados de la producción petrolera. Urge “despetrolizar” las finanzas públicas en Venezuela y desmontar el viejo esquema fiscal rentista petrolero. Consideramos los recursos derivados de la producción petrolera como activos que deben contribuir a la diversificación de la economía. La política petrolera debe asociarse, en consecuencia, con el fortalecimiento creciente de las capacidades productivas y la eliminación de las barreras de exclusión que hoy existen.
33. Asegurar los derechos constitucionales a la propiedad privada y a la libertad económica, así como proteger y desarrollar la libre iniciativa privada y el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios de calidad.
34. Desarrollar una política de ahorro de ingresos excedentarios en materia petrolera fiscal, que sirvan de fondo de financiamiento para planes de protección social y para atender situaciones de crisis económica o catástrofes naturales.
35. Promover de manera prioritaria la inversión pública y privada, nacional e internacional, en la diversidad de nuestra economía.
36. Modificar los mecanismos, leyes y procedimientos que limitan la agilidad que debe existir para promover la creación de nuevas empresas, el aumento de empleos de calidad, y la ejecución de las inversiones del sector público.
37. Diseñar y ejecutar una política agroalimentaria que estimule la producción y productividad de rubros con ventajas comparativas y mayor competitividad. A tal efecto, se garantizará la propiedad pura y simple de la tierra, superando los esquemas colectivistas y las medidas arbitrarias de ocupación y estatización. También se deberá garantizar la seguridad de bienes y personas, para fomentar el desarrollo rural sustentable, y mejorar la calidad de la producción, transporte, procesamiento y distribución final de los alimentos. Aspiramos que en el sector agroalimentario se combine el crecimiento del sector privado con el apoyo del sector público para desarrollar la infraestructura y generar condiciones que faciliten la competitividad.
38. Promover planes y programas de desarrollo e integración de las cadenas agroalimentarias y de los servicios básicos requeridos (que incluyan vialidad, infraestructura, adopción de tecnologías, líneas especiales de financiamiento a corto, mediano y largo plazo). También se deberán concertar las políticas agroalimentarias con los gobiernos estadales y municipales y entes descentralizados, y garantizar su adecuada ejecución en dichos niveles.
39. Establecer los mecanismos y procedimientos que promuevan la capacidad exportadora y comercial del país, especialmente en bienes manufacturados con el mayor nivel posible de alta tecnología, así como la consolidación y ampliación de nuestros mercados internacionales.
40. Cumplir estrictamente la coordinación macroeconómica a través de la coherencia de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, tal como se establece en la Constitución de 1999.
41. Garantizar la autonomía del Banco Central de Venezuela para lograr la estabilidad de precios y la preservación del valor interno y externo de la unidad monetaria.
42. Estimular la democratización del capital en las empresas públicas y privadas venezolanas.
43. Apoyar el desarrollo de microempresas y PYMES en función de su mejoramiento, consolidación, expansión e integración en redes de producción.
44. Fortalecer el sistema bancario nacional a partir de la intermediación y no del otorgamiento de papeles del Estado.
45. Adecuar las políticas con respecto a las empresas básicas con el fin de promover su inserción productiva, nacional e internacional, en los grandes objetivos del desarrollo del país.
46. Fortalecer el sistema nacional de innovación que coadyuve a una efectiva diversificación e industrialización, promoviendo el carácter emprendedor de nuestros trabajadores y empresarios, así como la participación de las instituciones públicas y la comunidad de nuestras universidades y centros de investigación.
47. Propiciar y ejecutar inversiones en el área turística, en alianza con el sector privado, así como en infraestructura de servicios para las zonas turísticas, en el mejoramiento de la atención al turista y en una política de seguridad integral en este sector.
D) Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos
Participar para progresar
48. Garantizar la continuidad y la más alta calidad de las políticas y programas sociales en el marco de un sistema de protección social moderno e integral.
49. Incorporar las diversas modalidades de organización social a la prestación y seguimiento de los programas y las políticas sociales, así como de las políticas productivas. También nos proponemos desarrollar un modelo de organizaciones cooperativas competitivas con capacidad de asumir programas sociales y productivos.
50. Crear los Fondos Sociales Federales, dependientes del Consejo Federal de Gobierno, y acordados con los Consejos Locales de Planificación, para coordinar la asignación de recursos en programas prioritarios con la debida evaluación de sus resultados.
