En 2007 modificó el criterio para cancelar el ISLR, favoreciendo a quienes más ganan
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de aprobar una resolución mediante la cual la mayoría de sus integrantes se podrán jubilar con sus actuales sueldos y podrán seguir en sus puestos hasta que venzan sus mandatos, si así lo desean, ha vuelto a colocar sobre el tapete el tema de las remuneraciones de los magistrados del máximo juzgado.
La profesora de Fisolofía del Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello Liliana Fasciani, en un artículo publicado en su blog, aseveró que la medida busca proteger los ingresos de los miembros del alto tribunal de las disposiciones de la Ley de Emolumentos, la cual fija en 12 salarios mínimos el tope de las remuneraciones de los altos funcionarios.
"El espanto ante tan sustancial desmejoramiento de su calidad de vida les ha hecho reaccionar de una manera completamente distinta de la que se espera de revolucionarios auténticos, incondicionalmente comprometidos con el socialismo del siglo XXI, irreductibles defensores de la justicia social y la igualdad de todos y entre todos. Así que los magistrados del TSJ se dejaron de utopías estériles y decidieron ponerse creativos. Pero, esta vez, de la invención no surgió una sentencia complaciente que enarbola los soberanos derechos colectivos del colectivo soberano, sino una resolución artera y desesperada con fines eminentemente individualistas y materialistas. Se apresuraron, pues, a asegurar sus intereses económicos a futuro, mediante una argucia seudojurídica que les permite jubilarse sin desincorporarse de sus cargos", afirmó la catedrática.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, estimó que la resolución fue aprobada en un momento inoportuno y aseveró que "jurídicamente no es posible ser jubilado y continuar en el cargo".
En 2007 el TSJ ya estuvo en el ojo del huracán cuando la Sala Constitucional, a través de una sentencia, reformó el ar- tículo 31 de la Ley del Impuesto sobre La Renta (ISLR), modificando el criterio para calcular este tributo.
En el fallo se estableció que el impuesto debía ser pagado tomando en cuenta solamente el salario, sin los bonos y remuneraciones adicionales.
El pronunciamiento provocó airadas reacciones desde la Asamblea Nacional, donde se llegó a decir que los magistrados de la Sala Constitucional eran "unos mafiosos" que debían estar "en la cárcel".
En ese momento diputados como Carlos Escarrá (PSUV) acusó a los miembros de la instancia judicial de tomar una decisión para proteger sus bolsillos, sin tomar en consideración los intereses nacionales.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de aprobar una resolución mediante la cual la mayoría de sus integrantes se podrán jubilar con sus actuales sueldos y podrán seguir en sus puestos hasta que venzan sus mandatos, si así lo desean, ha vuelto a colocar sobre el tapete el tema de las remuneraciones de los magistrados del máximo juzgado.
La profesora de Fisolofía del Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello Liliana Fasciani, en un artículo publicado en su blog, aseveró que la medida busca proteger los ingresos de los miembros del alto tribunal de las disposiciones de la Ley de Emolumentos, la cual fija en 12 salarios mínimos el tope de las remuneraciones de los altos funcionarios.
"El espanto ante tan sustancial desmejoramiento de su calidad de vida les ha hecho reaccionar de una manera completamente distinta de la que se espera de revolucionarios auténticos, incondicionalmente comprometidos con el socialismo del siglo XXI, irreductibles defensores de la justicia social y la igualdad de todos y entre todos. Así que los magistrados del TSJ se dejaron de utopías estériles y decidieron ponerse creativos. Pero, esta vez, de la invención no surgió una sentencia complaciente que enarbola los soberanos derechos colectivos del colectivo soberano, sino una resolución artera y desesperada con fines eminentemente individualistas y materialistas. Se apresuraron, pues, a asegurar sus intereses económicos a futuro, mediante una argucia seudojurídica que les permite jubilarse sin desincorporarse de sus cargos", afirmó la catedrática.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, estimó que la resolución fue aprobada en un momento inoportuno y aseveró que "jurídicamente no es posible ser jubilado y continuar en el cargo".
En 2007 el TSJ ya estuvo en el ojo del huracán cuando la Sala Constitucional, a través de una sentencia, reformó el ar- tículo 31 de la Ley del Impuesto sobre La Renta (ISLR), modificando el criterio para calcular este tributo.
En el fallo se estableció que el impuesto debía ser pagado tomando en cuenta solamente el salario, sin los bonos y remuneraciones adicionales.
El pronunciamiento provocó airadas reacciones desde la Asamblea Nacional, donde se llegó a decir que los magistrados de la Sala Constitucional eran "unos mafiosos" que debían estar "en la cárcel".
En ese momento diputados como Carlos Escarrá (PSUV) acusó a los miembros de la instancia judicial de tomar una decisión para proteger sus bolsillos, sin tomar en consideración los intereses nacionales.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
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