51. Eliminar la pobreza extrema a través de la implementación de programas de apoyo familiar que estén condicionados a la asistencia escolar, a la cobertura de los sistemas de salud y de nutrición, y al reentrenamiento laboral.
52. Adecuar los consejos comunales y otras formas de participación comunitaria a la Constitución, dotándolos de autonomía y conectándolos con los niveles locales y estadales de gobierno. Trabajo digno y productivo
53. Implementar programas de formación que propicien la reincorporación de los desempleados o subempleados a un mercado laboral exigente.
54. Desarrollar programas de primer empleo para jóvenes, con becas en el aula y entrenamiento en el trabajo.
55. Reformar la Ley Orgánica del Trabajo para propiciar una nueva relación entre capital y trabajo, caracterizada por el equilibrio y la garantía del bienestar de los trabajadores, así como la productividad de las empresas.
56. Promover incentivos a organizaciones públicas y privadas para la formación de trabajadores en los sitios de trabajo.
Seguridad y vida para todos
57. Desarrollar un plan de seguridad ciudadana que esté compuesto por elementos de: pedagogía de la no violencia, organización social, control de factores de riesgos y fortalecimiento de organismos policiales, así como la integración de la acción de municipios, estados y el gobierno nacional.
58. Aprobar una Ley de Desarme y Control de Armas por parte del Estado, que incluya la regulación estricta del porte de armas y la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado por el Estado en su compra.
59. Implementar módulos de cultura de vida y paz en el pensum educativo de educación básica.
60. Aprobar un Estatuto de la Función Policial que permita realmente la asimilación profesional del policía con carga académica de corte universitario, el aumento progresivo de salario de acuerdo con sus méritos profesionales y académicos y la dotación técnica por parte de los cuerpos a los que pertenecen.
61. Implementar ordenanzas de convivencia ciudadana con énfasis en la prevención del delito en todos los municipios y fomentar la activación de los Consejos Locales de Seguridad en las asociaciones de vecinos y consejos comunales.
Educación liberadora
62. Fomentar la educación de alta calidad en las escuelas oficiales y todos los niveles del sistema (preescolar, básico, diversificado y universitario), a través de la incorporación de criterios de mérito tanto para la evaluación de los docentes como para la prosecución de los estudiantes.
63. Diseñar un sistema de selección y formación para tener a los mejores docentes de Venezuela, trabajando como directores de escuelas, con alta capacidad profesional y apertura para la innovación y la mejora escolar en todos los estados del país.
64. Elaborar un plan que asegure que se cumpla con el mandato constitucional, incluyendo a todos los alumnos, desde educación inicial hasta el final de la Educación Media, para que en menos de 15 años, toda una generación alcance el bachillerato. Dicho plan deberá tomar en cuenta las necesidades y potencialidades de los estados y municipios, estableciendo programas de estudios adecuados a sus características económicas y culturales.
65. Mejorar y ampliar los incentivos para hacer atractiva la profesión docente. Para ello se deberán introducir mejoras sustantivas en las condiciones de trabajo, en remuneraciones y beneficios sociales de los maestros y profesores, así como en los sistemas de seguimiento de las funciones docentes en todos los niveles educativos. Se trata de promover en los docentes una perspectiva de especificidad y especialidad.
66. Garantizar que las escuelas y liceos sean ámbitos atractivos para los estudiantes, a través de la incorporación de actividades recreativas, culturales, tecnológicas y deportivas. Promover, en consecuencia, que la escuela sea un centro de desarrollo individual y colectivo, abierto y democrático.
67. Promover la descentralización de competencias, recursos y servicios educativos a los gobiernos estadales y municipales, así como la integración de la iniciativa privada en la organización y desempeño del sistema.
68. Garantizar que todos los jóvenes entre 15 y 25 años que se encuentren sin trabajo y sin asistir a la escuela ingresen a un programa de capacitación para el trabajo y puedan culminar educación básica y media.
Salud con calidad y para todos
69. Aprobar un seguro público de salud de cobertura amplia y universal, financiado con recursos fiscales, que garantice a toda la población servicios adecuados y de buena calidad.
70. Reanudar la descentralización de competencias, recursos y servicios de salud a los gobiernos estadales y municipales, manteniendo la rectoría del gobierno nacional en la materia.
71. Articular adecuadamente toda la red de instituciones de salud que tienen funciones de financiamiento y prestación, a fin de evitar los solapamientos y la fragmentación de servicios. También se promoverá la realización de convenios entre instituciones públicas y privadas con el objeto de aprovechar y optimizar la utilización de los recursos humanos y tecnológicos existentes en el sistema de salud.
72. Mejorar de manera sustantiva la atención en programas prioritarios salud materno-infantil, alimentación de grupos vulnerables, atención de adultos mayores, control de enfermedades endémicas y crónicas.
73. Implementar mecanismos de corto plazo que mejoren las remuneraciones de todos los profesionales del sector salud, y eliminen las diferencias de regímenes de contratación en el sector público.
74. Diseñar y ejecutar un programa de fortalecimiento de los postgrados nacionales de la salud, y aprobar medidas que eviten la migración de profesionales recién graduados a otros países y promuevan el retorno de profesionales especializados.
Seguridad social efectiva y universal
75. Administrar con eficiencia y justicia los ingresos derivados de la riqueza del subsuelo y los minerales, utilizando esos recursos como pilar del financiamiento de la inversión real productiva, la educación y la salud, con base en los principios rectores del Estado Democrático.
76. Crear un sistema universal y personalizado de seguridad social que esté basado en adecuados beneficios y que sea financieramente viable, tomando en cuenta los cambios demográficos y las características del mercado laboral.
77. Diseñar planes de fideicomiso de beneficios laborales de carácter privado y especializado, opcionales o complementarios al de carácter público, que permitan el ahorro progresivo de las familias como elemento adicional al sistema de pensiones.
78. Implementar un pilar asistencial de cobertura universal que otorgue pensiones de carácter no contributivo a toda la población mayor de 65 años de edad excluida de los sistemas formales de previsión social. Viviendas confortables y hábitat digno
79. Diseñar e implementar una política de satisfacción de las necesidades de alojamiento de la población, destinada a facilitar el acceso al crédito hipotecario y a mejorar integralmente las condiciones de las viviendas. Dicha política se centrará en la capacidad nacional y en la autoconstrucción.
80. Desarrollar un amplio plan de rehabilitación de barrios para reducir la vulnerabilidad y la infraurbanización, concentrando recursos en la infraestructura vial y comunal, así como en los servicios sanitarios básicos y de transporte.
81. Elaborar un Plan Nacional de Urbanización Básica que sea progresivo, sostenible, de alta calidad, concertado entre los poderes (nacional, estadal y municipal), las comunidades organizadas y la iniciativa privada. Dicho plan deberá contemplar la recuperación de los espacios públicos para el disfrute y la participación de la ciudadanía.
82. Crear un Consejo Nacional de Infraestructura y Vivienda que obligue a coordinar, con la participación de todos los sectores, los planes de desarrollo de tierras y servicios, junto con la construcción de viviendas y otras edificaciones de servicios comunitarios: escuelas, ambulatorios,
centros de servicios, entre otros, tanto para los proyectos del sector público como del privado.
83. Llevar a cabo un masivo plan de titularización de tierras, tanto urbanas como rurales, que favorezcan el desarrollo de viviendas autogestionadas para las familias de las zonas populares.
84. Diseñar y ejecutar un amplio programa de inversión pública para la recuperación y ampliación de los servicios de salud (ambulatorios y hospitales), y de los espacios para educación, cultura y deportes.
85. Diseñar y ejecutar un amplio plan de vialidad y transporte para las próximas décadas que cuente con recursos de la inversión pública y se combine con opciones de participación de la iniciativa privada.
86. Actualizar los planes para un sostenido desarrollo de las redes de electricidad, agua y saneamiento, telecomunicaciones, manejo de desechos sólidos y otros servicios conexos, mediante recursos de la inversión pública y privada con el fin de garantizar servicios confiables, eficientes y sustentables que viabilicen el desarrollo nacional y el bienestar social.
87. Fortalecer la institucionalidad a cargo del manejo ambiental para mejorar la eficiencia de los procedimientos y trámites, reduciendo tiempos y costos e incrementando la calidad y dotación del personal técnico responsable. También proponemos aplicar las normativas ambientales existentes de acuerdo con las mejores prácticas mundiales, y promover su actualización en los casos necesarios.
88. Impulsar la actualización del marco legal para articular la actuación institucional en el campo de los recursos hídricos, así como la recuperación y manejo de los parques nacionales y otras áreas naturales protegidas.
89. Garantizar el uso soberano y sostenible de nuestra biodiversidad, así como nuestro compromiso nacional con el desarrollo sustentable. También proponemos incorporar el conocimiento del ambiente y el compromiso hacia su sustentabilidad en todos los programas de
educación.
90. Fortalecer la cultura preventiva en la sociedad y en las instituciones e incorporar la variable riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de la nación, en el marco de políticas de gestión de riesgo, basadas en los principios de descentralización, solidaridad,
corresponsabilidad, responsabilidad ciudadana y de participación de todos los actores sociales en la prevención de desastres.
91. Desarrollar un programa de incorporación y uso de energías alternativas ambientalmente amigables y con capacidad de brindar aportes significativos al sistema eléctrico nacional, basado en las ventajas climatológicas y de ubicación hemisférica del país.
Cultura y deporte: parte del progreso
92. Desarrollar una política que respete la libertad de creación, y promueva la protección y restauración del patrimonio, la ampliación de la infraestructura, la formación y capacitación de los artistas, administradores y gerentes, y la difusión amplia de los bienes culturales.
93. Ejecutar una política deportiva que reconozca el valor social del deporte, para el crecimiento individual y colectivo, a través de la descentralización efectiva de la gestión.
Integración cultural desde la diversidad
94. Desarrollar todas las potencialidades de la apertura de la Constitución a la diversidad étnico-cultural. En particular, deben fortalecerse las políticas dirigidas a proteger el hábitat y la identidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
E) Proyectar y promover confianza, respeto y prosperidad en el mundo
95. Diseñar y ejecutar una política internacional amplia y soberana, que promueva la convivencia amistosa con todos los países sobre la base de la confianza y beneficios mutuos, y proyecte los valores de nuestra democracia: garantía de todos los derechos humanos, cooperación, justicia, respeto a la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos.
96. Evaluar los compromisos internacionales suscritos por la República a la luz de los valores que sustentan esta alianza y de políticas de genuina y democrática cooperación, seguridad e integración.
97. Exigir el estricto acatamiento de las sentencias y demás decisiones de los organismos internacionales encargados de la promoción y garantía de los derechos humanos y procurar el fortalecimiento de los mecanismos de protección internacional de estos derechos.
98. Recuperar el carácter profesional de la función diplomática para promover los intereses estratégicos de la República.
99. Definir y mantener una política de fronteras que incluya la protección del territorio y de la población, así como incentivos para el desarrollo productivo y social de las ciudades, pueblos y localidades.
100. Participar constructivamente en los esfuerzos para la renovación y fortalecimiento de los principios, acuerdos y organizaciones internacionales armoniosos y útiles para la proyección y protección de los valores e intereses del país.
Afirmación final
Estas bases programáticas las proponemos al pueblo venezolano para motivar y procurar elementos para la discusión y profundización sobre aspectos vitales de nuestra nación. Convertir estas propuestas en acciones reales requiere el concurso de todos los venezolanos de buena voluntad, pues estamos seguros de que así se mejorará la calidad de vida de todos y todas, se asentarán las bases para un acuerdo social duradero, se dignificará el ejercicio de la política y se adecentará la gestión pública.
Es por ello que nos comprometemos a comunicar estas propuestas a todos los ámbitos y sectores del país, con el propósito de ampliarlas y modificarlas. En los gobiernos estadales y municipales estamos impulsando desde ya estas propuestas, adaptadas a sus competencias. Nos comprometemos a informar al país sobre las metas e indicadores que servirán de guía para evaluar la gestión de las gobernaciones y alcaldías que se encuentran ahora bajo nuestra responsabilidad, así como establecer los procesos de seguimiento para rendir cuentas periódicamente de los avances realizados.
Esta propuesta programática constituye también la base de la Agenda Parlamentaria que presentaremos al país conjuntamente con los candidatos de esta alianza para las elecciones del 26 de septiembre de este año, así como de las próximas elecciones de Concejos Municipales y de Juntas Parroquiales. De acuerdo con los ajustes democráticamente acordados, también será la base para la oferta programática que ofreceremos al país en las elecciones regionales y presidenciales de 2012.
Deseamos una Venezuela libre, justa y próspera. Queremos construir un gobierno responsable, ordenado, eficiente y eficaz. Nos comprometemos a poner todo nuestro esfuerzo en la lucha por alcanzar libertad, justicia y bienestar para todos los venezolanos, sin distinción alguna. Confiados en la fortaleza de esta alianza democrática, suscribimos este acuerdo. Te invitamos a participar en las tareas que tenemos por delante. La decisión es tuya, una nueva Venezuela es posible.
Mesa de la Unidad Democrática
Caracas, 22 de abril de 2010
